Un documento conocido por Blu Radio en respuesta a una serie de preguntas hechas por el ministro de Defensa, Iván Velásquez, muestra la evolución en integrantes y presencia en veredas que han tenido el ELN y las disidencias de las Farc en los últimos años, con base en la ACCAM, un documento de inteligencia que se utiliza para evaluar las capacidades de los grupos criminales que representan una amenaza a la seguridad nacional de Colombia.
A la solicitud de información de los últimos siete informes de inteligencia sobre todos los grupos armados organizados presentes en el departamento de Norte de Santander, desagregando la presencia de estos en los 11 municipios del Catatumbo y la evolución en el número de sus hombres y veredas de presencia, el documento resalta que, entre el ACCAM 38 y el ACCAM 43, el ELN ha pasado de tener 1.671 integrantes a 1946, mientras que las disidencias de las Farc pasaron de tener 195 integrantes en esa zona del país a 285.
Sin embargo, según fuentes de inteligencia, este número pudo haber incrementado incluso aún más en las primeras cuatro semanas de 2025, si se tiene en cuenta que hubo una posible movilización de delincuentes desde otras zonas del país, como el departamento de Arauca, al Catatumbo, para recrudecer los enfrentamientos y la violencia entre el ELN y las disidencias.
El informe deja ver también que las confrontaciones entre estos dos grupos terroristas tuvieron inicio a comienzos de este año, si se tiene en cuenta que desde 2022 a 2024 no se registraron confrontaciones armadas entre el ELN y las disidencias, ya que en ese periodo de tiempo se observa una coexistencia criminal.
Publicidad
Sobre información de inteligencia relacionada con los mecanismos actividades de financiación de estos los grupos terroristas , el informe enviado al ministro de Defensa destaca que en ese departamento las principales fuentes de financiación son el narcotráfico, la extracción ilícita de yacimientos mineros, el contrabando, el secuestro, y la extorsión a todos los gremios económicos como palmicultores, ganaderos, comerciantes y sector petrolero, así como a los actores ilegales en ambos lados de la frontera.