La expansión territorial de las estructuras armadas ilegales continúa generando preocupación en Antioquia, donde las autoridades advierten sobre el crecimiento de organizaciones criminales, el aumento de las extorsiones y la persistencia de economías ilícitas en distintas subregiones.El panorama fue expuesto por parte de la propia Gobernación de Antioquia en respuesta al representante a la Cámara Simón Molina, en medio de la reciente aprobación en el Congreso de la ley de sometimiento, que busca establecer condiciones para la desmovilización y el ingreso de integrantes de estas estructuras a la justicia.Uno de los indicadores que más inquieta es el avance del Clan del Golfo, cuya presencia pasó de 45 municipios en 2022 a 94 actualmente. La variación representa un incremento del 74% y es la evidencia de la ampliación de su influencia en el territorio.Las disidencias de las Farc también registraron un crecimiento en su alcance. Según el balance presentado, pasaron de tener presencia en 12 municipios a llegar a 21, una expansión del 75% durante el mismo periodo. Al respecto el gobernador Andrés Julián Rendón."No solamente crecieron en presencia infortunada en los distintos municipios de antioquia. Más de 100 municipios de los 125 tienen presencia de algún grupo armado ilegal por cuenta del salvoconducto para el crimen que supuso las distintas gabelas establecidas por el gobierno anterior", añadió el mandatario.A este panorama se suma el comportamiento de la extorsión, que aumentó un 56,8 %, al pasar de 5.350 a 8.390 casos. El incremento representa una presión adicional para comerciantes, transportadores, empresarios y comunidades que enfrentan las exigencias económicas de grupos armados.La situación también está relacionada con la persistencia de los cultivos ilícitos. Antioquia registra 17.163 hectáreas de coca, una cifra que, según la información entregada, se mantiene sin variaciones y concentra el 97% de estos sembrados en las subregiones del Bajo Cauca, Norte y Nordeste.Valdivia, Tarazá, Anorí y Cáceres aparecen como municipios especialmente afectados por la consolidación de economías ilegales y la presencia de estructuras armadas. El congresista Molina se mostró confiado en una reversión del panorama a partir de los nuevos instrumentos legales." La Paz Total lo único que dejó fue fortalecimiento, beneficios y garantías para los criminales. Pero con la ley de sometimiento vamos a cambiar este enfoque. Ahora los criminales se tienen que someter a la justicia, se tienen que someter al Estado, tienen que entregar los bienes, tienen que desmovilizar sus estructuras", sostuvo el representante a la Cámara por Antioquia.Autoridades en el departamento indicaron que avanzan en acciones conjuntas con el Ministerio de Defensa para contener la expansión territorial, reducir las extorsiones y recuperar el control institucional en zonas donde la población continúa enfrentando graves consecuencias por la violencia.
El más reciente boletín del Instituto Nacional de Medicina Legal revela las cifras de violencia que afectan a niños, niñas y adolescentes en Colombia. Entre enero y agosto de 2026 se registraron 21.229 casos de lesiones no fatales, una cifra que, aunque representa una disminución del 8,33 % frente al mismo periodo de 2025, sigue mostrando diferentes formas de violencia contra los menores de edad.Uno de los datos más preocupantes corresponde a los exámenes médico-legales por presuntos delitos sexuales, con 9.711 casos. Aunque hubo una reducción del 13,51 % frente al año anterior, esta conducta concentra el mayor número de valoraciones. De las víctimas, 8.349 fueron niñas y adolescentes mujeres y 1.362 niños y adolescentes hombres. También se reportaron 4.770 casos de violencia intrafamiliar, de los cuales 2.515 correspondieron a mujeres y 2.255 a hombres. A esto se suman 4.690 casos de violencia interpersonal, 1.420 lesiones en eventos de transporte, 434 casos de violencia de pareja y 204 lesiones accidentales.Por edades, los adolescentes entre los 12 y 17 años concentran 13.593 de las lesiones no fatales. En este grupo se registraron 5.744 exámenes por presuntos delitos sexuales, 4.313 casos de violencia interpersonal y 2.165 de violencia intrafamiliar. Entre los niños de 6 a 11 años se contabilizaron 5.286 casos, mientras que en la primera infancia, de cero a cinco años, fueron 2.350.En cuanto a las muertes violentas, Medicina Legal contabilizó 1.311 niños, niñas y adolescentes fallecidos entre enero y agosto de este año. De ese total, 457 corresponden a homicidios, 376 a eventos de transporte, 285 a muertes accidentales y 193 a suicidios.La mayor concentración de estas muertes está en la adolescencia, con 1.016 víctimas. En particular, se registraron 427 homicidios, 308 fallecimientos en eventos de transporte, 181 suicidios y 100 muertes accidentales. En la primera infancia se reportaron 179 muertes y en la infancia, entre los 6 y 11 años, otras 116.Frente a la distribución territorial, Bogotá encabeza los registros de lesiones no fatales entre las ciudades capitales, con 4.715 casos, seguida de Medellín, con 684; Cali, con 762; y Barranquilla, con 490. En cuanto a las muertes violentas por departamentos, Valle del Cauca registra 178 casos, Antioquia 161, Atlántico 92 y Bogotá 74.Las cifras del boletín, que tienen carácter preliminar, muestran que la violencia sexual, la violencia intrafamiliar y los homicidios continúan entre las principales situaciones que afectan la vida y la integridad de los menores de edad en el país.
