Firmas cuestionan proyecto de ley que regula encuestas políticas en Colombia

Luego de que se conociera el proyecto de ley que transforma las reglas para realizar encuestas políticas en el país, las principales firmas encuestadoras aseguraron que esta iniciativa no cumple con los estándares necesarios y sí vulnera el derecho a la información. En una carta firmada por el gerente de Invamer, el gerente de Yanhaas y el presidente del Centro Nacional de Consultoría, los organismos cuestionaron el alcance de una medida de este tipo.“Las organizaciones y movimientos políticos se valen de ellas para medir el grado de conocimiento, aceptación y eventual intención de voto con la que cuentan potenciales candidatos. Prohibirle a un potencial candidato a la presidencia de Colombia, a la gobernación de un departamento o a la alcaldía de un municipio, a sus movimientos políticos y estrategas, y a los electores, el acceso a las encuestas para tomar decisiones es como pedirle a un conductor que apague las luces para conducir por la noche”, dice el comunicado.Cabe recordar que este proyecto trae consigo varios cambios importantes entre los que se encuentra la limitación temporal para publicar encuestas (reducida a apenas tres meses antes de inscripciones), que el Consejo Nacional Electoral se convierta en juez y parte, pues regula, audita, sanciona y custodia los datos, y que ahora las firmas están obligadas a adoptar sistemas de ciberseguridad avanzados.Adicional a lo anterior, la ley contempla la anulación automática de encuestas si se incumplen requisitos formales, como el orden de las preguntas o la firma de los responsables de la encuesta. Esto podría ser usado para impugnaciones estratégicas o como mecanismo de censura indirecta.Por lo mismo, las firmas encuestadoras expusieron una serie de argumentos en las que cuestionan el alcance del proyecto de ley, que está para sanción presidencial:La restricción en la publicación de encuestas serias hará que proliferen en redes sociales resultados de encuestas o sondeos sin ningún respaldo técnico, que lo único que harán es generar mayor confusión.Lo que propone la nueva ley es intromisión sin sentido del Estado en el ejercicio de una profesión, marchitando un mercado, afectando empleos y reduciendo al ciudadano la posibilidad de escogencia.Las exigencias en tamaños muestrales que propone la ley, sobre todo al especificar la selección “forzosa de ciertos municipios” lo cual va en contra de la selección probabilística, hace que muchos posibles candidatos, movimientos políticos y medios de comunicación no puedan hacer uso de las mismas.Por último, atenta también el proyecto ley contra la protección de datos personales de los encuestados, porque, aunque no exige entregar en la Data el nombre del encuestado, sí exige entregar información privada como lo es su número telefónico o dirección, estrato socio económico, edad, género, estado civil, y todos aquellos datos socio demográficos que hacen parte de las preguntas en una encuesta de intención de voto.Teniendo en cuenta todo lo anterior, las firmas encuestadoras pidieron al presidente Petro que objete este proyecto de ley y no firme una iniciativa que está a una letra de ser una realidad.