El Ministerio de Defensa puso en marcha una serie de medidas destinadas a fortalecer el control de las armas de fuego en poder de las empresas de vigilancia y seguridad privada en el país. La iniciativa se desarrolla en coordinación con la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada y el Departamento de Control, Comercio de Armas y Explosivos (DCCAE) de las Fuerzas Militares.
Como parte de estas acciones, se implementó un Protocolo Interinstitucional de Actuación que estandariza los procedimientos de bloqueo operativo, custodia preventiva y seguimiento administrativo de las armas involucradas en procesos sancionatorios. El propósito es impedir que el armamento legalmente asignado a este sector sea utilizado de forma irregular.
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Las autoridades señalaron que, además del protocolo, se está fortaleciendo la comunicación y la coordinación entre las diferentes entidades responsables del control de armamento. Con esto se busca garantizar un seguimiento eficiente a las armas en todo el territorio nacional.
El protocolo hace parte de una estrategia que se sustenta en el cumplimiento de los artículos 80 y 81 del Decreto Ley 2535 de 1993, así como en la Circular Externa Conjunta 20224100000195, normativa que establece los requisitos y procedimientos para el manejo de armas en el sector de vigilancia y seguridad privada.
El Gobierno precisó que esta serie de medidas también está orientada a garantizar el cumplimiento de la legalidad dentro del sector y a prevenir que el armamento asignado a empresas privadas termine en manos de actores al margen de la ley.
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