En los últimos días, la Fiscalía puso en evidencia una presunta red de corrupción en la Rama Judicial, en la que estarían involucrados los exmagistrados de la Corte Suprema de Justicia Leonidas Bustos, Camilo Tarquino y Francisco José Ricaurte, los cuales habrían recibido coimas para beneficiar algunos procesos.
Allí, según conversaciones en poder de la DEA que fueron suministradas a autoridades colombianas, aparecen además los nombres de los senadores Hernán Andrade (Partido Conservador) y Musa Besaile (La U), así como el exgobernador de Antioquia, Luis Alfredo Ramos, clientes del cuestionado abogado y exfiscal anticorrupción, Luis Gustavo Moreno.
La Revista Semanarevela en su más reciente edición, un documento en el cual quedaría evidenciado que en el caso de Andrade, la Corte hizo una ‘voltereta’ en cuestión de 12 meses, pese a que había serios soportes sobre su responsabilidad en tres delitos, producto de un préstamo que recibió del cerebro del desfalco a Cajanal.
Se trata del auto de resolución del 28 de agosto de 2013, en el cual el Alto Tribunal manifestó que, tras cinco años de investigaciones, habría pruebas sólidas, según las cuales “muy probablemente Andrade había cometido los delitos de enriquecimiento ilícito, fraude procesal y falsedad en documento privado”.
El artículo anota que conforme a las pruebas en poder de la Corte, se podría concluir que el hoy director del Partido Conservador “al recibir 250 millones de pesos en efectivo en vísperas de las elecciones, habría incurrido en varios delitos”.
Lo anterior, teniendo en cuenta que el origen de esos recursos era ilícito, ya que Armando Cabrera Polanco había sido condenado, en dos instancias, por desfalcar a Cajanal en más de 22.000 millones de pesos. Y es que el CTI encontró en un allanamiento a Cabrera recibos en los que aparecía el nombre del parlamentario huilense en los que “apenas aparecían los datos básicos de nombre, monto y la firma”.
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Más grave aún, es que habría evidencias de que el dinero pudo llegar a Andrade sin ser reportado en sus gastos de campaña ni declaración de renta, es decir, por debajo de la mesa. Incluso, aportantes a su campaña no tendrían el patrimonio para hacer aportes de hasta 100 millones de pesos, tema que Andrade sustentó en que no tenían dinero en sus cuentas bancarias “por la inseguridad en Huila, que habría hecho común que la gente guardara tales montos en efectivo en sus casas”.
Son múltiples las inconsistencias que cita la publicación sobre las pruebas que comprometerían al congresista con este caso, el cual, al final fue resuelto a su favor.
Y es que solo un año después, y con todas las evidencias mencionadas, la Sala Penal de la Corte “hizo una reflexión más depurada y emitió un fallo que exoneró a Andrade. La Corte, contrariando sus propias pruebas y la valoración inicial de estas, precluyó uno tras otro los tres delitos por los que el senador estuvo encausado, justo cuando su abogado Gustavo Moreno, se hizo cargo de su defensa”.
Blu Radio ha intentado comunicarse con el parlamentario, sin que hasta el momento haya logrado respuesta.
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