Tras estudiar el caso, el alto tribunal le dio la razón a ‘Juan Martín’, un adulto mayor de 90 años que vive en condiciones de vulnerabilidad, y ordenó revisar su solicitud de pensión de invalidez tras considerar que le fue negada sin sustento alguno.
El caso llegó a la Corte luego de que el adulto mayor, quien padece artrosis, diabetes y otras enfermedades, interpusiera una acción de tutela contra la Sala Laboral del Tribunal Superior de Cali y Colpensiones, entidades que le negaron el reconocimiento de la prestación.
‘Juan Martín’ ha subsistido gracias a la ayuda de sus vecinos. A lo largo de su vida laboral cotizó 814 semanas al sistema pensional, de las cuales 793 fueron aportadas antes del 1 de abril de 1994, fecha en la que entró en vigencia la Ley 100 de 1993, que modificó los requisitos para acceder a este tipo de pensiones.
La Sala de Tutelas que revisó el caso, aseguró que debía analizarse bajo el principio de la condición más beneficiosa. Este criterio permite aplicar normas anteriores incluso más antiguas cuando resulten más favorables para proteger los derechos del afiliado.
El alto tribunal también evidenció que la negativa de la pensión ha afectado directamente el mínimo vital del adulto mayor, ya que sus ingresos actuales no son suficientes para cubrir necesidades básicas como alimentación, vivienda, transporte y medicamentos no incluidos en el sistema de salud.
En ese sentido, la Corte Constitucional revocó la decisión del Tribunal Superior de Cali y ordenó proteger los derechos al mínimo vital, a la seguridad social y a una vida digna.
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