En medio de la controversia por la expedición del Decreto 1368 sobre la regulación y permisos del porte de armas de fuego en Colombia, el general en retiro Fernando Murillo, exdirector de la Dijin de la Policía Nacional entre 2020 y 2022, defendió la efectividad de la medida al asegurar que la tenencia y el porte legal ejercen un efecto de contención directo sobre la delincuenciaSegún el alto oficial en retiro, el deterioro de la seguridad ciudadana ha llevado a la población a demandar herramientas legítimas para proteger su vida y su patrimonio frente a una criminalidad que “ya no respeta ni la institucionalidad, no respeta la vida, no respeta la integridad”.Disuasión y la necesidad de autoprotecciónPara el general (r) Murillo, la sola probabilidad de que los ciudadanos estén armados legalmente altera el cálculo de los criminales en las calles. “El solo hecho que el delincuente común hoy sepa que hay ciudadanos que tienen un porte legal de armas, es disuasivo para todos los hechos de violencia que estamos viendo”, sostuvo en diálogo con Mañanas Blu.Al ser cuestionado sobre si la protección no debería recaer exclusivamente en las instituciones del Estado, Murillo señaló que existía una realidad ineludible en materia de seguridad: “Ese es el deber ser... Pero también hay que tener en cuenta que en seguridad ciudadana el ciudadano tiene corresponsabilidades y la corresponsabilidad es la autoprotección”.Requisitos rigurosos y diferencia entre porte y tenenciaFrente a las críticas de quienes temen un descontrol de armamento en las calles, Murillo enfatizó que la decisión gubernamental “no es una patente de corso” ni autoriza la comercialización libre. Aclaró que la venta de armas se mantiene bajo el monopolio de las Fuerzas Militares a través de Indumil y requiere la evaluación de un comité especializado tras someterse a exámenes médicos, psicotécnicos, revisión de antecedentes y referencias personales.Asimismo, precisó la diferencia técnica entre las licencias existentes en la legislación colombiana: “La tenencia es cuando usted compra un arma legalmente al estado y la tiene en un lugar, ya sea su residencia, su en su actividad económica, en su finca... no la puede transportar permanentemente”, mientras que “el porte es cuando la persona adquiere un arma precisamente para que lo acompañe a toda a su actividad personal o laboral”. Además, recordó que existen prohibiciones tajantes, como la imposibilidad de portar armamento bajo los efectos del alcohol.Los riesgos de convivencia y el debate sobre las armas ilegalesAl evaluar los posibles riesgos de violencia intrafamiliar o accidentes en los hogares, el exdirector de la Dijin reconoció que “puede haber un riesgo en el mal uso del arma de fuego, pero eso ya es la condición de la persona” . Sin embargo, insistió en que el objetivo principal es permitir la legítima defensa cuando el Estado no puede brindar una respuesta inmediata.Por su parte, el experto en seguridad ciudadana y exsubsecretario de Seguridad de Bogotá, Andrés Nieto, aportó una perspectiva crítica basada en cifras e investigaciones internacionales. Nieto advirtió que la flexibilización suele provocar “un aumento en los primeros 3 años de hasta el 26% de riñas entre familiares, conocidos o amigos que terminan... con estas armas en medio de esas discusiones”.No obstante, Nieto coincidió en que el verdadero problema radica en el mercado negro: “El problema en este país no son las armas legales... sino son las ilegales”, estimando en más de tres millones los dispositivos no regulados en manos de la delincuenciaFinalmente, el experto recordó que el permiso legal no otorga impunidad penal: “Usted puede tener ahora un permiso, un salvoconducto, tanto de tenencia como deporte y eso no lo va a exonerar de responder ante las autoridades por un homicidio”, resaltando la alta complejidad jurídica para demostrar la legítima defensa ante un juez. Escuche aquí la entrevista:
El Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella levantó la suspensión general de los permisos para el porte de armas de fuego en Colombia, una medida que, según el mandatario, busca modificar la política que durante años restringió el porte legal de armas mientras los grupos criminales continuaron accediendo a armamento de manera ilegal.“Firmé el decreto que levanta la suspensión general de los permisos para el porte de armas de fuego en Colombia”, anunció De la Espriella a través de sus redes sociales. El presidente aclaró que la decisión no significa que se permita el porte indiscriminado de armas en el país. De acuerdo con su explicación, continuarán vigentes los controles, requisitos y permisos establecidos por las autoridades competentes.“Esto NO significa porte indiscriminado. Se mantienen controles estrictos, requisitos y permisos de las autoridades competentes. Lo que termina es la suspensión general que convertía la prohibición en regla”, señaló.Gobierno reporta más de 15.000 armas incautadasPara sustentar la decisión, el mandatario presentó cifras de incautaciones realizadas por la Fuerza Pública entre el 1.º de enero y el 3 de septiembre. Según los datos entregados por De la Espriella, durante ese periodo fueron incautadas 15.700 armas de fuego. De ese total, 14.179 estarían relacionadas con la comisión de delitos.El presidente también informó sobre armas presuntamente vinculadas con diferentes organizaciones armadas ilegales. Según las cifras divulgadas, 980 armas estaban relacionadas con disidencias, 551 con el Clan del Golfo y 339 con el ELN.En el caso de las armas asociadas a las disidencias, el Gobierno señaló que se encontraron 380 fusiles y 65 morteros calibre 60 milímetros. “Ese es el poder de fuego que el Estado tiene que perseguir y destruir”, afirmó el presidente.Estas son las condiciones para el porte legal de armasEl levantamiento de la suspensión continuará sujeto a las condiciones establecidas por la ley. Entre los requisitos señalados se encuentran:Contar con un permiso vigente expedido por la autoridad militar competente.Portar únicamente el arma que se encuentre amparada por el permiso correspondiente.Tener una edad mínima de 25 años.No registrar antecedentes.Aprobar el certificado médico y la evaluación de aptitud psicofísica.Acreditar conocimiento teórico sobre el manejo y uso del arma.
Un hombre señalado de comercializar y traficar armas de fuego fue capturado en el barrio Miraflores de Girón, Santander. Tras el operativo, integrantes de la banda habrían intentado recuperar un teléfono celular por el que, según la Policía, llegaron a ofrecer hasta $25 millones.La captura fue realizada en un operativo coordinado entre el Gaula Chicamocha y el Grupo de Operaciones Especiales (GOES) de la Policía Nacional. Durante el procedimiento fueron incautados una escopeta Mossberg, un revólver y munición de diferentes calibres, entre ellos 38 y 9 milímetros.Sin embargo, el teléfono celular decomisado terminó convirtiéndose en una pieza clave de la investigación. De acuerdo con el coronel Néstor Arévalo, comandante de la Policía en Santander, después del procedimiento varias personas intentaron contactar a funcionarios para que el dispositivo no quedara en poder de las autoridades.“Le llegaron a ofrecer hasta $25 millones para que les devolvieran el teléfono”, señaló el oficial.La Policía considera que la información almacenada en el dispositivo podría aportar datos relevantes sobre la forma en que se estaría desarrollando el tráfico de armas en el área metropolitana de Bucaramanga, Santander y otras regiones del país.“Ahí vamos a encontrar información supremamente importante y evidencia con relación al tráfico de armas”, explicó el coronel Arévalo, quien agregó que el capturado quedó privado de la libertad en un establecimiento carcelario.Según las primeras investigaciones, el hombre tendría como función la comercialización y entrega de armas de fuego para estructuras delincuenciales que operan en diferentes zonas. La Policía indaga además posibles conexiones con grupos que delinquen en el sur del Cesar, Norte de Santander y sectores como Cáchira, La Esperanza y el Bajo Rionegro.Las autoridades continúan con la investigación para establecer quiénes estarían detrás del interés por recuperar el celular y qué información contiene el dispositivo que llevó a ofrecer una millonaria suma de dinero para sacarlo de manos de la Policía.
En un comunicado, la Policía confirmó el homicidio de Andrés Felipe Roa Porras, de 24 años de edad, en un ataque cometido en el barrio La Patria, en el suroccidente de Armenia.En vía pública y frente a la capilla Santa Laura Montoya, "Dos individuos que se movilizaban en una motocicleta, accionaron un arma de fuego en contra de la humanidad de esta persona", señaló la Policía del Quindío en el comunicado.¿Qué antecedentes judiciales tenía la víctima?Según la Policía, Andrés Felipe Roa Porras "presentaba antecedentes judiciales en el Sistema Penal Oral Acusatorio por los delitos de fabricación, tráfico, porte o tenencias de armas de fuego o municiones y amenazas en 2025; homicidio en 2018; tráfico, fabricación o porte de estupefacientes en los años 2017, 2018, 2020 y 2025; hurto en el 2021 y 2022; lesiones personales en 2020; concierto para delinquir en 2019; y daño en bien ajeno en 2018".Además, la víctima ya habría sido lesionado con arma cortopunzante el 17 de diciembre de 2025, en el barrio Simón Bolivar de la capital quindiana en medio de una riña.Ahora, la Sijín de la Policía investiga este caso para determinar cuáles fueron los orígenes del ataque y quién está detrás de éste homicidio.
Un contundente golpe a las disidencias de las FARC fue propinado por la Fuerza Pública en la vereda El Kiosko, del municipio de Algeciras, Huila. En un operativo conjunto se incautaron tres fusiles, tres cargadores, 60 cartuchos, 40 detonadores, cerca de 100 citaciones extorsivas y un sello con los símbolos de la Comisión de Finanzas del frente “Iván Díaz”.De acuerdo con las investigaciones, este material iba a ser utilizado por la estructura ilegal para realizar acciones terroristas y presionar a las comunidades de los municipios de Gigante, Hobo, Algeciras y Campoalegre. La intención era extender las intimidaciones y reforzar el cobro de extorsiones a comerciantes, transportadores y campesinos de la región.Las autoridades explicaron que el hallazgo representa un duro golpe contra las finanzas criminales de este frente, pues los panfletos y el sello incautados eran piezas clave en la estrategia de miedo con la que pretendían someter a la población. Además, los fusiles y municiones habrían sido empleados para hostigar a la Fuerza Pública y proteger sus rutas de movilidad ilegal.La operación forma parte de la ofensiva nacional contra el multicrimen y busca neutralizar las acciones violentas que las disidencias del frente “Iván Díaz” venían planeando en el sur del país. Según las autoridades, este resultado no solo debilita su capacidad armada, sino que también refuerza la seguridad en zonas históricamente golpeadas por la violencia.Finalmente, la Fuerza Pública reiteró su compromiso de continuar las operaciones en el Huila, al tiempo que hizo un llamado a la ciudadanía para que denuncie cualquier hecho sospechoso y contribuya a frenar las economías ilícitas que sostienen a estas estructuras.
El Ministerio de Defensa puso en marcha una serie de medidas destinadas a fortalecer el control de las armas de fuego en poder de las empresas de vigilancia y seguridad privada en el país. La iniciativa se desarrolla en coordinación con la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada y el Departamento de Control, Comercio de Armas y Explosivos (DCCAE) de las Fuerzas Militares.Como parte de estas acciones, se implementó un Protocolo Interinstitucional de Actuación que estandariza los procedimientos de bloqueo operativo, custodia preventiva y seguimiento administrativo de las armas involucradas en procesos sancionatorios. El propósito es impedir que el armamento legalmente asignado a este sector sea utilizado de forma irregular.>> Lea también: Policía presenta nuevo manual para uso de armas no letales: los principales cambiosLas autoridades señalaron que, además del protocolo, se está fortaleciendo la comunicación y la coordinación entre las diferentes entidades responsables del control de armamento. Con esto se busca garantizar un seguimiento eficiente a las armas en todo el territorio nacional.El protocolo hace parte de una estrategia que se sustenta en el cumplimiento de los artículos 80 y 81 del Decreto Ley 2535 de 1993, así como en la Circular Externa Conjunta 20224100000195, normativa que establece los requisitos y procedimientos para el manejo de armas en el sector de vigilancia y seguridad privada.El Gobierno precisó que esta serie de medidas también está orientada a garantizar el cumplimiento de la legalidad dentro del sector y a prevenir que el armamento asignado a empresas privadas termine en manos de actores al margen de la ley.
En un trabajo articulado entre la Alcaldía de Medellín, la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá y la Fiscalía General de la Nación, desarticularon una red ilegal conocida como ‘‘Los Socios’’ dedicada al tráfico de armas, municiones y explosivos que operaba tanto en zonas urbanas como en semirurales de la capital antioqueña.Esta red tenía vínculos con el grupo residual 36 de las Farc y el grupo delincuencial organizado La Terraza, y de acuerdo con el secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa, en el operativo se capturó a tres integrantes de la red identificados como alias Dani, Saúl y Henrizón.Los capturados fueron puestos a disposición de la autoridad competente por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. Alias “Aníbal” tiene antecedentes por tráfico de armas y estafa.El comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, el brigadier general William Castaño, explicó que usaban la modalidad de encomiendas para movilizar las armas hacia los municipios del Nordeste antioqueño como Anorí, Campamento, Angostura y Gómez Plata. Además, se incautó una pistola traumática, proveedores, más de 80 cartuchos de distintos calibres y cinco celulares, así como gracias a las labores de inteligencia se identificó el movimiento de 20 fusiles, 25 armas cortas y grandes cantidades de munición que estaban siendo distribuidas en la ciudad.Ahora se llevarán a cabo las audiencias preliminares para que un juez les dicte a los capturados medida a privativa de la libertad en establecimiento carcelario.
En un operativo de control vial, la Policía logró un contundente golpe contra el tráfico ilegal de material explosivo en la región. Durante la inspección a un vehículo de carga en el kilómetro 14+100, sector Las Vegas, en la vía que conecta el corregimiento de La Fortuna con Bucaramanga, se descubrió un importante cargamento de explosivos transportados de manera irregular.En el procedimiento, los uniformados encontraron 51 barras de explosivo industrial marca Indugel y 200 detonadores ineléctricos, los cuales eran trasladados sin los permisos exigidos por la Industria Militar de Colombia (Indumil). Según el informe oficial, el material estaba almacenado de manera inapropiada en un solo paquete, lo que aumentaba el riesgo de una explosión.El conductor del vehículo, un hombre de 57 años, no presentó documentación que acreditara la legalidad y destino de los explosivos, motivo por el cual fue capturado en flagrancia y puesto a disposición de las autoridades por el delito de fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso privativo de las fuerzas armadas o explosivos.La Policía informó que la Sijin, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, asumió el caso para determinar la procedencia del material y posibles nexos con estructuras delictivas.Según las investigaciones preliminares, se presume que estos explosivos podrían estar destinados a actividades de minería ilegal, una hipótesis respaldada por la incautación en lo corrido del año de 78 barras de Indugel, 300 detonadores y 20 metros de cordón detonante en la región."La incautación de estos explosivos evita posibles afectaciones a la vida y la tranquilidad de la comunidad. Continuaremos desplegando controles rigurosos en los corredores viales para contrarrestar el tráfico ilegal de material que ponga en riesgo a la población”, afirmó el coronel Carlos Fuelagán, comandante de la Policía de Santander.
