La Clínica Medilaser de Florencia marcó un hito en la medicina del Caquetá al realizar, por primera vez en el departamento, un implante percutáneo de válvula aórtica, un procedimiento cardiovascular mínimamente invasivo que permite tratar determinados casos de enfermedad valvular sin necesidad de recurrir a una cirugía de corazón abierto.Según explicó Héctor Ortiz, cardiólogo intervencionista de la Clínica Medilaser y responsable de este procedimiento, la intervención consiste en implantar una válvula biológica, elaborada con tejido de origen animal, generalmente porcino o bovino, que reemplaza la función de la válvula aórtica enferma. Para ello, se introduce un catéter a través de los vasos sanguíneos hasta llegar al corazón, donde se instala la nueva válvula.Esta técnica permite tratar a pacientes con estenosis aórtica, una enfermedad que provoca el estrechamiento de la válvula y dificulta el flujo de sangre desde el corazón hacia el resto del organismo.El especialista Héctor Ortiz indicó que el primer paciente intervenido fue un hombre de 82 años, quien permaneció tres días hospitalizado y presentó una evolución favorable, sin complicaciones asociadas al procedimiento.Esta intervención representa un avance significativo en la capacidad médica del departamento y abre nuevas posibilidades para los pacientes que requieren este tipo de atención especializada. Además, podría evitar que algunas personas tengan que desplazarse hasta ciudades como Cali, Bogotá o Medellín para acceder a este procedimiento.
Un nuevo hecho de violencia sacudió al municipio de El Paujil, Caquetá. En la madrugada del lunes 12 de octubre, hombres armados habrían ingresado a una discoteca ubicada en el casco urbano y disparado contra las personas que se encontraban en el establecimiento nocturno. El ataque dejó tres hombres muertos y uno más herido.Las víctimas fueron identificadas como Franklin Fabián Collazos, de 34 años; Didier Romero Varela, de 38, y Víctor Alfonso Osorio Artunduaga, de 34 años. Se conoció que dos de ellos eran cuñados.Hasta el momento, se desconocen los motivos del ataque. Asimismo, trascendió que el establecimiento nocturno habría reabierto sus puertas este fin de semana, luego de permanecer sellado durante varios días.Las autoridades adelantan las investigaciones para esclarecer los hechos.
Las confesiones de al menos cuatro exintegrantes de las disidencias de las Farc expuestas en las audiencias concentradas fueron determinantes para identificar y ubicar a Diana Milena Agudelo Salazar, alias ‘La Morocha’, quien fue judicializada en las últimas horas junto con otros dos combatientes. La mujer es señalada de ser una presunta cabecilla pseudopolítica y de finanzas del autodenominado frente Rodrigo Cadete, estructura bajo el mando de alias ‘Calarcá’.La investigación, que se adelantaba desde 2025, recopiló interrogatorios de excombatientes que describieron las actividades que presuntamente desarrollaba Agudelo Salazar en las zonas de influencia del grupo armado. Los testimonios la vinculan con la imposición de normas a las comunidades, el cobro de extorsiones y el control sobre la población civil. También es señalada del reclutamiento de menores en Caquetá, así como con delitos de homicidio y secuestro.Durante la exposición del caso, el fiscal explicó las funciones que habría cumplido la mujer dentro de la organización “convocando reuniones a la comunidad y, en sí, realizar labores que han sido catalogadas como pseudopolíticas, es decir, transmisión e imposición de denominadas normas o manuales de convivencia establecidos de manera ilícita por el grupo armado ilegal, y verificar su cumplimiento, aplicar sanciones contra quienes desacaten dichas disposiciones y coordinar actividades relacionadas con el cobro de extorsiones”.El funcionario también indicó que, además de esas labores, habría tenido responsabilidades en el componente armado con 12 miembros bajo su mando.Uno de los testimonios incorporados a la investigación corresponde a un exintegrante de las disidencias que aseguró haber conocido a alias ‘La Morocha’ durante su permanencia en la estructura ilegal. Según explicó el fiscal, el declarante la observó participar en reuniones y actividades del grupo en sus zonas de influencia, donde presuntamente transmitía instrucciones de los mandos y supervisaba el cumplimiento de las disposiciones impuestas a los habitantes.El fiscal citó lo manifestado por ese excombatiente: “'La Morocha' integraba el componente de organización de masas del frente, cumpliendo funciones consistentes en convocar