En un comunicado, la Policía confirmó el homicidio de Andrés Felipe Roa Porras, de 24 años de edad, en un ataque cometido en el barrio La Patria, en el suroccidente de Armenia.En vía pública y frente a la capilla Santa Laura Montoya, "Dos individuos que se movilizaban en una motocicleta, accionaron un arma de fuego en contra de la humanidad de esta persona", señaló la Policía del Quindío en el comunicado.¿Qué antecedentes judiciales tenía la víctima?Según la Policía, Andrés Felipe Roa Porras "presentaba antecedentes judiciales en el Sistema Penal Oral Acusatorio por los delitos de fabricación, tráfico, porte o tenencias de armas de fuego o municiones y amenazas en 2025; homicidio en 2018; tráfico, fabricación o porte de estupefacientes en los años 2017, 2018, 2020 y 2025; hurto en el 2021 y 2022; lesiones personales en 2020; concierto para delinquir en 2019; y daño en bien ajeno en 2018".Además, la víctima ya habría sido lesionado con arma cortopunzante el 17 de diciembre de 2025, en el barrio Simón Bolivar de la capital quindiana en medio de una riña.Ahora, la Sijín de la Policía investiga este caso para determinar cuáles fueron los orígenes del ataque y quién está detrás de éste homicidio.
Un contundente golpe a las disidencias de las FARC fue propinado por la Fuerza Pública en la vereda El Kiosko, del municipio de Algeciras, Huila. En un operativo conjunto se incautaron tres fusiles, tres cargadores, 60 cartuchos, 40 detonadores, cerca de 100 citaciones extorsivas y un sello con los símbolos de la Comisión de Finanzas del frente “Iván Díaz”.De acuerdo con las investigaciones, este material iba a ser utilizado por la estructura ilegal para realizar acciones terroristas y presionar a las comunidades de los municipios de Gigante, Hobo, Algeciras y Campoalegre. La intención era extender las intimidaciones y reforzar el cobro de extorsiones a comerciantes, transportadores y campesinos de la región.Las autoridades explicaron que el hallazgo representa un duro golpe contra las finanzas criminales de este frente, pues los panfletos y el sello incautados eran piezas clave en la estrategia de miedo con la que pretendían someter a la población. Además, los fusiles y municiones habrían sido empleados para hostigar a la Fuerza Pública y proteger sus rutas de movilidad ilegal.La operación forma parte de la ofensiva nacional contra el multicrimen y busca neutralizar las acciones violentas que las disidencias del frente “Iván Díaz” venían planeando en el sur del país. Según las autoridades, este resultado no solo debilita su capacidad armada, sino que también refuerza la seguridad en zonas históricamente golpeadas por la violencia.Finalmente, la Fuerza Pública reiteró su compromiso de continuar las operaciones en el Huila, al tiempo que hizo un llamado a la ciudadanía para que denuncie cualquier hecho sospechoso y contribuya a frenar las economías ilícitas que sostienen a estas estructuras.
El Ministerio de Defensa puso en marcha una serie de medidas destinadas a fortalecer el control de las armas de fuego en poder de las empresas de vigilancia y seguridad privada en el país. La iniciativa se desarrolla en coordinación con la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada y el Departamento de Control, Comercio de Armas y Explosivos (DCCAE) de las Fuerzas Militares.Como parte de estas acciones, se implementó un Protocolo Interinstitucional de Actuación que estandariza los procedimientos de bloqueo operativo, custodia preventiva y seguimiento administrativo de las armas involucradas en procesos sancionatorios. El propósito es impedir que el armamento legalmente asignado a este sector sea utilizado de forma irregular.>> Lea también: Policía presenta nuevo manual para uso de armas no letales: los principales cambiosLas autoridades señalaron que, además del protocolo, se está fortaleciendo la comunicación y la coordinación entre las diferentes entidades responsables del control de armamento. Con esto se busca garantizar un seguimiento eficiente a las armas en todo el territorio nacional.El protocolo hace parte de una estrategia que se sustenta en el cumplimiento de los artículos 80 y 81 del Decreto Ley 2535 de 1993, así como en la Circular Externa Conjunta 20224100000195, normativa que establece los requisitos y procedimientos para el manejo de armas en el sector de vigilancia y seguridad privada.El Gobierno precisó que esta serie de medidas también está orientada a garantizar el cumplimiento de la legalidad dentro del sector y a prevenir que el armamento asignado a empresas privadas termine en manos de actores al margen de la ley.
En un trabajo articulado entre la Alcaldía de Medellín, la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá y la Fiscalía General de la Nación, desarticularon una red ilegal conocida como ‘‘Los Socios’’ dedicada al tráfico de armas, municiones y explosivos que operaba tanto en zonas urbanas como en semirurales de la capital antioqueña.Esta red tenía vínculos con el grupo residual 36 de las Farc y el grupo delincuencial organizado La Terraza, y de acuerdo con el secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa, en el operativo se capturó a tres integrantes de la red identificados como alias Dani, Saúl y Henrizón.Los capturados fueron puestos a disposición de la autoridad competente por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. Alias “Aníbal” tiene antecedentes por tráfico de armas y estafa.El comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, el brigadier general William Castaño, explicó que usaban la modalidad de encomiendas para movilizar las armas hacia los municipios del Nordeste antioqueño como Anorí, Campamento, Angostura y Gómez Plata. Además, se incautó una pistola traumática, proveedores, más de 80 cartuchos de distintos calibres y cinco celulares, así como gracias a las labores de inteligencia se identificó el movimiento de 20 fusiles, 25 armas cortas y grandes cantidades de munición que estaban siendo distribuidas en la ciudad.Ahora se llevarán a cabo las audiencias preliminares para que un juez les dicte a los capturados medida a privativa de la libertad en establecimiento carcelario.
En un operativo de control vial, la Policía logró un contundente golpe contra el tráfico ilegal de material explosivo en la región. Durante la inspección a un vehículo de carga en el kilómetro 14+100, sector Las Vegas, en la vía que conecta el corregimiento de La Fortuna con Bucaramanga, se descubrió un importante cargamento de explosivos transportados de manera irregular.En el procedimiento, los uniformados encontraron 51 barras de explosivo industrial marca Indugel y 200 detonadores ineléctricos, los cuales eran trasladados sin los permisos exigidos por la Industria Militar de Colombia (Indumil). Según el informe oficial, el material estaba almacenado de manera inapropiada en un solo paquete, lo que aumentaba el riesgo de una explosión.El conductor del vehículo, un hombre de 57 años, no presentó documentación que acreditara la legalidad y destino de los explosivos, motivo por el cual fue capturado en flagrancia y puesto a disposición de las autoridades por el delito de fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso privativo de las fuerzas armadas o explosivos.La Policía informó que la Sijin, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, asumió el caso para determinar la procedencia del material y posibles nexos con estructuras delictivas.Según las investigaciones preliminares, se presume que estos explosivos podrían estar destinados a actividades de minería ilegal, una hipótesis respaldada por la incautación en lo corrido del año de 78 barras de Indugel, 300 detonadores y 20 metros de cordón detonante en la región."La incautación de estos explosivos evita posibles afectaciones a la vida y la tranquilidad de la comunidad. Continuaremos desplegando controles rigurosos en los corredores viales para contrarrestar el tráfico ilegal de material que ponga en riesgo a la población”, afirmó el coronel Carlos Fuelagán, comandante de la Policía de Santander.
Durante actividades de registro y control, los uniformados capturaron por orden judicial a un ciudadano de 44 años, residente en el barrio Santa Fe La Playa en Turbo, Urabá, al que al verificársele los antecedentes, le figura una notificación roja positiva de Interpol solicitada por Panamá, país en el cual tenía reportes por delitos de tráfico de armas y explosivos.Según mencionó a Blu Radio el coronel William Zubieta, comandante de la Policía de Urabá, el capturado fue puesto a disposición de la dirección de asuntos internacionales de la Fiscalía General de la Nación, para resolver su situación judicial."Nuestras unidades policiales en el municipio de Turbo, en el desarrollo de planes preventivos, logra, a través de la verificación de antecedentes, la captura de un sujeto de 44 años, quien era requerido por una circular roja, por el delito de posesión de tráfico de armas y explosivos, un requerimiento judicial por el país de Panamá", expresó el uniformado."Este sujeto será puesto a disposición de las autoridades judiciales para que en el marco de los convenios y procesos correspondientes sea dejado a disposición de la autoridad y del país requerido", expresó el uniformado", completó.Sin embargo, este no sería el único hombre con reporte de la Interpol que ha sido atrapado en la subregión, pues hace un mes fue encontrado muerto en Necoclí el venezolano José Mercedes Tineo, quien estaba siendo buscado por las autoridades por ser el principal sospechoso de la desaparición de varias mujeres en Colombia y Venezuela.
Desde Cartagena se trasladó el equipo especializado de Guardacostas del Caribe y Migración Colombia, que en una operación conjunta, lograron la captura en un reconocido hotel de las Islas del Rosario de un ciudadano extranjero que tenía circular roja de Interpol.El extranjero, procedente de Albania, tenía una orden de captura vigente en su país por presuntos delitos relacionados con el tráfico de armas.Durante el procedimiento, el hombre intentó darse a la fuga, pero fue capturado en una rápida reacción de los uniformados.>> Lea también: En hotel de Cali fue capturado ciudadano extranjero con circular roja de InterpolEl extranjero se encuentra bajo custodia de las autoridades colombianas, mientras se adelantan los trámites legales correspondientes para que responda ante las autoridades de su país.
En medio de operativos en el marco del Plan Navidad, fue capturado en el municipio de Apartadó, Luis Arley Iglesias, conocido con el alias de 'Lucho', de 35 años, quien, al parecer, sería un traficante de armas de grupos armados en la subregión de Urabá.El operativo fue llevado a cabo en el sector Mata de Guadua, durante los controles viales llevados a cabo en vías intermunicipales, donde fue identificado este hombre movilizándose en una motocicleta, quien, al notar la presencia policial, intentó huir de las autoridades. El intento de fuga de alias ‘Lucho’ duró poco, pues metros más adelante, fue interceptado nuevamente por los uniformados, quienes, al requisarlo, encontraron que tenía en su poder 345 cartuchos para fusil calibre 7.62 mm, además de otros elementos incautados.De acuerdo con información suministrada por unidades de inteligencia, alias ‘Lucho’, tendría un largo prontuario criminal, pues habría estado vinculado durante los últimos tres años al transporte y comercialización de armas de fuego para grupos armados organizados en la subregión. Y al parecer, y debido a las características de los cartuchos incautados, estaría implicado en un atentado ocurrido el 8 de agosto de 2023, en el peaje de la vía Chigorodó - Dabeiba, contra un policía de tránsito, quien lamentablemente perdió la vida en estos hechos violentos.El capturado deberá responder por el delito de tráfico y porte ilegal de armas de fuego y municiones. Alias 'Lucho' junto a los elementos incautados fueron puestos a disposición de la Fiscalía 66 Seccional de Chigorodó para continuar con el proceso judicial.
Como alias 'Joan' y 'El Gringo' fueron identificados los dos presuntos delincuentes que terminaron siendo capturados entre los barrios La Paz y Ciudad Modesto, quienes, al parecer, se encargaban del tráfico de armas de fuego e, inclusive, uno de ellos se encontraba al servicio de organizaciones delictivas con injerencia en el área metropolitana de Barranquilla. Las capturas, que se dieron en flagrancia durante las últimas horas, se realizaron por el delito de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, siendo que alias 'Joan' ya contaba con anotaciones judiciales por este mismo hecho, según confirmó la Policía Metropolitana de Barranquilla.Así las cosas, en medio de los operativos de captura se incautaron dos armas de fuego que, al parecer, habrían sido utilizadas para la comisión de diferentes delitos en Barranquilla y su área metropolitana.El coronel Cásar Sarabia, subcomandante de la Policía, indicó que "durante los procedimientos fueron hallados un revólver, una pistola, cinco cartuchos de 38 milímetros y tres cartuchos nueve milímetros, motivo por el cual fueron capturados alias 'El Gringo' y alias 'Johan', quienes estarían encargados de la custodia de estos sitios". Por su parte, Sarabia también indicó que "alias 'Johan' registra dos anotaciones por el delito de porte ilegal de armas, mientras que, de acuerdo con la investigación, alias 'El Gringo' sería presuntamente uno de los armeros de 'Los Costeños', el cual tendría la orden de almacenar y comercializar armas de fuego". La Policía Metropolitana de Barranquilla, a su vez, señaló que continuará desarrollando acciones que se encuentren encaminadas a la reducción de delitos en dicha jurisdicción.
En las últimas horas, fue capturado un suboficial del Ejército, identificado como el sargento Camilo Andrés Rico, perteneciente al batallón de Instrucción número 6, ubicado en el corregimiento de Gualanday, municipio de Coello, Tolima, por el delito de fabricación, tráfico y porte de armas y municiones.De acuerdo con la investigación a cargo de contrainteligencia, el sargento Camilo Andrés Rico estaría vinculado la venta ilegal de munición y armas de uso privativo de las Fuerzas Militares, por lo que fue capturado por las autoridades por el delito de fabricación, tráfico y porte de armas y municiones.La captura del militar activo, que estaba de vacaciones en el momento de la captura, tuvo lugar muy cerca a Ibagué y contó con la cooperación de la Fiscalía. De acuerdo con las autoridades, el capturado al parecer estaría vinculado con irregularidades en la comercialización ilícita de munición de uso privativo de las Fuerzas Militares.Esta captura tuvo lugar gracias a la colaboración entre las instituciones de seguridad y la investigación y capacidades de contrainteligencia militar, que llevó a la captura del suboficial.
Un operativo del Ejército Nacional y la Policía en el municipio de Saravena, Arauca, dejó como resultado dos presuntos integrantes del ELN muertos en combate, seis personas capturadas y un menor de edad que, según las autoridades, había sido vinculado al grupo armado y fue rescatado durante la operación.La acción militar se llevó a cabo en la vereda Alto San Joaquín, donde tropas de la Décima Octava Brigada se enfrentaron a integrantes de la comisión Ernesto Che Guevara, perteneciente al frente Domingo Laín Sáenz del ELN.Tras el operativo, el menor fue entregado a las autoridades competentes para iniciar el proceso de restablecimiento de sus derechos.De acuerdo con información de inteligencia militar, los capturados harían parte de una estructura señalada de realizar ataques contra la Fuerza Pública y la población civil en los municipios de Fortul y Saravena. Además, las autoridades aseguran que el grupo estaría detrás de acciones para alterar el orden público antes y después de los recientes comicios electorales en la región.Durante la operación también fueron incautados cinco fusiles, tres armas cortas, más de 900 cartuchos de diferentes calibres, 23 proveedores, material de campaña y documentos que serán analizados por los organismos de inteligencia.Las Fuerzas Militares señalaron que este resultado hace parte de las operaciones que adelantan para reducir la capacidad de los grupos armados ilegales que operan en Arauca y reiteraron que continuarán las acciones de control y seguridad en el departamento.
