El expresidente Juan Manuel Santos, durante su intervención en el foro “A diez años del Acuerdo de Paz: balance, implementación y perspectivas”, lanzó una fuerte crítica al presidente Abelardo De La Espriella por la manera en que, según dijo, está mostrando los resultados de las operaciones militares en el país.El exmandatario manifestó su preocupación por lo que considera un posible regreso a prácticas del pasado. “Me preocupa y tengo que decirlo aquí delante de ustedes, que diez años después estamos viendo a un presidente pasearse entre cadáveres, mostrándolos con orgullo o firmando bombas como si fueran un regalo. Espero que eso no dé un mensaje para volver al pasado”, afirmó Santos. Las declaraciones se dieron en medio del balance de la implementación del Acuerdo de Paz firmado entre el Estado colombiano y las antiguas Farc, que el próximo 24 de noviembre cumplirá diez años. En su intervención, el exmandatario defendió los resultados de su Gobierno en materia de seguridad y aseguró que durante su administración se promovió un cambio en la manera de desarrollar las operaciones militares, con respeto por los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario.Santos recordó que cuando llegó al Ministerio de Defensa no se habían producido capturas de integrantes del secretariado de las Farc y sostuvo que durante su gestión se adelantaron operaciones contra sus principales comandantes, pero también se trabajó para conseguir la dejación de armas mediante la negociación de paz.El expresidente insistió en que el cambio de enfoque de las Fuerzas Militares también implicó reconocer la condición humana de los integrantes de la guerrilla, incluso en medio del conflicto armado.En el mismo foro, el presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Danilo Rojas, explicó cuáles son los plazos que tiene la justicia transicional para avanzar en el esclarecimiento de los crímenes cometidos durante el conflicto armado.El magistrado anunció que en diciembre de 2026 se realizará la última imputación de la Sala de Reconocimiento de Verdad, con la que se completaría la atribución de responsabilidades a los máximos responsables dentro de los 11 macrocasos que investiga la jurisdicción.Según explicó, durante 2027 se espera avanzar en los reconocimientos de responsabilidad de los comparecientes para dar paso a los juicios dialógicos y, posteriormente, a la imposición de sanciones propias, de carácter restaurativo, para quienes reconozcan su responsabilidad.En los casos de quienes no acepten los hechos y las responsabilidades atribuidas, los procesos continuarán por la vía de los juicios adversariales.Rojas agregó que en marzo de 2028 la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP realizará su última imputación para estos procesos y que, a partir del 14 de marzo de ese año, comenzará a correr el plazo constitucional y establecido en el Acuerdo de Paz para culminar los juicios, previsto en cinco años.
El expresidente y Premio Nobel de Paz Juan Manuel Santos insiste en que en los dos últimos gobiernos no ha habido voluntad política para implementar el acuerdo de paz. También sostiene que la violencia de hoy no tiene nada que ver con lo que se firmó en 2016, como dicen sus rivales políticos.Santos reconoció que el conflicto armado terminó oficialmente, pero que desde entonces disidencias, bandas criminales y otros grupos armados han crecido en los territorios. Se financian con el narcotráfico, la minería ilegal y otras economías ilícitas.Según el exmandatario, estos grupos ya no tienen motivaciones políticas. Buscan control territorial y dinero mediante lo que llamó “gobernanza criminal”. Son mafias bien conectadas, un problema que afecta a toda América Latina y que también crece en África.Y les respondió directamente a sus críticos. Dijo que algunos de sus rivales, por razones políticas y en “una cínica distorsión de la verdad”, culpan de esta violencia al Acuerdo de Paz. “Es todo lo contrario”, afirmó.Para Santos, el acuerdo sigue siendo indispensable porque tiene las respuestas a los problemas del país: llevar el Estado a las regiones abandonadas, reducir la desigualdad en el campo, proteger a las comunidades y reemplazar la gobernanza criminal por una autoridad estatal legítima.Sus palabras llegan en medio de su choque con Mauricio Gaona, embajador del gobierno de Abelardo De La Espriella ante la ONU. En la sesión del Consejo de Seguridad del 30 de octubre, Gaona dijo que el pacto entre el gobierno Santos y la extinta guerrilla “no produjo una paz final, estable ni duradera”.Esta semana, Santos le respondió que “hizo el ridículo”. “Está confundido, está mal informado y está cometiendo errores por su falta de experiencia diplomática”, dijo.