reuniones con las comunidades, transmitir las órdenes impartidas por los mandos de la organización, socializaba las denominadas normas de convivencia y ejercía un control sobre la población civil para garantizar el cumplimiento de las disposiciones impuestas por el grupo armado”.Otro de los declarantes describió algunas de las sanciones que, según su versión, la señalada habría impuesto a quienes incumplían esas normas: “Es la hermana de Urías, y es la responsable de organización de masas y parte política del frente. Ella hace cumplir las normas de convivencia de las comunidades, sanciona a la gente que no cumple limpiando cunetas de las carreteras, desorillar carreteras, huecos de basuras en las comunidades. Esa vieja es muy atravesada y arbitraria, se mueve por la montañita. Cuando está en reunión, se uniforma y mantiene con pistola y fusil”.Supuesta infidelidadLos testimonios también mencionaron una relación conflictiva entre alias ‘La Morocha’ y alias ‘Urías’, señalado como uno de los cabecillas de la estructura y cercano a alias ‘Calarcá’. De acuerdo con uno de los interrogatorios, el enfrentamiento habría surgido por comentarios sobre una supuesta infidelidad “el interrogatorio dice que un día, Urías la amenazó de que no le importaba si fuera hermana o no, que la iba a matar donde siguiera de arbitraria con la gente, y llenándole la cabeza de chisme a la familia de que él tenía moza.”
La Procuraduría General de la Nación abrió una indagación previa contra servidores públicos que están por establecer, por una presunta crisis financiera que estaría afectando la prestación de los servicios de salud en Caquetá, especialmente en el Hospital Departamental María Inmaculada de Florencia.La investigación busca identificar a los posibles responsables y establecer si las dificultades en el flujo de recursos y el represamiento de cartera de las EPS Asmet Salud, Nueva EPS y Sanitas estarían generando consecuencias administrativas, financieras y asistenciales para el hospital y para el personal que presta allí sus servicios.Según la Procuraduría, esta situación habría ocasionado retrasos en el pago de salarios, prestaciones sociales y honorarios, además de dificultades para cumplir con las obligaciones con proveedores y posibles reducciones o suspensiones de servicios y personal.Por estos hechos, la Procuraduría Regional de Instrucción Caquetá ordenó la práctica de pruebas para determinar lo ocurrido.Además, el organismo informó que remitirá a la Procuraduría Delegada de Instrucción Tercera para la Vigilancia Administrativa una queja contra el exministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, y los dos últimos superintendentes nacionales de Salud, debido a que la competencia disciplinaria sobre estos funcionarios corresponde a esa dependencia.
Una alerta entregada por ciudadanos permitió a las autoridades detectar una serie de artefactos explosivos instalados en diferentes sectores de Florencia, Caquetá, que habrían sido dejados allí por integrantes de la Estructura Rodrigo Cadete de las disidencias de las Farc.Tras recibir la información, tropas del Gaula Militar Caquetá desplegaron un operativo para localizar los elementos y verificar la amenaza. La reacción permitió encontrar los artefactos y proceder con su neutralización, evitando que fueran utilizados contra habitantes del municipio.La situación generó una respuesta inmediata de las unidades militares, que adelantaron las labores de seguridad necesarias en las zonas donde fueron encontrados los explosivos. Con esta intervención se buscó impedir posibles ataques y reducir el riesgo para la población civil.Le puede interesar: Al menos 124 víctimas dejan ataques con drones en Norte de SantanderSegún información de inteligencia, la instalación de estos elementos estaría relacionada con las actividades de la Estructura Rodrigo Cadete, grupo armado que tiene presencia en diferentes zonas del departamento y que utiliza este tipo de acciones como mecanismo de intimidación y presión.El resultado también puso de relieve el papel de la comunidad. La información entregada de manera oportuna permitió anticipar la amenaza y activar la respuesta de la Fuerza Pública antes de que se presentara una emergencia.Las autoridades reiteraron el llamado a los habitantes de Florencia para informar sobre cualquier elemento o situación sospechosa que pueda representar un riesgo. Para este tipo de denuncias está habilitada la línea 147 del Gaula Militar, especialmente frente a hechos relacionados con secuestro, extorsión o amenazas a la seguridad.
