Dos hombres investigados por presuntos homicidios en el Oriente antioqueño terminaron tras las rejas en el municipio de La Ceja. Uno de los casos corresponde al transfeminicidio de Yulisa, una conocida lideresa de la población LGBTIQ+ que fue asesinada el 30 de diciembre de 2025; el segundo detenido es señalado de participar en otro crimen registrado en el vecino municipio de La Unión.El operativo para dar con el presunto responsable de la muerte de Yulisa, ocurrió cuando agentes de la SIJIN y del CTI de la Fiscalía entraron con orden de allanamiento a una vivienda en La Ceja. En el lugar, además de hacer efectiva la captura, las autoridades incautaron un arma de fuego que ahora entra a cadena de custodia para los análisis balísticos.A la par con este procedimiento, en las calles del municipio los uniformados ubicaron al tercer hombre implicado en el homicidio ocurrido en La Unión. Con esta detención, los investigadores buscan cerrar el cerco sobre el grupo que habría participado en ese ataque en la zona rural de la localidad vecina. "Luego de una investigación judicial de aproximadamente diez meses, las autoridades lograron la captura del presunto responsable del homicidio de Yulisa, integrante de la comunidad LGBTIQ+", afirmó el secretario de Gobierno y Seguridad de La Ceja, Geovany Henao.Frente a las dos capturas, el secretario indicó que los operativos responden a las pistas recogidas tras las denuncias de la comunidad y el seguimiento a las cámaras e información de inteligencia en ambos municipios."Desde nuestra Policía Nacional también nos informan la captura del presunto tercer responsable de homicidio que ocurrió en días pasados en el municipio de La Unión, que también fue de alto impacto y que ya esta persona se encuentra a disposición de nuestra Fiscalía General de la Nación", agregó.Por lo pronto, un juez envió a prisión preventiva al presunto implicado en el caso de Yulisa, mientras que el detenido por el crimen de La Unión quedó a disposición de la Fiscalía a la espera de que se defina su situación legal en las audiencias de legalización e imputación de cargos.
El concejal de Bogotá por el Centro Democrático, Andrés Barrios, defendió su denuncia sobre algunos elementos exhibidos en el Museo Nacional, en Bogotá, que, según su interpretación, presentan una visión incompleta de la historia de los grupos armados y de las víctimas del conflicto colombiano.En entrevista con Recap Blu, el cabildante explicó que visitó el museo junto a su esposa y sus tres hijas, todas menores de seis años. Durante el recorrido por el segundo piso, encontró referencias al M-19, las FARC y el ELN que consideró problemáticas por la manera en que, a su juicio, se presentaba a estas organizaciones sin destacar suficientemente los delitos cometidos y el sufrimiento de sus víctimas.“Colombia no puede seguir tolerando que los victimarios posen de víctimas en nuestra historia”, afirmó Barrios al explicar la publicación que realizó en sus redes sociales y que, según relató, llegó hasta el presidente de la República.Andrés Barrios pide visibilizar a las víctimas del conflicto armadoEl concejal insistió en que su cuestionamiento no busca desconocer los procesos de paz, sino ampliar la representación de los hechos violentos y sus consecuencias en las exposiciones del Museo Nacional.“Yo creo que repetiremos nuestra historia si no la conocemos. Pero contémosla completa, o sea, contemos la película completa del M-19”, manifestó durante la entrevista.Barrios también mencionó el reclutamiento de menores, los secuestros y los asesinatos atribuidos a las guerrillas como hechos que, en su opinión, deben tener mayor presencia en la narración histórica. Además, aseguró que su crítica se dirige a cualquier organización que haya ejercido violencia, independientemente de su orientación política.Polémica por la representación de la comunidad LGBTIOtro de los temas abordados fue la presencia de símbolos y elementos relacionados con la diversidad sexual en el museo. El concejal cuestionó que estos objetos compartieran espacio con la exposición histórica y planteó que las instituciones culturales deben representar distintas realidades sociales.Aunque reconoció avances en materia de derechos de las personas de la comunidad LGBTI, sostuvo que su postura responde a una crítica más amplia a lo que denomina “wokismo”.“Hay discriminación, todas las discriminaciones las tenemos que combatir”, señaló, al argumentar que las políticas públicas deben atender diferentes formas de exclusión.Barrios se pronuncia sobre el caso de Miguel Uribe TurbayDurante la conversación, el concejal también se refirió al asesinato de su amigo Miguel Uribe Turbay y expresó preocupación por el avance de la investigación judicial.“Aquí solo se ha avanzado con unos autores materiales, pero faltan los autores intelectuales, y lo que el país quiere es justicia. Lo que el país quiere es verdad”, afirmó.Finalmente, señaló que, si se comprobara la participación de exintegrantes de las FARC en el magnicidio, el acuerdo de paz quedaría seriamente cuestionado, una conclusión que planteó de manera hipotética durante la entrevista.Escuche la entrevista acá:
El Gobierno nacional, a través de la Cancillería, decidió retirar a Colombia de la Equal Rights Coalition (ERC), una alianza internacional dedicada a la protección de los derechos humanos de las personas lesbianas, gais, bisexuales, trans e intersexuales (LGBTI), así como a la promoción de un desarrollo inclusivo. La decisión fue comunicada este jueves, 17 de septiembre, y pone fin a la participación del país en este mecanismo internacional."Informar que el Gobierno nacional ha decidido el retiro de la República de Colombia de la Coalición, con fecha efectiva a partir de hoy", se lee en el documento del Ministerio de Relaciones Exteriores.La Coalición por la Igualdad de Derechos fue creada en 2016 durante la Conferencia Mundial sobre Derechos Humanos LGBTI celebrada en Montevideo, bajo el liderazgo de Uruguay y Países Bajos. Desde entonces, sus Estados miembros, organizaciones de la sociedad civil y organismos multilaterales han trabajado conjuntamente mediante pronunciamientos públicos e intervenciones diplomáticas frente a situaciones en las que la comunidad LGBTI enfrenta abusos o vulneraciones de sus derechos.De acuerdo con la información institucional de la ERC, el mecanismo reúne actualmente a 43 Estados miembros de África, Europa, América Latina, América del Norte, Asia y Oceanía. Los países que hacen parte de la coalición asumen el compromiso de promover los derechos LGBTI tanto en sus territorios como en escenarios internacionales y participan en grupos de trabajo relacionados con diplomacia internacional, legislación y políticas públicas, coordinación de donantes, Objetivos de Desarrollo Sostenible y protección humanitaria.Colombia ocupaba importante cargoLa salida también implica el retiro de Colombia de la copresidencia que ejercía junto con España. La propia ERC señala que ambos países tenían la responsabilidad de coordinar la Coalición durante el periodo correspondiente a la copresidencia, mientras que Caribe Afirmativo y Fundación Triángulo ejercían la representación de la sociedad civil.La decisión del Gobierno se produce antes de finalizar ese periodo de liderazgo. Según información conocida en la comunicación de la Cancillería, el retiro tiene efectos desde este 17 de septiembre. La salida significa que Colombia deja de participar en un espacio creado para coordinar esfuerzos entre gobiernos y organizaciones de la sociedad civil en asuntos relacionados con la protección de los derechos de las personas LGBTI.
Al menos una persona murió y otras 15 resultaron heridas este sábado durante la fiesta del Día del Orgullo LGBTI en un atropello múltiple con un vehículo cuyo conductor se dio a la fuga tras dejar el carro que usó contra los participantes del evento celebrado en el centro de Berlín."Sobre las 10:00 p. m. (hora local) un vehículo entró en el Tiergarten desde la Lennéstrasse hiriendo a varias personas. Contamos por ahora con quince heridos y una persona ha muerto", explicó un portavoz policial a los medios de comunicación en el lugar de los hechos.El portavoz policial explicó que los agentes buscan a "un posible sospechoso" o "posibles sospechosos" responsables del atropello. No obstante, en un video que circula en redes se observa a un hombre capturado, autoridades indicaron que se trataría del presunto responsable del hecho.Hay un amplio dispositivo policial desplegado en la zona empleada en esta jornada por miles de personas para celebrar el Día del Orgullo LGBTI, que fue suspendido antes de tiempo.El carro utilizado en el atropello fue encontrado por las autoridades, vacío, después de que quedara parado ante un árbol del Tiergarten, gran parque del centro de Berlín que este sábado era escenario del fin de la fiesta del Día del Orgullo LGBTI, una cita que reúne anualmente a cientos de miles de personas.Tras la suspensión del evento, los participantes de la fiesta fueron evacuados siguiendo las órdenes de la organización.La Policía de Berlín había desplegado para asegurar el evento más de 2.000 policías. Imágenes de la televisión NTV mostraron tras el atropello un amplio dispositivo policial, con una zona visiblemente acordonada y numerosas ambulancias, junto al Tiergarten.
