El traslado de internos de alta peligrosidad a la cárcel de Palogordo, en Girón, ha generado preocupación entre las autoridades y la comunidad del municipio. Frente a este panorama, el ministro de Justicia, Iván Cancino, aseguró que el Gobierno está tomando medidas para garantizar la seguridad tanto dentro como fuera del establecimiento penitenciario.El funcionario señaló que el centro carcelario cuenta con las condiciones necesarias para recibir a estos internos y aseguró que se reforzarán las medidas de protección para la población, los funcionarios del Inpec y las propias instalaciones.“Se va a proteger a la población, se va a proteger al establecimiento carcelario, se va a proteger a los guardianes y el Estado no cede ante las presiones y ante la violencia”, afirmó Cancino.El ministro agregó que quienes incurran en hechos violentos deberán responder ante las autoridades judiciales y que el Estado utilizará los mecanismos legales para garantizar el control de la situación.Las declaraciones fueron entregadas durante la inauguración del encuentro regional de la Corte Constitucional, en Girón, escenario en el que también se abordaron otros asuntos relacionados con la política de justicia y seguridad del Gobierno nacional.Cancino también habló sobre la Ley de Sometimiento y las condiciones que deberán cumplir los integrantes de estructuras criminales que pretendan acogerse a este mecanismo.El ministro fue enfático en señalar que los bienes obtenidos de manera ilícita no podrán convertirse en un beneficio económico para quienes se sometan a la justicia.“Los bienes mal habidos no pueden ser objeto de recompensa. Tienen que entregarlos como requisito para que se sometan y se les reintegra cero pesos”, sostuvo.Cancino también indicó que la propuesta del Gobierno no contempla otorgar estatus político a las estructuras criminales, ni suspender órdenes de captura o procesos de extradición como condición para su sometimiento.Según explicó, quienes pretendan acogerse deberán esperar la entrada en vigor de la Ley de Sometimiento y cumplir las condiciones que establezca el marco legal.
En la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes se debatieron las medidas que adelanta el Gobierno para frenar el uso no autorizado de celulares desde las cárceles del país, especialmente por su relación con las extorsiones y otras actividades delictivas. El ministro de Justicia, Iván Cancino, y la ministra de las TIC, Alexandra Falla, expusieron las acciones que ya están en marcha y las nuevas medidas que buscan fortalecer el control de las comunicaciones dentro de los establecimientos penitenciarios.La extorsión fue uno de los puntos centrales, el ministro de Justicia Iván Cancino aseguró que ya está actuando y que una de las principales estrategias es el traslado de detenidos a centros con mayores niveles de rigor y control. Según el ministro, esos traslados han demostrado una reducción de más del 63% de la violencia y de las bandas criminales en Barranquilla. Además, aseguró que las personas trasladadas no han vuelto a registrar índices de extorsión ni comunicación con organizaciones delictivas.A estas medidas se suma el fortalecimiento de los inhibidores, la construcción futura de cárceles alejadas de las ciudades para dificultar la instalación de antenas repetidoras y una doble requisa y confrontación. Esta última no solo se hará dentro de los establecimientos con el Inpec, sino también en la vía pública con la Policía. Cancino aseguró que son “muchas acciones articuladas” para enfrentar la extorsión y el delito desde las cárceles.La ministra de las TIC, Alexandra Falla, aseguró ante la Comisión Segunda que el Gobierno trabaja con Justicia, INPEC, GAULA y los operadores para agilizar el bloqueo de señales en las cárceles y reducir los tiempos de reacción frente a las comunicaciones usadas para extorsionar.La ministra también anunció un seguimiento permanente y mesas de trabajo semanales para evaluar la efectividad de las medidas. Según Falla, durante las inspecciones de MinTIC los inhibidores funcionan, pero dejan de hacerlo cuando los funcionarios se retiran, por lo que el Gobierno analiza medidas adicionales que no dependan únicamente de la tecnología. “Cuando nosotros vamos a las cárceles, los inhibidores funcionan. Pero cuando nos vamos, pues ya no funcionan. Entonces estamos viendo cómo utilizar distintos mecanismos que van más allá de los temas tecnológicos”, indicó la ministra de las TIC.Además, explicó que también se estudian medidas adicionales, como disminuir las fuentes de energía y cambiar los bombillos para evitar que los celulares puedan recargarse en las celdas. Además, el Gobierno busca involucrar a Meta para adoptar medidas frente al uso de WhatsApp en estas actividades.El objetivo, según los ministros, es mantener un control permanente sobre las comunicaciones y evitar que las cárceles sigan siendo utilizadas para coordinar extorsiones y otros delitos.