La posible expansión de estructuras delincuenciales y el aumento de las intimidaciones contra la población encendieron las alarmas de los organismos defensores de derechos humanos en Rionegro por la supuesta disputa por el control territorial y las rentas criminales.La alerta fue emitida por la Corporación para la Paz y el Desarrollo Social -Corpades-, quienes aseguraron haber recibido denuncias de habitantes sobre la presencia de hombres armados que se movilizan en motocicletas y realizan patrullajes.Según lo que se ha conocido, estas personas estarían buscando a posibles víctimas para asesinarlas y, además, se estaría reportando un desplazamiento silencioso y progresivo de familias que, por temor a represalias y amenazas, han optado por abandonar sus viviendas.A esta situación se suman versiones sobre la reorganización y el intento de expansión de la estructura delincuencial conocida como 'Los Pamplona', que tendría presencia en el Oriente antioqueño desde hace más de dos décadas.El panorama genera mayor preocupación por la reciente Alerta Temprana 028 de la Defensoría del Pueblo, que advierte sobre un riesgo extremo en zonas rurales de Abejorral, Argelia, El Carmen de Viboral, La Unión, Nariño y Sonsón, debido a los enfrentamientos entre el Clan del Golfo y la estructura criminal El Mesa.
Nuevamente el temor se apoderó de la zona urbana del municipio de Anorí tras un hecho violento perpetrado por parte de grupos armados que operan en esa zona del nordeste de Antioquia contra la fuerza pública.Hombres con armas de fuego hostigaron las instalaciones de la Estación de Policía y un puesto de vigilancia en la zona sur, situación que originó la reacción de los uniformados activando un plan de defensa inmediato en coordinación con el Ejército, quien empleó drones para verificar la situación.Según reportes oficiales, el ataque contra las instalaciones policiales habría sido un distractor para evitar su reacción en medio de confrontaciones por presuntos ajustes de cuentas que sostenían el Clan del Golfo y la alianza entre el frente 36 de las disidencias de alias ‘Calarcá’ y el ELN.El intercambio de disparos se reportó en el sector de la Plaza de Ferias, a unos 10 minutos del epicentro del hostigamiento, y en el lugar resultó herido un hombre que fue remitido al hospital local con impactos por arma de fuego a la altura del abdomen y en sus extremidades inferiores.Las autoridades avanzan en las investigaciones para determinar con exactitud las causas que provocaron las acciones violentas y si el sujeto lesionado integraba alguno de los bandos enfrentados.Ya el complejo policial en Anorí había sido víctima de un ataque con una granada en 2019, hechos atribuidos al ELN y que causó daños en una patrulla, aunque no dejó uniformados heridos. Sin embargo, a inicios de febrero de este año dos subintendentes fueron asesinados en el parque principal del municipio durante labores de vigilancia y verificación de cierre de establecimientos comerciales.