La Fiscalía General de la Nación aseguró que Juan Camilo Muñoz Gaviria, alias 'Teta', y Juan David Echavarría Zapata, alias 'Chuky', señalados como presuntos responsables del crimen de Sara Millerey, una mujer trans de 32 años que residía en Bello (Antioquia), no recuperarían la libertad pese a la preocupación surgida por un posible vencimiento de términos dentro del proceso que se adelanta en su contra.El ente acusador explicó que en la investigación por este caso “la Fiscalía, dentro de los términos de ley, ha surtido sus actuaciones y acusó formalmente a estas dos personas”, por lo que el proceso continúa avanzando en etapa de juicio.Según la entidad, un juez penal de conocimiento ya instaló la audiencia preparatoria de juicio y durante esa diligencia la Fiscalía presentó la totalidad del material probatorio recopilado durante la investigación, el cual fue admitido por el despacho judicial.No obstante, la decisión fue apelada por las defensas de los procesados y será el Tribunal Superior de Antioquia el encargado de resolver el recurso. La Fiscalía precisó que, una vez la instancia superior emita su pronunciamiento, el juez podrá fijar la fecha para el inicio de las audiencias de juicio oral.Además del proceso por el crimen de Sara Millerey, la Fiscalía informó que recientemente vinculó a Muñoz Gaviria y a Echavarría Zapata a una nueva investigación por el delito de concierto para delinquir, al considerarlos presuntos integrantes del grupo delincuencial conocido como “El Mesa”. La imputación por este caso se realizó el pasado 22 de mayo.A Juan David Echavarría Zapata también le fue formulado un cargo por homicidio relacionado con un crimen ocurrido en abril de 2020 en el municipio de Bello, Antioquia. Como consecuencia de esa nueva actuación judicial, Echavarría Zapata recibió una nueva medida de aseguramiento en centro carcelario, situación que mantiene vigente su privación de la libertad mientras avanzan las investigaciones.Por su parte, la Fiscalía indicó que Juan Camilo Muñoz Gaviria continuará recluido en un establecimiento penitenciario debido a que cumple una condena vigente de nueve años y diez meses de prisión, circunstancia que también impide su salida de la cárcel.
Presuntos responsables del asesinato de Sara Millerey podrían quedar en libertad por vencimiento de términos. La Alcaldía de Bello pidió celeridad y mayor rigor en el proceso que cumplió más de un año sin solución. Han pasado más de 12 meses desde que Sara Millerey, una mujer trans de 32 años, fue brutalmente atacada y torturada en el municipio de Bello y ahora tres meses de trabas y demoras los presuntos responsables del cruel transfeminicidiopodrían quedar en libertad por vencimiento de términos.La información que se ha conocido recientemente es que Juan David Echavarría y Juan Camilo Muñoz, los dos capturados por este atroz crimen, podrían ser dejados en libertad, ya que las audiencias se han suspendido en reiteradas ocasiones e, incluso, la última no se hizo y aún no tiene fecha de reprogramación.La alerta no solo ha generado la indignación de la sociedad, sino también un rápido pronunciamiento de la alcaldesa de Bello, Lorena González, quien lamentó la situación y pidió una respuesta rápida de las autoridades competentes.“Asimismo, hacemos un llamado urgente ante el ente acusador para que no eluda la tipificación adecuada del delito. Los hechos de público conocimiento por su extrema crueldad configuran un transfeminicidio y no pueden ser tratados simplemente como un homicidio agravado”, aseguró la alcaldesa de Bello.A través de un comunicado, la Administración Municipal destacó que, “esta situación evidenciaría que el avance de la investigación no ha sido el requerido, por lo que exige celeridad y rigor en el proceso. La Alcaldía de Bello estará vigilante a cada actuación procesal y seguirá exigiendo justicia”.Por ahora el pedido de las autoridades, sociedad y familia de Sara Millerey es que los hombres capturados no queden en libertad, pues esta situación es una forma de revictimizar a los afectados directamente por el cruel asesinato de la mujer trans.