La ceremonia de posesión del presidente electo Abelardo De La Espriella, que se llevará a cabo este 7 de agosto en la Arena USC de Cali, estará marcada por una serie de actos cargados de simbolismo. Uno de los momentos más representativos será la imposición de la banda presidencial, que estará a cargo de Luis Felipe Yagüe, un vendedor de panela de Florencia, Caquetá, cuyo nombre cobró relevancia nacional durante la pasada campaña presidencial.Yagüe fue protagonista de una polémica luego de que se conociera que un profesor le manifestó que dejaría de comprarle panela por haber expresado públicamente su apoyo electoral a Abelardo De La Espriella. El caso generó un amplio debate en redes sociales sobre la intolerancia política y la libertad de expresión, convirtiendo al comerciante en uno de los rostros más visibles de la campaña del hoy presidente electo.Durante la ceremonia, Luis Felipe Yagüe será el encargado de imponer la banda presidencial a De La Espriella, en uno de los actos centrales de la transmisión de mando. Previamente, la banda ya fue entregada al mandatario electo por un grupo de veteranos y reservistas de la Fuerza Pública como un símbolo de unidad, servicio y honor.La pieza fue confeccionada por el maestro artesano nariñense Luis Abel Delgado, quien nuevamente estuvo al frente de la elaboración de uno de los principales símbolos del poder presidencial en Colombia.La jornada protocolaria comenzará sobre las 3:00 de la tarde y, además de los actos oficiales, incluirá una programación artística y ceremonial. Entre las presentaciones musicales está prevista la participación de la cantante colombiana Nair, quien interpretará la canción Aleluya como parte del inicio del evento.Otro de los momentos previstos será una oración ecuménica, diseñada para reunir representantes de diferentes confesiones religiosas presentes en el país. Según la organización del evento, el espacio contará con voceros de credos como el catolicismo, el cristianismo y el judaísmo, en un mensaje orientado a resaltar la diversidad religiosa y la búsqueda de unidad nacional durante el inicio del nuevo Gobierno.La ceremonia también tendrá referencias a la historia del país y de la ciudad de Cali. Las sillas que utilizarán el presidente Abelardo De La Espriella, el presidente del Senado, Honorio Enríquez, y el presidente de la Cámara de Representantes, Nicolás Barguil, pertenecieron al prócer de la Independencia Joaquín de Caicedo y Cuero, nacido en Cali en 1773 y cuyo legado permanece en la emblemática Plaza de Caicedo, ubicada en el centro de la capital vallecaucana.La posesión presidencial de este 7 de agosto será la primera que se realiza fuera de Bogotá desde la entrada en vigencia de la Constitución de 1991. La elección de Cali como sede busca enviar un mensaje de descentralización y estará acompañada por la presencia de delegaciones internacionales, jefes de Estado, miembros de la realeza europea y representantes de organismos multilaterales.Con estos elementos, el Gobierno entrante busca que la ceremonia trascienda el protocolo habitual y esté marcada por símbolos relacionados con las regiones, la Fuerza Pública, la historia nacional y la reconciliación. La decisión de que un vendedor de panela del Caquetá sea quien imponga la banda presidencial se convierte así en uno de los gestos más llamativos de una investidura que pretende destacar a ciudadanos comunes dentro de uno de los actos más importantes de la democracia colombiana.
