Luis Francisco Ruiz, gobernador del Caquetá, denunció en Mañanas Blu un plan sistemático orquestado por las disidencias de las FARC para direccionar el voto de la población rural hacia un candidato específico en los próximos comicios. Según el mandatario, la libertad de los sufragantes está siendo vulnerada mediante amenazas de desplazamiento forzado y sanciones económicas.
El esquema de presión de las disidencias
De acuerdo con las declaraciones del gobernador Ruiz, la estructura ilegal responsable de estas acciones es el bloque autodenominado Jorge Suárez Briceño, al mando de alias ‘Calarcá’, con presencia activa en los frentes Rodrigo Cadete y Raúl Reyes. El mandatario asegura que el constreñimiento es una realidad documentada que abarca citaciones masivas a líderes comunales, pastores y comerciantes, a quienes se les exige entregar listas con números de cédula y nombres de los ciudadanos de sus zonas.
“Es un hecho cierto que los actores armados ilegales están constriñendo a la población en el departamento del Caquetá, específicamente en las áreas rurales, para que voten por un candidato específico”, afirmó Ruiz durante su intervención en Mañanas Blu.
El gobernador detalló que la presión incluye el requisito de presentar una fotografía del voto al salir de las urnas, bajo la amenaza de represalias directas contra quienes no cumplan con la instrucción.
Extorsiones y multas por no votar
La gravedad de la situación trasciende el proselitismo armado y se ha convertido en un mecanismo de control financiero. Según Ruiz, los grupos criminales han instaurado un régimen de multas, que oscilan entre los 150.000 y 200.000 pesos, para aquellos que no cuenten con un carné de empadronamiento obligatorio.
Más alarmante aún es la advertencia sobre la responsabilidad colectiva que pretenden imponer a las Juntas de Acción Comunal: “Si aparecen votos en algunas mesas por el candidato que ellos no están direccionando, esa junta va a tener que responder hasta por 2 millones de pesos”, señaló el gobernador.
Ministro de Defensa lo niega
Uno de los puntos más críticos de la denuncia del gobernador es la falta de articulación con el nivel central. Ruiz manifestó su frustración tras diálogos con el Ministerio de Defensa, denunciando lo que calificó como una “negación dolosa” de la realidad regional. A su juicio, las autoridades nacionales prefieren ignorar los hechos para evitar la intervención, basándose únicamente en indicadores de denuncias formales, lo cual es ineficaz dada la inseguridad que impide a los ciudadanos reportar estos delitos.
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“El que no lo reconozca es porque vive en otro mundo, de manera voluntaria o de manera dolosa”, sostuvo el mandatario departamental. Ruiz enfatizó que, aunque la Fuerza Pública mantiene presencia en los puestos de votación, esta resulta insuficiente ante las acciones de las «guardias campesinas» y otros grupos armados que, instalados en las periferias y entradas de los puestos, intimidan a los votantes para garantizar que el proceso no sea ni libre ni espontáneo.
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