El presidente Gustavo Petro expidió la Directiva Presidencial 05 de 2026, mediante la cual ordena a varias entidades del Gobierno Nacional adelantar acciones para garantizar la continuidad de los programas y políticas que estaban a cargo de esta cartera, cuya existencia está próxima a terminar tras la decisión de la Corte Constitucional que tumbó la ley que la creó y las dificultades para tramitar una nueva iniciativa en el Congreso.La directiva está dirigida a los ministerios del Interior, Hacienda y Justicia, así como al Departamento Administrativo para la Prosperidad Social y al Departamento Administrativo de la Función Pública. El objetivo es coordinar una transición institucional que permita mantener en funcionamiento las estrategias destinadas a atender a poblaciones discriminadas, vulnerables o sujetas de especial protección constitucional.En el documento, el Gobierno reconoce que la Ley 2281 de 2023, mediante la cual se creó el Ministerio de Igualdad, fue declarada inexequible por la Corte Constitucional y que, pese a la radicación de un nuevo proyecto de ley para restablecer la entidad, este no logró avanzar lo suficiente en el Congreso antes del vencimiento del plazo fijado por el alto tribunal.Ante ese escenario, Petro ordenó a las entidades involucradas adelantar los trámites necesarios para expedir los decretos que permitan reorganizar las funciones, los programas, el personal y la estructura administrativa que actualmente dependen del Ministerio.La directiva también establece tareas específicas para varias entidades. Función Pública deberá brindar acompañamiento técnico en asuntos relacionados con empleo público, organización administrativa y gestión institucional. Por su parte, el Ministerio de Hacienda tendrá que evaluar la viabilidad financiera y presupuestal de las medidas que se adopten durante la transición.El Departamento Nacional de Planeación deberá garantizar que las decisiones que se tomen estén alineadas con el Plan Nacional de Desarrollo y las metas del Gobierno. Entre tanto, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado deberá acompañar el proceso para prevenir eventuales demandas y proteger los derechos laborales de los funcionarios vinculados a la cartera.La directiva concluye con una instrucción para que los ministros y directores de las entidades involucradas adopten de manera inmediata las medidas necesarias para asegurar una transición ordenada. Además, fija como fecha límite el próximo 17 de junio para remitir a la Secretaría Jurídica de la Presidencia los actos administrativos requeridos para implementar la reorganización.
La Policía Metropolitana de Bucaramanga abrió una investigación interna tras la denuncia de un presunto caso de abuso de autoridad contra una mujer trans dentro del CAI del Parque Centenario, en el centro de la ciudad.El caso generó polémica luego de que en redes sociales circularan videos y denuncias ciudadanas que evidenciarían una presunta agresión por parte de agente durante un procedimiento policial.El subcomandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, coronel Héctor García, confirmó que ya se inició la respectiva verificación para esclarecer lo ocurrido.“Con el fin de verificar las circunstancias de tiempo, modo y lugar relativas a este caso, se abrió la investigación correspondiente”, aseguró el oficial.De acuerdo con las denuncias conocidas, la mujer trans habría sido golpeada dentro de las instalaciones del CAI del Parque Centenario. La situación provocó reacciones de rechazo entre ciudadanos y colectivos defensores de derechos humanos, quienes pidieron transparencia en la investigación y sanciones si se comprueba un uso excesivo de la fuerza.La institución indicó que el proceso disciplinario busca establecer si existieron irregularidades en el procedimiento adelantado por los uniformados involucrados.Hasta el momento, la Policía no ha entregado mayores detalles sobre las circunstancias en las que ocurrió el hecho ni sobre el estado de salud de la persona afectada.El caso volvió a abrir el debate sobre el actuar de algunos agentes en procedimientos de control y convivencia, especialmente frente a población vulnerable y miembros de la comunidad LGBTIQ+ en Bucaramanga.