En redes sociales se hizo viral un caso de rechazo por diferencias políticas entre un docente y un vendedor de panelas que terminó convirtiéndose en una historia de solidaridad que ha tocado el corazón de muchos colombianos.Luis Felipe Yagüe, más conocido como Luis Felipe, un vendedor ambulante de 74 años que recorre las calles de Florencia, Caquetá, ofreciendo productos como panela, café, huevos y miel, ha recibido un respaldo ciudadano masivo, tras el video en el que fue expuesta su postura política a favor del presidente electo, Abelardo De La Espriella.Ante la postura del docente, el adulto mayor solo escuchaba en silencio, acción que despertó la solidaridad desde distintas regiones del país. Por medio de llamadas, mensajes y publicaciones en redes sociales, cientos de personas destacaron la serenidad de don Luis Felipe, haciéndolo rápidamente viral.Comunicado de prensa de Luis Felipe Yagüe tras la polémicaLuego de varios días en el centro de la conversación pública, Luis Felipe Yagüe decidió pronunciarse mediante un comunicado de prensa en el que agradeció el apoyo recibido por miles de personas tras la difusión del video.En el documento aseguró que la respuesta de los ciudadanos superó cualquier expectativa. Contó que ha intentado responder personalmente los mensajes que ha recibido, pero explicó que todavía tiene más de 3.000 mensajes de WhatsApp pendientes, además de numerosas llamadas telefónicas, por lo que pidió paciencia y comprensión.También reveló que el respaldo tuvo un impacto directo en su emprendimiento, pues informó que todos sus productos fueron vendidos. Según explicó, ya adelanta conversaciones con campesinos y proveedores de la región para abastecer nuevamente su inventario y poder ofrecer una nueva disponibilidad de productos durante el próximo fin de semana.Luis Felipe confirmó que asistirá a la posesión de Abelardo De La EspriellaUno de los anuncios que más llamó la atención fue la confirmación de que recibió una invitación para asistir a la ceremonia de posesión del presidente electo, Abelardo De La Espriella.En el comunicado expresó sentirse "profundamente honrado y agradecido" por esa invitación y afirmó que la recibe con humildad, gratitud y un alto sentido de responsabilidad.Además, señaló que, por el momento, tomó la decisión de no conceder más entrevistas a medios de comunicación, al considerar que el mensaje de respeto, solidaridad y apoyo al emprendimiento local ya fue ampliamente difundido gracias al respaldo de periodistas, emisoras, canales de televisión y medios digitales.Respaldo ciudadano impulsó su emprendimientoLuis Felipe también aprovechó el comunicado para agradecer a los periodistas y medios de comunicación que difundieron su historia, asegurando que fueron fundamentales para darle visibilidad a la causa.Finalmente, reiteró que continuará trabajando con honestidad y dedicación, llevando productos del campo caqueteño a los hogares y apoyando a los campesinos de la región. Con un mensaje de gratitud, afirmó que todo lo vivido en los últimos días fue posible gracias al respaldo de miles de colombianos que se solidarizaron con él tras el video que lo convirtió en tendencia nacional.
El presidente electo de la República, Abelardo De La Espriella, confirmó la invitación oficial a su posesión presidencial para Luis Felipe Yagüe Cotazo, un vendedor de panela de 74 años residente en Florencia, Caquetá. El anuncio se produjo tras difundirse un video en redes sociales que evidenció cómo el comerciante fue objeto de un boicot comercial debido a sus preferencias electorales en los pasados comicios.Según explicó el mandatario electo, la decisión de sumar a Yagüe Cotazo a la ceremonia de investidura responde a un acto de rechazo frente al odio político del cual fue víctima. El caso del vendedor de panela ha generado un amplio debate sobre el respeto a la libre elección y la convivencia ciudadana en el ámbito comercial y social del país.El origen del caso de intolerancia política en CaquetáLa situación que originó la invitación presidencial comenzó cuando el profesor y activista Franklin Gamboa grabó y publicó un video en sus redes sociales personales. En el material audiovisual se observa el momento en que el docente notifica de manera directa al comerciante de la tercera edad que prescindirá de manera definitiva de sus servicios comerciales."Don Luis Felipe, no me vuelva a dejar nada", le manifestó Gamboa al vendedor durante el encuentro registrado en video. En la grabación se aprecia cómo el comerciante de 74 años escucha con una actitud respetuosa y en silencio los reclamos del docente, quien detalló que no volvería a adquirir panela, café, huevos ni miel debido al voto de Yagüe por De la Espriella.La divulgación del video en las plataformas digitales causó un efecto adverso al pretendido por el activista. De manera inmediata, ciudadanos de diferentes regiones del país expresaron su rechazo a la acción del maestro, lo que desencadenó una masiva ola de solidaridad nacional que multiplicó significativamente las ventas habituales de Yagüe Cotazo.Solidaridad nacional y nuevo programa de emprendimientoA raíz de este acontecimiento, Abelardo De La Espriella no solo formalizó el llamado de Yagüe a su posesión presidencial, sino que anunció la creación de una iniciativa institucional enfocada en este sector de la economía informal. El próximo gobierno implementará un programa de emprendimiento diseñado específicamente para respaldar a pequeños comerciantes de panela y otros productos agrícolas.El presidente electo dirigió un mensaje público directo al trabajador caqueteño para coordinar su asistencia al evento de asunción: "Don Luis Felipe, reciba mi invitación por mi cuenta a la posesión presidencial. Mi equipo se va a comunicar con usted para arreglar todo lo pertinente. Lo quiero ver ahí y abrazarlo", declaró De la Espriella de forma pública.