La Quinta Brigada del Ejército Nacional desplegó unidades militares en el área general de Girón, Santander, como parte de las operaciones de configuración y sostenimiento contempladas en el Plan Ayacucho Plus.De acuerdo con el coronel José Rodríguez, comandante de la Quinta Brigada, el dispositivo cuenta con unidades orgánicas del Batallón Caldas y el Gaula Militar Chicamocha, que adelantan tareas de estabilidad y seguridad pública con el propósito de proteger a la población civil y apoyar a la Policía Nacional y a las autoridades locales.“Nos encontramos desplegados con nuestras unidades orgánicas, Batallón Caldas, nuestro Gaula Militar Chicamocha, en el área general del municipio de Girón, desarrollando tareas de estabilidad dentro de las operaciones militares de configuración y de sostenimiento”, explicó el oficial.Rodríguez señaló que estas acciones buscan contribuir a la seguridad ciudadana y permitir que las autoridades puedan desarrollar sus labores de prevención y control en el municipio y sus alrededores.El comandante de la Quinta Brigada también hizo un llamado a la ciudadanía para entregar información que permita anticipar hechos relacionados con secuestro, extorsión y posibles acciones terroristas. Para ello recordó las líneas 147 del Gaula Militar y 107, habilitadas de manera gratuita.Refuerzo de seguridad por situación en PalogordoEl despliegue militar se produce en momentos en que las autoridades mantienen especial atención sobre la zona rural de Girón donde está ubicada la cárcel de máxima y mediana seguridad de Palogordo.Durante las últimas semanas se han registrado varios traslados de internos considerados de alta peligrosidad hacia este establecimiento penitenciario. A comienzos de agosto fueron trasladados 17 internos y posteriormente se informó sobre nuevos movimientos de reclusos de alto perfil.La situación generó nuevas alertas en septiembre, luego de que se conociera el traslado de más internos y la posible llegada de Digno Palomino, señalado jefe de la estructura criminal Los Pepes, a Palogordo.Las autoridades también investigan una serie de hechos que han incrementado la preocupación en el sector. El pasado 18 de septiembre fue encontrado un cilindro acompañado de un mensaje amenazante contra funcionarios del Inpec en la vía de acceso a la penitenciaría. El Ejército acordonó el lugar y los técnicos antiexplosivos descartaron posteriormente que el elemento contuviera explosivos.Además, la Gobernación de Santander confirmó la existencia de un panfleto en el que, según las autoridades, varias estructuras criminales anunciarían una acción conjunta en rechazo a los traslados de sus integrantes a cárceles de máxima seguridad. El gobernador Juvenal Díaz pidió revisar la distribución de estos internos y anunció medidas para fortalecer la seguridad.En respuesta a este panorama, las autoridades reforzaron la presencia de la Policía y el Ejército en Girón y el área metropolitana de Bucaramanga. La Gobernación informó además sobre el uso de motocicletas y drones para apoyar el dispositivo de seguridad en los alrededores de Palogordo.La preocupación también ha llegado a las comunidades rurales cercanas al penal. Habitantes de sectores como Palogordo, Chocoa, Chocoita, Llano Grande, Nuevo Girón y Acapulco han solicitado mayor presencia de la Fuerza Pública ante el temor generado por los recientes hechos.En este contexto, el Ejército aseguró que mantendrá sus capacidades desplegadas en Girón para contribuir a la protección de la población y apoyar a las autoridades en la prevención de hechos que puedan afectar la seguridad en esta zona de Santander.
