El Consejo de Estado negó una acción de tutela que cuestionaba la participación del presidente Abelardo De La Espriella en diferentes actos religiosos, al considerar que sus actuaciones no vulneraron los derechos fundamentales a la igualdad, la libertad de cultos y de conciencia, ni los principios de laicidad y neutralidad religiosa del Estado colombiano.
La acción fue presentada por Román Camilo Díaz Fernández contra la Presidencia de la República y los ministerios del Interior y de las Culturas, las Artes y los Saberes. El ciudadano cuestionó la coronación de la imagen de la Virgen de Fátima durante la Gran Velatón por Colombia, realizada en homenaje a las víctimas del terremoto del pasado 10 de agosto. También cuestionó los recursos destinados a la producción técnica y artística del evento, cuyo valor ascendió a 326 millones 407 mil 833 pesos, mediante el Convenio de Asociación 0958 de 2026, suscrito entre el Ministerio de las Culturas y la Corporación de Desarrollo Social Élite. Esta última contrató a la empresa 10 Audio S.A.S. para ejecutar dichos servicios.
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También puso en consideración las visitas del mandatario a la Sinagoga Bet-El de Barranquilla y al Centro Israelita de Bogotá, el uso de la kipá y las expresiones de contenido religioso que ha utilizado en sus intervenciones públicas, como “¡Viva Cristo Rey!”.
En su decisión, la Sección Quinta del Consejo de Estado consideró que las manifestaciones religiosas del presidente están amparadas por sus derechos individuales a la libertad de conciencia, de cultos y de expresión, siempre que no se traduzcan en actuaciones institucionales orientadas a imponer o privilegiar una creencia.
¿Qué argumentó el Consejo de Estado?
Sobre la Gran Velatón por Colombia, el tribunal tuvo en cuenta que la actividad tenía una finalidad secular relacionada con la solidaridad y el acompañamiento a las víctimas del terremoto. Además, concluyó que los recursos destinados a su producción técnica y artística no estaban dirigidos a financiar un acto de culto.
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Frente a la visita del mandatario a la comunidad judía, consideró que su presencia respondía a un acompañamiento institucional y a una política de acercamiento diplomático entre Colombia e Israel, sin que esto representara un favorecimiento de esa confesión religiosa.
Mientras tanto, sobre el uso de frases como “¡Viva Cristo Rey!”, el alto tribunal señaló que pertenece al ámbito de la libertad individual de conciencia de los servidores públicos como ciudadanos, siempre que no empleen el aparato coercitivo del Estado para imponer creencias.
El Consejo de Estado estableció que, como Presidente de la República, no vulneré los derechos fundamentales a la igualdad, la libertad de cultos y de conciencia, ni los principios de laicidad y neutralidad religiosa del Estado.
— Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) November 14, 2026
Mi fe es parte de mis convicciones personales y el… https://t.co/tgiV9Djc15
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¿Qué respondió el presidente?
Tras conocerse la decisión, el presidente Abelardo De La Espriella se pronunció a través de su cuenta de X, donde aseguró que el Consejo de Estado estableció que, en el ejercicio de su cargo, no vulneró los derechos fundamentales a la igualdad, la libertad de cultos y de conciencia, ni los principios de laicidad y neutralidad religiosa.
“Mi fe es parte de mis convicciones personales y el respeto por las creencias de todos los colombianos es un deber constitucional”, escribió el mandatario.
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También señaló que Colombia es un Estado laico en el que deben garantizarse la libertad religiosa y la libertad de conciencia para todos los ciudadanos, sin discriminación.
¿Cuál fue la decisión frente a los ministerios de Cultura y del Interior?
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En el caso del Ministerio de las Culturas, Fernández había presentado un derecho de petición el 14 de septiembre de 2026, en el que solicitó explicaciones sobre la participación institucional en la Gran Velatón, la destinación de recursos públicos para su organización y la compatibilidad de estas actuaciones con el principio de laicidad del Estado. También pidió medidas correctivas, entre ellas, el retiro de publicaciones oficiales relacionadas con la procesión religiosa.
El Ministerio respondió mediante un oficio del 30 de septiembre de 2026. En ese documento explicó que no existía una intención institucional de promover una creencia religiosa y que su participación correspondía al acompañamiento y registro informativo de una actividad pública. Además, entregó información sobre los recursos destinados a la producción técnica y artística del evento.
No obstante, el Consejo de Estado encontró que no existía constancia de que esa respuesta hubiera sido notificada al correo electrónico suministrado por el ciudadano. Por esta razón, amparó su derecho fundamental de petición y ordenó al Ministerio enviarle el contenido del oficio en un plazo de 48 horas, contadas a partir de la notificación del fallo.
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Por otra parte, frente al Ministerio del Interior, el accionante había presentado un derecho de petición el 29 de agosto de 2026, con nueve preguntas relacionadas con las garantías de igualdad entre las distintas confesiones religiosas y las personas que no profesan ninguna creencia. Al considerar que no había recibido respuesta, acudió a la tutela.
Sin embargo, el Consejo de Estado encontró que el Ministerio había contestado la solicitud el 13 de octubre y que el ciudadano ya había presentado otra acción de tutela por los mismos hechos ante el Juzgado Treinta y Seis de Familia de Bogotá. Por ello, mediante una decisión del 23 de octubre, se declaró la carencia actual de objeto por hecho superado, al comprobar que la entidad había respondido y notificado la petición.
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Por esta razón, el alto tribunal consideró que el accionante intentó someter nuevamente a estudio una controversia que ya había sido resuelta y declaró temeraria la acción de tutela en lo relacionado con el Ministerio del Interior.