Luis Francisco Ruiz, gobernador del Caquetá, denunció en Mañanas Blu un plan sistemático orquestado por las disidencias de las FARC para direccionar el voto de la población rural hacia un candidato específico en los próximos comicios. Según el mandatario, la libertad de los sufragantes está siendo vulnerada mediante amenazas de desplazamiento forzado y sanciones económicas.El esquema de presión de las disidenciasDe acuerdo con las declaraciones del gobernador Ruiz, la estructura ilegal responsable de estas acciones es el bloque autodenominado Jorge Suárez Briceño, al mando de alias ‘Calarcá’, con presencia activa en los frentes Rodrigo Cadete y Raúl Reyes. El mandatario asegura que el constreñimiento es una realidad documentada que abarca citaciones masivas a líderes comunales, pastores y comerciantes, a quienes se les exige entregar listas con números de cédula y nombres de los ciudadanos de sus zonas.“Es un hecho cierto que los actores armados ilegales están constriñendo a la población en el departamento del Caquetá, específicamente en las áreas rurales, para que voten por un candidato específico”, afirmó Ruiz durante su intervención en Mañanas Blu.El gobernador detalló que la presión incluye el requisito de presentar una fotografía del voto al salir de las urnas, bajo la amenaza de represalias directas contra quienes no cumplan con la instrucción.Extorsiones y multas por no votarLa gravedad de la situación trasciende el proselitismo armado y se ha convertido en un mecanismo de control financiero. Según Ruiz, los grupos criminales han instaurado un régimen de multas, que oscilan entre los 150.000 y 200.000 pesos, para aquellos que no cuenten con un carné de empadronamiento obligatorio.Más alarmante aún es la advertencia sobre la responsabilidad colectiva que pretenden imponer a las Juntas de Acción Comunal: “Si aparecen votos en algunas mesas por el candidato que ellos no están direccionando, esa junta va a tener que responder hasta por 2 millones de pesos”, señaló el gobernador.Ministro de Defensa lo niegaUno de los puntos más críticos de la denuncia del gobernador es la falta de articulación con el nivel central. Ruiz manifestó su frustración tras diálogos con el Ministerio de Defensa, denunciando lo que calificó como una “negación dolosa” de la realidad regional. A su juicio, las autoridades nacionales prefieren ignorar los hechos para evitar la intervención, basándose únicamente en indicadores de denuncias formales, lo cual es ineficaz dada la inseguridad que impide a los ciudadanos reportar estos delitos.“El que no lo reconozca es porque vive en otro mundo, de manera voluntaria o de manera dolosa”, sostuvo el mandatario departamental. Ruiz enfatizó que, aunque la Fuerza Pública mantiene presencia en los puestos de votación, esta resulta insuficiente ante las acciones de las «guardias campesinas» y otros grupos armados que, instalados en las periferias y entradas de los puestos, intimidan a los votantes para garantizar que el proceso no sea ni libre ni espontáneo.
La Misión de Observación Electoral (MOE) presentó el primer informe de observación de la jornada electoral de este 31 de mayo, con corte a las 10 a. m. El documento recoge la información reportada por el 80 % de los observadores electorales desplegados en Colombia y en el exterior, lo que corresponde a 2.532 personas acreditadas para el seguimiento de los comicios.Uno de los principales hallazgos de la MOE fue el registro de dos hechos de alteración del orden público en zonas rurales. El primero ocurrió en el corregimiento de Filo Gringo, en el municipio de El Tarra, Norte de Santander, y el segundo en el municipio de El Paujil, Caquetá. Sin embargo, la directora de la organización, Alejandra Barrios, dijo que ninguno de estos hechos afectó el desarrollo normal de la jornada electoral.“Si bien al inicio de la mañana se presentaron algunas alteraciones de orden público, ninguno de estos hechos logró afectar el proceso electoral. Eso significa que no se ha levantado ningún puesto de votación por razones de orden público. Y eso es una excelente noticia”, afirmó Barrios en entrevista con Blu Radio.Por otra parte, el 40 % de los reportes recibidos está relacionado con retrasos en la apertura de puestos de votación y dificultades logísticas que han generado inconvenientes para los electores. Estas situaciones se reportaron principalmente en Bogotá, Meta, Pasto, Nariño y Santa Rosa de Viterbo, Boyacá. A nivel internacional, se registraron limitaciones en la capacidad de algunos puestos de votación y dificultades para garantizar las condiciones de acceso al sufragio, especialmente en Montreal, Canadá, y La Valeta, Malta.Según la directora de la MOE otro de los aspectos que más preocupación ha generado durante la jornada es la desinformación en entornos digitales. La organización identificó cadenas falsas difundidas a través de WhatsApp y otras redes sociales. Entre ellas, un mensaje que hace un llamado erróneo a ciudadanos que no están inscritos en el lugar donde se encuentran para que soliciten el formulario E-12 y ejerzan su derecho al voto. Asimismo, han circulado noticias falsas o desactualizadas sobre supuestas alteraciones del orden público que no corresponden a los hechos registrados durante esta jornada electoral.“En el exterior, se ha difundido información sobre presuntas irregularidades, resultados electorales anticipados, tendencias electorales y ventajas irreversibles, donde todavía no se ha hecho el escrutinio. A las 4 de la tarde se empieza a hacer el conteo de votos con la información que entregan los consulados. Entonces no se puede hablar de resultados anticipados”, señaló Barrios.El informe también señala que el 28 % de los reportes recibidos hace referencia a la presencia de publicidad política dentro o en las inmediaciones de los puestos de votación, así como al envío masivo de mensajes de texto con contenido proselitista y al uso de distintivos asociados a campañas políticas. Estas situaciones fueron reportadas principalmente en Bogotá, Medellín, Armenia, Sincelejo y Valledupar.En cuanto a posibles irregularidades relacionadas con la función pública, el 15 % de los reportes corresponde a situaciones vinculadas con el ejercicio de funciones durante la jornada electoral. Entre ellas se encuentran presuntos incumplimientos de los deberes de los jurados de votación, el uso indebido de dispositivos móviles, restricciones al ejercicio de las funciones de los testigos electorales y posibles inconsistencias en el diligenciamiento de documentos electorales. Estos casos fueron reportados principalmente en Bogotá, San José del Guaviare y Guamal.Finalmente, el 8 % de los reportes ciudadanos hace referencia a situaciones que podrían afectar la autonomía y el secreto del voto. Entre estas se encuentran alertas sobre presuntas acciones orientadas a influir en la decisión de los electores mediante la oferta de beneficios, así como la inadecuada disposición de los cubículos de votación. Estos hechos fueron reportados principalmente en Bucaramanga, Machetá, Cundinamarca, y Guarne, Antioquia.
Continua la consternación en Resistencia, Argentina, por el asesinato de Matías Julián Álvarez, de 29 años, a manos, al parecer, de su novia, Victoria Luz Cantero, quien lo habría apuñalado en un ataque de celos y una discusión en el interior de la camioneta de este hombre.El caso sucedió a inicios de agosto de 2026, la mujer fue detenido y, hasta la fecha, sigue en marcha la investigación para determinar si fue o no culpable de este crimen. De hecho, esta mujer se encuentra recibiendo tratamiento psicológico y farmacológico luego de ser evaluada por especialistas del área de Salud Mental del Hospital Julio C. Perrando.Sin embargo, nuevo material probatorio habría dado más fuerza a su culpabilidad, pues las autoridades hallaron en la camioneta donde murió varias cartas que habría escrito antes de morir en donde aseguraba que “se estaba alejando de todos por miedo”.“Hoy me levanté con ansiedad y depresión por la situación que estoy pasando. No saber qué va a pasar. Me queda poco por hace. No me conviene ella, pero bueno el corazón es así. La realidad es que me estoy aislando de todos”, fueron las palabras halladas en la carta de este joven, que, ahora, daría más fuerza a que ella seria la responsable de este crimen.Ante esto, han solicitado una autopsia psicológica para conocer en qué estado se encontraba su salud mental y así relacionar este material probatorio con la investigación en curso. Además, otro dato que surgió de los elementos encontrados en el vehículo es que Julián y Victoria habían ido al cine la noche anterior al crimen, según contó el medio local TN.El reporte, hasta ahora, indica que el joven no se esperaba este ataque y fue apuñalado por sorpresa, al parecer, tras una discusión en el interior de la camioneta de acuerdo con todo lo encontrado en el escena del crimen.
Estos fueron los temas tratados en el programa completo de Blog Deportivo de este lunes:Néstor Lorenzo respondió a Lucas González por sus críticas a la convocatoria de jugadores de Atlético Nacional. El entrenador verdolaga cuestionó que Samuel Velásquez y Juan Manuel Rengifo deban ausentarse en partidos decisivos de la Copa Colombia, mientras que otros futbolistas, como Álvaro Montero, permanecen con sus clubes. El técnico aseguró que la alternancia de Montero y Camilo Vargas estaba planificada desde la convocatoria anterior y recordó que los clubes deberían sentirse orgullosos de aportar jugadores a la Selección Colombia.El seleccionador nacional también desmintió los rumores de una supuesta pelea con Jorge Carrascal. El técnico explicó que el volante continúa dentro de sus planes y que su ausencia responde a la intención de probar otras alternativas. También aclaró que, después de un partido frente a Ghana, hubo un llamado de atención a varios futbolistas que no querían atender a la prensa, pero negó que se hubiera presentado un enfrentamiento personal con Carrascal.La lucha por los cuadrangulares de la Liga Colombiana quedó abierta con tres cupos todavía en disputa. Atlético Nacional, América de Cali, Deportivo Cali, Bucaramanga e Independiente Santa Fe son los cinco equipos clasificados. Medellín, Millonarios, Once Caldas, Tolima, Águilas Doradas y Cúcuta mantienen opciones de quedarse con las tres plazas restantes.Independiente Santa Fe goleó 5-0 a Deportivo Pasto en un partido marcado por los problemas económicos del conjunto nariñense. Pasto presentó una nómina integrada principalmente por juveniles, situación que generó críticas sobre el manejo financiero de algunos clubes y la manera en que estas dificultades pueden alterar el campeonato. Hugo Rodallega marcó tres goles, mientras que el técnico Pablo Repetto reconoció que buscó recibir una quinta tarjeta amarilla para cumplir la suspensión antes de los cuadrangulares, aunque el árbitro no se la mostró.Andrés Gómez quedó en el centro de la polémica en Brasil después de fallar un penal decisivo frente a Palmeiras. El colombiano erró su cobro durante la definición que permitió al equipo de Jhon Arias avanzar a la final de la Copa de Brasil. Una publicación de la esposa de Gómez, en la que aseguró que otros compañeros evitaron cobrar, generó debate sobre las posibles consecuencias dentro del camerino. También se destacó el gesto de Arias, quien se acercó a consolar a su compatriota después de la eliminación.Reviva el programa completo de Blog Deportivo aquí:
La inflación anual en Colombia se ubicó en 6,3 % para octubre de 2026, según el Dane. Con esto, son tres meses consecutivos al alza. Además, en octubre, la variación mensual del IPC fue de 0,20%, mientras que entre enero y octubre de este 2026 alcanzó 5,94%.La inflación anualizada en Colombia se ubicó en 6,3 % a octubre de 2026, lo que representa un incremento de 0,79 puntos porcentuales frente al mismo mes de 2025. Por su parte, la variación acumulada en lo corrido del año alcanzó el 1,24 %, mientras que la inflación mensual, correspondiente a la comparación entre octubre y septiembre de 2026, fue de 0,02 %.
El viceministro técnico de Hacienda, Juan Sebastián Betancur, explicó que el Gobierno recibió un presupuesto que ya llevaba ocho meses de ejecución, lo que limitó el margen para hacer los ajustes previstos. Por eso, aunque la meta inicial era recortar cerca de $20 billones, el decreto expedido el pasado 22 de octubre dejó el ajuste en $13,8 billones, de los cuales $6,8 billones serían en contratación, $4 billones en deuda y $3 billones en gastos de funcionamiento.Ahora, el Gobierno contempla un segundo recorte para acercarse lo más posible a la cifra inicial. “Teníamos una meta de hacer un recorte de alrededor de $20 billones, no lo logramos. Estamos contemplando la posibilidad de hacer un segundo recorte para acercarnos tanto como sea posible”, afirmó Betancur. Y agregó que “la política fiscal no se hace con anuncios, se hace con decisiones”.Durante la decimotercera edición del Congreso de Asofiduciarias, el funcionario también alertó sobre el peso que está teniendo la deuda en las finanzas públicas. Según explicó, uno de cada tres pesos que recauda el Estado se destina a pagarla, el doble de lo que ocurría hace diez años, cuando la proporción era de uno de cada seis. “Eso muestra que el espacio de gastos social o de gasto productivo es cada vez más bajo, y eso, además de ser un problema técnico, es un problema político. Aquí hay una bola de nieve y si nos quedamos cruzados de brazos en tres o cuatro años será uno de cada dos (el 50 % del