Un juez condenó a Juan Fernando Ospina Torres a una pena de 46 años y 6 meses de prisión tras comprobarse su responsabilidad en un doble homicidio ocurrido en el barrio Robledo de Medellín.Según detallan las investigaciones, el 8 de septiembre de 2023, hombres armados les dispararon en repetidas ocasiones desde una motocicleta a las víctimas identificadas como Diego Alexander García Gómez y José Alberto Aguirre Valencia, quienes también se movilizaban en una moto. Uno de ellos falleció de inmediato, mientras que el otro murió en el traslado a un centro asistencial.Una fiscal de la Unidad de Vida de la Seccional de Medellín demostró que Ospina Torres hizo seguimiento a las víctimas desde una tercera motocicleta y entregó la ubicación a los sicarios que ejecutaron el doble crimen. El hombre fue capturado por servidores de la Policía Nacional en el barrio El Salvador en noviembre de 2023, sin embargo, solo fue hasta hace pocas horas que se conoció su sentencia.
Las autoridades retomaron el control del Centro de Detención Preventiva, ubicado en el barrio Primero de Mayo de Barrancabermeja, tras una riña entre internos registrada en las últimas horas. El enfrentamiento dejó un saldo de ocho personas heridas, quienes fueron trasladadas a distintos centros asistenciales para recibir atención médica.Ante la situación, la Fuerza Pública desplegó un operativo de seguridad en la zona, reforzando las medidas de vigilancia para garantizar la estabilidad dentro del recinto y prevenir nuevos incidentes, según informó la Alcaldía de Barrancabermeja. De acuerdo con el reporte oficial, no se registraron fugas ni víctimas fatales.El portal local de noticias El Verídico registró el momento del motín:La coronel Adriana Gisela Paz, comandante de la Policía en el Magdalena Medio, informó que las autoridades asumieron el control del centro carcelario y se mantienen en el lugar realizando requisas y labores de verificación."Se nos ha presentado una situación de confrontación dentro del centro entre ciudadanos privados de la libertad y hemos asumido el control, de ahí la presencia masiva de uniformados en este lugar. No tenemos fugas y los heridos están siendo atendidos en diferentes centros asistenciales", declaró la oficial.Asimismo, la coronel Paz indicó que se están implementando medidas adicionales en coordinación con el Ministerio Público, la Alcaldía y otras instituciones para gestionar la reubicación de los internos. Actualmente, el centro alberga alrededor de 270 personas bajo custodia de la Policía Nacional.Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer los motivos que originaron la riña y determinar responsabilidades. Entretanto, se mantienen las acciones preventivas dentro del establecimiento para evitar nuevos hechos de violencia, comentó la Policía.
¡No solo acabaron con su vida! Investigaciones revelaron que señalados de asesinar a docente de colegio de la UPB en Medellín y líder LGBTIQ+ le robaron seis millones de pesos. En las últimas horas fueron enviados a la cárcel mientras avanza la investigación.Tras un día sin tener noticias del docente universitario y líder de la comunidad LGBTIQ+, Mateo Jaramillo Naranjo, el pasado 18 de enero su familia visitó su apartamento en el barrio Florida de Laureles en Medellín y lo encontró en el piso, atado de pies y manos, crimen que conmocionó a la capital antioqueña. En los reportes oficiales quedó consignado que su muerte se produjo por asfixia.Pues tras 21 días de proceso investigativo y de las peticiones de justicia por parte de organizaciones y líderes de esta población, las autoridades capturaron y enviaron a la cárcel a Daniel González Cano alias 'Emiliano' y Yoimar Blandón Córdoba alias 'Rey Chalo' por el crimen de este joven docente de 27 años, pero las investigaciones avanzan para saber las causas.De momento, la Fiscalía reveló durante las audiencias concentradas que Daniel González fue quien llamó a Jaramillo para que le permitiera entrar a su apartamento, de donde en aquella fecha ya no volvió a salir con vida. En la portería se identificó como Camilo López. El fiscal narró que media hora después de que entraran al apartamento, llevando consigo un morral negro con las pertenencias del docente de inglés.“Encontró en el piso cerca de la cama el cuerpo amarrado de pies y manos con extensiones de luces navideñas, el cual presentaba múltiples hematomas en su cara, en su cuello, en sus extremidades superiores y en el tórax”, dijo.La Fiscalía determinó que tras el ataque los investigados, al parecer, se apoderaron del celular del docente, de sus tarjetas bancarias y documentos, entre otros objetos de valor. Estos elementos fueron usados para realizar millonarias compras en establecimientos comerciales.“Tarjetas bancarias con las cuales hicieron compras entre los días 18 de enero al 20 de enero 2025 en estaciones de servicio y locales comerciales por un monto de más de 6 millones de pesos”, agregó.Durante la audiencia también se expuso que la Defensoría del Pueblo acreditó el liderazgo de Mateo en la población LGBTIQ+, lo que agrava la situación. Justamente, a finales de enero, el Ministerio Público alertó porque Antioquia concentra la mayor cantidad de crímenes contra personas con identidades diversas, con cinco de los trece casos en el país, incluyendo el del docente, por lo que pidieron acciones a la Gobernación.Volviendo a este caso, un fiscal de la Unidad Especial de Investigación (UEI) imputó a los dos hombres los delitos de homicidio y hurto calificado, ambas conductas agravadas. González Cano y Blandón Córdoba no aceptaron su responsabilidad en estos hechos, pero igualmente enfrentarán la investigación judicial mientras están en un centro carcelario.El alcalde Federico Gutiérrez, aseguró que se hizo justicia para el docente de la UPB, Mateo Jaramillo Naranjo y su familia.