El expresidente Juan Manuel Santos, desde Barcelona, se refirió en un evento al acuerdo de paz firmado en 2016 con las Farc.En primer lugar, señaló que durante estos 10 años ha existido un consenso en el Consejo de Seguridad de la ONU sobre la importancia del acuerdo. Es por eso que cuestionó las palabras del actual embajador ante Naciones Unidas, Mauricio Gaona, quien dijo que “el acuerdo de paz no es un modelo para el mundo”.Santos dijo que estas palabras de Gaona obedecen a una política del Gobierno que trata de reescribir la historia. El exmandatario, además, agregó que esto obedece a posiciones ideológicas que no tienen lógica."Y eso, pues, se debe a una política del Gobierno de tratar de reescribir la historia, de deslegitimar el acuerdo de paz. Uno pregunta: ¿pero por qué? Por razones ideológicas y políticas, pero que no tienen ninguna lógica y van en contra del sentido común", dijo Santos.Miroslav Jenča, el jefe de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, también se refirió a este tema en las últimas horas.“Yo tengo mucho respeto hacia el embajador Gaona. Nos hemos reunido con él varias veces y existe la mejor disposición de trabajar conjuntamente. Este, decididamente, es mi deseo. El embajador ha expresado la opinión del Gobierno de Colombia en el Consejo de Seguridad. Respeto y tomo nota de la situación que presentó, tal como respeto las posiciones de todos los miembros del Consejo de Seguridad. La Misión de Verificación tiene la obligación de cumplir el mandato que emana del Consejo de Seguridad”, añadió Jenča.
La Fiscalía General de la Nación imputó los delitos de fraude procesal y enriquecimiento ilícito de particulares a Roberto Prieto, exgerente de la campaña presidencial de Juan Manuel Santos para el periodo 2014-2018. Ahora se podría enfrentar a 15 años de cárcel según la Fiscalía.La investigación señala que habría ocultado un aporte de un millón de dólares de la multinacional brasileña Odebrecht, destinado a servicios de investigación, marketing político y encuestas sobre la candidatura presidencial, recursos que no fueron reportados en las cuentas electorales.Según el ente acusador, entre marzo y mayo de 2014 la empresa panameña Paddington Berkshire Ltd. Ejecutó un contrato para realizar estudios sobre el estado de Juan Manuel Santos en la contienda electoral.Los servicios fueron pagados por Odebrecht mediante desembolsos que sumaron un millón de dólares. Sin embargo, tampoco se habría registrado como donación en especie el pago que hizo la multinacional por esos trabajos.La Fiscalía sostiene que Prieto, como gerente y representante legal de la campaña, presentó el 25 de junio de 2014 los informes de ingresos y gastos ante el Fondo Nacional de Financiación Política del Consejo Nacional Electoral sin incluir esos recursos. Con ello, presuntamente indujo en error a los magistrados del CNE y a funcionarios de la Registraduría para conseguir la aprobación de las cuentas electorales y el reconocimiento de financiación estatal.De acuerdo con la imputación, esa maniobra permitió que el Partido Social de Unidad Nacional, Partido de la U, recibiera $6.576 millones por concepto de reposición de gastos de la primera vuelta presidencial, celebrada el 25 de mayo de 2014. El reconocimiento se hizo mediante la Resolución 003688 del 16 de diciembre de ese año y, posteriormente, la Registraduría ordenó el desembolso.La Fiscalía argumentó que la campaña no tenía derecho a recibir esos recursos porque habría superado los topes de gastos electorales en $1.910 millones y recibido financiación de una fuente extranjera prohibida. Según el ente investigador, estas irregularidades ocasionaban la pérdida del derecho a la reposición de votos y a la financiación estatal.Por el delito de enriquecimiento ilícito de particulares, la Fiscalía atribuyó a Prieto un incremento patrimonial injustificado de $13.461 millones en favor del Partido de la U. La cifra corresponde a