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Una fuerte polémica desató la revelación de que, en los últimos días de la legislatura, el Congreso aprobó de forma discreta un proyecto de ley de autoría de congresistas de diferentes partidos y que establece un revolcón en la forma como se regula la realización de encuestas y sondeos de opinión en Colombia.
La mayor sorpresa se dio porque la ley se habría aprobado sin haber tenido en cuenta en su construcción a las firmas encuestadoras debidamente registradas en el país, ya que, de ser sancionada, la ley se establecerían mayores restricciones que, a consideración de varios representantes del gremio, afectarían la realización de estudios de opinión y de intención de voto en Colombia.
Para Pablo Lemoine, presidente del Centro Nacional de Consultoría (CNC), la ley que está a punto de entrar en vigencia tiene varios problemas, entre ellos la afectación de un derecho fundamental, la libertad de expresión, por lo que la ley de entrada ya estaría viciada constitucionalmente al haber sido tramitada como ley ordinaria y no estatutaria, adicionalmente de otras restricciones que contiene el articulado.
“Nos plantea la restricción a la encuesta de intención de voto tres meses antes de que los candidatos se inscriban. Tres meses no es suficiente para que las candidaturas tomen decisiones y evalúen. Establecer una campaña toma mucho más de tres meses y entonces restringirlo a solo tres meses termina dando poder no a las personas sino a unos políticos”, explicó Lemoine.
Otro aspecto tiene que ver con la determinación de las personas que podrían hacer parte de la medición, ya que la norma no deja claro cuáles serían los criterios para seleccionar a estas personas y candidatos, más allá de cierto nivel de reconocimiento público manifiesto o que hayan participado en elecciones anteriores.
“Nos preocupa también la exigencia de la ley en torno a los tamaños de la muestra. Eso termina ocasionando que no pueda haber sino muestras grandes. Y aquellos que tengan grandes presupuestos, eso no permite llevar la opinión pública, la medición de la opinión pública a los pequeños”, apuntó Lemoine.
Otra de las preocupaciones tiene que ver con la ambiguedad que genera la ley, ya que la restricción de tres meses es entendida por algunas personas solamente para la divulgación de estudios de opinión, los expertos y encuestadores manifiestan que se restringe la realización de estos estudios cuantitativos incluso de forma interna para candidatos, partidos o tomadores de decisión.
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“En el pasado nos han preguntado, digamos, y hemos expuesto nuestras preocupaciones. En este proceso, y eso quiero dejarlo muy claro, fue sorpresivo para todo el gremio cuando surgieron estas normas. No fue sorpresivo el esfuerzo de Rodrigo Lara y en ese momento expresamos nuestras preocupaciones, sin que eso significara un acuerdo. Nuevamente las estamos expresando ahora (las preocupaciones) y no fuimos tomados en cuenta en esta ocasión”, afirmó el presidente del CNC.
Lemoine aseguró que, aunque esta ley los tomó por sorpresa, ya se están organizando con los representantes del gremio para tomar acciones jurídicas si la norma es sancionada por el presidente Petro.
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