En una rueda de prensa convocada en el Patio Nuñez del Capitolio Nacional, el Pacto Histórico explicó los motivos por los que se opone a la ley de rescate fiscal reforma tributaria del Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella. La colectividad convocó a una jornada de movilización nacional para el próximo jueves 19 de noviembre, con el propósito de presionar al Congreso para que archive la iniciativa.
Los integrantes de la oposición aseguraron que no descansarán hasta hundir el proyecto, al que calificó como una reforma regresiva que afectaría principalmente a los hogares de menores ingresos, la clase media y los trabajadores.
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Uno de los principales cuestionamientos tiene que ver con la propuesta de ampliar el IVA a productos de la canasta familiar. Según el Pacto Histórico, la iniciativa del Gobierno contempla cambios más agresivos para el bolsillo de las personas que la reforma tributaria presentada durante la administración de Iván Duque y que desató el estallido social de 2021. Sostiene que mientras que la propuesta del entonces ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, llevaba de una tarifa del 0 al 19% cinco grupos de productos de la canasta familiar, el proyecto actual contempla ocho; y que en el aumento del 5% al 19 % pasa de 20 a 80 categorías de productos y alimentos
La colectividad también cuestionó los cambios en el impuesto al patrimonio. Aseguró que cerca de tres millones de personas que actualmente no pagan impuesto de renta comenzarán a hacerlo, mientras que alrededor de 15.000 contribuyentes de mayores ingresos dejarían de pagar el impuesto al patrimonio.
En materia económica, el partido del expresidente Gustavo Petro presentó sus propias proyecciones sobre los efectos de la reforma. Advirtió que la inflación podría dispararse al 7,67% y el costo de los alimentos al 13,29%. También estimó que el desempleo alcanzaría el 10,11% a los dos años y medio de implementada la iniciativa, con una pérdida cercana a medio millón de puestos de trabajo.
A esto sumó advertencias sobre una eventual privatización de empresas públicas como Ecopetrol e ISA, así como posibles recortes presupuestales que, según la colectividad, afectarían al SENA, el ICBF, la primera infancia, las universidades públicas y los servicios de salud y educación.