“Ley que regula encuestas políticas es una censura”: gerente de Invamer

La reciente aprobación en el Congreso de una ley que regula la publicación de encuestas políticas ha encendido las alarmas entre las principales firmas encuestadoras del país. Martín Orozco, gerente de Invamer, una de las casas encuestadoras más reconocidas y tradicionales de Colombia, calificó la norma como “una forma de censura directa” y advirtió que pone en riesgo derechos fundamentales como la libertad de prensa, el derecho a la información y el habeas data.“La ley tiene demasiados problemas. Pero para resumirlos todos, en una palabra: censura”, afirmó Orozco en entrevista con Blu Radio. Publicación limitada y criterios ambiguos: "Un bozal electoral"Una de las principales restricciones impuestas por esta nueva normativa es que las encuestadoras no podrán publicar estudios de intención de voto sino hasta el 1 de noviembre, tres meses antes de la fecha límite para la inscripción de candidatos presidenciales (31 de enero). Esta disposición aplica incluso si los precandidatos ya se encuentran en campaña o posicionados públicamente.Para Orozco, esta limitación genera un vacío informativo durante un periodo crítico del calendario electoral. “Antes del 1 de noviembre la gente no va a tener cómo saber cómo van las preferencias electorales, y los medios no van a tener cómo comunicarle eso a la ciudadanía”, explicó.La ley también impone un criterio vago y problemático al permitir encuestas solo sobre candidatos con “favorabilidad manifiesta”, un concepto que no está claramente definido y que podría excluir a figuras emergentes del debate público. “Es un término subjetivo. ¿Qué significa eso? Nadie sabe. ¿Un candidato con alta desfavorabilidad entra en esa categoría?”, se preguntó Orozco.Implicaciones para el trabajo de campo y la industria encuestadoraLa nueva legislación también ordena a las encuestadoras entregar al Consejo Nacional Electoral (CNE) información detallada como microdatos, grabaciones, y formularios originales, lo que ha sido interpretado como una violación al habeas data y a los principios de confidencialidad de los encuestados.“Nos obligan a entregar respuestas individuales de los encuestados, incluyendo su estrato, edad y municipio, aunque no se incluya el nombre. Eso, a mi modo de ver, es una violación a la ley de protección de datos”, denunció el directivo. Además, el proceso amenaza la propiedad intelectual de las firmas, al exigir la entrega del código computacional utilizado para procesar los datos. Consecuencias económicas y políticas de la nueva leyAdemás del impacto en el derecho a la información, Orozco advierte sobre los efectos colaterales de esta medida en términos laborales y democráticos. “Los encuestadores no van a tener trabajo sino hasta después del 1 de noviembre. Es decir, paralizan un sector entero”, dijo.También cuestionó que la ley sea fiscalizada por auditores designados por el CNE, una autoridad con intereses políticos: “¿Cómo va a ser independiente una auditoría hecha por el mismo ente que está dentro del mundo político? Serían juez y parte”.