los $6.576 millones de reposición de votos y a otros $6.884 millones que el Ministerio de Hacienda había autorizado y desembolsado el 15 de julio de 2014 como financiación estatal anticipada para la campaña presidencial.Para la Fiscalía, este supuesto enriquecimiento se derivó del fraude procesal, pues el ocultamiento de los pagos de Odebrecht y la presunta financiación prohibida habrían permitido que la campaña obtuviera recursos públicos a los que no tenía derecho.La defensa de Roberto Prieto pidió que no se impartiera legalidad a la imputación, al considerar que se vulneraron sus derechos al debido proceso y a la defensa.Argumentó que la Fiscalía no precisó cuándo, cómo ni dónde habría acordado una reunión con directivos de Odebrecht para conseguir aportes a la campaña, ni explicó cómo llegaron los recursos o cuál fue la participación de Prieto.También alegó que los hechos no eran delito para la época en que ocurrieron, pues solo fueron tipificados posteriormente con la Ley 1864 de 2017.Finalmente, sostuvo que estos asuntos correspondían al Consejo Nacional Electoral y no a la jurisdicción penal. Invocó el principio de favorabilidad y argumentó que, al aplicarse la legislación posterior, la pena máxima sería de ocho años y la acción penal estaría prescrita. Por estas razones, pidió rechazar la imputación.Por el momento, la continuación de la audiencia será el próximo miércoles a las 9 de la mañana.
El expresidente Juan Manuel Santos en medio de un conversatorio en la universidad de Los Andes, sobre la gestión adelantada de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) tras los 10 años del acuerdo de paz, se refirió a la solicitud del Gobierno nacional, en voz del canciller Omar Bula ante el Consejo de Seguridad de la ONU el pasado lunes, donde Colombia pidió enfocar su misión de verificación en la reincorporación de los firmantes de paz y distanciarse de la reforma rural.El exmandatario fue enfático en criticar que si bien no se puede decir que se va a cumplir con el acuerdo y al mismo tiempo retirar apartes del mismo: “en esa misma sesión, el canciller dijo, "pero le voy a pedir a las Naciones Unidas que la misión de verificación no verifique la implementación del punto uno que tiene que ver con la reforma rural". Y uno se pregunta, ¿y eso por qué?, si de todas maneras está obligado a cumplir con el acuerdo, ¿para qué le va a quitar? ¿Cuál es el motivo para hacer esa solicitud? Nadie lo entiende, nadie me ha dado una explicación muy real o convincente.”Así mismo, habló sobre la responsabilidad que tiene este gobierno de cumplir con cada punto de lo pactado en La Habana y el avance de su implementación: “Lo que sí es una realidad, es que en nuestra Constitución, que todos los poderes juraron cumplir, porque cada parlamentario cuando se posesiona jura cumplir con la Constitución, lo mismo los jueces y lo mismo el presidente y el Poder Ejecutivo, hoy dice, por ejemplo, que en el acuerdo de paz no se puede retroceder, no se puede echar para atrás, hay que seguir adelante implementándolo”También se refirió a la polémica sobre el recorte de presupuesto anunciado por el Gobierno nacional, aseguró que la falta de recursos hace que estos organismos no puedan continuar funcionando: “...y que no digan que van a implementar el acuerdo de paz, pero al mismo tiempo como ha sucedido, por ejemplo, con la unidad de víctimas, le recortan los recursos. Dicen por un lado, voy a cumplir, pero por el otro le quitan el presupuesto para que la unidad de búsqueda no pueda continuar. Y lo mismo están haciendo con muchas otras entidades del acuerdo de paz. Están haciendo eso con la justicia especial. Con la Comisión de la Verdad”.Finalmente, defendió el trabajo de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas como Desaparecidas, asegurando que en estos 10 años, se han recuperado al menos 6.000 cuerpos, 800 de ellos identificados plenamente y la ubicación de 640 personas vivas.
