El Consejo de Estado suspendió de manera provisional la Resolución 244 de 2023, mediante la cual el Gobierno nacional designó al exjefe paramilitar Salvatore Mancuso como gestor de paz.
En su decisión, el alto tribunal aclaró que el presidente de la República sí tiene la facultad de nombrar gestores de paz; sin embargo, esa competencia no es ilimitada y debe ejercerse dentro de los parámetros establecidos por la Constitución y la ley.
La corporación señaló que la mencionada resolución no definió con claridad los alcances de la designación en aspectos como los límites temporales, funcionales y territoriales de la labor que debía desempeñar Mancuso como gestor de paz, al indicar únicamente que actuaría en todo el territorio nacional.
Según el Consejo de Estado, esta falta de delimitación podría afectar los derechos de las víctimas a la justicia, la verdad, la reparación y las garantías de no repetición, al otorgar beneficios sin precisar las obligaciones concretas que debía cumplir el designado.
Por esa razón, el tribunal concluyó que, de manera preliminar, la resolución podría contrariar el artículo 229 de la Constitución y los artículos 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que garantizan el acceso a la justicia y la protección judicial efectiva.
La suspensión tiene carácter provisional y estará vigente mientras el Consejo de Estado decide de fondo sobre la legalidad del nombramiento de Salvatore Mancuso como gestor de paz.