La Defensoría del Pueblo advirtió sobre el riesgo de expansión hacia el norte de Casanare de los enfrentamientos entre el ELN y las disidencias de las FARC que se registran en Arauca. A través de la Alerta Temprana 027 de 2026, la entidad identificó un nivel de riesgo alto por la confrontación entre el Frente 28, apoyado por el Frente 10 de las disidencias al mando de alias ‘Iván Mordisco’, y el Frente Adonay Ardila Pinilla del ELN.
Los municipios de La Salina, Sácama y Támara concentran las principales alertas, especialmente para las comunidades del resguardo indígena Chaparral Barronegro, del pueblo U'wa. La Defensoría también advierte sobre una posible expansión de la confrontación hacia Hato Corozal, particularmente en las veredas Puente Casanare, Las Tapias y Guayureme.
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Detrás de esta disputa está el control de los corredores del Piedemonte Llanero, que conectan a Casanare con Arauca y Boyacá. Según el organismo, las disidencias han comenzado a establecer campamentos, imponer los llamados ‘manuales de convivencia’ y cobrar contribuciones mediante códigos QR. El ELN, por su parte, ejerce control a través de retenes ilegales, registros casa a casa y revisiones de teléfonos celulares. A este grupo también se le atribuyen prácticas como secuestros, desapariciones forzadas y cobros extorsivos a comerciantes.
La población más expuesta es la indígena U'wa y las comunidades campesinas, que podrían enfrentar restricciones a la movilidad, confinamientos, extorsiones y accidentes con minas antipersonal. La alerta también advierte sobre el riesgo de reclutamiento forzado de niñas, niños y adolescentes, así como de su utilización en labores de inteligencia y logística por parte de los grupos armados.
A esta situación se suman las amenazas contra líderes sociales y comunales, firmantes del Acuerdo de Paz, mujeres rurales y personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas. También están en riesgo funcionarios públicos, entre ellos alcaldes, concejales y personeros, quienes, según la Defensoría, estarían siendo obligados a acudir a campamentos de los grupos armados.
El organismo advierte que, si no se adoptan medidas preventivas, podrían aumentar los homicidios selectivos y colectivos, el reclutamiento de menores, la instalación de artefactos explosivos y las extorsiones contra proyectos energéticos, cafeteros y ganaderos. También alerta sobre posibles secuestros y agresiones contra personas señaladas de colaborar con las disidencias o con la fuerza pública.
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Para prevenir estos escenarios, la entidad formuló 28 recomendaciones dirigidas a autoridades nacionales, departamentales y municipales, distribuidas en ocho ejes de acción. Entre ellos están la coordinación de una respuesta rápida, la prevención y protección de las comunidades, la investigación de los hechos, la asistencia humanitaria y el fortalecimiento de las organizaciones sociales. De las 28 recomendaciones, 11 están enfocadas específicamente en prevención y protección.