El expresidente Juan Manuel Santos aseguró que no está de acuerdo con prorrogar el tiempo de funcionamiento de la JEP y reconoció que quienes cuestionan su lentitud “tienen bastante razón”. Sin embargo, defendió la justicia transicional como parte fundamental del Acuerdo de Paz.“Yo creo que la JEP tiene que cumplir su cometido en el 2032, ojalá antes. Y en eso, quienes critican a la JEP por su lentitud tienen bastante razón, y por eso hay que pedirle a la JEP que meta el acelerador”, afirmó.En ese sentido, Santos se refirió al recorte presupuestal aprobado en el Congreso. “Si se le recorta el presupuesto o si se deja, como dice el presidente de la JEP, sin recursos para operar, ahí los que sufren son las víctimas, los comparecientes, los ciudadanos que creyeron en el proceso y que después ven que el Estado no cumple”, señaló.El exmandatario considera que se debe hacer un esfuerzo, incluso temporal, para garantizar esos recursos y acelerar la implementación.Santos también respondió a los cuestionamientos de que los exintegrantes de las FARC no han pagado penas de cárcel. Explicó que el modelo de justicia transicional pactado contempla que los responsables digan la verdad, pidan perdón, asuman su responsabilidad y cumplan sanciones restaurativas para las víctimas.Reconoció que algunas víctimas preferirían que sus victimarios estuvieran “en una cárcel con barrotes”, pero sostuvo que la mayoría está satisfecha con el sistema y aseguró que este modelo ha sido visto internacionalmente como un ejemplo para resolver un conflicto armado.Finalmente, respondió a quienes aseguran que las decisiones de la JEP se han concentrado principalmente en integrantes de la fuerza pública y no en miembros del antiguo secretariado de las FARC.“Vean las estadísticas, eso no es cierto”, afirmó Santos, quien aseguró que alrededor de este tema se han generado “falsos testimonios” y “mentiras” que, según él, no corresponden con la realidad.El expresidente recordó que la justicia transicional fue pactada para ser aplicada tanto a exintegrantes de las FARC como a agentes del Estado responsables de crímenes de guerra y de lesa humanidad, y defendió que la JEP ha actuado bajo ese principio.
El expresidente Juan Manuel Santos hizo un llamado a todos los colombianos a defender el proceso de paz en Colombia. El pronunciamiento lo hizo durante durante un evento en la Universidad Javeriana el pasado viernes 11 de septiembre.“Hoy la paz nos necesita a todos y a todas. Por eso los invito a subirse en este barco y a remar juntos en la misma dirección: la paz de Colombia”, dijo el exmandatario.El expresidente recordó el primer encuentro que sostuvo con Rodrigo Londoño, conocido entonces como alias Timochenko, en medio de las negociaciones de paz con las extintas Farc.El relato se dio a conocer luego de que se cumplieran diez años del inicio del camino hacia la implementación del Acuerdo de Paz que puso fin al conflicto entre el Estado y esa guerrilla.A través de su cuenta en X, el expresidente aseguró que Colombia comenzó hace una década un proceso de reconciliación y llamó a los ciudadanos a continuar trabajando por la paz.Según recordó, en ese primer encuentro con Rodrigo Londoño le planteó al entonces jefe guerrillero una comparación sobre el proceso que estaban a punto de iniciar.Santos explicó que ambos habían estado enfrentados durante 35 años y que ahora tenían que trabajar juntos para alcanzar un acuerdo de paz.La metáfora que utilizó fue la de una canoa: mientras uno remaba por un lado, el otro debía hacerlo por el lado contrario, pero ambos tenían que avanzar hacia el mismo objetivo.“Es como si usted y yo nos montamos en una canoa, y usted rema por un lado, y usted y yo remo por el otro, y vamos a seguir remando hasta lograr nuestro objetivo, que es la paz. ¿Está de acuerdo? Y me dijo, sí, y nos dimos la mano”, recordó el expresidente durante el evento.Finalmente, Santos invitó a los colombianos a “remar” en la misma dirección para avanzar en la construcción de paz.También le puede interesar:
Fue aplazada la audiencia que estaba prevista para este 30 de julio, en la que la Fiscalía General imputará cargos al exgerente de la campaña presidencial de Juan Manuel Santos, José Roberto Prieto Uribe, dentro de una investigación liderada por un fiscal especializado en lavado de activos. La diligencia corresponde a un nuevo proceso penal en el que el exdirectivo de campaña será procesado por los delitos de fraude procesal y enriquecimiento ilícito.De acuerdo con la investigación, el expediente está relacionado con el presunto ingreso irregular de un aporte cercano a un millón de dólares durante la campaña presidencial que llevó a Juan Manuel Santos a la reelección en 2014, recursos que, según la Fiscalía, no habrían sido reportados ante las autoridades electorales.La investigación sostiene que los aportes habrían estado destinados a financiar encuestas, estudios de opinión e investigaciones sobre la evolución y seguimiento de la candidatura presidencial de Santos, así como análisis sobre la percepción del electorado durante la contienda. En estos hechos aparecen mencionadas la constructora Odebrecht y la empresa Paddington Ventures.Según el expediente, dichos estudios y análisis estratégicos constituyeron un aporte en favor de la campaña que debía ser incorporado dentro de la contabilidad electoral y reportado al Consejo Nacional Electoral (CNE). Sin embargo, la Fiscalía sostiene que ese beneficio no fue incluido en los informes oficiales de ingresos y gastos presentados por la campaña presidencial.Este nuevo proceso se suma a los antecedentes judiciales del exgerente de campaña. Prieto ya cumplió una condena de cinco años de prisión por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, tráfico de influencias y falsedad en documento público, dentro de una investigación relacionada con su intervención ante la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) para favorecer la adjudicación de un contrato vinculado al proyecto vial Ruta del Sol.
El expresidente y Nobel de Paz, Juan Manuel Santos, participó en el Congreso Internacional por los 10 años del acuerdo de paz, que se llevó a cabo en el Teatro Colón en Bogotá, e hizo un llamado al Gobierno entrante del presidente electo Abelardo de la Espriella, en medio de las tensiones sobre el futuro de la implementación.El pronunciamiento del exmandatario se dio a través de un video grabado antes de conocerse las declaraciones de De la Espriella, en las que arremetió contra el último jefe de las extintas Farc, Rodrigo Londoño, y anunció la eliminación de algunas agencias y dependencias encargadas de la implementación del Acuerdo de Paz.“Quiero aprovechar para hacer un llamado respetuoso, pero firme, al Gobierno entrante, para que retome el camino de la implementación. No como un legado de un Gobierno, sino como una política de Estado que beneficia a todos los colombianos”, afirmó.Santos también se refirió a las narrativas que responsabilizan al Acuerdo de Paz de 2016 por la situación de inseguridad que enfrenta actualmente el país. “Eso es absolutamente falso. El acuerdo no creó las disidencias ni fortaleció a las bandas criminales. (...) Culpar al acuerdo por el accionar de estas estructuras es desconocer deliberadamente la realidad, y sobre todo ignorar que lo que permite cerrarle el paso a esos grupos es precisamente implementarlo, no sabotearlo ni debilitarlo”, afirmó.En la misma línea, el Nobel de Paz destacó los avances del Sistema Integral de Paz, a casi diez años de la firma del Acuerdo. Señaló que la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas ha encontrado a más de 700 personas con vida y que la JEP ya impuso sus primeras sanciones. Se refirió, en particular, a las decisiones contra integrantes del último secretariado de las Farc por crímenes de guerra y de lesa humanidad relacionados con secuestros y otras privaciones graves de la libertad, así como contra 12 ex militares por ejecuciones extrajudiciales.“Lo que está ocurriendo en la JEP no tiene precedentes en el mundo: máximos responsables reconociendo públicamente crímenes atroces, delitos que por décadas habían quedado en la impunidad”, concluyó el exmandatario.