En un ataque sicarial fue asesinada una mujer trans en el municipio de Bello, norte del Valle de Aburrá. Las autoridades desconocen las causas del homicidio por lo que se busca a los responsables.Wber Zapata Lopera, secretario de Seguridad y Convivencia Ciudadana de esta localidad del norte del Valle de Aburrá, aseguró que la joven de 19 años, fue identificada como Mariana Ballesteros Restrepo y los hechos ocurrieron en el barrio Villa Linda, comuna 6 de la ciudad.“Mariana Ballesteros, la cual es asesinada por arma de fuego. La Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación vienen adelantando investigaciones para esclarecer los hechos y hacer justicia”, dijo el funcionario.La Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, adelanta, con miembros del CTI de la Fiscalía, en este momento las indagaciones correspondientes para esclarecer las circunstancias y motivos del asesinato, que recuerda el caso atroz de Sara Millerey, que fue lanzada a una quebrada, luego de ser golpeada hasta llevarla hasta su muerte en 2025.La Alcaldía de Bello reconoció la vulnerabilidad que enfrentan la población LGBTIQ+ y reiteró que ninguna condición o actividad justifica la violencia ni la privación del derecho a la vida. Las Secretarías de Seguridad y Convivencia Ciudadana; de las Mujeres; Inclusión Social, Familia y Participación Ciudadana; y el Sistema de salud Mental Sanamente articulan acciones para apoyar a sus familiares
Este pronunciamiento se da al resolver una tutela presentada por ‘Tatiana’, de 23 años, quien solicitó refugio al Estado colombiano y al serle negado, reclamó la protección de sus derechos a la igualdad, la no discriminación, la salud y el debido proceso. La demanda fue contra Migración Colombia, la Cancillería, la Comisión Asesora para la Determinación de la Condición de Refugiado, la Alcaldía de Medellín y la Fiscalía General de la Nación.Tres magistrados revisaron la tutela de esta mujer, y concluyeron que las entidades omitieron actuar con debida diligencia lo que prolongó la situación de vulnerabilidad de la mujer y le impidió acceder de manera efectiva a la protección del Estado.La Corte Constitucional advirtió que el caso evidencia fallas estructurales en la respuesta institucional frente a personas con múltiples factores de vulnerabilidad, como la identidad de género diversa, la condición migratoria, la posible condición de víctima de trata y el estado de salud, lo que obliga al Estado a adoptar un enfoque interseccional en sus actuaciones.En la decisión, el tribunal ordenó a la Cancillería priorizar el estudio de la solicitud de refugio presentada por la accionante y avanzar en ajustes reglamentarios para fijar plazos claros en estos trámites, así como aplicar criterios de priorización con enfoque diferencial.También ordenó a Migración Colombia adoptar un protocolo especial de atención para personas LGBTIQ+ y víctimas de trata de personas, y dispuso que, en caso de que la mujer regrese al país, la Defensoría del Pueblo deberá acompañarla para garantizar su acceso efectivo a la oferta institucional.
El presidente Abelardo De La Espriella anunció que la Policía, en coordinación con la Fiscalía, logró la captura en Medellín e Itagüí de los dos presuntos responsables del ataque ocurrido el pasado 4 de noviembre en la capital de Antioquia. En este hecho fueron asesinadas tres personas, entre ellas el patrullero Andrés Hamilton Santa Aguirre.“Los capturados deberán responder ante la justicia por los delitos de homicidio agravado y porte ilegal de armas de fuego. He sido claro: quien levante un arma contra un colombiano o contra un integrante de nuestra Fuerza Pública tendrá todo el peso de la ley sobre sus hombros”, dijo el mandatario.Uno de los capturados tenía anotaciones por hurto calificado y lesiones. Otro de ellos tenía anotaciones por hurto calificado y por tráfico, fabricación y porte de estupefacientes.Los dos capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía 46 local, Unidad de Reacción Inmediata de Medellín.