Autoridades de Santander y del área metropolitana de Bucaramangs se encuentran en máxima alerta ante las amenazas contra funcionarios del Inpec, luego del traslado de peligrosos jefes de estructuras criminales desde otras regiones del país a la cárcel de Palogordo, en Girón.Entre los internos trasladados se encuentran Digno Palomino, señalado como integrante de Los Pepes, y alias ‘Firu’, relacionado con las disidencias de Calarcá en Antioquia. Las autoridades buscan evitar que las confrontaciones y retaliaciones de organizaciones criminales de otras regiones se trasladen a Santander.Le puede interesar: Gobierno ordena traslado de Digno Palomino, cabecilla de Los Pepes, hacia SantanderLa preocupación aumentó durante las últimas 48 horas, luego de que el dragoneante Derlin Fabián Chacón Páez fuera atacado con arma de fuego en el barrio Alfonso López de Bucaramanga. Además, comenzaron a circular panfletos atribuidos a una organización criminal que se autodenomina ‘La Estructura’, en los que se intimida a trabajadores del sistema penitenciario.Otro elemento que encendió las alarmas fue la circulación de un video en redes sociales en el que un hombre encapuchado y armado amenaza directamente a funcionarios del Inpec y menciona un supuesto “plan pistola”. En la grabación también se hace referencia a internos vinculados al denominado Plan Dominó.La Policía Metropolitana de Bucaramanga adelanta las investigaciones para establecer quién aparece en el video, cuándo fue grabado y cuál es su origen, así como determinar la veracidad de las amenazas.Ante este panorama, las autoridades anunciaron una recompensa de hasta $100 millones por información que permita identificar y capturar a los responsables de los hechos violentos y de las amenazas contra los funcionarios del Inpec.Juan José Gómez, secretario de Seguridad de Girón, explicó que los recursos serán aportados entre la Gobernación de Santander y los municipios del área metropolitana.Por su parte, el gobernador Juvenal Díaz Mateus advirtió que los problemas generados por las estructuras criminales en otras regiones del país no pueden trasladarse a Santander y pidió reforzar las medidas de seguridad alrededor de los establecimientos penitenciarios y sus funcionarios.La cárcel de Palogordo, en Girón, ha recibido en las últimas semanas a internos considerados de alta peligrosidad provenientes de otras regiones. Este movimiento penitenciario ha generado preocupación entre las autoridades locales por posibles retaliaciones de las estructuras a las que pertenecen o de organizaciones enemigas.El ataque contra un funcionario del Inpec y la aparición de mensajes amenazantes son ahora materia de investigación. Las autoridades mantienen activados los protocolos de seguridad para los trabajadores penitenciarios y analizan si existe una amenaza concreta contra ellos.
La Gobernación de Santander confirmó la existencia de un panfleto en el que, según las autoridades, estructuras criminales anuncian una unión para amenazar y cometer actos delictivos en rechazo a los recientes traslados de algunos de sus integrantes a cárceles de máxima seguridad.El gobernador de Santander, Juvenal Díaz, explicó que en el documento no se identifican de manera explícita las organizaciones que estarían detrás de las amenazas, pero que sus autores aseguran estar actuando de manera conjunta.“Dicen que están unidos todos y que es como un consorcio para delinquir, en los que todos están unidos”, señaló el mandatario, quien evitó mencionar los nombres de los cabecillas que habrían sido trasladados, argumentando que podría tener implicaciones dentro de las investigaciones judiciales.Díaz indicó que el contenido del panfleto estaría relacionado con el traslado de integrantes de organizaciones criminales a establecimientos penitenciarios de máxima seguridad y advirtió que las autoridades deben revisar el alcance de las amenazas.Le puede interesar: Gobierno ordena traslado de Digno Palomino, cabecilla de Los Pepes, hacia SantanderAnte esta situación, la Gobernación anunció el fortalecimiento de los dispositivos de seguridad en Santander, especialmente en el área metropolitana de Bucaramanga.El mandatario también informó que se convocará un consejo de seguridad con participación de las autoridades nacionales, con el propósito de evaluar la situación y solicitar recursos y capacidades adicionales para reforzar la seguridad en el departamento.“Tenemos que asegurar a los ciudadanos, reforzar el dispositivo en el departamento de Santander y en el área metropolitana”, afirmó Juvenal Díaz.La Gobernación señaló que las autoridades locales y regionales mantienen activos sus dispositivos de seguridad, mientras se busca coordinar con el Gobierno Nacional nuevas medidas frente a las amenazas.
Una alerta de seguridad se registra este viernes en la zona rural de Girón, Santander, donde está ubicada la cárcel de máxima seguridad de Palogordo.La vía de acceso al centro penitenciario permanece cerrada, luego de que fuera encontrado un cilindro abandonado con un mensaje amenazante dirigido a funcionarios del Inpec. Le puede interesar: Hombres armados asesinaron a guardia del Inpec afuera de la cárcel de ItagüíSobre el cilindro aparece un mensaje en una cartulina, aunque es algo borroso y parte del texto está tapada por la cinta, lo que se alcanza a leer con mayor claridad es lo siguiente: "A los funcionarios del Inpec en Girón, ya no continúen. Atentamente La Estructura...". El elemento permanece bajo custodia mientras expertos en explosivos del Batallón Caldas adelantan una inspección para establecer si contiene algún tipo de carga explosiva. Las autoridades mantienen acordonada el área como medida preventiva y mientras avanzan las labores de verificación.La situación ocurre en medio del anuncio del traslado de Digno Palomino desde la cárcel La Picota, en Bogotá, hacia Palogordo, en Girón. Palomino es señalado por las autoridades como presunto jefe de la estructura criminal ‘Los Pepes’, organización con presencia en la región Caribe.Las autoridades aún no han establecido si existe alguna relación entre el mensaje encontrado en el cilindro y el traslado anunciado de Digno Palomino a la penitenciaría de Palogordo.