Durante actividades de registro y control, los uniformados capturaron por orden judicial a un ciudadano de 44 años, residente en el barrio Santa Fe La Playa en Turbo, Urabá, al que al verificársele los antecedentes, le figura una notificación roja positiva de Interpol solicitada por Panamá, país en el cual tenía reportes por delitos de tráfico de armas y explosivos.Según mencionó a Blu Radio el coronel William Zubieta, comandante de la Policía de Urabá, el capturado fue puesto a disposición de la dirección de asuntos internacionales de la Fiscalía General de la Nación, para resolver su situación judicial."Nuestras unidades policiales en el municipio de Turbo, en el desarrollo de planes preventivos, logra, a través de la verificación de antecedentes, la captura de un sujeto de 44 años, quien era requerido por una circular roja, por el delito de posesión de tráfico de armas y explosivos, un requerimiento judicial por el país de Panamá", expresó el uniformado."Este sujeto será puesto a disposición de las autoridades judiciales para que en el marco de los convenios y procesos correspondientes sea dejado a disposición de la autoridad y del país requerido", expresó el uniformado", completó.Sin embargo, este no sería el único hombre con reporte de la Interpol que ha sido atrapado en la subregión, pues hace un mes fue encontrado muerto en Necoclí el venezolano José Mercedes Tineo, quien estaba siendo buscado por las autoridades por ser el principal sospechoso de la desaparición de varias mujeres en Colombia y Venezuela.
Desde Cartagena se trasladó el equipo especializado de Guardacostas del Caribe y Migración Colombia, que en una operación conjunta, lograron la captura en un reconocido hotel de las Islas del Rosario de un ciudadano extranjero que tenía circular roja de Interpol.El extranjero, procedente de Albania, tenía una orden de captura vigente en su país por presuntos delitos relacionados con el tráfico de armas.Durante el procedimiento, el hombre intentó darse a la fuga, pero fue capturado en una rápida reacción de los uniformados.>> Lea también: En hotel de Cali fue capturado ciudadano extranjero con circular roja de InterpolEl extranjero se encuentra bajo custodia de las autoridades colombianas, mientras se adelantan los trámites legales correspondientes para que responda ante las autoridades de su país.
Las intensas lluvias registradas durante los últimos días en la Alta Guajira han generado dificultades de movilidad y dejado incomunicadas a varias comunidades indígenas, cuyos habitantes enfrentan problemas para acceder a servicios y productos esenciales.La situación ha impedido que algunas familias puedan salir en busca de agua potable, alimentos y medicamentos, así como trasladar a personas enfermas hacia los cascos urbanos de municipios como Uribia y Manaure, para que reciban atención médica. Las crecientes de los arroyos han complicado aún más el panorama en esta zona del departamento.A estas afectaciones se suman las dificultades que enfrentan los transportadores para movilizarse por las trochas. Las malas condiciones del terreno y el aumento de los caudales han obstaculizado el paso de vehículos que llevan alimentos y otros productos hacia diferentes sectores de la región.Habitantes y transportadores manifiestan su preocupación por las consecuencias que puede traer esta situación, especialmente para las comunidades indígenas que dependen del abastecimiento externo para acceder a productos de primera necesidad y servicios básicos.“ Para esta temporada, la situación es muy difícil a los operadores de estos programas del ICBF han tenido pérdidas porque se mojan los productos porque los camiones se llevaran en las trochas y cualquier cantidad de dificultades para llevar los alimentos y también pasa lo mismo con los medicamentos”, dijo Wilberto Teherán, habitante de la Alta Guajira.Ante este panorama, las comunidades hicieron un llamado urgente al Gobierno nacional para que atienda las afectaciones, facilite el acceso a agua a las comunidades y disponga las acciones necesarias para garantizar el suministro del líquido, alimentos, medicamentos y atención médica a las familias damnificadas.
