Corte llama la atención a autoridades por desatención en casos de violencia

Aunque la denuncia inicial fue archivada, la víctima volvió a acudir a la Fiscalía al recibir nuevas amenazas, entre ellas mensajes que advertían que algo iba a ocurrir en su decisión, la Corte Constitucional reiteró la necesidad de que las autoridades evalúen con rigor el nivel de riesgo de las mujeres amenazadas y actúen con mayor diligencia para prevenir feminicidios.En el caso puntual que estudió la Corte, al no obtener medidas de protección efectivas, la mujer presentó una acción de tutela en la que solicitó un esquema de seguridad para salvaguardar su vida y la de su familia y el alto tribunal pudo constatar que las entidades encargadas no actuaron con la debida diligencia y ordenó a la Fiscalía ampliar la investigación, evaluar el riesgo real que enfrenta la accionante y determinar medidas de protección efectivas para ella y su núcleo familiar.En su fallo, la Corte Constitucional aclaró que los feminicidios suelen estar precedidos por amenazas y actos de violencia psicológica o económica que no siempre son tomados en serio por las autoridades, además, alertó sobre las barreras que persisten en el sistema judicial para investigar y sancionar la violencia de género, haciendo un llamado a redoblar esfuerzos en la prevención de estos crímenes."La Fiscalía incurrió en varias omisiones que contribuyeron a la vulneración de los derechos de la accionante. Primero, porque incumplió con las obligaciones de valoración del riesgo en el que se encuentra (la accionante). Segundo, porque inició una investigación por el delito de injuria sin ningún agravante, y con esto ignoró aspectos relevantes del caso que justificaban la imputación de un delito con mayor sanción. Tercero, porque archivó la denuncia presentada, y en esa medida omitió considerar varios elementos que demostraban que la accionante había sido víctima de actos de violencia psicológica y sexual", dice el fallo de la Corte.Con este llamado de atención, la Corte Constitucional refuerza la obligación del Estado de proteger a las mujeres en situaciones de riesgo y de garantizar que sus denuncias sean atendidas con la seriedad y urgencia que requieren, evitando que la impunidad siga perpetuando la violencia de género en el país.Le puede interesar: