El documento plantea que el país enfrenta un momento decisivo entre profundizar la incertidumbre o avanzar hacia un modelo de gobierno enfocado en resultados concretos y justamente presentan su alianza como una apuesta por la estabilidad institucional y la ejecución de políticas públicas.
“Esta articulación responde a la decisión responsable de impulsar una alianza basada en propuestas concretas, orientadas a resolver los problemas reales de los colombianos, y a avanzar en la construcción de soluciones desde lo programático. Colombia necesita que sus clases menos favorecidas salgan de la pobreza, llegó el momento de acabar con las promesas y de una verdadera y profunda inversión social”, dice el comunicado del Partido.
Uno de los ejes principales del acuerdo es la defensa de la Constitución de 1991, con un rechazo explícito a la convocatoria de una asamblea constituyente. Según el texto, este marco jurídico sigue siendo la base para garantizar derechos y promover cambios estructurales. En esa línea, también se propone fortalecer la independencia judicial mediante mayor financiación, modernización tecnológica y mecanismos que permitan reducir la congestión en los despachos.
En materia social, el acuerdo pone énfasis en una reforma al sistema de salud pero centrada en el paciente. Las propuestas incluyen ampliar la atención domiciliaria, impulsar la telemedicina y digitalizar la historia clínica.
“No se puede declarar al médico privado como enemigo y se debe profundizar en los avances tecnológicos. Atención domiciliaria, telemedicina, historia clínica digital, y pagos por resultados son principios rectores de la reforma. Menos filas, más soluciones”, detalla el documento.
A esto se suma un paquete de medidas económicas orientadas a aliviar la carga sobre la población, como limitar el aumento del impuesto predial, revisar avalúos catastrales y reformar el sistema de seguros obligatorios de tránsito.
“Todo empieza por siempre respetar los jueces y sus fallos, la autonomía de los jueces es la principal defensa de nuestra libertad. Reconociendo la importancia de resolver los problemas de congestión carcelaria, pero se debe fortalecer la transformación tecnológica de la justicia y los mecanismos alternativos de resolución de conflictos. La descongestión judicial es una prioridad”, agregaron.
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La seguridad ocupa un lugar central dentro del programa. El acuerdo plantea retomar el control territorial frente al narcotráfico y las organizaciones criminales mediante el fortalecimiento de la cooperación internacional y el uso de nuevas tecnologías. La propuesta busca evitar que regiones del país queden bajo influencia de actores ilegales, al tiempo que se refuerza la autoridad del Estado.
En el frente económico, el documento destaca la reconstrucción actual de Venezuela como una oportunidad estratégica para Colombia. La idea es impulsar el aparato productivo nacional a través de créditos, mejoras logísticas y ajustes regulatorios que faciliten la integración regional.
Paralelamente, se propone una transición energética que combine sostenibilidad ambiental con viabilidad económica, permitiendo la explotación de hidrocarburos bajo esquemas de compensación ambiental para evitar aumentos en los costos energéticos.
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“Colombia debe liderar la transición energética pero que tenga consciencia social. Para no tener elevados costos de gasolina y facturar energéticas (con énfasis en la región caribe), se deben explotar los hidrocarburos ermitiendo que hagan compensación ambiental.
Finalmente, el acuerdo plantea avanzar hacia una descentralización diferenciada que otorgue mayores capacidades a las regiones, así como promover la biodiversidad como un activo económico en colaboración con comunidades locales.
Todo esto se enmarca en una visión de Estado que prioriza la eficiencia y los resultados por encima de la confrontación ideológica.
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