recaudo)”, dijo.Betancur también sostuvo que, sin la Ley de Rescate Fiscal, el Gobierno tendría que conseguir cerca de 26.000 millones de dólares en los mercados internacionales durante 2027. Una cifra que contrasta con los cerca de 5.000 millones de dólares que Colombia ha obtenido, en promedio, mediante financiamiento externo durante los últimos diez años.En materia de inflación, el viceministro aseguró que el impulso fiscal está aportando más de dos puntos porcentuales a este indicador. Sin ese efecto, señaló, la inflación estaría cerca del 4 %, aunque todavía por encima de la meta del 3 % del Banco de la República. También atribuyó la falta de anclaje de las expectativas a la incertidumbre sobre el ajuste de las finanzas públicas y a lo que calificó como “decisiones desafortunadas sobre el salario mínimo”.Sobre el crecimiento económico, consideró que una expansión de entre 2,5 % y 2,9 % no representa una catástrofe frente al desempeño de otros países de la región, pero sí resulta “mediocre” para una economía emergente como la colombiana."Lo que sí es un desastre es ver qué ocurre con la economía. Cuando uno descuenta el aporte que le genera el sector público, eso sí es un desastre. Eso demuestra que la economía privada está creciendo a tasas del 1”, afirmó el viceministro técnico de Hacienda.Para Betancur, la salida es avanzar en un ajuste fiscal que permita recuperar la confianza de los mercados, reducir las primas de riesgo y abrir espacio para la inversión privada. Advirtió que no tomar decisiones tendría consecuencias mucho más graves, pues la deuda podría superar el 80 %, los intereses absorberían una proporción cada vez mayor del recaudo y el déficit primario alcanzaría niveles insostenibles. Además, aseguró que los mercados perderían la paciencia mucho antes de llegar a ese escenario.
El viernes, 11 de diciembre, la Fiscalía General de la Nación continuará con la diligencia de indagatoria contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, dentro de la investigación que busca establecer su presunta vinculación con hechos relacionados con las masacres de La Granja y El Aro, el homicidio del defensor de derechos humanos Jesús María Valle y la conformación de un grupo paramilitar en Antioquia, entre ellos el denominado Bloque Metro.La diligencia es adelantada por una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia y hace parte de un expediente en el que Uribe, quien también fue gobernador de Antioquia, es investigado por los presuntos delitos de homicidio en persona protegida agravado y concierto para delinquir agravado, además de hechos relacionados con la presunta conformación de organizaciones armadas paramilitares.La primera sesión de la indagatoria se realizó el pasado 4 de septiembre en el Búnker de la Fiscalía General de la Nación. En esa oportunidad, el expresidente se refirió a los señalamientos que lo relacionan con el denominado “Petro-uribismo” y rechazó que existieran acuerdos o favorecimientos con el Gobierno del presidente Gustavo Petro.A su llegada a la Fiscalía, Uribe aseguró: “Ahora me acusan de "Petro-uribismo" para sembrar desconfianza en nuestros compañeros de lucha. Para esto no ha importado nuestra oposición sin declives con la nación. Al Gobierno Petro la combatimos mirando a los ojos y sin pretensiones de pactos o favorecimientos. Elegimos un presidente del Senado con condiciones de patriota”.Durante esa primera jornada, el exmandatario también hizo referencia a las actuaciones y señalamientos relacionados con el expresidente Gustavo Petro y sostuvo que, frente a cualquier ciudadano, debía garantizarse el debido proceso.“A pesar que esta acusación también está basada en los señalamientos y movidas del expresidente Petro, frente a él, como frente a cualquier ciudadano, acusado con o sin justicia, prefiero mi adhesión a las mismas garantías constitucionales que para mi reclamo, en lugar de caer en la rabiosa actitud del ‘diente por diente o del ojo por ojo’”, afirmó Uribe.La investigación tiene antecedentes en denuncias iniciadas desde el año 2000 y en una compulsa de copias ordenada en noviembre de 2017 por la Sala Penal del Tribunal Superior de Medellín, durante el proceso relacionado con el asesinato de Jesús María Valle.Dentro del expediente también se analiza la posible omisión de deberes de protección a la población civil durante la administración de Uribe como gobernador de Antioquia. De igual manera, se investigan los señalamientos relacionados con un presunto fomento y apoyo al Bloque Metro en la hacienda Las Guacharacas y una eventual responsabilidad en la promoción o formación de organizaciones armadas paramilitares.