La violencia no impidió que los ciudadanos salieran a votar en las elecciones presidenciales de 2026. Así lo señala un análisis de la Misión de Observación Electoral (MOE), que identificó 386 municipios en riesgo por violencia y encontró que la participación fue similar a la de las zonas sin riesgo. Los resultados hacen parte de dos libros que presentó la organización sobre el seguimiento a los comicios de la primera y segunda vuelta presidencial que se llevaron a cabo en mayo y junio de este año.En los municipios con riesgo extremo, el 59,39 % de los ciudadanos habilitados votó en primera vuelta, frente al 58,63 % en las zonas sin riesgo. En segunda vuelta, la participación fue del 64,64 % y el 64,90 %, respectivamente. La MOE destacó que este comportamiento contrasta con el de 2022, cuando una mayor exposición a la violencia estaba asociada con una menor participación electoral.En el resultado nacional, la segunda vuelta registró una participación del 63,60 %, con cerca de 26,34 millones de votantes, mientras que en primera vuelta llegó al 57,92 %. La contienda terminó con una diferencia estrecha entre los candidatos, pues el actual presidente Abelardo De La Espriella obtuvo 12.960.166 votos, equivalentes al 49,19 %, y el senador Iván Cepeda alcanzó 12.708.312, el 48,24 %, según las cifras del informe.La MOE también identificó diferencias regionales y sociales en el comportamiento electoral. De La Espriella tuvo mayor respaldo en municipios del centro andino y la Orinoquía, mientras Cepeda se impuso en amplias zonas del Pacífico, la Amazonía, el Caribe y Bogotá. Además, Cepeda obtuvo mejores resultados en los municipios con mayores necesidades básicas insatisfechas, donde alcanzó el 57 % de los votos.El informe también encontró un respaldo mayoritario a Cepeda en territorios rurales y comunidades históricamente afectadas por el conflicto armado. En los municipios que hacen parte de las 16 Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (CITREP), obtuvo 1.836.692 votos, equivalentes al 63,9 % de la votación, y ganó en 127 de los 168 municipios de estas circunscripciones.La diferencia fue todavía mayor en las zonas rurales de estos territorios, pues Cepeda obtuvo el 71,59 % de los votos, frente al 26,81 % del entonces candidato Abelardo De La Espriella. Además, la participación rural llegó al 62,33 %, por encima del 57,3 % registrado en las zonas urbanas de las circunscripciones de paz. Este resultado contrasta con la tendencia general del país, donde la participación urbana superó a la rural.El respaldo a Cepeda también se reflejó en los territorios indígenas. En la primera vuelta ganó en 133 de los 137 resguardos que contaban con puestos de votación, mientras que De La Espriella se impuso en cuatro. En segunda vuelta, Cepeda mantuvo la mayoría en 132 resguardos y su rival ganó en cinco. En los consejos comunitarios de comunidades negras, Cepeda también se impuso en 130 de los 134 territorios analizados.Para la MOE, estos resultados muestran la importancia de observar cómo votan las comunidades expuestas a la violencia y las desigualdades sociales. La organización también advirtió que el estrecho margen de la elección y la composición del Congreso para el periodo 2026-2030 plantean el reto de construir acuerdos entre el nuevo Gobierno, los sectores independientes y la oposición.
El ministro francés de Justicia, Gérald Darmanin, explicó este martes que 123 personas han ingresado ya en prisión por su participación en los actos de violencia vinculados a las protestas sociales del fin de semana."Evidentemente, el Estado ha fallado", reconoció Darmanin en una entrevista a la emisora Europe 1, cuando se le preguntó por los alrededor de 3.000 comercios que fueron saqueados y de los edificios públicos atacados, como el ayuntamiento de la ciudad de Limoges, que fue incendiado y quedó en buena parte destruido.El ministro explicó que esos 123 encarcelamientos incluyen los que han ingresado en prisión provisional en espera de juicio y los que lo han hecho porque ya han sido condenados en las primeras comparecencias inmediatas que se organizaron el lunes en varios tribunales.Destacó que en Limoges hay 10 encarcelados por los enfrentamientos con la policía, sin vincularlos con el incendio del ayuntamiento.Preguntado sobre el hecho de que los jueces estén estudiando si ese incendio puede calificarse de acción terrorista, el ministro no quiso pronunciarse porque no es de su competencia.Se limitó a contar que los investigadores analizan si fue "un acto organizado y terrorista" y en cualquier caso, insistió en que en Limoges y en otras ciudades hubo acciones "organizadas" por parte de los alborotadores y detrás estaba "la ultraizquierda"."Hay que combatir esas organizaciones de ultraizquierda" -afirmó- y eso significa declararlas prohibidas y llevar a sus miembros ante los tribunales.Preguntado sobre la pertinencia