El reciente llamado a indagatoria de la Fiscalía General de la Nación al expresidente Álvaro Uribe Vélez por las masacres de El Aro y La Granja, ocurridas en 1996 y 1997, cuando se desempeñaba como gobernador de Antioquia, generó reacciones opuestas entre la defensa del exmandatario y la representación de las víctimas. Mientras el abogado Jaime Granados calificó la decisión como “irregular” y “políticamente motivada”, el abogado Miguel Ángel del Río aseguró que se trata de un avance esperado durante años por las víctimas del caso.En entrevista con Blu Radio, el abogado de las víctimas afirmó: “Recibimos con mucha satisfacción la decisión por parte de la Fiscalía 3.ª Delegada ante la Corte de llamar a indagatoria al expresidente Álvaro Uribe Vélez. Han sido muchos años de espera. La justicia tenía una deuda histórica con las víctimas, con la población civil, por estos hechos que llevamos muchos años denunciando, y eso nos lleva solamente a una conclusión: que nadie está por encima de la ley”.Por su parte, la defensa del expresidente cuestionó que la decisión se hubiera adoptado sin que, según sostiene, se hubieran practicado todas las pruebas solicitadas oportunamente por la defensa, decretadas por la Fiscalía y posteriormente prorrogadas a petición del propio ente acusador. Para Jaime Granados, resulta sorpresivo que se haya convocado a indagatoria sin completar esas actuaciones procesales.El abogado de las víctimas aseguró que el expediente cuenta con suficientes elementos para sustentar la decisión y destacó la independencia de la Fiscalía en el desarrollo de la investigación. “Hoy tenemos una Fiscalía con independencia que ha optado precisamente por hacer un trabajo riguroso y, en ese sentido, la decisión va en el camino correcto. No puede ser posible que un llamado a indagatoria esté construido sobre la ausencia de piezas procesales. Todo lo contrario: existen declaraciones, videos, documentos y próximos testimonios también, porque la Fiscalía incluso ha decidido llamar nuevamente a Salvatore Mancuso para precisar circunstancias de tiempo, modo y lugar”, afirmó.Sobre el nuevo llamado al exjefe paramilitar Salvatore Mancuso, Del Río señaló que su testimonio constituye una de las pruebas más relevantes dentro del proceso. “Esa es una de las declaraciones más importantes de un jefe paramilitar, que relaciona precisamente los hechos ocurridos en esos años con el despliegue de las fuerzas paramilitares. Se tiene prevista a futuro para el proceso también (...) y seguramente existirá la construcción de nuevos elementos materiales probatorios para fortalecer precisamente ese llamado a indagatoria”, explicó.Finalmente, el representante de las víctimas indicó que están a la espera de que la Fiscalía fije la fecha de la diligencia de indagatoria y aseguró que conoce que la defensa del expresidente prepara nuevas actuaciones procesales, entre ellas una eventual recusación contra la fiscal encargada del caso.
La Corte Constitucional pidió a la Jurisdicción Especial para la Paz y de Justicia y Paz trabajar de manera articulada para evitar nuevas confusiones o problemas de competencias con los exparamilitares que se acogen a cualquiera de los sistemas.Esto llega luego de la controversia generada en noviembre de 2023, cuando el exparamilitar Salvatore Mancuso fue admitido en la JEP bajo el término de “bisagra” al considerarse un enlace clave para comprender cómo operaron las alianzas ilegales entre los grupos paramilitares y miembros de la fuerza pública.La admisión generó todo un debate jurídico e incluso tensión entre ambas jurisdicciones pues Mancuso, tras su regreso a Colombia desde Estados Unidos en febrero de 2024, aún tenía cuentas pendientes con Justicia y Paz y de este dependió, inicialmente, si podía quedar en libertad condicionada o no.Para la Corte, tanto la JEP como Justicia y Paz deben implementar un mecanismo efectivo de articulación y colaboración armónica que les permita compartir hallazgos, coordinar actuaciones y avanzar de manera conjunta en el esclarecimiento de la verdad sobre el conflicto armado en este tipo de casos.“Por esta razón, la Corporación exhortó a las autoridades judiciales de la JEP y de Justicia y Paz a que diseñen e implementen un mecanismo de articulación efectivo de colaboración armónica y comunicación permanente que les permita aprovechar recíprocamente sus respectivos hallazgos y avances”, dice el comunicado.El pedido llega en medio de la decisión del alto tribunal de no emitir un pronunciamiento de fondo sobre la constitucionalidad de la interpretación “bisagra” al considerar que el debate dejó de tener vigencia tras la emisión del auto 1319 de 2024, el cual determinó que el procesamiento de un comandante paramilitar correspondía a la jurisdicción de Justicia y Paz y no a la JEP desapareciendo así el término “bisagra” como criterio válido.La discusión se generó también luego de una demanda de inconstitucionalidad presentada por Juan Carlos Salazar, Julio César Prieto, Rafael Alfredo Colón Torres y Pablo Emilio Romero cuestionando la inclusión de comandantes paramilitares en la JEP bajo el argumento de que actuaron materialmente incorporados a la fuerza pública.Los demandantes insistieron en que este tipo de admisiones equiparaba el tratamiento que se le daba a los grupos ilegales con el dado a los miembros de la fuerza pública y superaba los límites fijados por la norma que creó la JEP y detalló su funcionamiento.
La Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Barranquilla emitió sentencia condenatoria contra el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso Gómez por su responsabilidad en 117 hechos delictivos cometidos contra la población indígena wayúu y otras comunidades del departamento de La Guajira.De acuerdo con la decisión judicial, los crímenes fueron ejecutados entre los años 2002 y 2006 por integrantes del autodenominado Frente Contrainsurgencia Wayúu, una estructura armada adscrita al Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), que actuó siguiendo los lineamientos definidos por sus máximos cabecillas, entre ellos Mancuso. Durante ese periodo, el grupo ilegal perpetró homicidios, desapariciones forzadas, desplazamientos forzados, hechos de violencia basada en género y otras graves conductas ilícitas contra la población civil.La sentencia atribuyó de manera específica la incursión armada a la ranchería Manaki, ubicada en el municipio de Uribia, ocurrida el 10 de octubre de 2003. En ese hecho, varios indígenas wayúu fueron golpeados y sometidos a maltratos durante aproximadamente cuatro horas. Además, los hombres armados destruyeron y se apropiaron de bienes simbólicos de la cultura wayúu, como chinchorros, mochilas, sombreros y mantas bordadas, elementos que constituían el sustento económico y cultural de las familias afectadas.Asimismo, el tribunal estableció la responsabilidad del Frente Contrainsurgencia Wayúu en el homicidio de dos indígenas ocurrido el 17 de marzo de 2002 en la ranchería Kepischon, también en jurisdicción de Uribia. Estos hechos, junto con otros documentados en el proceso, evidenciaron un patrón de violencia sistemática contra comunidades indígenas en distintas zonas del departamento.Según lo probado en el proceso, el Frente Contrainsurgencia Wayúu fue creado en marzo de 2002 y, en sus inicios, contó con aproximadamente 150 integrantes. Esta estructura permitió a las AUC ampliar su presencia y accionar armado hacia sectores de La Guajira y la Sierra Nevada de Santa Marta, con el objetivo de consolidar el control territorial.En su decisión, la Sala de Justicia y Paz reconoció como sujetos de reparación colectiva a las comunidades indígenas wayúu asentadas en las regiones de Carraipia, Majayura y Malaki, en el municipio de Uribia, así como a la comunidad de Matitas, en Riohacha. El tribunal concluyó que estas poblaciones fueron afectadas de manera directa y reiterada por el accionar del grupo paramilitar.Por estos hechos, Salvatore Mancuso Gómez fue condenado a una pena de 40 años de prisión, al pago de una multa equivalente a 30.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes y a la inhabilidad para ejercer cargos públicos por el mismo periodo. No obstante, en aplicación de los beneficios previstos en la Ley 975 de 2005, conocida como Ley de Justicia y Paz, la sentencia contempla una pena alternativa de ocho años de prisión, condicionada al cumplimiento de las obligaciones de verdad, reparación y no repetición establecidas en el fallo.
