De acuerdo con el escrito de acusación presentado por la Fiscalía contra Vanesa Merlano y los otros siete políticos de la costa involucrados en el caso de corrupción electoral en el Atlántico, la historia del caso Merlano se remonta a momentos previos a las elecciones regionales del 2015 en el Atlántico.
El documento describe que la organización, liderada por Aida Merlano Rebolledo y Lillibeth Llinas y organizada por Edwin Martínez Salas, Jefferson Viloria Mieles y Evelyn Carolina Díaz Díaz, se reunió con más de 19 personas para que, además de conseguir la curul de Aida Merlano en el Senado de la República, los políticos que hacían parte de la estructura criminal resultaran elegidos como concejales de Barranquilla y diputados del Atlántico, tanto en 2015 como en las pasadas elecciones regionales de 2019.
La alta tecnología en sistemas de seguridad aplicada en los stickers que identificaban a los líderes de la campaña, que contenían palabras ocultas, eran escritas en tinta amarilla fluorescente que podían leerse en diferentes ángulos.
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“Estas contraseñas tenían otros mecanismos de seguridad como lo eran la tinta de seguridad invisible fluorescente amarilla y un código de lineatura, que solo es visible con el uso de un cristal especial que, al ponerse sobre las contraseñas a 0 grados, permite leer ‘security’, pero al girarse a 90 grados se lee ‘protected’”, describe el documento presentado por el ente acusador.
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BLU Radio también conoció que los líderes debían entregar nombres de personas de confianza que posteriormente eran asignadas como testigos electorales, a través de un enlace directo con la Registraduría Nacional del Estado Civil, al que tenía acceso la oficina de sistemas, a cargo de Edwin Martínez Salas.
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“Evelyn Carolina Díaz Díaz indicaba a los líderes que propusieran nombres de personas de confianza para que fueran designados como testigos electorales o jurados de votación a través del enlace con la Registraduría, por parte de la oficina de sistemas de Edwin Rafael Martínez Salas”, detalla el documento.
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Lo anterior, adicional a la letra de cambio en blanco que debían firmar, donde se comprometían a no apropiarse del dinero destino al pago de los votos, cada uno por 50.000 pesos.
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El ente acusador también reveló que desde el Concejo de Barranquilla se otorgaron millonarios contratos que superan los 150 millones de pesos para mantener el funcionamiento de la organización y garantizar la continuidad de los políticos dentro de la administración distrital.
Finalmente, el escrito presentado por las autoridades, señala que durante el allanamiento al comando político, administrado por Vanesa Merlano, hermana de la prófuga excongresista, fueron encontradas 3 armas de fuego, una con salvoconducto vencido y dos sin permisos para su porte.
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