En las últimas horas fue enviado a la cárcel Manuel Caicedo Sinisterra, un señalado miembro de las disidencias de las Farc en Calamar, Guaviare. Al hombre se le acusa de estar involucrado en la disputa con otros grupos criminales para obtener el control de la venta ilegal de droga en esa zona del país.“Los elementos materiales probatorios dan cuenta de que este hombre haría parte de la denominada estructura primera de las disidencias de las Farc, y tendría a su disposición 30 hombres en armas que estarían involucrados en homicidios selectivos, reclutamiento forzado, cobro de extorsiones, desplazamiento, tráfico de estupefacientes y actos terroristas contra la fuerza pública y la población civil”, afirma el reporte de la Fiscalía General de la Nación.El hombre fue capturado en medio de un operativo entre el Ejército y la Policía Nacional, quienes también recuperaron a seis menores de edad y dieron de baja a otros dos presuntos integrantes de las disidencias al mando de alias ‘Paisa Duver’. En el hecho se incautaron 6 fusiles, 2 pistolas, 14 morrales de campaña, 13 proveedores, 715 cartuchos de calibres 5.56 y 9 mm, y 3 explosivos improvisados.Por todo lo anterior y debido a sus señalamientos, un fiscal de la Dirección Especializada contra las organizaciones criminales presentó a Manuel Caicedo ante un juez de control de garantías, quien lo envió a un centro carcelario mientras se adelanta el proceso, pese a que el señalado guerrillero no aceptara los cargos.
Cuatro internos de la cárcel de Tuluá, Valle del Cauca, sufrieron quemaduras tras un incendio generado en medio de una riña al interior del centro penitenciario. La emergencia fue provocada en una celda, cuando al parecer, unos de los privados de la libertad prendió fuego a su colchonetaSegún información preliminar, el recluso generó la conflagración como reacción al conocer que su condena habría sido extendida. La situación de inmediato fue atendida por los funcionarios del Inpec, quienes lograron mitigar el fuego antes de una tragedia. "Según el reporte del centro penitenciario, la conflagración fue provocada por los mismos internos, y en medio de ella resultaron cuatro reclusos heridos. Ellos actualmente se encuentran en la clínica San Francisco, atendidos por los médicos", señaló el personero de Tuluá, Óscar Alejandro García.Este incendio encendió las alarmas entre los familiares de las personas que se encuentran privadas de la libertad en esta cárcel, teniendo en cuenta que, en el pabellón ocho de este mismo centro, una emergencia de este mismo tipo provocó la muerte de más de 50 personas, en junio del 2022.
El director nacional del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), coronel Daniel Gutiérrez, reveló durante su visita a Bucaramanga que las estaciones de policía del país albergan actualmente a cerca de 20.000 personas sindicadas, lo que ha generado una grave crisis de hacinamiento.El oficial enfatizó que las cárceles están destinadas exclusivamente a personas condenadas, lo que impide el traslado de los sindicados a estos centros penitenciarios. Actualmente, el sistema carcelario cuenta con aproximadamente 75.000 personas condenadas y enfrenta un déficit de 40.000 cupos, una situación que agrava la crisis de sobrepoblación en los centros de detención transitoria."Ha sido un trabajo difícil, pero hemos venido articulando soluciones con la Corte Constitucional y los alcaldes. La responsabilidad del Inpec es custodiar a los condenados, pero los sindicados son quienes están generando hacinamiento en las estaciones de policía. No podemos simplemente trasladarlos a las cárceles porque ello aumentaría el problema", explicó el coronel Gutiérrez.Para abordar esta crisis, el Inpec trabaja en coordinación con alcaldías y la Policía Nacional en la creación de centros de detención transitoria que permitan aliviar la sobrepoblación en las estaciones policiales. Además, se evalúa la posibilidad de ampliar los cupos en las cárceles del país como parte de una estrategia integral.El hacinamiento carcelario ha sido un tema recurrente en las discusiones sobre el sistema penitenciario en Colombia, y la necesidad de soluciones estructurales se ha convertido en una prioridad para las autoridades. El coronel Gutiérrez reiteró que el trabajo conjunto con diferentes entidades es clave para enfrentar este desafío y garantizar condiciones dignas de reclusión para los privados de la libertad.