“Yo sí estoy interesado en defender mi legado, yo voy a votar por quien defienda el proceso de paz”, fueron las palabras que, según reporta Noticias Caracol, dijo en las últimas horas el expresidente Juan Manuel Santos en Washington, durante un evento con el centro de pensamiento Diálogo Interamericano.El expresidente Juan Manuel Santos aseguró que no apoya ninguna candidatura en esta segunda vuelta presidencial del domingo en Colombia.“Me he mantenido al margen de la política electoral como dije que lo haría. No apoyo ninguna candidatura como se ha intentado insinuar”, escribió a través de sus redes.En su publicación, el exmandatario insistió en que el respeto por las instituciones, por la Constitución del 91 y la implementación del Acuerdo de Paz deben ser las prioridades para quien llegue a la Casa de Nariño, sin importar la orientación política.“La implementación del Acuerdo de Paz es un compromiso del Estado y un deber con las víctimas. Sea cual sea el resultado, las instituciones deben respetarse y la voluntad de los ciudadanos debe acatarse”, agregó.El pronunciamiento llega luego de que se conociera parte de su intervención durante un evento en el centro de pensamiento Diálogo Interamericano en Washington, donde varias fuentes señalaron que Santos dijo estar “interesado en defender mi legado, yo voy a votar por quien defienda el proceso de paz”, lo que fue tomado como un posible guiño a la campaña de Iván Cepeda.
El presidente Abelardo De La Espriella ordenó revocar la designación de Camilo Noguera Pardo como director del Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH). De acuerdo con lo informado por el mandatario, la decisión se tomó tras detectarse la modificación del manual de funciones de la entidad para presuntamente facilitar su vinculación al cargo.¿Por qué el Gobierno revocó la designación de Camilo Noguera en el ICANH?Según explicó el presidente De La Espriella a través de sus canales oficiales, el designado director, Camilo Noguera Pardo, quien es yerno del ministro del Interior, Alejandro Ordóñez, adelantó cambios en los requisitos del manual de funciones en coordinación con el director encargado del instituto, Javier Estrada.El jefe de Estado señaló que las modificaciones administrativas se realizaron a espaldas de la ministra de Cultura, Paola Holguín. De la Espriella precisó que, aunque el ICANH es una entidad adscrita al Ministerio de Cultura con autonomía administrativa, no existe autorización para alterar los reglamentos internos con el fin de favorecer o acomodar aspirantes a cargos públicos.¿Qué medidas administrativas ordenó el presidente De la Espriella?Ante las irregularidades reportadas en la tramitación del nombramiento, el mandatario dispuso la salida inmediata del director encargado de la entidad y la anulación de la designación del nuevo funcionario."Mi instrucción ha sido clara: en el gobierno no se modifican los manuales de funciones para favorecer personas o acomodar cargos. Quien no entienda esta regla no puede formar parte de mi gobierno", aseveró el presidente.El mandatario concluyó que la institucionalidad y los manuales de funciones deben respetarse sin excepción, ratificando que ningún funcionario cuenta con aval para adoptar determinaciones presupuestales o administrativas al margen de los ministerios de cabeza de sector.
Una operación conjunta entre las autoridades de Colombia y España permitió desarmar una red transnacional que esclavizaba a más de 100 colombianos en centros de llamadas en Camboya, informaron este martes fuentes oficiales.La Policía colombiana, a través de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijin), y la Policía de España realizaron tres capturas por orden judicial y dos retenciones por notificaciones rojas de Interpol en las localidades españolas de Zamora y Castellón, como parte de una investigación contra una red de trata de personas vinculada a la 'mafia china' en Asia.La organización criminal, liderada por alias de Jiaxing Ye, se dedicaba a captar ciudadanos colombianos mediante falsas ofertas de empleo en el extranjero para trasladarlos a Camboya y obligarlos a participar en fraudes financieros y estafas virtuales.Según las investigaciones, la red funcionaba mediante cabecillas financieros y coordinadores internacionales establecidos en Zamora y Castellón, que a su vez coordinaban con reclutadores en Colombia encargados de identificar, captar y trasladar a las víctimas.Los reclutadores buscaban principalmente a hombres y mujeres de entre 25 y 35 años con dificultades económicas, a quienes ofrecían trabajos bien remunerados en supuestos centros de llamadas en Tailandia o Camboya, dedicados a la comercialización de criptomonedas.La ruta comenzaba en Colombia, continuaba con escalas en Países Bajos o España y seguía hacia Tailandia antes de terminar en Phnom Penh, la capital camboyana, o en zonas fronterizas con Vietnam.Una vez en Camboya, los colombianos eran despojados de sus documentos, sometidos a vigilancia armada y obligados a trabajar jornadas nocturnas de hasta doce horas en complejos tecnológicos cerrados, con acceso restringido a atención médica.Para recuperar su libertad, la red exigía a las víctimas el pago de una supuesta deuda de 30 millones de pesos colombianos (unos 9.000 dólares) por los gastos de traslado o que cumplieran al menos seis meses de trabajo forzado.En esos centros recibían una capacitación delictiva denominada "mastereo", mediante la cual eran obligados a llamar a ciudadanos en Colombia y hacerse pasar por funcionarios de la Registraduría Nacional para ofrecerles tramitar la cédula digital.Durante las llamadas, los trabajadores inducían a las víctimas a instalar aplicaciones en sus teléfonos móviles, lo que permitía a los miembros de la organización acceder a los dispositivos y vaciar sus cuentas bancarias.La Policía identificó a Eslaineir Alexis Campo Rodríguez y Cristian Camilo Ortiz Avendaño como responsables de perfilar, captar y trasladar a las víctimas hacia Camboya. También están acusadas Yuris Marcela Reyes Zambrano, Karina Yulieth Doncell Rojas y Viviana Karoly Daza Ospino.Las autoridades también emitieron tres notificaciones azules de Interpol para localizar a otros integrantes de esta red.
