Corte ordena abrir archivos de Iglesia Católica: habría 4.000 sacerdotes denunciados por abusos

En una decisión que marca un precedente para el periodismo investigativo y los derechos de las víctimas, la Corte Constitucional de Colombia ordenó a la Iglesia Católica entregar sus archivos secretos relacionados con denuncias de abuso sexual.

El fallo, celebrado por el periodista Juan Pablo Barrientos, quien investiga estos casos, representa un avance significativo tras años de litigios, obstáculos institucionales y resistencia eclesiástica.

Durante una entrevista en Mañanas Blu 10:30, Barrientos explicó que esta decisión, contenida en la sentencia SU-184 de 2025, es el resultado de un proceso judicial que se remonta a fallos anteriores incumplidos por autoridades eclesiásticas.

El caso tomó fuerza en 2023, cuando Barrientos y su colega Miguel Ángel Estupiñán enviaron 137 derechos de petición a obispos y superiores religiosos en todo el país. Solo 17 respondieron completamente. Ante esto, interpusieron 120 tutelas, de las cuales ganaron 75. Este volumen de acciones legales llevó a la Corte a revisar nuevamente el caso y emitir una sentencia que obliga a toda la Iglesia a entregar la información solicitada.

Las cifras reveladas por el periodista son alarmantes. Con apenas el 13% de la información recopilada, han identificado una base de datos de 800 sacerdotes denunciados por abuso sexual. “Si esa tendencia se mantiene, estaríamos hablando de 4.000 sacerdotes denunciados en Colombia… no son casos aislados, es un sistema”, advirtió Barrientos. Esta afirmación pone en evidencia la dimensión estructural del problema.

Sin embargo, el camino hacia la justicia enfrenta obstáculos legales. Aunque en Colombia los delitos sexuales dejaron de prescribir con la Ley 2081 de 2021, esta no es retroactiva, lo que limita las posibilidades de judicialización de casos antiguos. “La Fiscalía los archiva porque ya prescribieron”, explicó. No obstante, en el ámbito del derecho canónico, estos delitos no prescriben, lo que abre la puerta a procesos internos en la Iglesia, principalmente enfocados en reparaciones económicas.

Barrientos también señaló que el principal interés de la Iglesia en mantener estos archivos en secreto no es solo reputacional, sino financiero. “Aquí están cuidando más la chequera… si se revelan, tendrán que reparar a las víctimas”, sostuvo, comparando la situación con casos en Estados Unidos donde diócesis se declararon en bancarrota tras enfrentar demandas.

Respecto al liderazgo del Papa León XIV, el periodista se mostró escéptico sobre posibles cambios. “No creo que vaya a haber ningún cambio… es un Papa muy clericalista”, afirmó. Además, cuestionó la utilidad de iniciativas como el envío de informes al Vaticano, ya que “toda esa información ya la tiene el Dicasterio para la Doctrina de la Fe”.

A nivel nacional, la investigación ha comenzado a tener efectos institucionales. Según Barrientos, la fiscal general Luz Adriana Camargo creó un grupo especial para investigar el “macrocaso” de abuso en la Iglesia, incluyendo posibles encubrimientos por parte de obispos.

Finalmente, el periodista hizo un llamado urgente: garantizar que la Iglesia cumpla con la sentencia y entregue tanto los nombres de los sacerdotes denunciados como sus trayectorias. “En esos movimientos se pueden observar patrones de encubrimiento”, concluyó.