No paran las opiniones en torno al caso de Daneidy Barrera Rojas, conocida en redes como Epa Colombia, quien se encuentra en la cárcel El Buen Pastor cumpliendo una condena de 5 años, según la Corte Suprema de Justicia, por los delitos de perturbación en servicio público de transporte colectivo u oficial, instigación a delinquir con fines terroristas y daño en bien ajeno.Caso que, en medio del Consejo de Ministros este martes, 4 de febrero, el presidente Gustavo Petro criticó y le preguntó al Ministerio de Defensa qué condenaba si el daño del bien ajeno fue reparado, por lo que calificó este caso como una “injusticia” de la cual fue víctima por “ser pobre, levantarse y protestar”.“Un funcionario parece tener una casa enorme en Valledupar, que era dinero para la paz y nadie investiga. A Epa se la llevan presa porque le pegó a un vidrio, ella restituye el vidrio porque es un bien público y lo hace en medio del estallido social. ¿Qué condenan, ministro de Justicia? ¿El hecho, o es un acto de injusticia que hay que poner sobre la mesa? La castigan por ser popular pobre, levantarse y protestar en un momento que los jóvenes que lo estaban haciendo, o sea, castigan la protesta y a la mujer pobre que se levanta. Eso es Epa. Acá nosotros tenemos posiblemente $16 billones robados, que es fácilmente investigable que solo es ir al sitio, ver qué fecha se hizo y qué alcalde lo puso y por qué no está la obra y ya, para la cárcel”, dijo el mandatario.Y es que, el caso de Epa Colombia, ha generado diversas opiniones de la forma en la que se llevó la investigación. Por ahora, la creadora de contenido cumple su condena en la cárcel El Buen Pastor en Bogotá a la espera que se reversé su caso para nuevamente quedar en libertad.Estas son las palabras del presidente:
Santiago Moreno, de 28 años, se encontraba internado en la estación de policía La Candelaria, en Medellín, desde el 11 de enero, por un delito de violencia intrafamiliar, allí, el joven duró tan solo 6 días, pues el 17 de enero fue encontrado sin signos vitales en este lugar.Recordemos, que el Tribunal Superior de Medellín admitió una tutela para esta cerrar estación de policía por presuntas violaciones de derechos contra la dignidad de los privados de la libertad que se encuentran al interior de esta, situación que, según el defensor, Jorge Alberto Carmona, ha venido denunciándose desde el 2012 y que ya han dejado, presuntamente, alrededor de 10 muertes."Son muchas más denuncias en la verdad, yo le pongo 10, son más de 10 personas que han perdido la vida allá en circunstancias de distintas maneras, a otra gente la han sacado grave por diferentes situaciones y han fallecido en centros hospitalarios en 12 años", explicó el defensor a Blu Radio.El padre de Santiago, Senén Morales, informó que a pesar de que la madre del joven intentó visitarlo en repetidas ocasiones, fue imposible poder verlo, pues presuntamente, el 25 de enero intentó llevarle ropa y alimentos a su hijo, sin embargo, se le negó la entrada. De igual manera, la madre volvió a intentar acceder a la estación el 27 de enero, pero al parecer, nuevamente, se le impidió la entrada. Un policía que se encontraba en el interior, después de ver los constantes intentos de la madre, al parecer fue quien finalmente le dio noticias a la familia sobre Santiago, lamentablemente, estas eran sobre su muerte."Nunca nos informaron, nunca dieron explicaciones, la mamá fue en varias ocasiones a llevarle ropa y alimentos, no la dejaron ingresar, eso sucedió el 25 de enero a sabiendo que ya él estaba muerto y allá no le informaron", indicó el padre."No informaron a tiempo, o sea mi hijo prácticamente falleció o lo mataron allá, bueno como haya sido, total de que ellos no informaron, no le informaron a la familia absolutamente nada, entonces por ese motivo quiero hacer la denuncia pública", completó.Blu Radio consultó con la Policía del Área Metropolitana para conocer su versión sobre los hechos, quienes indicaron que Santiago fue capturado mientras se encontraba en situación de calle, por ende, no salía ningún dato de familiares o allegados al hombre. Según informar, mientras se encontraba bañando, Santiago se desmaya y cae, cuando se verifican, este ya no tenía signos vitales.Según el reporte de la Secretaría de Salud y Medicina Legal, su muerte fue producto de un paro cardiorespiratorio. Sobre las visitas de la madre a la estación, las autoridades indicaron que no salía su nombre en la planilla y que cuando la progenitora finalmente fue, es que se le informa sobre la muerte del hombre. Por el momento, el proceso judicial contra esta estación sigue, y se espera que esta semana el Tribunal Superior de Medellín dé a conocer el fallo, dando claridad de si tales vulneraciones sistemáticas a los internos han sucedido, para determinar si se efectúa su cierre.