La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia confirmó la prohibición impuesta al exjefe paramilitar Salvatore Mancuso para ingresar libremente o residir en Córdoba y otros departamentos donde ejerció influencia como comandante de las AUC y donde dejó miles de víctimas. La decisión mantiene el fallo de primera instancia proferido por una juez de ejecución de penas de Justicia y Paz, quien dispuso que cualquier ingreso del excomandante a esos territorios solo puede hacerse mediante autorización judicial o en el marco de actos de perdón validados por las autoridades.Mancuso había solicitado tumbar la restricción argumentando que tenía arraigo en Montería y que la medida le impedía reunirse con su familia. Además, señaló que la decisión lo sometía a un “destierro” indefinido.La Sala Penal, sin embargo, rechazó de plano sus argumentos. Los magistrados concluyeron que la medida es proporcional y necesaria para la protección de los derechos de las víctimas, las cuales se concentran principalmente en los mismos territorios donde Mancuso delinquió. En el fallo se recuerda que la Ley 975 de 2005, que estructura el proceso de Justicia y Paz, fue diseñada precisamente para garantizar los derechos de quienes sufrieron la violencia paramilitar y que, por tanto, el Estado tiene la obligación de asegurar su efectiva protección.En la decisión, la Corte enfatizó que “aunque Mancuso asemeje la restricción impuesta a un ‘destierro’ por la amplitud de los lugares sobre los que recae, desconoce que ello se debe a que justamente coincide con los territorios en los cuales delinquió y donde se encuentran primordialmente sus víctimas”.También señaló que, si bien reconoce el compromiso de los postulados de Justicia y Paz, los derechos de las víctimas prevalecen y el proceso de reconciliación debe avanzar de manera progresiva y en coherencia con las distintas formas de reparación establecidas.Para la Sala, la centralidad de las víctimas dentro del proceso ratifica que la libertad de los excombatientes debe estar sujeta a garantías de no repetición y a condiciones que favorezcan la reparación y la reconciliación.
El exjefe paramilitar estuvo este miércoles en la noche en Casa de Nariño recibiendo la oficialización de su rol como gestor de paz, el exjefe paramilitar publicó una foto en la que aparece junto a la directora del Dapre, Angie Rodríguez.“Oficializamos mi aceptación de la gestoría de paz en la casa de Nariño con la doctora Angie Rodríguez De nuevo renovando nuestro compromiso inquebrantable con la paz. A ella y al señor presidente Gustavo Petro les digo: estamos listos para la recta final de la paz total”, dijo Mancuso.Es importante recordar que Salvatore Mancuso y otros 15 exjefes paramilitares fueron designados como gestores de paz por parte del Gobierno del presidente Petro.En la foto con la directora del Dapre Mancuso sale al lado de la paloma de la paz que hay en Casa de Nariño.Petro ha dicho que la designación de los gestores de paz se da porque él considera que el proceso que se hizo durante el Gobierno Uribe con las Autodefensas no culminó, pues asegura que aun las víctimas no conocen toda la verdad.Además, los exjefes paramilitares han dicho que todavía no han tenido un cierre jurídico en su proceso.
El ministro del Interior, Armando Benedetti, confirmó que se reunió con los 16 exjefes paramilitares designados como gestores de paz por el Gobierno. Según aseguró, lo que revelen “asombrará a Colombia”, pues no solo hablarán de la violencia pasada, sino también de las alianzas políticas que tuvieron y que hoy involucran a varios candidatos.Benedetti explicó que los excomandantes se comprometieron a contar la verdad y que esa tarea debe hacerse en encuentros presenciales y en los territorios.“Van a hablar de la clase política que estuvo con ellos. Varios de esos actores políticos son candidatos. Ya veremos qué de todo eso es verdad”, advirtió.El ministro agregó que se trabaja en la construcción de cronogramas para llevar estos testimonios a las comunidades más afectadas por el conflicto, como parte del esfuerzo por reparar y esclarecer lo ocurrido.De su parte, la directora del Dapre, Angie Rodríguez, recordó que el presidente Gustavo Petro encomendó al Ministerio del Interior, a la Presidencia y a la Oficina del Alto Comisionado para la Paz la tarea de liderar este capítulo. “La idea es que el país conozca la verdad de lo que ocurrió en las confrontaciones en el marco de justicia y paz”, sostuvo.El 21 de septiembre de 2025, mediante la Resolución 327, el Gobierno designó como gestores de paz a 16 exjefes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), entre ellos Salvatore Mancuso, 'Jorge 40', Don Berna, Julián Bolívar y Cuco Vanoy. Su designación se extenderá hasta el 6 de agosto de 2026.El Ejecutivo ha defendido que esta figura busca avanzar en verdad, reparación y no repetición, aclarando que el nombramiento no implica beneficios jurídicos ni suspende las condenas. Sin embargo, organizaciones de víctimas y sectores políticos han criticado duramente la medida, al considerarla una afrenta a la memoria y un mensaje de impunidad frente a crímenes de lesa humanidad como masacres, desapariciones forzadas.