Colombia registra actualmente importaciones de gas natural superiores a los 400 millones de pies cúbicos diarios, un volumen destinado a cubrir el consumo residencial, el transporte vehicular y la generación eléctrica.En diálogo con Mañanas BLU, Nelson Castañeda, presidente de la Cámara Colombiana de Bienes y Servicios Petroleros y Gasoductos (Campetrol), advirtió sobre la urgencia de fortalecer la producción interna para proteger las tarifas de los usuarios y evitar depender exclusivamente de mercados externos.El gasoducto binacional: Una "llanta de repuesto" frente a la crisisEn relación con la propuesta de reparar y habilitar el gasoducto binacional con Venezuela para abastecer al mercado colombiano, el dirigente gremial sostuvo que, si bien constituye una alternativa valiosa, no resuelve de fondo el problema estructural de abastecimiento.Castañeda definió el rol de esta infraestructura señalando: "Esto es una es una llanta de repuesto muy buena. Es un plan B y un plan C. El país necesita todas las fuentes de energía, lógicamente. Privilegiamos el gas nacional, que es mucho más económico". Asimismo, explicó que, aunque el suministro venezolano llegaría por tubería, evitando los costos logísticos de licuefacción y transporte marítimo, su tarifa final dependerá de las condiciones de libre mercado, los acuerdos comerciales y la geopolítica internacional. El elevado costo del gas importado y su impacto en la factura de los colombianosUno de los aspectos más críticos expuestos por el presidente de Campetrol radica en la brecha tarifaria entre el combustible producido en territorio nacional y el gas natural licuado (GNL) traído del exterior.Castañeda detalló que el gas importado debe pasar por un proceso intensivo que incluye su licuefacción, traslado en buques metaneros, recepción en puertos locales y posterior regasificación para inyectarlo al Sistema Nacional de Transporte. "El gas importado vale tres y cuatro veces el gas nacional dado que toca volverlo líquido, transportarlo en barco, traerlo a puerto colombiano, regasificarlo y meterlo al sistema nacional de transporte", enfatizó el vocero.Sirius y Fracking 4.0: Las alternativas nacionales estratégicasPara superar la coyuntura y garantizar el suministro a mediano y largo plazo, Campetrol propuso avanzar de manera paralela en cuatro frentes: la infraestructura de regasificación, la importación vía Venezuela, el desarrollo offshore y los yacimientos no convencionales. Entre las cartas más fuertes a nivel nacional se destaca el proyecto Sirius, el cual posee recursos contingentes proyectados en 470 millones de pies cúbicos diarios. No obstante, Castañeda remarcó la necesidad de agilizar las consultas previas para tramitar la licencia ambiental y construir un gasoducto de 120 kilómetros que conecte el pozo con tierra firme. "Ahí tenemos una alternativa que es Sirius que podría entrar en 36 meses, pero si todos nos ponemos de acuerdo como país podríamos cumplir ese cronograma y no tener demoras", afirmó.Escuche aquí la entrevista:
La polémica relacionada con la captura de Santiago Peña, tras el colapso de Ueno Bank, sigue generando interrogantes. En medio de las investigaciones, durante un allanamiento a la mansión de verano del expresidente paraguayo, las autoridades encontraron una bóveda oculta detrás de una pared falsa.El inmueble, ubicado en San Bernardino, a unos 50 kilómetros de Asunción, fue allanado el domingo 8 de noviembre de 2026, en el marco de las investigaciones por las presuntas irregularidades relacionadas con Ueno Bank. Los fiscales y agentes de Policía llegaron hasta una puerta blindada, pero no consiguieron acceder al espacio que se encontraba detrás.Durante el operativo, las imágenes difundidas por la Fiscalía y medios paraguayos mostraron un pasillo que conduce desde una de las habitaciones hasta el acceso a la bóveda. Al finalizar el procedimiento, las autoridades todavía no habían podido ingresar al recinto. Por lo tanto, se desconoce qué hay en su interior.¿Cómo es la bóveda encontrada en la mansión de Santiago Peña?De acuerdo con información publicada por ABC Color, la puerta tendría un sistema de seguridad de nivel siete y requeriría varios mecanismos de autenticación, entre ellos reconocimiento facial o del iris, huella dactilar, clave numérica y llaves especiales.Medios paraguayos señalaron que la tecnología podría ser de procedencia israelí. Sin embargo, esa información no ha sido confirmada oficialmente.Además, circuló un video que mostraría el espacio durante la construcción de la vivienda. En las imágenes se puede ver el interior de la estructura antes de que terminaran las obras, pero su autenticidad todavía no ha sido verificada.La Fiscalía confirmó el allanamiento, aunque en su comunicado no hizo referencia específica a la bóveda. Según informó ABC Color, los investigadores regresarían a la propiedad para continuar con la inspección de la vivienda.