Exregistrador Alfonso Portela sobre nueva ley: "Encuestas estaban en mora de ser reguladas"

El exregistrador delegado para lo electoral, Alfonso Portela, se refirió en entrevista con Sala de Prensa a la reciente ley que regula encuestas de intención de voto en Colombia. Para Portela, la medida era necesaria y responde a una creciente desconfianza ciudadana frente a este mecanismo de medición política. “Las encuestas estaban en mora de ser reguladas”, afirmó categóricamente, al tiempo que defendió la decisión legislativa de limitar su publicación a un período que comienza tres meses antes del inicio de inscripciones de candidaturas.La nueva norma, que ha generado una intensa polémica en los círculos políticos y mediáticos del país, prohíbe divulgar encuestas electorales antes de ese periodo, lo que en términos prácticos significa que solo podrán difundirse desde siete meses antes de la jornada electoral.Portela, quien también fue parte de la firma encuestadora Guarumo, alertó sobre la proliferación de encuestas sin el debido rigor técnico, fenómeno que habría contribuido a la pérdida de confianza ciudadana. “Ya estábamos metiéndonos en un tema de encuestatitis”, explicó. Según él, muchas de las encuestas publicadas no aclaraban que la mayoría de los electores aún no habían tomado una decisión de voto, lo que distorsionaba la percepción pública.“No es suficiente calificar un país cuando el 90 o el 95% del electorado aún no ha tomado una decisión”, argumentó, señalando que lo correcto sería informar que las cifras corresponden solo a un pequeño porcentaje de la población votante.Frente a las críticas que apuntan a una supuesta “mordaza estadística”, Portela aclaró que no se trata de una censura, sino de una regulación necesaria para ordenar el debate electoral y reducir la saturación mediática. “Yo creo que el tiempo de siete meses es más que generoso para hacer mediciones responsables”, sostuvo.Esto contrasta con la opinión de Víctor Muñoz, cofundador de Guarumo, quien calificó la medida como una restricción que afectaría a candidatos nuevos y outsiders. Según Muñoz, la ley favorecería a figuras políticas ya posicionadas al reducir el margen de maniobra de las campañas emergentes.Portela matizó esta preocupación, admitiendo que “económicamente es complejo” cumplir con las exigencias técnicas de la norma, especialmente para firmas pequeñas. Sin embargo, insistió en que la intención de la ley es filtrar las mediciones sin sustento técnico y devolverle legitimidad a las que sí cumplen con los estándares metodológicos.Uno de los puntos más debatidos de la ley es el cambio en la metodología de las encuestas. Portela explicó que con las nuevas exigencias, los estudios presenciales —por su alto costo— serán cada vez menos frecuentes, mientras que las encuestas telefónicas ganarán terreno. No obstante, advirtió que incluso estos métodos deben cumplir con normas de protección de datos y rigurosidad estadística.“La encuesta presencial va a valer una tonelada de plata”, sentenció, y agregó que “quien quiera hacer una encuesta seria deberá invertir recursos significativos y aplicar estándares claros”.