El presidente Abelardo De La Espriella estuvo en Buenaventura hablando sobre las medidas implementadas por el Gobierno para atender la emergencia tras el terremoto. Sin embargo, el mandatario también se refirió a la seguridad en la zona y ordenó el traslado de privados de la libertad que estarían delinquiendo desde las cárceles.“Acabo de dar la instrucción al director del INPEC de que mueva los 120 bandidos que tienen azotada la región. Los voy a trasladar de cárcel. Unos tipos que siguen siendo jefes desde la cárcel, bien motiladitos, uniforme naranja, bien amarraditos, y me los voy a llevar a unas cárceles en donde no entre la señal ni de la Santa Cruz”, dijo desde Buenaventura De La Espriella.Horas antes, el mandatario publicó los videos del operativo realizado en Quindío, donde fueron trasladados algunos cabecillas de diferentes bandas por las mismas razones.“Para neutralizar cualquier intento de delinquir desde las prisiones y siguiendo mi instrucción, las autoridades hicieron efectivo el traslado de varios privados de la libertad desde centros de reclusión del Quindío hacia establecimientos penitenciarios de máxima seguridad en distintas zonas del territorio nacional”, señaló De La Espriella.
Llevar talleres de confección con máquinas de alta tecnología hasta cárceles de Antioquia parecía imposible pero a la fecha funcionan en las de los municipios de Santo Domingo, Santa Rosa de Osos, Yarumal, Ciudad Bolívar, Andes, Santa Bárbara, y en la cárcel de máxima seguridad de Medellín ‘Pedregal’, tanto en la zona de hombres con en la de mujeres.La historia comenzó hace 13 años por iniciativa de la empresa antioqueña Así Sea Jeans, que dio origen al programa ‘Puntadas de Libertad’ para brindar oportunidades laborales a quienes están allí purgando penas, lo que no solo les brinda una oportunidad económica mientras están recluidos sino que también les descuenta tiempo de sus condenas.Adriana Duque, gerente general de Así Sea Jeans, contó en diálogo con BLU Radio que pese al estigma que pesa sobre esta población, de que por estar allí pueden ser víctimas de extorsiones o vulneraciones a su seguridad, en esta última década lo que tiene por contar son historias de transformación.Actualmente cerca de 320 personas trabajan en estos talleres y más de 8.000 han pasado por el programa, aprendiendo un oficio, generando ingresos y adquiriendo herramientas para construir una nueva oportunidad cuando recuperen su libertad. Esto contaron algunos de los beneficiarios.Duque destacó que el programa busca que los participantes no solo aprendan un oficio, sino que reconstruyan su proyecto de vida a partir de sus capacidades y talentos. El proceso parte del fortalecimiento personal y continúa con formación técnica para que, durante y después de la condena, puedan encontrar alternativas distintas a la delincuencia y aportar a sus familias y a la sociedad.Desde el sector empresarial, la lideresa hizo un llamado al sector privado a superar los prejuicios frente a quienes están en las cárceles y a brindarles oportunidades de trabajo, para que los centros penitenciarios se conviertan en espacios de resocialización efectiva, donde las personas puedan estudiar, formarse y trabajar mientras cumplen sus condenas. Finalmente, aseguró que su sueño es expandirse a más centros penitenciarios y “darle una nueva visión de vida a todas estas personas”.
En un consejo de seguridad que se hizo el domingo en Barranquilla, el presidente Abelardo De La Espriella ordenó el traslado de 20 presos de alta peligrosidad que estaban en cárceles de esa ciudad y seguirán delinquiendo, especialmente en temas de extorsión.El operativo se realizó en las últimas horas y el presidente reveló las imágenes del traslado junto al siguiente mensaje:“El orden no lo negocio con criminales: lo garantizo con la fuerza legítima, contundente y demoledora del Estado. Bajo mi orden directa, trasladamos de manera inmediata a 20 delincuentes de alta peligrosidad desde las cárceles de Barranquilla hacia distintos centros penitenciarios del país”, dijo De La Espriella.El video muestra a algunas de estas personas con esposas en las manos y acompañados por miembros del Grupo de Operativos Especiales del INPEC fuertemente armados.Cada funcionario del GROPE conduce a cada uno de los 20 presos, mientras ellos suben a unos buses del INPEC para ser trasladados en avión a otras zonas del país.Estas personas llevan en una bolsa sus pertenencias y también tienen los pies encadenados.