Este martes, 23 de septiembre, el magistrado Carlos Andrés Pérez Alarcón, de la Sala Penal de Justicia y Paz del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, dio una nueva medida de aseguramiento en contra Salvatore Mancuso, exjefe paramilitar y actual gestor de paz del Gobierno nacional.El magistrado solicitó medida de aseguramiento en su contra dentro de un proceso en el que se le señala como responsable de 436 crímenes cometidos en los departamentos de Magdalena y Cesar entre 1998 y 2006, durante su liderazgo en las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).¿Por qué Mancuso seguirá libre?Pese a que el magistrado indicó que ‘El Mono Mancuso’ tiene una imputación vigente por el delito de lavado de activos, lo que sería motivo suficiente para que no recobrara su libertad, en el caso del hoy como gestor de paz, un amparo especial de la Corte Constitucional, deja al magistrado Pérez Alarcón impedido para enviarlo a una cárcel.“Este postulado fue beneficiado por la Corte Constitucional con un amparo especial que hoy debe respetarse. Es la sentencia de SEV 4 29/2023. No obstante, tener una imputación vigente por lado de activos, la Corte aplicó en su caso con efectos interpartes la excepción de inconstitucionalidad sobre un fragmento del artículo 2.2.5.1.2.4.1. Esta sala, como ya lo ha dicho en múltiples oportunidades, debe atarse a lo resuelto por la Corte Constitucional y advertir que a pesar de la imputación por la de activos, no se puede afectar la libertad de Salvador Mancuso”, puntualizó el magistrado.El amparo especial con el que cuenta Mancuso tiene que ver con medidas tomadas por la Corte Constitucional a partir de una acción de tutela que instauró el exjefe paramilitar al considerar que las negativas de liberación vulneraron sus derechos fundamentales a la libertad, a la igualdad, al debido proceso y al acceso a la administración de justicia.Vale recordar que el exjefe paramilitar fue designado gestor de paz por el Gobierno en 2024, con el compromiso de aportar verdad, reparación a las víctimas y garantías de no repetición. Sin embargo, su situación jurídica continúa bajo examen en distintos tribunales.En la audiencia también se profirió medida no privativa de la libertad para otros 18 postulados de justicia y paz, quienes no podrán salir del país, acercarse a los municipios donde cometieron los delitos y mucho menos a sus víctimas, entre otros.
La resolución 327 de 2025 designó como gestores de paz a 16 exjefes paramilitares, entre ellos Salvatore Mancuso, Jorge 40, Don Berna, Julián Bolívar y Cuco Vanoy, responsables de miles de crímenes durante el auge del paramilitarismo. La decisión del Ejecutivo se enmarca en el esfuerzo por dar un cierre definitivo a la desmovilización de las AUC, iniciada en 2003, y por aprovechar su experiencia en el conflicto para prevenir nuevas violencias.Entre los nombrados están:Salvatore Mancuso, excomandante nacional de las AUC, extraditado a EE. UU. por narcotráfico y procesado en Colombia por crímenes de guerra y lesa humanidad.Rodrigo Tovar Pupo, 'Jorge 40', líder del Bloque Norte, señalado por masacres y desapariciones en la Costa Caribe.Diego Fernando Murillo, 'Don Berna', jefe del Bloque Cacique Nutibara, vinculado a la Oficina de Envigado.Carlos Mario Jiménez, 'Macaco', del Bloque Central Bolívar, procesado por desplazamientos masivos y masacres.Freddy Rendón Herrera, 'El Alemán', comandante en Urabá, vinculado a casos de parapolítica.Hernán Giraldo Serna, jefe del Frente Resistencia Tayrona, condenado por violencia sexual, homicidios y narcotráfico.Otros nombres como Ramiro Vanoy, Luis Eduardo Cifuentes, Rodrigo Pérez Alzate, Edward Cobos Téllez y los hermanos Buitrago completan la lista.Los excomandantes acumulan condenas por homicidios, desapariciones forzadas, violencia sexual, reclutamiento de menores, narcotráfico y desplazamientos. Algunos estuvieron en cárceles de Estados Unidos tras ser extraditados en 2008; otros han participado en el marco de Justicia y Paz o en procesos ante la JEP.El Gobierno argumenta que su rol como gestores permitirá consolidar compromisos de verdad, reparación y no repetición, en un intento de cerrar un proceso de paz inconcluso que dejó vacíos y nuevas violencias en las regiones.La medida ha generado reacciones encontradas. Para críticos, designar a exparamilitares con amplios historiales criminales representa un mensaje de impunidad y revictimización. Para el Ejecutivo, en cambio, se trata de un paso necesario para garantizar que quienes un día lideraron la guerra aporten ahora a la construcción de paz.
El presidente Gustavo Petro, en declaraciones de este martes, dijo que está pensando en que puedan salir también dos personas de la cárcel, con el fin que sean gestores de paz.En diálogo con Mañanas Blu, Salvatore Mancuso, habló sobre quiénes de la AUC, estaría hablando el mandatario."Esa es una decisión del señor presidente, la cual aplaudimos en la medida que existen", asegura. Al señalar sobe quiénes podrían salir de la cárcel, destacó: "Esencialmente, el señor Carlos Mario Jiménez (alias Macaco) debería ser uno de esas personas y supongo en las que está pensando el señor presidente de la República para que salga en libertad", dijo.Sobre su gestión como gestor de paz "Tengo restricciones para ir a todos los departamentos de la costa norte de Colombia, que son ocho y tengo restricciones para ir a seis municipios del departamento de Antioquia, que sería un noveno departamento quien me da la autorización para poder movilizarme y llegar a estas regiones a ejercer". De acuerdo con Mancuso, la labor de gestor de paz no ha sido fácil por cuenta de las limitaciones con respecto al acercamiento con las víctimas, asegura que luego de hacer el acercamiento entre la oficina y el el Estado Mayor de la Organización, lo hicieron a un lado."Tendríamos que buscar es que la Oficina del Alto Comisionado para la Paz facilite estas comunicaciones, facilite estos acercamientos y nos dé las herramientas necesarias para poder hacer nuestra labor como gestores de paz ", dijo.
A esta hora estamos frente a la expectativa frente a las versiones que circulan en las que se señala que el Clan del Golfo, de poner fin al denominado ‘plan pistola’ contra la fuerza pública que ya cobra la vida de más de 20 uniformados en el país.Según ha trascendido, el Clan del Golfo ofreció entre dos y tres millones de pesos por cada crimen que se ejecutará en contra de uniformados. Los delincuentes cumplieron la orden y dispararon sin contemplación. En diálogo con Mañanas Blu, el excapo paramilitar, Salvatore Mancuso habló de su labor como gestor de paz, función que le fue otorgada por el presidente Gustavo Petro. De acuerdo con Mancuso, la labor de gestor de paz no ha sido fácil por cuenta de las limitaciones con respecto al acercamiento con las víctimas, asegura que luego de hacer el acercamiento entre la oficina y el el Estado Mayor de la Organización, lo hicieron a un lado. "Tendríamos que buscar es que la Oficina del Alto Comisionado para la Paz facilite estas comunicaciones, facilite estos acercamientos y nos dé las herramientas necesarias para poder hacer nuestra labor como gestores de paz", dijo. Y agregó: "En julio salgo, empiezo a buscar la manera de ejercer la gestoría de paz y en un principio se me permitió algunos acercamientos con la Sierra Nueva de Santa Marta, que concluyó en contactar a la oficina del Alto Comisionado con los miembros del Estado Mayor de esa organización y luego que hicimos ese contacto, pues ya se me hizo a un lado". Mancuso asegura que se le impide reunirse con las víctimas en el marco de su gestoría de paz: "Se me impide que yo pueda reunirme con víctimas, me buscan, que quieren que les ayude a reparar el tejido social que rompimos, que destruimos durante el transcurso del conflicto armado y ha sido imposibilitado", señaló. Ya contó: "De hecho, el único acto al que hemos podido asistir es el de Montería. Y eso porque desde Presidencia de la República se autorizó mi participación en ese evento en la instalación de la mesa para el cierre de Ralito, pero no porque de la oficina del Alto Comisionado hubiesen tenido la voluntad o el deseo que esto se hiciera, por el contrario".Explicó que como no se le ha permitido, lo único que ha hecho hasta el momento es instalar esa mesa con una institución del Estado que tiene que ver con el Centro Nacional de Memoria Histórica. En ese sentido, manifestó que dichos permisos han sido imposibilitados desde la oficina del Alto Comisionado para la Paz: "Se nos impide tener este tipo de acercamientos con las víctimas para poder avanzar en estos temas de paz, reconciliación y no repetición".Escuche aquí la entrevista:
España vs. Uruguay afrontarán este viernes uno de los partidos más importantes de la última jornada de la fase de grupos del Mundial 2026, en el estadio de Guadalajara, donde ambas selecciones buscarán asegurar su presencia en los dieciseisavos de final, aunque llegan con panoramas muy diferentes. Mientras la Roja depende de sí misma para terminar como líder del Grupo H, la Celeste está obligada a sumar para evitar una eliminación prematura.El conjunto dirigido por Luis de la Fuente lidera la zona con cuatro puntos, producto del empate frente a Cabo Verde y la contundente victoria por 4-0 sobre Arabia Saudí. Uruguay, por su parte, solo suma dos unidades tras igualar en sus dos primeros compromisos y necesita un resultado positivo para seguir con vida en el torneo.Posibles alineaciones de Uruguay vs. EspañaEspaña: Unai Simón; Marcos Llorente, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Rodri, Pedri, Dani Olmo; Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal y Álex Baena. Seleccionador: Luis de la Fuente.Uruguay: Fernando Muslera o Sergio Rochet; Guillermo Varela, Sebastián Cáceres, José María Giménez, Mathías Olivera; Manuel Ugarte, Federico Valverde, Rodrigo Bentancur; Agustín Canobbio o Darwin Núñez, Federico Viñas y Ronald Araújo.Seleccionador: Marcelo Bielsa.¿Qué necesita España para asegurar el primer lugar del Grupo H?La selección española llega al compromiso con el impulso que dejó la goleada sobre Arabia Saudí, un resultado que disipó las dudas generadas tras el inesperado empate en el debut frente a Cabo Verde.Con cuatro puntos en la clasificación, España depende de sí misma para avanzar a la siguiente ronda. Un empate le alcanzaría para asegurar el boleto a los dieciseisavos de final, aunque el objetivo del cuerpo técnico pasa por conseguir una victoria que garantice el liderato del grupo y permita afrontar la fase eliminatoria sin depender de otros resultados.Luis de la Fuente parece haber encontrado la base del equipo tras introducir varias modificaciones en la segunda jornada, por lo que la mayoría de esos cambios tendrían continuidad frente a Uruguay. La principal incógnita estaría en el lateral derecho, donde Marcos Llorente podría recuperar la titularidad en lugar de Pedro Porro.Uno de los futbolistas que concentrará la atención será Lamine Yamal.El extremo regresó frente a Arabia Saudí después de superar la lesión muscular con la que llegó al Mundial y apenas necesitó disputar el primer tiempo para convertirse en uno de los jugadores más desequilibrantes del encuentro.Todo apunta a que tendrá una mayor carga de minutos ante Uruguay, en un ataque que también contará con Mikel Oyarzabal, Álex Baena y el respaldo de un mediocampo liderado por Rodri, Pedri y Dani Olmo.Además, el cuerpo técnico español espera seguir sumando ritmo competitivo para futbolistas como Nico Williams y Mikel Merino, considerados piezas importantes de cara a las rondas eliminatorias.Uruguay llega con presión y varias dudas en su alineaciónLa situación de la selección dirigida por Marcelo Bielsa es mucho más compleja.Después de empatar frente a Arabia Saudí y Cabo Verde, la Celeste necesita puntuar para mantener opciones de clasificación. Una victoria le permitiría incluso aspirar al liderato del grupo, mientras que un empate la obligaría a esperar el resultado del compromiso entre Cabo Verde y Arabia Saudí. Una derrota, en cambio, la dejaría prácticamente eliminada.El entrenador argentino recupera una pieza importante para este compromiso. José María Giménez, ausente en los dos primeros partidos por un problema en el tobillo, volvió a entrenarse con normalidad y apunta a regresar al centro de la defensa.En contraste, Giorgian De Arrascaeta continúa recuperándose de una lesión muscular y Ronald Araújo sigue siendo duda, aunque en los últimos entrenamientos ya realizó trabajos con balón y mantiene opciones de estar disponible.Otra de las incógnitas pasa por la portería. Fernando Muslera fue titular en los dos primeros encuentros tras regresar a la selección, pero un error cometido frente a Cabo Verde reabrió el debate sobre la posibilidad de que Sergio Rochet recupere el puesto bajo los tres palos.