A pocas semanas de su regreso a Colombia, la agrupación mexicana Maná presentó mundialmente MANÁ: VIVIR SIN AIRE TOUR (LIVE FROM RED ROCKS), un especial audiovisual que recoge uno de los conciertos más destacados de su trayectoria, grabado en el legendario Red Rocks Amphitheatre, en Morrison, Colorado. El estreno gratuito se realizó el pasado 6 de noviembre, a través del canal oficial de la banda en YouTube, donde permanece disponible para sus seguidores.El lanzamiento, realizado en alianza con YouTube y Warner Music, incluye un espectáculo con producción visual cinematográfica y sonido de alta definición, además de un mini documental que revela la conexión emocional de Fher Olvera con este escenario. Cuando tenía 21 años, el vocalista vivía en Denver y trabajaba lavando platos mientras soñaba con presentarse algún día en el emblemático anfiteatro. Cuatro décadas después, aquel anhelo se convirtió en realidad.El especial reúne algunas de las canciones más representativas de la banda, que ha vendido más de 50 millones de discos y se ha consolidado como uno de los grandes referentes del rock en español.Maná prepara su regreso a ColombiaEste lanzamiento sirve como antesala al regreso de Maná al país. El próximo 28 de noviembre, la agrupación abrirá su Vivir Sin Aire Tour en Latinoamérica con un único concierto en Colombia, programado en Vive Claro Distrito Cultural de Bogotá. La gira continuará por Lima, Santiago de Chile, Buenos Aires y Ciudad de México.El repertorio promete clásicos como “Rayando el Sol”, “Clavado en un Bar”, “Labios Compartidos” y “Oye Mi Amor”.En 2026, Maná también recibió el premio a Artista Latin Pop del Año, Dúo o Grupo, en los Premios Billboard de la Música Latina. Además, fue incluida entre las 50 mejores bandas de rock de todos los tiempos, según Billboard, y alcanzó 47 presentaciones en arenas de Los Ángeles.
