BLU Radio conoció que las empresas que, según la justicia, fueron “cartelizadas” por el condenado Jorge Arturo Moreno Ojeda, conocido como ‘El Zar de la seguridad’, siguen ganando millonarios contratos con el Estado en materia de seguridad. Dichas empresas fueron sancionadas por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) en el 2018 por violar la libre competencia y, en el mismo sentido, el juez que condenó a Moreno Ojeda dijo que la Fiscalíaprobó que, aunque se presentaban a licitaciones como competencia, en realidad era un mismo grupo liderado por Ojeda.
El problema es que, a pesar de que a Moreno Ojeda lo inhabilitaron para contratar con el Estado durante 96 meses, como no aparecía en los papeles de las empresas, estas pueden seguir contratando a sus anchas, es decir, la inhabilidad al ‘Zar’ no le afectó porque, según la ley, mientras no haya aparecido en documentos de “su conglomerado de empresas” no hay problema para seguir contratando.
Jorge Arturo Moreno Ojeda es sujeto activo, en calidad de autor, en los delitos de acuerdo restrictivo de la competencia y determinador de la conducta de fraude procesal al ser el líder de un conglomerado de empresas sobre las cuales ejercía control desde el punto de vista competitivo, es decir, que no son agentes independientes del mercado, sino que obedecen a una misma situación de control que en el fondo quiere decir que es el mismo, pero con distinto nombre o razón social
Los contratos
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La polémica tiene que ver con un proceso de selección abreviada que la Unidad Nacional de Protección entregó a varias uniones temporales, con el fin de que presten sus servicios para la provisión e implementación de escoltas en desarrollo del Programa de Protección, por un valor de 493.550 millones de pesos.
La cuestionada adjudicación tiene que ver con cuatro de las cinco empresas que están detrás de la Unión Temporal Excellece 2022, que se ganó dos millonarios contratos por más de 249.406 millones de pesos y que están firmados por el director de la UNP, Alfonso Campo Martínez. Se trata de Cobasec LTDS (en reorganización), Expertos Seguridad LTDA, Guardianes Compañía Líder en Seguridad (en reorganización), Cooperativa Vigilantes Starcoop CTA (en reorganización) y Vigilancia Guajira LTDA, esta última no fue sancionada ni mencionada en la condena.
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Esas cuatro sociedades fueron sancionadas por la cartelización de empresas de seguridad, en otras palabras, por violar la libre competencia y, además, según probó la Fiscalía en el juicio contra el ‘Zar de la seguridad’, él las mandaba por debajo de la mesa.
Y es que los cuestionados contratos no son menores. El de la zona uno, que es para proveer un promedio de 1.500 escoltas de febrero a octubre del 2022, para los departamentos de Cundinamarca, Bogotá y Amazonas, por un valor de 107.618 millones de pesos y, el segundo contrato es el de la zona cinco, que es para proveer el mismo promedio de escoltas para el mismo lapso y para los departamentos de Nariño, Putumayo, Valle del Cauca, Cauca, Huila y Caquetá, por un valor de 141.788 millones de pesos; las contrataciones a las mencionadas empresas suman los 249.406 millones de pesos, es decir, son los contratos más generosos.
¿Es ilegal que empresas salpicadas por corrupción puedan volver a contratar con el Estado?
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Es ambiguo. Según la ley las empresas tienen que estar inhabilitadas para contratar con el Estado y para que las inhabiliten, Moreno Ojeda tuvo que haber aparecido en papeles en calidad de administrador, representante legal, miembro de junta directiva o de socio controlante. Es decir que, aunque la Fiscalía haya probado que Moreno era el líder de ese “conglomerado de empresas”, pero por debajo de mesa y no en papeles, no las podrían inhabilitar.
Esto en términos legales, según explican los expertos en contratación, para que la sentencia contra Moreno Ojeda tenga relación directa con la celebración del contrato con esta unión temporal, debe estar configurada una causal de inhabilidad del artículo 8 de la Ley 80 de 1993.
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Que consiste en que personas naturales que hayan sido declaradas responsables judicialmente por la Comisión de Delitos Contra la Administración Pública o de cualquiera de los delitos o faltas contempladas por la Ley 1474 de 2011 y sus normas modificatorias o de cualquiera de las conductas delictivas contempladas por las convenciones o, tratados de lucha contra la corrupción suscritos y ratificados por Colombia y que se hace a las sociedades de las que hagan parte dichas personas en calidad de administradores, representantes legales, miembros de junta directiva o de socios controlantes, a sus matrices y a sus subordinadas, a los grupos empresariales a los que estas pertenezcan cuando la conducta delictiva haya sido parte de una política del grupo y a las sucursales de sociedades extranjeras, con excepción de las sociedades anónimas abiertas, porque el delito de acuerdos restrictivos de la competencia se creó en la Ley 1474 de 2011
Es decir, explica la abogada, revisando los certificados de existencia y representación de las empresas, no se podría configurar la causal de inhabilidad y siendo estas de naturaleza sancionatoria y, por lo tanto, de interpretación restrictiva no podría hablarse de una conducta ilegal.
BLU Radio conoció que en los próximos días la Fiscalía llamará a imputación de cargos a algunos de los que fueron representantes de las empresas para la época de la “cartelización”. Incluso, ya fueron imputados por los hechos Orlando Barrios, representante de Cobasec; Sandra Milena Álvarez, representante de Centinel; Jorge Ariel Palacio, representante de Guardianes; Victoria Eugenia Cardona, representante de Starcoop y Héctor Gyovanni López, representante de Insevig.
La historia de las compañías salpicadas por el escándalo del cartel de la seguridad privada
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Las compañías salpicadas por este cartel llevan una vida próspera. Dos años después del estallido del escándalo Cobasec y Guardianes, le pidieron a la Supersociedades que las admitiera en ley de insolvencia, entre otras, cosas porque el escándalo afectó su reputación. Ambas empresas consiguieron que sus acuerdos fueran aprobados en 2021, lo que les da la posibilidad no solo de seguir operando y contratando, sino, además, de pagar a plazos sus obligaciones, incluyendo la multa de la Superindustria.
Para la muestra, en 2020 Guardianes reportó utilidades por 2.189 millones de pesos, un crecimiento del 11 % en plena pandemia por COVID-19.
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-Otras compañías involucradas ni siquiera pasaron por una crisis empresarial. Compañía Interamericana de Vigilancia y Seguridad Privada opera con normalidad y en febrero del año Expertos Seguridad absorbió a Centinel y hoy es una empresa más grande.
-BLU Radio consultó a la Superintendencia de Industria y Comercio y ellos dicen que no tienen la facultad legal de inhabilitar a las compañías sancionadas por cartelización para contratar con el Estado. Lo que hace la entidad es investigarlas y multarlas según lo que hoy permite la ley.
“Los mismos cartelistas pagan las multas con los contratos (…) Terminamos los colombianos en tercera persona alcahueteando la vagabundería y los precios elevados”, dijo el representante Ricardo Ferro, quien presentó un proyecto de ley que buscaba inhabilitar de por vida a estas empresas y sus socios. El proyecto se hundió en senado por falta de trámite, pero él lo presentará de nuevo.
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