El reciente terremoto en Venezuela ha generado una profunda preocupación en el sector de las confecciones de Santander, un gremio que ve con incertidumbre el impacto que esta emergencia pueda tener en el intercambio comercial bilateral. Franklin Guevara, director del gremio textil en el departamento, manifestó la solidaridad de los empresarios locales con el pueblo venezolano, al tiempo que advirtió sobre las repercusiones económicas inmediatas y a mediano plazo para la industria santandereana.La principal preocupación radica en la proximidad de la Exposición Internacional de Moda Infantil (EIMI Colombia), considerado el evento más importante de su tipo en Latinoamérica. Para esta edición, que se celebrará del 13 al 15 de julio en Bucaramanga, ya se tenía confirmada la asistencia de ocho grandes compradores provenientes de Caracas. Sin embargo, el cierre temporal de aeropuertos y la crisis humanitaria en el vecino país ponen en duda su participación, lo que afectaría directamente los negocios proyectados para la producción del segundo semestre del año.Históricamente, Venezuela ha sido el socio comercial más importante para los confeccionistas de Santander. Aunque el comercio sufrió una fuerte contracción a partir de 2006, en los últimos meses se venía registrando una notable recuperación en las ventas. Santander lidera la producción de ropa para recién nacidos en Colombia, un producto altamente apetecido en el mercado venezolano y en Centroamérica.Guevara señaló que, por respeto a la situación, aún no se han establecido contactos directos con los empresarios afectados, pero están muy atentos a la situación del país vecino. El flujo constante de mercancías en la frontera se encuentra bajo una enorme incertidumbre debido a los problemas logísticos derivados del sismo. Los textileros santandereanos esperan una pronta estabilización de la emergencia para reanudar los despachos diarios y asegurar la continuidad de un canal comercial que es vital para la economía de la región.
La Gobernación de Caldas informó que el Pico y Placa Ambiental sobre la vía que comunica a Manizales con Murillo, pasando por inmediaciones del volcán Nevado del Ruiz, continuará aplicándose hasta el próximo 30 de junio de 2026.Recordemos que recientemente un fallo judicial ordenó suspender esta medida y dispuso que las gobernaciones de Caldas y Tolima, además del Gobierno Nacional, implementen diferentes acciones que permitan la conservación de esa zona de geoparque.La administración departamental explicó que, desde la expedición de esa determinación, las gobernaciones de Caldas y Tolima, el Gobierno Nacional y las entidades competentes mantienen un proceso de articulación interinstitucional para evaluar y definir las medidas que permitan continuar con la protección del Parque Nacional Natural Los Nevados y su zona amortiguadora.Según la Gobernación, este trabajo ha estado acompañado por acciones permanentes de conservación, educación y sensibilización ambiental, las cuales buscan fortalecer la protección de este ecosistema estratégico.La Secretaría de Medio Ambiente indicó que, una vez las autoridades definan las medidas que regirán después del 30 de junio, la información será divulgada oportunamente a través de los canales oficiales de la Gobernación de Caldas.Finalmente, la administración departamental invitó a la ciudadanía a mantener prácticas responsables y a contribuir con la conservación del Parque Nacional Natural Los Nevados y su zona amortiguadora, considerados uno de los principales patrimonios naturales del país.
El Juzgado 01 de Control de Garantías de Barranquilla negó la solicitud de sustitución de la medida de aseguramiento presentada por la defensa de Walter Francisco Martínez Martínez, procesado por su presunta participación en una red transnacional dedicada al ingreso de recursos de origen ilícito y mercancía de contrabando al país, que posteriormente era comercializada en establecimientos de Lili Pink. La defensa solicitó que la medida intramural fuera reemplazada por detención domiciliaria debido al estado de salud del procesado, quien ha comparecido a las audiencias desde una cama hospitalaria.Durante la diligencia, el abogado defensor Orlando Anaya explicó que Martínez permanece hospitalizado desde mayo y sostuvo que su condición médica no ha mejorado. “En el transcurrir de esa audiencia prácticamente desde el 1.º de mayo se encuentra en hospitales, por un delicado estado de salud, el 13 de mayo de 2026 se ordenó que el señor Walter Martínez se quedara en la clínica La Asunción por su estado de salud , A la fecha, el señor Martínez no ha superado esa situación, por lo que solicitó deberá permanecer en su hogar de residencia”, manifestó.Entre las patologías expuestas por la defensa figuran afecciones renales, cardíacas y problemas en la columna. Sin embargo, el juez concluyó que no era procedente modificar la medida de aseguramiento, al considerar que la decisión adoptada previamente por el Juzgado 62 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá estableció que el procesado debía permanecer en un centro hospitalario hasta que un dictamen médico certificara su recuperación.Al sustentar su decisión, el despacho señaló que carecía de competencia para modificar lo resuelto por otro juez. “Porque el mismo médico estableció que debía estar en ese tiempo, en ese centro hospitalario hasta que se acredite su recuperación , una vez se verifique mediante dictamen médico que ya el señor está recuperado, debe ser trasladado al establecimiento carcelario. En esta situación, no se ha acreditado que el señor se encuentra recuperado, y si este despacho entra a tomar una decisión distinta se estaría convirtiendo en un superior del Juzgado 62 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá”, indicó.El juez también descartó ordenar el traslado del procesado a su residencia, al considerar que ello podría afectar su recuperación y excedería las competencias del despacho. “Este despacho no sustituye la medida de aseguramiento intrahospitalaria especialmente con el propósito, primero, de no convertirse en un superior funcional jerárquico de esa autoridad, y segundo, de preservar el derecho a la vida de la persona que se encuentra en riesgo de muerte”, concluyó.Según la investigación de la Fiscalía, Walter Martínez habría participado en la constitución, administración y representación legal de al menos siete empresas de papel importadoras, utilizadas presuntamente para simular operaciones de comercio exterior y evadir controles aduaneros. De esa manera, se habría facilitado el ingreso al país de prendas de vestir, juguetes, cosméticos y otros productos con apariencia de legalidad.Las autoridades también establecieron que varias de las sociedades investigadas registraban direcciones inexistentes o correspondían a lotes desocupados e inmuebles residenciales sin relación con la actividad comercial reportada. Por estos hechos, la Fiscalía imputó a Martínez Martínez los delitos de concierto para delinquir con fines de contrabando, contrabando, lavado de activos y enriquecimiento ilícito a favor de terceros.
Soldados de la Décima Primera Brigada del Ejército Nacional lograron la captura de tres sujetos y la recuperación de una menor de edad, presuntamente integrantes del grupo armado organizado Cartel del Clan del Golfo.La ofensiva se produjo en la vereda Villa Severa, en jurisdicción del municipio de Zaragoza, gracias a la información aportada por la inteligencia militar. Los capturados son conocidos como alias Care Loco, Z y Boika, quienes, junto a la menor recuperada, harían parte del componente armado de la Subestructura Manuel Alexánder Ariza Rosario.El Brigadier General Óscar del Cristo Díaz, señaló que, como resultado de la acción militar, también se incautó material de guerra, intendencia y comunicaciones perteneciente a este grupo ilegal.“Con estas operaciones donde se le incauta material de guerra, comunicaciones y otros elementos de interés para la inteligencia militar, reafirmamos el compromiso con esta población civil en este sector del Bajo Cauca antioqueño. El propósito es que estas personas desplazadas puedan retornar a su territorio”, resaltó el Brigadier General.Estas personas serían responsables del cobro de extorsiones, y homicidios selectivos de civiles y miembros de la Fuerza Pública en su área de injerencia criminal.Asimismo, son señalados de participar en las recientes confrontaciones entre grupos ilegales en la subregión del Bajo Cauca antioqueño, empleando drones con explosivos como método de ataque, lo que ha generado desplazamientos masivos, afectaciones a viviendas y confinamiento en las comunidades de la zona.