El Gobierno nacional, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) y las Fuerzas Militares, avanzan en la evaluación de una estrategia de reclusión especial marítima de alta seguridad, que contempla la posibilidad de utilizar un buque cárcel para el aislamiento de cabecillas de organizaciones criminales.La medida fue planteada en medio de las decisiones adoptadas para reforzar la seguridad y el control penitenciario en el Atlántico. Durante un Consejo de Seguridad realizado en la región se definieron acciones para fortalecer la seguridad, la convivencia y el orden público, entre ellas la implementación de la Estrategia de Reclusión Especial Marítima de Alta Seguridad (REMAS).Sobre la iniciativa Busca articular las capacidades penitenciarias del Inpec con las de la Armada de Colombia. Dentro de este esquema se evalúa la instalación de un buque destinado a la reclusión y aislamiento de cabecillas, como parte de las medidas para impedir que personas privadas de la libertad mantengan comunicación y vínculos con estructuras criminales que continúan operando fuera de los establecimientos penitenciarios.La estrategia tiene como antecedente el uso de este tipo de mecanismo para la reclusión de personas consideradas de alta peligrosidad. Un método utilizado en el pasado en casos como el de Diego Fernando Montoya Sánchez, alias ‘Don Diego’.La discusión sobre esta alternativa se conoce en paralelo con nuevos traslados de personas privadas de la libertad.El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, informó que, por orden directa suya, el Inpec ejecuta el traslado de 20 personas que permanecían recluidas en Barranquilla, diez estaban en estaciones de Policía y otras diez en la Cárcel Distrital de Alto Poder Criminal.De acuerdo con la información entregada por el Gobierno, estas personas son trasladadas hacia establecimientos penitenciarios de Bogotá bajo medidas de seguridad con apoyo de la Fuerza Pública. El objetivo es evitar posibles fugas, rescates o atentados durante los desplazamientos.Una vez los internos lleguen a Bogotá, durante los siguientes 15 días serán distribuidos en diferentes establecimientos penitenciarios del país, de acuerdo con las determinaciones de seguridad que adopte el Inpec.En paralelo, dentro de las acciones anunciadas en el Atlántico también se contempla reforzar el control sobre las comunicaciones ilícitas desde los establecimientos penitenciarios. Para ello, se plantea trasladar a la Policía Nacional la operación de los sistemas inhibidores de señal, con participación del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y de los operadores de telefonía móvil.
Un laboratorio clandestino utilizado para el procesamiento de pasta base de coca fue localizado y destruido por tropas del Ejército Nacional en zona rural de Unguía, Chocó, en medio de operaciones contra las economías ilícitas del Clan del Golfo.La estructura fue ubicada gracias al trabajo de aeronaves remotamente tripuladas, que permitieron identificar el punto exacto en medio de una zona boscosa. El laboratorio había sido construido de manera artesanal y permanecía oculto entre la vegetación.Hasta el lugar llegaron tropas de la Brigada 17, con apoyo de la Policía Nacional, quienes encontraron cerca de 600 litros de insumos líquidos y aproximadamente 200 libras de insumos sólidos utilizados para el procesamiento de la droga.De acuerdo con las primeras informaciones entregadas por el Ejército, el laboratorio estaría bajo control de la subestructura Efrén Vargas Gutiérrez del Clan del Golfo y tendría una capacidad de producción superior a 300 libras de pasta base de coca mensuales.Según la estimación de las autoridades, esta actividad ilegal le representaría a la estructura criminal ingresos superiores a los $320 millones cada mes, por lo que el operativo busca afectar directamente una de sus fuentes de financiación.El Ejército señaló que este resultado hace parte de las operaciones sostenidas que adelanta la Séptima División contra las economías ilícitas en el Urabá antioqueño y chocoano. En lo corrido de 2026, la Brigada 17 ha reportado la ubicación y neutralización de 110 laboratorios destinados a la producción y procesamiento de drogas en esta región.Tras el hallazgo en Unguía, las tropas reforzaron el despliegue por tierra y aire para localizar otros laboratorios y posibles estructuras utilizadas por organizaciones criminales para mantener sus redes de producción y financiación ilegal.