de declarar el estado de emergencia como han pedido muchos políticos de derechas, en lugar de recurrir a toques de queda "selectivos", que ha sido la opción del presidente francés, Emmanuel Macron, Darmanin respondió que "no hay que excluirlo por principio".Pero añadir que lo que permitiría en particular el estado de emergencia es hacer registros administrativos, sin la intervención del juez para buscar armas.Y en estos pillajes, añadió no ha habido muchas armas. A su juicio, lo que hace falta es "mucha firmeza, mucha demostración de fuerza".El titular de Justicia había indicado el lunes por la noche que la acción policial había permitido hasta entonces que hubiera más de 2.500 personas bajo arresto. EFEEl ministro francés de Justicia, Gérald Darmanin, explicó este martes que 123 personas han ingresado ya en prisión por su participación en los actos de violencia vinculados a las protestas sociales del fin de semana."Evidentemente, el Estado ha fallado", reconoció Darmanin en una entrevista a la emisora Europe 1, cuando se le preguntó por los alrededor de 3.000 comercios que fueron saqueados y de los edificios públicos atacados, como el ayuntamiento de la ciudad de Limoges, que fue incendiado y quedó en buena parte destruido.El ministro explicó que esos 123 encarcelamientos incluyen los que han ingresado en prisión provisional en espera de juicio y los que lo han hecho porque ya han sido condenados en las primeras comparecencias inmediatas que se organizaron el lunes en varios tribunales.Destacó que en Limoges hay 10 encarcelados por los enfrentamientos con la policía, sin vincularlos con el incendio del ayuntamiento.Preguntado sobre el hecho de que los jueces estén estudiando si ese incendio puede calificarse de acción terrorista, el ministro no quiso pronunciarse porque no es de su competencia.Se limitó a contar que los investigadores analizan si fue "un acto organizado y terrorista" y en cualquier caso, insistió en que en Limoges y en otras ciudades hubo acciones "organizadas" por parte de los alborotadores y detrás estaba "la ultraizquierda"."Hay que combatir esas organizaciones de ultraizquierda" -afirmó- y eso significa declararlas prohibidas y llevar a sus miembros ante los tribunales.Preguntado sobre la pertinencia de declarar el estado de emergencia como han pedido muchos políticos de derechas, en lugar de recurrir a toques de queda "selectivos", que ha sido la opción del presidente francés, Emmanuel Macron, Darmanin respondió que "no hay que excluirlo por principio".Pero añadir que lo que permitiría en particular el estado de emergencia es hacer registros administrativos, sin la intervención del juez para buscar armas.Y en estos pillajes, añadió no ha habido muchas armas. A su juicio, lo que hace falta es "mucha firmeza, mucha demostración de fuerza".El titular de Justicia había indicado el lunes por la noche que la acción policial había permitido hasta entonces que hubiera más de 2.500 personas bajo arresto.
Hechos violentos siguen generando preocupación en el Nordeste de Antioquia en medio de las confrontaciones que persisten entre grupos armados dejando víctimas mortales.Los más recientes hechos se registraron en zona rural del municipio de Segovia donde inicialmente autoridades de seguridad en el departamento confirmaron el hallazgo de dos cuerpos sin vida en la vereda Altos de Manila, a tres horas del casco urbano. Uno fue identificado parcialmente como un joven de 17 años de edad.De igual manera, en las últimas horas Indepaz registró que en el sector conocido como Las Antenas, entre las veredas Rancho Quemado y Cancha Manila, fueron encontrados otros tres cuerpos sin vida que, al parecer, tenían las manos amarradas y presentaban signos de tortura.El defensor de derechos humanos, Óscar Yesid Zapata, manifestó que las disputas en el territorio son situaciones denunciadas desde hace varios meses sin hasta ahora acciones eficaces por parte de las autoridades civiles ni la fuerza pública."Para nosotros es muy claro que los actores se tomaron ese territorio y podrían presentarse nuevos hechos de violencia que que que determinen posibles, o posible ocurrencia, nuevas masacres, omisión selectivos, desplazamientos forzados, confinamientos", manifestó.Los recientes homicidios también volvieron a encender las alarmas de organismos humanitarios que denuncian la compleja situación que atraviesa la economía de poblaciones limítrofes con el sur de Bolívar tras ajustar ya 15 días sin abastecimiento de combustibles.La alimentación de plantas eléctricas, motobombas que suministran agua y diferentes actividades productivas de la zona están en riesgo tras la orden del Clan del Golfo de no permitir el acceso de estos recursos como una posible ‘estrategia de guerra’.En las últimas horas comunidades campesinas de la vereda Mina Nueva, realizaron una marcha pacífica por el respeto a la vida de la población civil.