Una persona falleció y otras 10 sufrieron quemaduras y lesiones luego de que una vivienda que servía como fábrica de juegos pirotécnicos explotara en hechos ocurridos en un barrio del municipio de La Unión, en el norte de Nariño.Zuly Bastidas, residente de ese municipio, dijo a Blu Radio que todo ocurrió a la 1:20 de la tarde de este viernes 26 de junio, cuando escucharon una fuerte detonación que generó pánico en toda la población.Según la angustiada madre, la onda expansiva provocó daños materiales en más de cinco viviendas aledañas a la fábrica de juegos pirotécnicos, la cual estaba ubicada en el barrio Valencia, pleno centro de La Unión, Nariño.En su relato, la señora Bastidas dijo que, por la caída de vidrios y porque otros fueron alcanzados por las llamas, varias personas resultaron heridas y fueron trasladadas a centros médicos cercanos a esa población del norte de Nariño.Un día laboral se convirtió en una tragedia para familias de la zona, y se desconoce los móviles que produjeron dicha explosión, la cual se escuchó a varios kilómetros a la redonda, dijo doña Zuly Bastidas.En videos que circulan en redes sociales se pueden escuchar los desesperados llamados que hacían los habitantes de La Unión tras el estallido, así como el sonido de las ambulancias.“Necesitamos que nos ayuden en La Unión porque escuchamos explosiones”, decía una mujer que grababa con su celular, mientras de fondo se escuchaban varias detonaciones.Unidades del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de La Unión, Nariño, y de otras poblaciones cercanas controlaron el incendio, mientras las autoridades iniciaron la evaluación de escombros y de los permisos de funcionamiento de la fábrica, según informó el alcalde de ese municipio nariñense, Jaime Montenegro.
Para garantizar un viaje seguro y fluido durante el puente festivo de “San Pedro y San Pablo”, la Concesionaria Vial Andina (Coviandina) y las autoridades han implementado un plan especial de manejo de tráfico.El próximo lunes 29 de junio de 2026, la Policía de Tránsito y Transporte realizará un reversible en el sentido Villavicencio-Bogotá. El cierre de la vía se realizará en el sector del Uval a la 1:00 p. m. La carretera quedará en un solo sentido y el flujo vehicular hacia Bogotá se habilitará desde las 3:00 p. m. hasta las 10:00 p. m.También hay restricciones para el tránsito de vehículos de carga. Si conduce un vehículo de carga con peso igual o superior a 3,4 toneladas, tenga en cuenta las siguientes medidas: el viernes 26 habrá restricción de 2:00 p. m. a 10:00 p. m. en el sentido Bogotá-Villavicencio.El sábado 27 la restricción será de 6:00 de la mañana hasta las 3:00 de la tarde, en ambos sentidos. El domingo 28 no habrá restricción para los vehículos de carga, pero el lunes 29 la restricción será de 10:00 a. m. a 1:00 a. m. en ambos sentidos.Para el ingreso a Bogotá el domingo 28 de junio, se aplicará el pico y placa regional según la terminación de la placa del vehículo. Las placas pares (0, 2, 4, 6, 8) podrán ingresar únicamente entre las 12:00 m. y las 4:00 p. m., y las placas impares (1, 3, 5, 7, 9) podrán ingresar únicamente entre las 4:00 p. m. y las 8:00 p. m.