Abelino Palacio Rentería ha dedicado años a transformar metales con sus manos. En el Chocó construyó un taller de orfebrería y filigrana desde el que desarrollaba su oficio y elaboraba las piezas que le permitían sostener su actividad. Sin embargo, el terremoto que golpeó la región el pasado 10 de agosto destruyó por completo ese espacio de trabajo.El desastre afectó una parte fundamental de su vida como artesano, pero no borró los conocimientos que ha construido durante años. Ahora, Abelino se prepara para viajar a Francia, donde tendrá la oportunidad de mostrar parte de su trabajo y representar la tradición artesanal del Chocó.El viaje está previsto para el próximo 27 de septiembre. El artesano llevará algunas piezas elaboradas especialmente para la ocasión, entre ellas trabajos de filigrana que serán incorporados a diferentes elementos de una colección, incluso en detalles como botones. Otras piezas harán parte de una experiencia museográfica que busca poner en primer plano los saberes y las historias detrás de los oficios tradicionales.Su participación se enmarca en Territorios Vivos París 2026, una iniciativa que reunirá en Francia a artesanos, campesinos, diseñadores y creadores colombianos de diferentes regiones del país.Campesinos y artesanos también representarán a ColombiaLa delegación colombiana estará integrada por representantes de distintos territorios y oficios. Campesinos y artesanos de Cundinamarca, por ejemplo, aportarán trabajos relacionados con el cuero y la marroquinería, mientras otros participantes llevarán técnicas y conocimientos vinculados con diferentes materiales y tradiciones.A este grupo se sumarán jóvenes diseñadores y creativos que trabajan en la transformación de estos saberes tradicionales en propuestas contemporáneas. La iniciativa busca generar un encuentro entre el conocimiento ancestral y el diseño actual, teniendo como punto de partida el trabajo de quienes han aprendido y conservado estos oficios a través de generaciones.En este proceso participa LOZANO, el verdadero lujo, casa colombiana fundada por Jorge Lozano, cuya propuesta busca integrar diseño, artesanía y materiales considerados de valor patrimonial, entre ellos cuero, metales nobles y piedras preciosas.La filosofía de la marca está articulada alrededor de cinco conceptos: tierra, manos, patrimonio, transformación y Colombia. “Queremos que esos campesinos y artesanos que durante generaciones han trabajado el cuero, los metales, las piedras y otros oficios puedan tener la oportunidad de mostrar su talento fuera del país. El verdadero lujo también está en sus manos, en su conocimiento y en la historia que existe detrás de cada pieza”, explicó Jorge Lozano, fundador de la compañía.¿Qué es Territorios Vivos París 2026?Territorios Vivos París 2026 es una iniciativa liderada por ASODAMAS Colombia que llevará a Francia expresiones de la artesanía, la moda, los saberes ancestrales y el patrimonio cultural de diferentes regiones colombianas.La delegación partirá de Bogotá el domingo 27 de septiembre y permanecerá en Francia hasta el 5 de octubre. Durante ese periodo se desarrollará una programación que contempla jornadas académicas, encuentros con artesanos franceses, intercambio de técnicas, experiencias museográficas y espacios orientados a fortalecer la comercialización y el acceso de los creadores a mercados internacionales.Los maestros artesanos participantes deberán llevar piezas terminadas o en proceso para presentar directamente sus técnicas y explicar los procesos que existen detrás de cada creación. La programación también contempla actividades de intercambio con representantes del sector artesanal francés, con el propósito de compartir experiencias y conocimientos.Una programación en París durante la Semana de la ModaTerritorios Vivos París 2026 se desarrollará en París en el marco de la Semana de la Moda. La iniciativa, sin embargo, no corresponde a una pasarela oficial de la organización de Paris Fashion Week, sino a una programación colombiana independiente que tendrá lugar en la capital francesa durante ese contexto internacional.Uno de los principales momentos será el 3 de octubre. Ese día, en la Maison de l’Amérique Latine, se desarrollará la experiencia museográfica “Hilos de Territorio”, concebida para mostrar el patrimonio cultural vivo, los saberes ancestrales y las historias de los maestros artesanos.Posteriormente, en el Pavillon Dauphine, se realizará la Pasarela Territorios Vivos ASODAMAS de Colombia, con la participación de diseñadores y maestros artesanos provenientes de distintos territorios del país. La agenda busca mostrar las posibilidades que existen cuando los oficios tradicionales se encuentran con el diseño contemporáneo, pero también poner en primer plano a las personas que mantienen vivos esos conocimientos.El viaje también busca generar oportunidades en ColombiaEl intercambio no terminará cuando la delegación regrese al país. Parte de los conocimientos y experiencias adquiridos durante los encuentros con artesanos franceses pretende ser replicada posteriormente en Colombia.Dentro de la visión planteada por LOZANO, el proyecto contempla además la posibilidad de vincular en el futuro a mujeres de las Casas de la Mujer en la elaboración de algunas piezas de nuevas colecciones. Para Abelino Palacio Rentería, la experiencia tendrá además una dimensión personal. El terremoto del 10 de agosto destruyó el taller en el que desarrollaba su trabajo en el Chocó. A pocas semanas de esa pérdida, viajará a París con algunas de las piezas que logró elaborar y con el conocimiento que conserva de un oficio que ha marcado su trayectoria.Su participación permitirá que la filigrana chocoana forme parte de una muestra internacional junto con otros saberes artesanales de Colombia. Así, mientras enfrenta el proceso de reconstrucción de su taller, sus manos y su trabajo se convertirán en parte de la representación colombiana en París.
