Un grupo de 36 reconocidos juristas, exmagistrados y académicos del derecho en Colombia abrió un debate constitucional al advertir que la nacionalidad estadounidense del candidato presidencial Abelardo De La Espriella podría representar una incompatibilidad para ejercer la Presidencia de la República en caso de resultar elegido.
La discusión surgió tras la publicación de un comunicado firmado por destacados abogados y expertos en derecho constitucional, quienes sostienen que el problema no radica en la doble nacionalidad en sí misma, sino en los compromisos jurídicos adquiridos mediante el juramento exigido por Estados Unidos para otorgar la ciudadanía a extranjeros.
En entrevista con Néstor Morales, en Mañanas Blu, el constitucionalista Ramiro Bejarano, uno de los firmantes del documento, explicó los fundamentos de esta posición y aclaró que se trata de una interpretación jurídica sin precedentes en la historia política reciente del país.
La doble nacionalidad no sería el problema
Bejarano fue enfático al señalar que la Constitución colombiana no prohíbe que una persona con doble nacionalidad aspire a la Presidencia.
“El hecho de tener doble nacionalidad no le impide a nadie por sí mismo que esa persona ocupe la Presidencia de la República”, afirmó el jurista. Sin embargo, explicó que no todas las dobles nacionalidades generan las mismas consecuencias jurídicas. Según su análisis, mientras la nacionalidad italiana —que también posee De La Espriella— no implica conflictos de lealtad con Colombia, la ciudadanía estadounidense sí podría plantear interrogantes debido al juramento que exige ese país durante el proceso de naturalización.
De acuerdo con Bejarano, dicho juramento incluye compromisos explícitos de lealtad hacia Estados Unidos, así como la obligación de defender su Constitución y sus leyes: “La persona renuncia en forma absoluta a toda lealtad y fidelidad hacia Colombia. Ese juramento implica la adquisición de obligaciones positivas frente a Estados Unidos”, sostuvo.
¿Una incompatibilidad para ejercer la Presidencia?
El núcleo del debate se encuentra en la posibilidad de que esos compromisos adquiridos con Estados Unidos entren en conflicto con las obligaciones constitucionales que tendría un presidente colombiano.
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Para Bejarano, el asunto no corresponde a una inhabilidad electoral tradicional ni a un conflicto de intereses convencional, sino a una posible incompatibilidad sobreviniente derivada de la naturaleza del juramento estadounidense.
“Las obligaciones que adquiere el ciudadano colombiano que se nacionaliza con el país que lo acoge eventualmente pueden reñir con el ejercicio de las funciones que él debe desarrollar como presidente de Colombia”, explicó. El constitucionalista reconoció que la Carta Política establece claramente los requisitos para ser presidente —ser colombiano por nacimiento, ciudadano en ejercicio y mayor de 30 años— y que tampoco contempla la doble nacionalidad como una prohibición.
No obstante, argumentó que el análisis debe extenderse más allá del texto constitucional para examinar las obligaciones jurídicas que surgen de la nacionalización estadounidense.
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Un debate sin precedentes en Colombia
Durante la entrevista, Bejarano admitió que no existe una norma específica que prohíba la elección de una persona en estas circunstancias ni antecedentes conocidos de un presidente colombiano que haya sido ciudadano estadounidense naturalizado.
“No hay una norma que diga lo que yo le estoy diciendo. Obviamente, la incompatibilidad surge como consecuencia de las obligaciones que adquiere ese colombiano cuando es nacionalizado americano”, señaló. Precisamente por la ausencia de antecedentes, el debate se perfila como una discusión jurídica novedosa que podría terminar siendo resuelta por las altas cortes si llegara a materializarse el escenario planteado.
La controversia también recordó casos anteriores como el del excandidato presidencial y exalcalde de Bogotá Enrique Peñalosa, quien en su momento renunció a la ciudadanía estadounidense. Asimismo, se mencionó el caso del actual embajador y exministro Luis Gilberto Murillo, quien también dejó esa nacionalidad para asumir determinadas responsabilidades públicas.
El eventual papel del Consejo de Estado
Uno de los escenarios planteados durante la conversación fue qué ocurriría si De La Espriella ganara las elecciones sin renunciar previamente a su ciudadanía estadounidense. Según Bejarano, podría abrirse la puerta a una acción de nulidad electoral ante el Consejo de Estado.
“No faltará quien diga que la elección es nula, porque en presencia de esa incompatibilidad no podía ser elegido presidente de la República”, manifestó. El abogado explicó que, una vez declarada una elección presidencial, cualquier demanda de nulidad debería tramitarse ante la Sección Quinta del Consejo de Estado dentro de los plazos legales establecidos.
Además, planteó una interrogante que, de llegar a presentarse el caso, tendría que ser resuelta por la jurisprudencia: si una eventual renuncia posterior a la ciudadanía estadounidense sería suficiente para corregir o no el supuesto vicio jurídico.
Debate jurídico y repercusiones políticas
Aunque los firmantes del comunicado sostienen que su pronunciamiento responde exclusivamente a consideraciones jurídicas, Bejarano reconoció que la discusión inevitablemente tiene repercusiones políticas en medio de una campaña presidencial.
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“Sería ingenuo decir que nadie ha pensado en que eso tendría consecuencias políticas”, reconoció, aunque insistió en que la iniciativa no responde al respaldo de ninguna candidatura. Mientras tanto, expertos consultados en Estados Unidos han señalado que la legislación de ese país no obliga a un ciudadano estadounidense a renunciar a su nacionalidad por asumir cargos públicos en otra nación, lo que añade nuevos elementos a una discusión que apenas comienza.
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