El sector del Sistema Moda y Confecciones en Colombia en 2025 muestra un comportamiento interesante: las exportaciones crecen de forma leve, 1,8%, alcanzando USD 920,6 millones, lo que indica estabilidad y presencia en mercados internacionales. Sin embargo, las importaciones avanzan mucho más rápido, con un aumento de 16,6%, llegando a USD 3.821,6 millones.¿Cómo se comportaron las cifras en exportaciones?Aunque el crecimiento es moderado, refleja que la industria mantiene su presencia en mercados internacionales pese a un entorno global exigente. A nivel regional, Antioquia se consolidó como el principal exportador con USD 340,6 millones, equivalente al 37% del total. Le siguió Bogotá D.C. con USD 272,9 millones (29,6%) y Atlántico con USD 100,3 millones (10,9%), destacando además su crecimiento de doble dígito. En contraste, Cundinamarca cayó 0,9% y Risaralda retrocedió 23,1%.En productos, la exportación estuvo liderada por la ropa de cocina o tocador con USD 69,0 millones, seguida por fajas con USD 51,9 millones y tejidos de punto con USD 38,0 millones, aunque este último bajó 4,2%. También sobresalen los calcetines de algodón, que crecieron de forma extraordinaria 358% hasta USD 20,1 millones, y las camisetas de algodón con un aumento del 46% (USD 34,4 millones).En destinos, Estados Unidos sigue siendo el principal socio con USD 255,8 millones (27,8%), aunque cayó 7,4% frente al año anterior. Luego aparecen Ecuador con USD 149,3 millones (16,2%) y México con USD 102,9 millones (11,2%). En contraste, Canadá creció 38,1%, Venezuela 24,4% y Guatemala 16,8%, mostrando nuevos focos de dinamismo.En logística, la vía aérea dominó las exportaciones con USD 448,8 millones (48,7%), seguida del transporte marítimo con USD 312,2 millones (33,9%), que fue el único en caer (-5%). El transporte terrestre aportó USD 159,7 millones (17,3%) y fue el de mayor crecimiento relativo.¿Cómo se comportaron las datos en importaciones?En distribución interna, Bogotá D.C. concentró el 45,5% de las importaciones (USD 1.739,8 millones), seguida por Antioquia con USD 792,7 millones (20,7%) y Cundinamarca con USD 422,7 millones (11,1%). Los mayores crecimientos se registraron en Valle del Cauca y Santander, ambos con 29,6%.Por productos importados, lideran los calzados con suela de caucho o plástico (USD 185,7 millones) y los de suela plástica con parte superior textil (USD 165,0 millones). También destacan los hilados de poliéster (USD 100,9 millones), mientras que los hilados mezclados con algodón cayeron 6,3%.En origen de compras, China domina ampliamente con USD 2.152,9 millones (56,3%), seguida por Vietnam (USD 262,3 millones) e India (USD 230,7 millones). Brasil y Bangladesh muestran variaciones más moderadas.En transporte de importaciones, la vía marítima concentra el mayor volumen con USD 2.401,3 millones (62,8%), seguida del transporte terrestre con USD 997,8 millones (26,1%) y el aéreo con USD 422,5 millones (11,1%).Finalmente, la balanza comercial confirma el reto estructural del sector: un déficit de USD -2.723,2 millones en 2025, tendencia que continúa en 2026 con un saldo negativo de USD -866,8 millones, evidenciando que las importaciones siguen superando ampliamente a las exportaciones.
Otro centro de salud de primer nivel en Antioquia le cierra sus puertas a la Nueva EPS. Se trata de la Clínica Sommer de Rionegro, cuya administración tomó la decisión de suspenderlos servicios ante la creciente deuda millonaria.Este es uno de los centros asistenciales más importantes para todo el Oriente de Antioquia, y que es también de vital importancia para el departamento, porque también atiende pacientes del Valle de Aburrá, anunció que cierra todos los servicios de salud a la Nueva EPS.Como ha ocurrido con otras clínicas y hospitales de primer nivel del país que cortan con la Nueva EPS, la principal razón son las millonarias deudas que le debe esta EPS a los centros de salud, y en la clínica Sommer no ha sido la excepción, ya que la acreencia supera los $115.000 millones.La administración de este centro asistencial dejó en claro que “esta decisión no obedece a una falta de voluntad, sino a la necesidad de preservar la estabilidad de una institución que durante décadas ha trabajado por el cuidado de la vida y la salud de la comunidad”.Así mismo, indicó que agotaron todos los esfuerzos para mantener la atención de los afiliados de esta entidad; sin embargo, afirmaron que la medida está relacionada con los servicios de alta complejidad, pero que se seguirá brindando atención a las personas que ingresen con condiciones de urgencia que pongan en riesgo inmediato su vida.La Clínica Somer recordó que en octubre pasado se había adoptado esta misma medida debido al crecimiento de la deuda que en su momento llegaba a los $100.000 millones.Este nuevo caso en el que un centro de salud le cierra sus puertas a una EPS sucede en menos de 20 días, si se tiene en cuenta que la Clínica Prado en Medellín anunció la suspensión de servicios a usuarios de Coosalud. Lo mismo hizo el Hospital General a principios de junio.