La Fiscalía General de la Nación identificó actuaciones que, de acuerdo con los elementos materiales probatorios recopilados, evidenciarían un esquema de corrupción judicial en el que se habrían promovido demandas ante despachos que no tenían competencia territorial, con el propósito de obtener embargos sobre mesadas pensionales y posteriormente disponer de los recursos.La investigación señala que en este entramado estarían involucrados notarios, jueces, servidores públicos y particulares, quienes presuntamente habrían creado títulos ejecutivos para impulsar procesos relacionados con rentas vitalicias en ciudades diferentes a aquellas donde residían los demandantes y demandados.Entre los señalados figura Guillermo Hernán Burgos Rodríguez, exjuez de Sasaima, Cundinamarca. Según la Fiscalía, entre 2020 y 2025, el despacho que estaba a su cargo conoció 1.660 procesos relacionados con la modalidad que es objeto de investigación.La Fiscalía sostiene que Burgos Rodríguez, mientras ejercía como juez, habría admitido pretensiones pese a carecer de competencia territorial y habría ordenado retenciones sobre mesadas pensionales, además de adoptar otras decisiones encaminadas a mantener los recursos bajo custodia del juzgado.De los procesos conocidos por ese despacho, en 21 casos las decisiones habrían generado embargos de hasta el 50 por ciento de las pensiones, por lo cual más de 1.150 millones de pesos habrían sido captados.Otro de los hechos incorporados al expediente corresponde al caso de una mujer de 82 años, residente en Valledupar, Cesar, quien atravesaba dificultades económicas. Según la Fiscalía, en 2022 se habrían aprovechado de esa situación para obtener mediante engaños su firma en documentos en blanco, que posteriormente fueron utilizados para promover una demanda ejecutiva.Como consecuencia de ese proceso, a la mujer le habrían retirado 63 millones de pesos, de acuerdo con la investigación.Un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción imputó a Burgos Rodríguez los delitos de concierto para delinquir agravado, prevaricato por acción, peculado por apropiación y abuso de la condición de inferioridad.
Una tragedia familiar terminó con la vida de un hombre y sus dos hijos pequeños. El padre, identificado como Damien John Shaw, de 56 años, habría atacado a los menores antes de quitarse la vida.El hecho ocurrió el 13 de septiembre en Kuta, una ciudad turística de Bali, Indonesia. Shaw fue encontrado muerto junto a sus hijos, Archie, de 6 años, y Laura, de 4, después de que una llamada telefónica alertara a la madre de los niños sobre lo que estaba sucediendo dentro de la vivienda.La esposa de Shaw, Tesa Yanuar, se encontraba en Yakarta, a unos 900 kilómetros de distancia, luego de haberse separado temporalmente de su esposo. La pareja atravesaba una crisis matrimonial desde hacía varios años y, según personas cercanas, la mujer había abandonado la casa familiar aproximadamente dos semanas antes de la tragedia.Una llamada que terminó en angustiaDurante una comunicación telefónica con Shaw, Yanuar escuchó a su hija gritar: “¡Papá, no!”. La llamada se interrumpió poco después y la mujer, preocupada por sus hijos, pidió a un vecino que se acercara al bungalow para comprobar qué estaba ocurriendo.El vecino llegó acompañado por un trabajador y ambos tuvieron que romper la puerta para ingresar. En el interior encontraron a Shaw muerto y a los dos menores sin vida. Uno de los niños estaba sobre el otro, mientras el televisor continuaba encendido con dibujos animados.La Policía posteriormente analizó las cámaras de seguridad de la zona, que permitieron reconstruir parte de la secuencia previa al hallazgo.Las grabaciones muestran al hijo de la pareja gritando desde el interior de la vivienda. En otro momento, la niña habría intentado escapar, pero su padre la persiguió y la llevó nuevamente hacia una habitación.Leonardo D. Simatupang, jefe de Policía de Denpasar, explicó que las imágenes muestran a la menor pidiendo a su padre que se detuviera y diciéndole “te amo, papá”.Los investigadores creen que Archie ya había sido estrangulado cuando ocurrió esta parte de la secuencia. Posteriormente, según la hipótesis policial, Shaw habría causado también la muerte de su hija mediante estrangulamiento y después