¿Cómo planean abrir la bóveda de la mansión de Santiago Peña?Los investigadores todavía no han definido cómo ingresarán a la bóveda, ubicada debajo de una piscina y detrás de una pared falsa. La estructura tiene una puerta de acero blindado y un sistema de seguridad que, según las primeras hipótesis, podría requerir reconocimiento facial, datos biométricos o una clave alfanumérica. Entre las posibilidades está contactar al fabricante mediante una orden judicial o recurrir a personas que conozcan el mecanismo, incluida la exesposa del expresidente. Sin embargo, no se ha confirmado que ella vaya a participar ni que Peña sea trasladado al inmueble para facilitar la apertura.Sobre el valor de la propiedad, la periodista Fátima Garay informó para Noticias Caracol que la tasación superaría el millón de dólares. Además, señaló que Peña habría solicitado un préstamo de cerca de 470.000 dólares a Ueno Bank para construirla, con cuotas aproximadas de 31.000 dólares. Hasta ahora, las autoridades no han establecido qué contiene la bóveda ni si había objetos en su interior antes del allanamiento.¿Por qué investigan la mansión de Santiago Peña?La residencia es uno de los puntos centrales de la investigación contra el exmandatario. Según el acta de imputación, en mayo de 2024, cuando Peña todavía era presidente, habría recibido dos préstamos simultáneos de Ueno Bank por 3.548 millones de guaraníes, equivalentes a cerca de 600.000 dólares, para financiar la construcción de la propiedad.Las cuotas mensuales habrían sido de 239 millones de guaraníes, una cifra que, de acuerdo con los fiscales, equivalía a seis veces su salario presidencial.La vivienda tuvo un costo declarado de 7.750 millones de guaraníes, distribuidos entre el terreno, la construcción y el equipamiento. La propiedad cuenta con un lote de 5.012 metros cuadrados y una superficie construida de 1.015 metros cuadrados.Peña fue imputado por presunta lesión de confianza, en calidad de instigador, y administración en provecho propio, como autor. La Fiscalía también investiga posibles irregularidades en el manejo de recursos públicos depositados en la entidad financiera.El expresidente niega los cargos y permanece en prisión preventiva en Asunción. Hasta el momento, su defensa no se ha pronunciado sobre el hallazgo de la bóveda.
La Unión Sindical Obrera (USO) rechazó las propuestas que plantean vender Ecopetrol como una salida a la crisis fiscal y una alternativa para evitar nuevas reformas tributarias. En un comunicado de su Junta Directiva Nacional, la organización sindical advirtió que entregar la empresa a manos privadas sería “traicionar a la patria” y aseguró que el déficit fiscal no puede solucionarse vendiendo uno de los activos más estratégicos y rentables del país.Para sustentar su rechazo, la USO señaló que la discusión debe tener en cuenta el panorama energético internacional, marcado por las tensiones y los conflictos alrededor del control de las reservas de petróleo y gas y de los mercados de distribución de energía. Recordó que más del 80 % de la canasta energética mundial sigue dependiendo de los combustibles fósiles y puso como ejemplo a empresas estatales que tienen un papel protagónico en el sector, como Saudi Aramco, de Arabia Saudita; Sinopec y CNPC, de China; Rosneft y Gazprom, de Rusia; Petrobras, de Brasil, y Equinor, de Noruega. "Ecopetrol como grupo empresarial aportó a la nación en los últimos 4 años más de 180 billones vía impuestos, dividendos y regalías; adicionalmente y como ha sido histórico Ecopetrol reemplaza en los territorios con inversión social a los Gobiernos nacional, departamentales y locales", afirmó la USO en su comunicado. También resaltó su papel en la generación de encadenamientos productivos que abarcan desde la exploración y producción de hidrocarburos hasta su transporte, refinación y comercialización.Otro de los argumentos de la USO tiene que ver con la dependencia de Colombia de las importaciones para abastecer su consumo energético. Según las cifras presentadas por el sindicato, el país importa el 41 % del gas natural y el 43 % de las gasolinas que consume, así como el 20 % del diésel. Además, debe traer del exterior el 12 % del crudo liviano que necesita la refinería de Barrancabermeja.Para