Una celebración terminó con el fallecimiento de Jaffeth Asís, de 24 años, un joven que resultó herido tras una riña ocurrida en la localidad de Suba, en Bogotá. Asís era oriundo de Maicao, La Guajira, y había llegado a la capital con la intención de buscar oportunidades laborales.De acuerdo con la información entregada por sus familiares, Jaffeth se encontraba en una fiesta cuando inició una pelea. En medio de la disputa, fue atacado con un arma blanca. Otra persona intentó auxiliarlo; sin embargo, también resultó herida.El hecho habría ocurrido en el barrio Santa Rita y, según los allegados, tuvo lugar el 7 de septiembre. No obstante, reportes posteriores de medios de La Guajira sitúan la riña en el sector de Bilbao.¿Qué se sabe de la muerte del joven en Suba?Tras resultar herido, Jaffeth fue auxiliado y trasladado a un centro asistencial. Pese a recibir atención médica, falleció debido a la gravedad de sus lesiones. Posteriormente, su cuerpo fue llevado a Medicina Legal para realizar los procedimientos correspondientes.Sus familiares lo recuerdan como un joven trabajador que se dedicaba a labores de construcción. Había dejado Maicao para establecerse en Bogotá y buscar nuevas oportunidades.El caso permanece bajo investigación mientras se busca establecer qué ocurrió durante la riña, quiénes participaron en la agresión y cuáles fueron las circunstancias que llevaron a la muerte del joven.¿Qué pasó con los presuntos responsables de la agresión?Según la denuncia de los allegados, después de la agresión la Policía capturó a dos hombres, de 25 y 27 años, quienes serían los principales señalados de estar involucrados en el ataque.Sin embargo, la familia de Jaffeth afirma que ambos recuperaron la libertad horas más tarde. Esta versión todavía no ha sido confirmada públicamente en los reportes oficiales.Por ahora, tampoco se conocen detalles oficiales sobre las decisiones adoptadas después de las capturas. Por ello, será la investigación de las autoridades la que determine qué procedimiento se siguió y cuál es la situación jurídica de las personas señaladas.Los primeros informes tampoco habían establecido públicamente todos los detalles de la pelea ni las circunstancias exactas en las que se produjo la agresión.¿Qué pide la familia de Jaffeth Asís?Los allegados solicitan que se avance en el esclarecimiento del caso y que se determine la responsabilidad de cada una de las personas que participaron en los hechos.La familia también asegura haber recibido amenazas después de la muerte del joven, situación que aumentó su preocupación y motivó su llamado a las autoridades.Sus familiares esperan que la investigación permita establecer qué ocurrió durante la celebración, identificar a los responsables de la agresión y esclarecer las circunstancias que terminaron con la vida de Jaffeth, quien había llegado desde La Guajira a Bogotá con la intención de construir un nuevo proyecto de vida.