se habría ahorcado.El caso también puso bajo la lupa las circunstancias personales que rodeaban a Shaw durante los meses anteriores. El hombre trabajaba como marino mercante, pero llevaba varios meses desempleado.Además, allegados señalaron que había enfrentado varias pérdidas familiares. Su padre murió cuando él tenía 15 años, posteriormente falleció uno de sus hermanos y, más recientemente, perdió a su madre después de que ella padeciera una enfermedad.La Policía informó, además, que Shaw había intentado quitarse la vida aproximadamente un mes antes de la tragedia. En esa ocasión, su esposa consiguió intervenir y evitar que muriera. Sin embargo, después de ese episodio la familia no buscó atención psiquiátrica, según la información conocida por las autoridades.Mientras avanza la investigación, el caso ha generado conmoción tanto en Bali como en Australia. En Perth, ciudad de origen de la familia, vecinos describieron a Shaw como un hombre reservado y tranquilo y recordaron a sus integrantes como personas discretas y amables.
El Ministerio de Minas y Energía de Colombia anunció este 25 de septiembre de 2026 la declaración de un racionamiento programado de gas natural debido a una condición técnica imprevista presentada en la infraestructura de la planta de regasificación de SPEC LNG en Cartagena.Esta contingencia generó una reducción temporal en la capacidad de entrega de gas importado, lo que obligó a las autoridades del sector a reorganizar de forma inmediata la distribución del combustible en todo el territorio nacional.Medidas preventivas y reorganización del suministroEl racionamiento, calificado por el Gobierno nacional como una medida "preventiva y temporal", fue adoptado con base en las evaluaciones y análisis técnicos efectuados por la Dirección de Hidrocarburos del Ministerio y el Consejo Nacional de Operación de Gas (CNO Gas).Según detalló la cartera ministerial, la decisión "permite administrar de manera ordenada la disponibilidad temporal de gas importado y proteger la continuidad del suministro de los usuarios prioritarios".Para prevenir desabastecimientos críticos en los sectores más vulnerables del país, el Ejecutivo fijó un orden jerárquico claro para la asignación del gas disponible. De acuerdo con el comunicado oficial: "En este escenario, la demanda esencial tendrá la máxima prioridad, seguida de la generación térmica y de las industrias necesarias para garantizar el abastecimiento de las refinerías".Una vez cubierta dicha atención prioritaria, la oferta se destinará a "los demás usuarios con contratos vigentes, de acuerdo con las condiciones de disponibilidad del gas".Protección a usuarios esenciales y ejecución de reparacionesLa medida gubernamental otorga la máxima importancia a la continuidad del servicio para la comunidad y las instituciones básicas. El Ministerio puntualizó que "la prioridad de la demanda esencial busca garantizar el suministro requerido por hogares, hospitales, colegios, transporte masivo y demás usuarios esenciales, mientras se desarrollan las actividades de inspección y corrección necesarias en la infraestructura de regasificación".Las autoridades reafirmaron que esta restricción responde de forma directa a la falla puntual registrada en la terminal marítima y no a una falta de planeación a largo plazo.En palabras expresas del Ministerio de Minas y Energía: "Esta es una medida temporal, necesaria y responsable, que se levantará tan pronto SPEC LNG confirme la superación de la condición técnica" y "se restablezcan las condiciones necesarias para recuperar la capacidad de entrega de gas importado".Seguimiento constante al sector energéticoEl Ministerio confirmó que mantendrá un monitoreo permanente de la contingencia en mesa de trabajo continua junto al CNO Gas y a los agentes del mercado energético. Asimismo, la entidad precisó que expedirá "las instrucciones adicionales que sean necesarias para garantizar la adecuada aplicación de las medidas y la continuidad del servicio".Por último, el Gobierno nacional ratificó su compromiso con la seguridad y confiabilidad del abastecimiento del país, asegurando que continuará "trabajando de manera coordinada con los agentes del sector para proteger a los usuarios esenciales y la continuidad de los servicios fundamentales".