El Ministerio de Justicia reveló que el 26 % de las extorsiones en Colombia tienen su origen dentro de los centros carcelarios. Aunque inicialmente se creía que la mayoría de estos delitos se gestaban desde las cárceles, las cifras evidencian que un alto porcentaje proviene también del exterior.“Esto tiene dos lecturas: la primera, que se está haciendo extorsión desde afuera en un gran alto porcentaje, y la segunda, que se está haciendo extorsión dentro del centro carcelario”, dijo la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago. En respuesta a esta problemática, en agosto de 2024 se expidió un decreto que regula el uso de comunicaciones en las cárceles y establece nuevas herramientas tecnológicas para monitorear actividades delictivas desde los penales.Como parte de esta estrategia, el Gobierno ha trabajado en operativos constantes desde julio de 2024 para decomisar celulares, tarjetas SIM y otros materiales prohibidos en los centros penitenciarios. Estas acciones han sido coordinadas con la Fiscalía General de la Nación y el Gaula, con el fin de desmantelar redes de extorsión operando desde prisión.Además, la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, anunció que pronto entrará en funcionamiento un nuevo sistema de inhibidores de señal en las cárceles, lo que permitirá reducir la comunicación ilegal de los internos con el exterior y limitar la operación de bandas criminales desde los penales.Por su parte, el ministro de Justicia de Chile, Jaime Gajardo Falcón, destacó la importancia de la cooperación tecnológica entre ambos países en la lucha contra la extorsión. “Hemos detectado llamadas entre teléfonos con e-mails colombianos en Chile y viceversa. Gracias a la tecnología hemos podido rastrear estos contactos y este año esperamos implementarla en 90 cárceles más, cubriendo al 50 % de la población penitenciaria”, explicó Gajardo.El funcionario chileno también recordó que el delito de extorsión es relativamente nuevo en su país, pues fue tipificado apenas hace unos años. Además, resaltó que en Chile portar un celular dentro de una cárcel ya es considerado un delito, lo que ha permitido gestionar mejor esta problemática y combatir el crimen organizado transnacional.Este encuentro entre autoridades de Colombia y Chile también sirvió para fortalecer la cooperación judicial bilateral. Como parte de los acuerdos, ambos gobiernos están próximos a firmar un tratado de extradición, el cual será presentado al Congreso de la República. Este mecanismo permitirá agilizar la entrega de delincuentes requeridos por la justicia en ambos países y reforzar la lucha contra el crimen transfronterizo.
Fue enviada a la cárcel María Pérez, quien había quedado a cargo de un niño de apenas cuatro años, hijo de su pareja sentimental, otra mujer quién salió de la vivienda para realizar otras actividades. Allí, la agresora aprovechó la circunstancia y, en horas de la madrugada, golpeó y agredió sexualmente con un objeto contundente.Las evidencias obtenidas por la Fiscalía, en articulación con la Policía, pusieron al descubierto el abuso y los actos de tortura de los cuales fue víctima el pequeño niño de cuatro años el pasado 26 de enero, a manos de esta mujer, quien dejó al menor a su suerte luego de agredirlo de manera violenta.La víctima sufrió heridas de gravedad y fue trasladada a un hospital, donde aún recibe atención médica especializada y permanece en observación. Por estos hechos, un fiscal de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de la Seccional Bogotá imputó a la mujer los delitos m de acceso carnal violento y tortura, ambas conductas agravadas.A su turno, el juez de control de garantías envió a la cárcel a la agresora, quien fue capturada por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y de la Policía Nacional en el barrio La Arboleda de la localidad de Fontibón, en el occidente de Bogotá.