La Procuraduría General de la Nación lanzó un llamado urgente a gobernadores, alcaldes y entidades del orden nacional para reforzar las acciones de gestión del riesgo de desastres de cara a las elecciones presidenciales previstas para el 31 de mayo de 2026.
A través de la Circular 002 de 2026, el Ministerio Público pidió adoptar medidas preventivas que permitan garantizar el derecho al voto y evitar emergencias derivadas de la actual temporada de lluvias y otros eventos naturales que puedan afectar la jornada electoral.
El órgano de control advirtió que las autoridades territoriales tienen la responsabilidad directa de implementar estrategias de prevención y contingencia en los municipios y departamentos, especialmente en aquellas zonas donde existen riesgos de inundaciones, deslizamientos o incendios forestales. En ese sentido, la Procuraduría solicitó a las alcaldías realizar inspecciones técnicas en los puestos de votación, así como preparar planes de reubicación de mesas electorales en caso de emergencias climáticas.
La entidad también exhortó a las gobernaciones a activar y coordinar los Consejos Departamentales de Gestión del Riesgo para identificar amenazas hidrometeorológicas y brindar apoyo a municipios con capacidades limitadas. A la vez, pidió a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres emitir alertas tempranas y lineamientos técnicos que permitan proteger la infraestructura estratégica del proceso electoral en las regiones con mayores amenazas naturales.
Otro de los llamados fue dirigido a la Registraduría Nacional del Estado Civil, a la que se le recomendó fortalecer los protocolos de respuesta frente a emergencias climáticas y capacitar a jurados y funcionarios sobre el manejo del material electoral ante posibles contingencias. Según la Procuraduría, estas acciones son fundamentales para evitar afectaciones a la transparencia y al normal desarrollo de las votaciones.
El procurador general, Gregorio Eljach Pacheco, ha insistido en las últimas semanas en la necesidad de blindar la seguridad y legitimidad del proceso democrático. En recientes declaraciones, señaló que el país debe garantizar que los ciudadanos puedan acudir a las urnas “con plenas garantías” y pidió neutralizar cualquier amenaza contra el derecho al voto libre.
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