La crisis de hacinamiento y las condiciones de reclusión en las cárceles y estaciones de Policía del país siguen sin resolverse, pese a más de 13 años de seguimiento de la Corte Constitucional.
Ante este panorama, la Sala Especial de Seguimiento ordenó al INPEC, la USPEC y la Policía Nacional presentar, en dos meses, un plan para trasladar a 2.615 personas que llevan más de un año en centros de detención transitoria, y dispuso nuevas medidas para buscar soluciones al déficit de infraestructura carcelaria y reducir la sobrepoblación.
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La decisión, contenida en el Auto 1460 de 2026, establece que el plan deberá identificar a las 2.567 personas imputadas y 48 condenadas, precisar los establecimientos de destino, los cupos disponibles y fijar metas mensuales de traslado, sin generar hacinamiento en las cárceles receptoras.
Según las cifras analizadas por la Corte, con corte al 6 de abril de 2026, el sistema penitenciario y carcelario tenía 124.104 personas privadas de la libertad en establecimientos con capacidad para 93.654, lo que representa un hacinamiento global del 33 %, equivalente a 30.450 personas por encima de los cupos disponibles.
En los centros de detención transitoria la situación también es crítica. En 1.155 instalaciones, entre estaciones de Policía y URI, permanecían 18.908 personas, pese a que estos lugares tienen capacidad para 9.711, lo que representa un hacinamiento del 95 %. La Corte recordó que estos espacios están destinados a detenciones de máximo 36 horas y no a mantener personas durante meses o años.
Ante este panorama, la Corte ordenó al Ministerio de Justicia y a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) conformar, en un plazo de dos meses, una mesa técnica interinstitucional para buscar soluciones al déficit de infraestructura carcelaria. En este espacio también deberán participar los ministerios de Hacienda, el Departamento Nacional de Planeación, el INPEC, la USPEC, la Sociedad de Activos Especiales y los organismos de control.
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La mesa tendrá que identificar las razones técnicas, jurídicas, fiscales y administrativas que han impedido avanzar en la construcción y adecuación de cárceles, evaluar las diferentes alternativas de financiación y contratación, incluidas las asociaciones público-privadas (APP), y recomendar cuál es la más adecuada para cada proyecto.
Como parte de las órdenes, la mesa tendrá tres meses desde su instalación para entregar un primer diagnóstico sobre las dificultades del sistema y priorizar los establecimientos con mayores necesidades de infraestructura.
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Además, en seis meses deberá presentar un informe técnico con los proyectos priorizados, sus costos, las fuentes de financiación, los responsables y un cronograma con metas verificables para su ejecución.
La decisión también establece límites frente a una eventual participación de empresas privadas en la construcción y administración de la infraestructura.
Por otra parte, la Corte exhortó al Congreso de la República a evaluar y regular mecanismos de financiación, construcción, adecuación y mantenimiento de los centros de detención transitoria, en el marco de su desmonte progresivo.
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También pidió al Consejo Superior de Política Criminal y al Legislativo estudiar alternativas para reducir la población carcelaria, como medidas distintas a la prisión, mecanismos de libertad anticipada y programas de prevención y resocialización.
Finalmente, el alto tribunal advirtió que la ampliación de la infraestructura carcelaria, por sí sola, no resuelve el hacinamiento ni supera el Estado de Cosas Inconstitucional.
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Por esta razón, insistió en que se necesitan soluciones integrales que permitan mejorar las condiciones de reclusión, reducir la demanda de cupos y garantizar los derechos de las personas privadas de la libertad.