La Alcaldía de Bucaramanga adjudicó el proyecto para la construcción del primer Centro de Traslado de Protección de la ciudad, un espacio destinado a atender y proteger temporalmente a personas que estén en riesgo de ser víctimas de homicidio, feminicidio, violencia intrafamiliar, lesiones personales u otros hechos que puedan poner en peligro su vida e integridad.El centro estará ubicado en un predio adquirido por la administración municipal en inmediaciones de la carrera 15 con calles 43 y 45, donde, de acuerdo con el alcalde Cristian Portilla, comenzarán en las próximas semanas las obras de adecuación.La estrategia busca brindar una alternativa de protección inmediata para las víctimas que, tras un hecho de violencia, no cuentan con un lugar seguro al cual acudir. La conducción hacia este espacio podrá realizarse luego de la intervención de la Policía como primer respondiente, dependiendo de las circunstancias y del riesgo identificado.“Tendrá por primera vez el centro de traslado de protección. El predio ya está adquirido, carrera 15 con calle 45 y 43. Empezaremos en las próximas semanas la adecuación”, explicó el alcalde Cristian Portilla.Según el mandatario, el lugar no funcionará únicamente como un espacio para pasar la noche. Las personas que lleguen recibirán acompañamiento de un equipo multidisciplinario, que incluirá profesionales en psicología, trabajo social y asesoría jurídica.La Alcaldía también busca que el centro permita identificar las causas que están detrás de los episodios de violencia y activar rutas de atención. Por ejemplo, si una persona enfrenta dificultades económicas o falta de empleo, se le orientará hacia la oferta institucional disponible.“No va a estar sola para dormir, sino que va a estar con el apoyo de un equipo multidisciplinario, un psicólogo, un abogado”, señaló Portilla.El alcalde explicó que el objetivo principal es intervenir de manera temprana situaciones que podrían terminar en hechos de mayor gravedad, especialmente cuando una víctima permanece en el mismo entorno donde se produjo la agresión.“Esta personita o esta víctima va a ser conducida a este centro de traslado para poder cuidar su vida y así mitigar, evitar el impacto o la consolidación del delito: un homicidio, una muerte, una violencia, un feminicidio”, afirmó.La administración municipal considera que esta infraestructura será una herramienta para atender casos relacionados con la violencia y la intolerancia, problemática que, según el alcalde, está entre los principales factores que afectan la convivencia en Bucaramanga.
Detrás de cada uno de estos casos hay un animal que sufrió violencia y que terminó en medio de una investigación judicial. ‘Keyra’, ‘Lucas’ y ‘Nena’ fueron víctimas de hechos ocurridos en Bogotá, Envigado y Choachí, respectivamente. La Fiscalía General de la Nación, a través del Grupo Especial para la Lucha contra el Maltrato Animal (GELMA), logró dos condenas y presentó ante un juez el caso de un tercer hombre señalado por la muerte de una canina.La historia de ‘Keyra’, una pastor alemán, comenzó el 24 de agosto de 2025, cuando José Oliverio Silva se la llevó de un establecimiento de comercio sin autorización. De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, después trasladó a la canina a otro lugar y la utilizó para realizar actos sexuales. Por estos hechos, un juez lo condenó por el robo del animal y por causarle graves daños físicos. Deberá pasar 37 meses y 10 días en prisión y no podrá tener animales durante 74 meses.En Envigado, la víctima fue ‘Lucas’, un perro criollo que durante varios meses fue golpeado y sometido a otras formas de violencia. Los hechos ocurrieron entre mayo y julio de 2024. Según la Fiscalía, las agresiones le causaron heridas y sufrimiento, algo que fue comprobado por médicos veterinarios. Algunos de estos ataques ocurrieron, además, frente a menores de edad y estaban relacionados con problemas entre el agresor y su entonces pareja. Edgar Alexander Montañez Díaz fue condenado a 20 meses de prisión y tampoco podrá tener animales durante ese mismo tiempo.El tercer caso tuvo el desenlace más doloroso. En Choachí, Cundinamarca, una canina llamada ‘Nena’ murió después de ser atacada con un arma cortopunzante durante una discusión. La Fiscalía señala como presunto responsable a Juan Gabriel Pinzón Rincón, quien fue presentado ante un juez y acusado por la muerte de la canina. Por decisión judicial, deberá permanecer privado de la libertad en su vivienda mientras avanza el proceso.Mientras dos de las historias ya tienen una condena, la investigación por la muerte de ‘Nena’ continúa. Para GELMA, estos procesos hacen parte de las acciones para investigar y llevar ante los jueces a quienes son señalados de agredir a animales.
