Revive el caso del galeón San José: Procuraduría investiga posibles irregularidades en proceso de rescate

Ministerio Público hace revisión exhaustiva en temas disciplinarios y contractuales por el proceso de la Alianza Público-Privada a menos de cuatro meses del fin del Gobierno Santos.El ente de control pidió, además, un concepto a la Universidad Nacional sobre el proyecto de intervención y ha estado comunicándose con el Ministerio para revisar los detalles de la APP.Luego de hallar las coordenadas exactas del navío bajo el mar hace tres años, el Gobierno Colombiano comenzó un proceso de análisis y revisión jurídica para saber cómo extraer los bienes y qué hacer con él.Varios países como Perú y España alegaron ser dueños de parte del Galeón, pero el Consejo de Estado, en marzo de 2018, dejó claro que los hallazgos de la embarcación son inalienables e inembargables y solo pertenecen a Colombia.Además, se desestimaron las pretensiones de la Sea Search Armada, una empresa estadounidense que en los años 80 sugirió haber encontrado al Galeón por lo que una parte de lo que había en él le pertenecía. Pero, según el Gobierno, las coordenadas resultaron no ser exactas. Se cree que el Galeón alberga cerca de 17.000 millones de dólares en riquezas. Vea aquí: Solo el presidente Santos sabe dónde está el galeón San José: magistrado HernándezDe otro lado, el Congreso aprobó hace cinco años la ley 1675 de 2013 que reglamenta todo lo relativo al patrimonio cultural sumergido. En ella, se establecieron las normas para la intervención y el rescate de este tipo de bienes submarinos y se acordó que la empresa que acompañe el rescate podría acceder hasta un 50% de los bienes que NO sean considerados como patrimonio cultural.El trámite consiste en que se realiza una Alianza Público-Privada entre la empresa y el Gobierno. La empresa debe ser contratada a través de un proceso abierto en el SECOP, y una vez quien se quede con el proyecto procede a extraer todo lo que haya en la embarcación.Luego, se entrega cada uno de los bienes al Ministerio de Cultura y este, a través de un órgano llamado el Consejo Nacional de Patrimonio Cultural, decide qué es patrimonio y qué no para remunerar a la empresa. La ley, firmada por el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Defensa dejó un vacío y estableció también que en caso de que el 80% de los bienes en la embarcación correspondan a patrimonio cultural, el Consejo determinará la remuneración del contratista, pero insiste en que esta no podrá ser mayor al 50% del valor equivalente a los bienes rescatados.El proceso para llamar a los interesados a participar fue publicado en el sistema de contratación el 23 de marzo de 2018 por MinCultura y hay plazo hasta el 24 de abril para que otras empresas y personas jurídicas realicen su oferta. Se trata de una Alianza Público-Privada de iniciativa privada en la que no se desembolsan recursos del erario. Los interesados presentan una propuesta al Gobierno, este emite conceptos y la declara viable o inviable, y con base en esa decisión empieza la convocatoria formal en el Sistema de Contratación Pública.Vea aquí: Solo el presidente Santos sabe dónde está el galeón San José: magistrado HernándezBLU Radio tiene en su poder el documento de respuesta a la propuesta de factibilidad que presentó la compañía de Inglaterra Maritime Archaeology consultants Limited. En el documento, el Ministerio de Cultura le hace saber a la empresa que el Gobierno considera que su propuesta es totalmente viable. Incluso, se conoció que la proposición de la compañía fue presentada el pasado 17 de enero ante el Departamento Nacional de Planeación, y ese mismo día, en menos de 24 horas el DNP emitió concepto favorable.Consultado por BLU Radio, el Ministerio de Cultura aseguró que la respuesta del DNP se da por el principio de colaboración entre entidades y señalaron que el trabajo de la compañía se conoce desde hace bastante tiempo.Dice el documento que “se considera que la iniciativa presentada por Maritime Archeology Consultants cumplió a cabalidad con los requerimientos establecidos” y también se aprobó un monto de cerca de 18 mil 500 millones de pesos para los estudios de estructuración. En este proceso hay una institución clave que es el Instituto Colombiano de Arqueología e Historia, porque ha acompañado todo lo referente al Galeón. Pero la procuradora delegada Catalina de San Martín solicitó el trámite de inmediata revocación del director de la entidad, Ernesto Montenegro Pérez, porque, según el Ministerio Público, lleva 6 años en el Instituto sin presentar los documentos necesarios para corroborar sus estudios superiores. El INCAH tiene asiento en el Consejo Nacional de Patrimonio Cultural y la ministra, en contravía de la solicitud de la Procuraduría, argumentó que no va a relegar al funcionario, porque en opinión de su cartera, la Procuraduría no hizo bien el estudio del caso. Además, fuentes de la Procuraduría aseguraron que en este momento se está realizando una revisión exhaustiva en temas disciplinarios y contractuales por el proceso de la Alianza Público-Privada a menos de cuatro meses del fin del Gobierno Santos.También la Universidad Nacional le respondió al Ministerio Público asegurando que el Galeón no debería ser intervenido. “La U.N. expresa su preocupación sobre la forma como se viene desarrollando un proceso de contratación para el rescate del galeón San José, caracterizado por la falta de transparencia y el aislamiento a la comunidad científica y académica”.Finalmente, el abogado Barrios Cadena, representante de la compañía inglesa, fue el delegado del presidente Ernesto Samper en 1998 de parte del Gobierno colombiano para lograr una solución negociada al pleito con la Sea Search Armada. Hoy representa a la compañía británica que se llevaría, en retribución por su labor de búsqueda y extracción, una gran parte de los bienes del Galeón.En conclusión, el destino del Galeón San José está en entredicho.