“CNE no puede fingir obediencia mientras desconoce fallo sobre presidente”: magistrada Velásquez
La magistrada del CNE se pronuncia luego de que la Corte Constitucional declarara incompetente al Consejo Nacional Electoral para investigar al presidente
La magistrada del Consejo Nacional Electoral (CNE) Alba Lucía Velásquez criticó la manera en que el organismo al que pertenece ha respondido al reciente fallo de la Corte Constitucional, que determinó que el CNE no tiene competencia para investigar al presidente Gustavo Petro por supuestas irregularidades en su campaña presidencial de 2022.
“El respeto al orden constitucional no es retórico ni opcional, es el mínimo exigible en democracia”, afirmó la magistrada durante una entrevista en Mañanas Blu con Néstor Morales, dejando claro que, en su criterio, el Consejo Electoral está evadiendo el cumplimiento del fallo.
No se puede decir que se acata un fallo judicial y al mismo tiempo continuar con una investigación que ese mismo fallo ordena suspender
añadió
CNE frente al fallo: ¿obediencia selectiva?
La controversia surgió luego de que la Corte Constitucional señalara que la competencia para investigar al presidente recae exclusivamente en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, dado su fuero constitucional. No obstante, el comunicado expedido por el presidente del CNE, Álvaro Hernán Prada, indicó que el organismo continuará investigando a otros actores de la campaña, como Ricardo Roa (exgerente), Lucy Aydee Mogollón (tesorera), y los partidos Colombia Humana y Unión Patriótica, entre otros.
Velásquez aclaró que dicho comunicado “no fue consultado con los demás magistrados” y que la postura expresada no representa al pleno del Consejo Electoral. Además, reveló que el expediente del caso aún no ha sido radicado oficialmente en sala plena, lo cual impide que se resuelvan recusaciones contra su participación en el proceso.
“El comunicado no es del Consejo Nacional Electoral, es del presidente. Nunca se nos consulta. A día de hoy, el expediente no ha sido radicado, lo tienen los instructores, el doctor Benjamín Ortiz y el doctor Álvaro Hernán Prada”, puntualizó Velásquez.
BLU Radio . Gustavo Petro hace cierre de campaña en Cali. / Foto : Suministrada Dario Totte .jpeg
La importancia del juez natural y el debido proceso
En el centro del debate está el principio constitucional del juez natural, el cual establece que una persona debe ser juzgada por la autoridad competente según su fuero. En este caso, la Corte Constitucional enfatizó que el presidente de la República sólo puede ser investigado por la Comisión de Acusaciones, no por el CNE.
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“Una de las formas como se garantiza el debido proceso es que investigue el juez competente”, explicó la magistrada, quien advirtió sobre los riesgos jurídicos y democráticos de continuar con una actuación administrativa que podría ser declarada nula por violación al fuero presidencial.
“Cuando las autoridades omiten o vulneran las reglas procesales, se corre el riesgo de que las pruebas se invaliden. Eso lacera profundamente la democracia”, agregó.
¿Impunidad para los candidatos presidenciales?
Una de las preocupaciones planteadas en el debate mediático es si esta decisión de la Corte podría abrir la puerta a una sensación de impunidad electoral en futuras contiendas presidenciales. La magistrada fue enfática en rechazar esa lectura:
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“La Corte no está diciendo que los candidatos puedan volarse los topes. Eso sería una barbaridad. Lo que dice es que, si quien los viola es el presidente, debe ser investigado por el órgano competente. Todos deben respetar las normas electorales, absolutamente todos”.
Pese a ello, la realidad política y jurídica del país deja serias dudas sobre la eficacia de la Comisión de Acusaciones, históricamente cuestionada por su inacción. En palabras del periodista Felipe Zuleta, “quien investiga al presidente es un organismo inane, inocuo, que nunca va a tomar una decisión”.
El fallo de la Corte y la reacción del CNE no sólo tienen repercusiones inmediatas para el caso Petro, sino que también proyectan efectos a largo plazo sobre el sistema electoral colombiano. Según Velásquez, el precedente sienta las bases para reforzar la garantía del debido proceso, pero también pone de relieve las debilidades institucionales para sancionar efectivamente las irregularidades en campañas presidenciales.
Este caso demuestra que las reglas existen, pero lo que falta es una aplicación seria y respetuosa del orden constitucional. Y eso incluye que los organismos del Estado no maquillen fallos ni finjan obediencia