La bancada del Partido Conservador en el Senado y la Cámara de Representantes, junto a la presidenta del Consejo Gremial, Natalia Gutiérrez, radicó un proyecto de ley que busca garantizar estabilidad jurídica durante 30 años a las empresas que decidan invertir en el país.La iniciativa pretende ofrecer reglas claras y condiciones estables para los inversionistas, especialmente para aquellos que desarrollan proyectos de largo plazo y requieren garantías que trasciendan los periodos de Gobierno.La propuesta también surge como respuesta a las decisiones del Gobierno anterior, al que sus promotores señalan de haberse opuesto a algunos proyectos de inversión que estaban previstos para ejecutarse a largo plazo.El presidente del Partido Conservador, Efraín Cepeda, afirmó que Colombia necesita competir en igualdad de condiciones con otros países de la región y recuperar la confianza de los empresarios mediante garantías que reduzcan la incertidumbre jurídica.“Colombia compite con la región, por eso aquí se devuelve la seguridad jurídica que terminó en el Gobierno anterior en el año 2022. Buscamos darles garantías, quitar esa incertidumbre que existió y que venga masivamente el sector privado a generar empleo de calidad y recursos para el fisco”, manifestó Cepeda.El dirigente también puso como ejemplo el caso de Argentina, país que recibió en 2025 diez grandes inversiones por un valor de 25.000 millones de dólares.“Argentina dio un paso importante y en el año 2025 le llegaron 10 macroinversiones por 25.000 millones de dólares. Queremos competir en igualdad de condiciones con la región y que los empresarios sepan que, después de la horrible noche del cuatrienio anterior, en el Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella es bienvenido el capital nacional y extranjero generador de empleo”, señaló Cepeda Sarabia.Natalia Gutiérrez, presidenta del Consejo Gremial, destacó la importancia de establecer garantías que permitan a las empresas desarrollar sus proyectos sin que las condiciones jurídicas cambien con cada administración.La dirigente gremial explicó que las grandes inversiones requieren periodos de planeación, ejecución y recuperación que, en muchos casos, superan ampliamente los cuatro años de un Gobierno.“Lo que necesitamos son reglas claras a largo plazo. Todos estamos esperanzados con el Gobierno del doctor Abelardo De La Espriella, pero necesitamos seguridad para más de cuatro años. Los grandes proyectos del país se toman 10, 15, 20 y algunos hasta más de 30 años. Por eso ese plazo, 30 años”, afirmó Gutiérrez.También agradeció el respaldo del Partido Conservador para la radicación del proyecto de ley, cuyo propósito es brindar seguridad jurídica durante tres décadas a los inversionistas nacionales y extranjeros.
Ir al baño en el colegio se ha convertido en una dificultad para miles de estudiantes en Colombia. Un sondeo realizado por la Fundación Barco a 1.533 alumnos de quinto a undécimo grado, en 74 instituciones educativas de diez departamentos, encontró que el 73 % evita utilizar los baños escolares debido a las condiciones en las que se encuentran.Entre los principales problemas identificados están la falta de agua, mencionada en hasta el 50 % de los casos, el deterioro de la infraestructura y la ausencia de iluminación y ventilación, situaciones reportadas por cuatro de cada diez estudiantes. Las consecuencias van más allá de las condiciones sanitarias. Según los resultados, el 29 % de los estudiantes consultados ha pensado en faltar a clases o retirarse antes de terminar la jornada por el estado de los baños. Además, quienes evitan utilizar estos espacios pueden tener hasta cuatro veces más dificultades para concentrarse y hasta diez veces más posibilidades de ausentarse del colegio.La situación afecta especialmente a las niñas y adolescentes. El 55 % de las estudiantes aseguró que no ha podido utilizar los baños cuando lo ha necesitado, frente al 44 % de los hombres. A esto se suma que hasta el 40 % de las niñas considera dejar de asistir a clases durante los días de menstruación debido a las condiciones de estos espacios.Durante el Foro de Educación Fundación Barco 2026, la organización presentó los resultados del sondeo y advirtió sobre la necesidad de mejorar las condiciones de saneamiento en las instituciones educativas, entendiendo que el acceso al agua y a baños adecuados también influye en la permanencia de los estudiantes en las aulas.Como respuesta, presentó el programa Baños al Derecho, una iniciativa que comenzará con un diagnóstico en 725 establecimientos educativos rurales del Caribe y el Eje Cafetero. El propósito es identificar las necesidades de cada institución y establecer prioridades para intervenir la infraestructura y desarrollar actividades educativas que promuevan el cuidado y mantenimiento de estos espacios.En esta primera etapa, el programa proyecta beneficiar a más de 128.000 estudiantes, con la meta de ampliar progresivamente su cobertura a otras regiones del país.
