Este pronunciamiento se da al resolver una tutela presentada por ‘Tatiana’, de 23 años, quien solicitó refugio al Estado colombiano y al serle negado, reclamó la protección de sus derechos a la igualdad, la no discriminación, la salud y el debido proceso. La demanda fue contra Migración Colombia, la Cancillería, la Comisión Asesora para la Determinación de la Condición de Refugiado, la Alcaldía de Medellín y la Fiscalía General de la Nación.
Tres magistrados revisaron la tutela de esta mujer, y concluyeron que las entidades omitieron actuar con debida diligencia lo que prolongó la situación de vulnerabilidad de la mujer y le impidió acceder de manera efectiva a la protección del Estado.
La Corte Constitucional advirtió que el caso evidencia fallas estructurales en la respuesta institucional frente a personas con múltiples factores de vulnerabilidad, como la identidad de género diversa, la condición migratoria, la posible condición de víctima de trata y el estado de salud, lo que obliga al Estado a adoptar un enfoque interseccional en sus actuaciones.
En la decisión, el tribunal ordenó a la Cancillería priorizar el estudio de la solicitud de refugio presentada por la accionante y avanzar en ajustes reglamentarios para fijar plazos claros en estos trámites, así como aplicar criterios de priorización con enfoque diferencial.
También ordenó a Migración Colombia adoptar un protocolo especial de atención para personas LGBTIQ+ y víctimas de trata de personas, y dispuso que, en caso de que la mujer regrese al país, la Defensoría del Pueblo deberá acompañarla para garantizar su acceso efectivo a la oferta institucional.
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