la organización, estas cifras evidencian una crisis energética que atribuye, entre otros factores, a las políticas de desestímulo a la inversión en petróleo y gas, los bajos resultados de la exploración y la falta de implementación de tecnologías para aumentar la recuperación de hidrocarburos en campos maduros. También señaló los retrasos en la entrada de proyectos de gas offshore, la postergación de los pilotos de yacimientos no convencionales en el Magdalena Medio y la amenaza de un nuevo fenómeno de El Niño.El sindicato advirtió que esta situación se presenta incluso cuando las dos refinerías del país han alcanzado eficiencias importantes y operan al máximo de su capacidad de carga. "Ecopetrol se debe fortalecer en su negocio original para revertir la tendencia creciente de importaciones y así recuperar la seguridad en el suministro y garantizar la Soberanía energética del pueblo Colombiano; lo que jamás sería posible en manos de capitales privados", afirmó el sindicato.Teniendo en cuenta los motivos anteriores, la USO anunció que convocará a sus trabajadores, a las comunidades de los territorios petroleros y al país en general para defender la empresa y la soberanía energética. “La USO sin vacilación alguna convocará a su base trabajadora, a los territorios petroleros y al país en general a defender su soberanía energética y patrimonio público”, dicen en el comunicado. Finalmente, la organización sindical recordó que su historia está ligada a la creación de Ecopetrol. Según explicó, la huelga de 1948, impulsada por trabajadores y comunidades, permitió que la Nación asumiera el control de la industria petrolera que estaba en manos de la Tropical Oil Company, tras impedir la prórroga de su contrato.También recordó que en 2004, durante el primer gobierno de Álvaro Uribe Vélez, protagonizó una huelga que calificó como patriótica para frenar un nuevo intento de privatización de la empresa. Ahora, 22 años después, cuestionó que el expresidente y su bancada política vuelvan a plantear la entrega de Ecopetrol a los privados.
Cuatro presuntos integrantes de las disidencias de las Farc, pertenecientes a la estructura 33, fueron capturados y un menor de edad recuperado durante una operación conjunta del Ejército y la Policía Nacional en la vereda La Perla, en el municipio de Tibú, Norte de Santander.El operativo fue desarrollado por tropas de la Segunda División del Ejército Nacional. Las cinco personas quedaron a disposición de las autoridades competentes para los respectivos procedimientos judiciales y, en el caso del menor, el restablecimiento de sus derechos.Entre los capturados se encuentra alias Eddy, señalado por las autoridades como segundo cabecilla de escuadra de la comisión Roque González de las disidencias. También fueron detenidos alias Franyer, quien sería sicario de esta estructura, y alias Franklin, señalado de desempeñarse como dronista y sicario.Durante el procedimiento, las autoridades incautaron tres pistolas, un arma larga, un cañón de fusil AK-47, una culata, dos cerrojos, un supresor de sonido, una mira telescópica, un bípode de precisión, siete proveedores y abundante munición de diferentes calibres."En materia de comunicaciones fueron encontrados tres radios, dos cargadores de dos metros, diez teléfonos celulares y tres brazaletes alusivos a esta organización armada ilegal", afirmó el general Néstor Nieto, comandante de la Trigésima Brigada del Ejército. Uno de los resultados más importantes de la operación fue la incautación de material explosivo. Según el reporte militar, fueron encontrados aproximadamente 938 metros de cordón detonante, cinco kilogramos de pentolita, cuatro detonadores, dos tarros de pólvora negra y dos cilindros de 20 libras."Además, personal especializado destruyó de manera controlada una granada y cinco dispositivos explosivos improvisados. Uno de ellos, por sus características, se asemejaba a una mina antipersonal, mientras que los otros cuatro podían ser utilizados como trampas explosivas", manifestó el coronel Gonzalo Esteban Blanco, comandante de la Policía Norte de Santander. En el operativo también fueron recuperados una camioneta y una motocicleta que, de acuerdo con los registros judiciales, figuraba como hurtada. Según las autoridades, estos automotores presuntamente eran utilizados para movilizar integrantes de la organización, armamento e insumos.Con este resultado, la Fuerza Pública reportó una nueva afectación a las capacidades armadas, logísticas y explosivas de las disidencias de las Farc, que mantiene presencia en esta zona del Catatumbo.