Tres meses después del terremoto ocurrido el pasado 10 de agosto, el Valle del Cauca continúa trabajando para superar las afectaciones que dejó esta emergencia. En medio de este proceso, la Gobernación del Valle hace un llamado a la ciudadanía, al sector empresarial y a las organizaciones sociales para que no disminuyan sus esfuerzos solidarios y sigan contribuyendo con donaciones que permitan atender a las familias damnificadas.Como símbolo de esperanza, agradecimiento y unión, la fachada del Palacio de San Francisco luce una gran pancarta que invita a mantener vivo el espíritu de colaboración que ha caracterizado a los vallecaucanos desde el primer momento de la tragedia. Este mensaje busca recordar que la recuperación del departamento es una tarea colectiva y que cada aporte representa una oportunidad para quienes hoy necesitan apoyo.“Un mensaje de unión de los vallecaucanos, teniendo en cuenta los hechos ocurridos el pasado 10 de agosto con el terremoto. Por eso invitamos a todos los vallecaucanos a tener esa unión de solidaridad para reconstruir nuestro Valle juntos. Igualmente, agradecer a todos los vallecaucanos por sus ayudas”, Óscar Armando Trujillo, director del Departamento Administrativo de Desarrollo Institucional.Le puede interesar: Tres meses después, aseguradoras han pagado $1,43 billones en indemnizaciones por el terremotoHasta el momento, más de 800 toneladas de ayudas humanitarias han sido recibidas en el centro de acopio departamental, ubicado en las antiguas instalaciones de la Licorera. Sin embargo, las necesidades de las comunidades afectadas continúan y algunos productos alimenticios y artículos esenciales empiezan a ser insuficientes, por lo que se hace necesario fortalecer nuevamente las donaciones.La Gobernación recuerda que el centro de acopio sigue habilitado para recibir alimentos, elementos de primera necesidad y demás ayudas humanitarias. La atención se presta de lunes a viernes, de 8:00 de la mañana a 5:00 de la tarde y sábados y domingos, de 8:00 de la mañana a 3:00 de la tarde. Además, se cuenta con puntos de apoyo en Cartago y Buenaventura para facilitar la recepción y distribución de las donaciones.
Tres meses después del terremoto del pasado 10 de agosto, las compañías de seguros han pagado $1,43 billones en indemnizaciones a los afectados. La cifra representa un aumento de $170.000 millones frente al reporte anterior, según el más reciente balance de Fasecolda, con corte al 6 de noviembre.El gremio asegurador informó que ha recibido 103.833 avisos de siniestro, es decir, 910 más que hace una semana. Los daños reportados se extienden a 524 municipios de 31 departamentos. Para responder a estas reclamaciones, las aseguradoras tienen reservas estimadas en $7,4 billones, un 3,7 % más que en el balance anterior.De los avisos recibidos, 64.109 corresponden a viviendas, cerca del 61 % del total. En este segmento, que incluye seguros voluntarios y asociados a créditos hipotecarios, se han pagado $294.000 millones. Sin embargo, los mayores desembolsos se concentran en copropiedades, con $327.400 millones, y en comercios, pequeñas y medianas empresas e industrias, que han recibido $561.000 millones. Entre estos dos últimos grupos, los pagos suman cerca de $889.000 millones y las reservas superan los $4,1 billones.Por regiones, Risaralda registra $566.000 millones en indemnizaciones, equivalentes al 19 % de los pagos, mientras que el Valle del Cauca suma $489.000 millones, cerca del 13 %. Fasecolda también señaló que Quindío es el departamento que más ha avanzado en el pago de las reclamaciones frente al valor de los daños, con un 26 %. En cuanto a las reservas, Cali concentra $2,18 billones y Pereira $1,99 billones, que juntas representan cerca del 56 % del total nacional.El balance también incluye los seguros de vida. Hasta el momento se han reportado 309 siniestros y se han pagado $4.563 millones, correspondientes al 58 % del valor reclamado. Adicionalmente, hay reservas por $3.268 millones. El 51,6 % del valor de las reclamaciones en este segmento corresponde a coberturas por fallecimiento.El presidente ejecutivo de Fasecolda, Gustavo Morales, hizo un llamado a los asegurados para que mantengan contacto con sus compañías o intermediarios y entreguen oportunamente los documentos solicitados, pues esto permite avanzar en el trámite de las indemnizaciones. También advirtió sobre posibles cobros indebidos y le advirtió a la ciudadanía que "no se dejen engañar: reclamar es gratuito y no necesitan contratar intermediarios".
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