Las declaraciones del fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, relacionadas con las actuaciones de algunos funcionarios de la Jurisdicción Especial de Paz que, presuntamente, estarían cometiendo fraude procesal para favorecer excombatientes que han abandonado los Espacios Territoriales de Reincorporación, volvieron a poner a ese tribunal especial en el ojo del huracán.
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Desde el Congreso surgieron varias reacciones reconociendo la gravedad de las denuncias y pidiendo que haya claridad sobre las afirmaciones que ponen en tela de juicio a la JEP, en medio de un difícil momento para la implementación del Acuerdo Final.
El senador Ciro Ramírez, del Centro Democrático, llamó la atención sobre los constantes “escándalos” que ha protagonizado la Jurisdicción Especial y solicitó al fiscal general que “muestre pruebas, nombres y cuáles son los indicios o hechos que muestran esta noticia”.
“Los colombianos estamos viendo que la JEP está siendo más conocida por sus escándalos, los errores, su parcialización y ahora por un presunto escándalo en el que funcionarios de esa jurisdicción están involucrados en favorecer miembros de las Farc; esto es muy grave. Si llegara a ser cierto, la JEP queda en entre dicho”, anotó el congresista.
Ramírez reclamó, además, que “si la JEP está favoreciendo, ayudando a la criminalidad del país, toda la jurisdicción debe analizarse”, por lo que cree que se debe iniciar “el debate si esta jurisdicción va a servir para lo que se creó, o si no tenemos que empezar a revisar cómo podemos reformarla o qué hacer hacia el futuro”.
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Otra cosa piensa el senador Antonio Sanguino, de Alianza Verde, quien pidió al fiscal Martínez prudencia en este tema.
“Ese tipo de informaciones deben ser de conocimiento público cuando haya sido adelantada una investigación con todo el rigor del caso, que establezca las responsabilidades individuales de quienes estén actuando por fuera de la ley y poniendo en tela de juicio la actuación de la JEP”, precisó el parlamentario.
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Sobre la posibilidad de reformar a la JEP, a propósito de esta situación, el parlamentario calificó de “irresponsabilidad” este planteamiento, que a su juicio confirmaría la intención de “hacer trizas el acuerdo de paz”.
“Creo que ese acto de irresponsabilidad política no se puede permitir. Lo que hay es que exigir la implementación del acuerdo y el cumplimiento de las dos partes”, concluyó.
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Sanguino recordó que el próximo lunes la Comisión de Paz del Congreso visitará el Espacio Territorial de Miravalle, en el departamento del Caquetá, para, en el terreno, “identificar los problemas, las dificultades y los aciertos en la implementación del acuerdo”.
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