El segundo informe de seguimiento al compromiso por un proceso electoral libre y en paz en Colombia de la Defensoría del Pueblo evaluó el comportamiento de las 13 candidaturas presidenciales oficialmente inscritas para las elecciones.
De ellas, siete suscribieron el compromiso. Iván Cepeda Castro, Luis Gilberto Murillo, Mauricio Lizcano Arango, Roy Barreras Montealegre, Sergio Fajardo Valderrama, Sandra Macollins Garvin Pinto y Luis Pérez Hernández.
En contraste, seis candidaturas no lo firmaron. Paloma Valencia, Abelardo De La Espriella Otero, Miguel Uribe Londoño, Carlos Caicedo Omar, Gustavo Matamoros Camacho y Santiago Botero Jaramillo. Esto significa que el 53,8% de las candidaturas sí suscribieron el compromiso, mientras el 46,2% no lo hicieron.
Uno de los hallazgos más delicados del informe está relacionado con el debate plural y democrático, que agrupa los puntos sobre lenguaje constructivo y difusión de información veraz. Ese bloque obtuvo apenas un 11,7% de cumplimiento o alineación, ubicándose en nivel crítico y convirtiéndose en el peor resultado de toda la medición.
Según el documento, el punto relacionado con promover lenguaje constructivo y eliminar la estigmatización alcanzó solo un 14,1%, mientras que el relacionado con garantizar la difusión de información veraz llegó apenas al 3,8%, ambos en nivel crítico.
La Defensoría advirtió que, durante el periodo analizado, aumentaron los discursos con descalificaciones personales, etiquetas estigmatizantes y acusaciones sin respaldo verificable. Además, señaló que parte de la confrontación política dejó de centrarse en propuestas programáticas y pasó a enfocarse en ataques personales o señalamientos que asocian a adversarios con prácticas ilegales o actores criminales.
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“Este punto muestra que algunos de los intercambios entre las candidaturas no se centran en una discusión programática, sino que se desplazan con frecuencia hacia la deslegitimación personal o de todo un grupo político. Lo anterior implica la construcción de una polarización discursiva”, señala el informe.
El informe también alertó sobre la circulación de afirmaciones no verificadas relacionadas con supuestos delitos electorales, alianzas con grupos armados o capturas institucionales, presentadas en algunos casos como certezas pese a no contar con pruebas contrastables.
“Disminuyeron los niveles de cumplimiento de asuntos relacionados con la incorporación de protocolos para atender la violencia política, especialmente la violencia contra las mujeres en la política, y el respeto a manifestaciones y protestas pacíficas”, agregó la defensora del Pueblo, Iris Marín.
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En términos generales, el nivel promedio de cumplimiento y alineación de todas las candidaturas fue de 58,3%, lo que corresponde a un nivel medio. Sin embargo, la cifra representa un deterioro frente al primer periodo de seguimiento, cuando el promedio había sido del 70,9%.
Al hacer la diferencia entre quienes firmaron y quienes no firmaron el compromiso, las candidaturas suscriptoras aumentaron su nivel de cumplimiento de 81,7% a 86,4%, manteniéndose en nivel alto. Por el contrario, las candidaturas no suscriptoras descendieron de 56,4% a 40,2%, pasando de un nivel medio a uno bajo.
Entre los puntos con mejores resultados aparecen la defensa de la democracia, con un 98,7%; el reconocimiento de la juventud, con 100%; y el diálogo como compromiso democrático, con 97,6%. También obtuvieron niveles altos el respeto a las instituciones y las reglas del ordenamiento jurídico, con 81,5%, y la defensa de la vida, con 79,9%.
En contraste, además de los resultados críticos en lenguaje y desinformación, el punto relacionado con adoptar una política de no violencia registró un 33,3%, mientras que el apoyo y respeto a las manifestaciones pacíficas obtuvo un 43,8%, ambos en nivel bajo.
La Defensoría concluyó haciendo un llamado a las candidaturas a ejercer su libertad de expresión con responsabilidad, abstenerse de realizar señalamientos infundados y promover un lenguaje respetuoso que contribuya a un debate democrático informado y libre de estigmatización.
“Insistimos en la necesidad de avanzar en acciones concretas para prevenir la violencia política y fortalecer las garantías democráticas durante esta campaña presidencial. Esto incluye protocolos, estrategias pedagógicas y mecanismos de prevención frente a expresiones discriminatorias, prácticas estigmatizantes y violencias”, concluyó Marín.
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