En el borrador del Plan Nacional de Desarrollo 2026-2030, el Gobierno de Abelardo De La Espriella planteó una transformación de la Dirección Nacional de Inteligencia, DNI, y la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF).La propuesta, incluida en el eje de Patriotismo Constitucional, busca fortalecer la capacidad del Estado para anticipar amenazas, recuperar la confianza en sus organismos de inteligencia y debilitar las estructuras económicas de las organizaciones criminales y surge en medio de las nuevas denuncias de la Unidad Investigativa de Noticias Caracol por el uso indebido y otras irregularidades en la entidad durante el Gobierno de Gustavo Petro.En el diagnóstico sobre la DNI, el Gobierno identificó problemas operativos y una pérdida de capacidades institucionales y “del enfoque diferencial de la inteligencia civil frente a los demás organismos de inteligencia”, así como “la obsolescencia de material y equipo” y una “rigidez institucional que impide atender las necesidades operacionales”.El documento reconoce además que existe una “limitada comprensión y la distorsión que existen sobre la finalidad, alcance, y controles de las actividades de inteligencia, que hoy afectan la confianza y ponen en duda su credibilidad ante la ciudadanía y las instituciones”.El documento también cuestiona que la inteligencia estatal haya concentrado sus esfuerzos en asuntos coyunturales, en detrimento de los temas estratégicos de seguridad. Para cambiar ese enfoque, propone que la DNI genere “conocimiento anticipativo y prospectivo” que permita “reducir la incertidumbre que generan actores estatales y no estatales”, en particular frente a fenómenos como el crimen transnacional y las disputas por recursos estratégicos.La modernización de la DNI contempla inversiones en “nuevas tecnologías seguras y resilientes para el procesamiento y la analítica masiva de información”. El plan también incluye renovar los medios técnicos y fortalecer el talento humano, con personal profesional y especializado, formación, gestión del conocimiento y mejores condiciones de bienestar.En el ámbito internacional, el Gobierno busca revertir la “tendencia de reducción de la cooperación internacional y su presencia en instancias estratégicas de inteligencia”. Además, pretende posicionar a la DNI como un “proveedor objetivo de análisis para la identificación de prioridades estratégicas y la toma de decisiones del Estado”, con canales de relacionamiento con las instituciones, la academia y la ciudadanía.La segunda transformación se concentra en la UIAF, una entidad también bajo la lupa durante el gobierno anterior. Dicha estrategia responde al plan para desfinanciar las economías ilegales y afectar la capacidad económica de las organizaciones criminales pues señala que el lavado de activos movilizó “cerca de 169,73 billones de pesos entre 2022 y 2025”, recursos que, según el diagnóstico, alimentan las redes criminales y sus mecanismos de corrupción.Para enfrentar esas operaciones, el Gobierno propone modernizar la capacidad tecnológica de la UIAF, con énfasis en el procesamiento de grandes volúmenes de información, la analítica avanzada, la inteligencia financiera y la ciberseguridad para enfrentar los “riesgos emergentes derivados de los activos virtuales, las plataformas digitales, las tecnologías financieras y las nuevas modalidades de criminalidad económica”.
La ministra de Salud, Ana María Vesga, dio a conocer que puso a disposición de las autoridades competentes una serie de hallazgos sobre la contratación directa realizada en el sector salud por la administración anterior entre 2022 y 2026, la cual asciende a más de 20.600 contratos por un valor cercano a los 8,47 billones de pesos.De acuerdo con el reporte oficial del ministerio, la revisión evidenció que 143 personas contaban con contratos simultáneos en distintas entidades del sector. En algunos casos, la sumatoria de honorarios percibidos mensualmente ascendía a los 46 millones de pesos. A esto se suma el hallazgo de 176 contratistas con posibles inconsistencias en sus aportes al Sistema de Seguridad Social.En el caso puntual del Ministerio de Salud, se identificaron 8.517 contratos directos durante el periodo analizado. Más de la mitad de estas vinculaciones contractuales se concentraron entre enero de 2025 y agosto de 2026.Frente al alcance de las indagaciones, la ministra de Salud, Ana María Vesga, aclaró que la contratación directa o la pluralidad de contratos no constituyen en sí mismas una conducta ilegal. No obstante, enfatizó la necesidad de auditar la efectividad de las obligaciones contraídas al señalar: "Contratar directamente o tener varios contratos no es ilegal. Lo que debe establecerse es si esos servicios eran necesarios, si efectivamente se prestaron, si los valores estaban justificados y quién verificó su cumplimiento".El ministerio explicó que estas auditorías buscan esclarecer la trazabilidad de los recursos públicos, verificar la pertinencia de las contrataciones y constatar la ejecución real de las actividades pactadas. Ante esto, los antecedentes recopilados fueron trasladados a los organismos de control disciplinarios, fiscales y judiciales correspondientes para que determinen si existieron faltas o delitos.La ministra Vesga reiteró el compromiso de la cartera sanitaria con la protección de los dineros del sector: "Los recursos de la salud son de los colombianos. Nuestra obligación es protegerlos y exigir que cada peso esté debidamente justificado".