El representante a la Cámara Héctor Chaparro, integrante de la Comisión Tercera y del Partido Liberal, expuso los reparos de su bancada frente a la Ley de rescate económico presentada por el Gobierno nacional. Tras una reunión en Barranquilla con integrantes del Ejecutivo y representantes de diferentes partidos, señaló que existe preocupación por los impuestos propuestos para la canasta familiar, el sector agropecuario y las personas con ingresos superiores a cinco millones de pesos.El congresista reconoció la necesidad de tomar medidas para enfrentar el déficit fiscal, pero advirtió que el proyecto debe tener viabilidad política en el Congreso y contemplar alternativas de recaudo. “La magnitud de la crisis fiscal puede afectar a todos los hogares colombianos”, afirmó.Chaparro indicó que los partidos de gobierno e independientes presentaron sus inquietudes durante el encuentro, en el que participaron el vicepresidente de la República, los ministros de Comercio, Transporte e Interior y el director de la Dian.¿Qué reparos tiene el Partido Liberal frente a la Ley de rescate económico?Uno de los principales puntos de preocupación es el aumento del IVA para productos de la canasta básica y elementos utilizados en el sector agropecuario, como fertilizantes, plaguicidas y distritos de riego. También mencionó los cambios en el impuesto de renta para personas que reciben más de cinco millones de pesos, el incremento de los parafiscales y los posibles efectos de los impuestos a las bebidas alcohólicas sobre las rentas territoriales.El representante recordó que el Gobierno busca reducir una brecha fiscal superior a 90 billones de pesos, por lo que considera necesario revisar las fuentes de financiación. “Es necesario que hoy se trabaje articuladamente entre el Gobierno y el Congreso para buscar una ley que realmente logre generar unas medidas para el ajuste fiscal”, sostuvo.¿Qué opina Héctor Chaparro del IVA a las compras en plataformas digitales?Chaparro también se refirió a la propuesta de eliminar la exclusión del IVA para los envíos urgentes de menos de 200 dólares. La medida implicaría que compras realizadas mediante plataformas como Amazon, Temu y Shein paguen la tarifa general del 19 %.El congresista consideró que el tema debe discutirse en el Legislativo. Explicó que la exclusión comenzó en 2014, antes de la expansión del comercio electrónico, y que actualmente puede generar diferencias entre quienes compran en plataformas digitales y quienes adquieren los mismos productos en establecimientos físicos.“Hay un desnivel en esta cancha”, señaló. Además, mencionó el llamado pitufeo, una práctica que describió como la agrupación de cientos de pedidos de bajo valor en una misma dirección para evitar el pago del impuesto.Sobre las alternativas de recaudo, cuestionó que se plantee reducir el impuesto de renta a las empresas mientras se proponen nuevos cobros para otros sectores. “Tenemos que pensar precisamente en cuáles son los impuestos que realmente vamos a aumentar”, afirmó.Finalmente, anunció que el Partido Liberal presentará en los próximos días una propuesta como bancada de las comisiones económicas para plantear alternativas frente al proyecto del Gobierno.
El Chontico Día es uno de los juegos de chance más reconocidos del Valle del Cauca. Cada jornada reúne a miles de participantes que siguen el sorteo y revisan la combinación ganadora para comprobar si sus apuestas fueron favorecidas.Resultado del Chontico Día hoy, lunes 9 de noviembre de 2026El resultado oficial del sorteo de este lunes está pendiente de publicación. Estos son los datos que podrán consultar los apostadores una vez se anuncien las cifras:Número ganador: pendiente de publicación.Dos últimas cifras: pendiente de publicación.Tres últimas cifras: pendiente de publicación.Quinta balota: pendiente de publicación.Los resultados pueden verificarse en los canales autorizados y en los puntos de venta. Además, el sorteo se transmite en vivo para quienes desean seguir el anuncio del número ganador.¿A qué hora juega el Chontico Día?El Chontico Día se juega todos los días a la 1:00 p. m. Los resultados oficiales están disponibles después del sorteo a través de los medios habilitados para su consulta.¿Cómo se juega el Chontico Día?Los participantes pueden elegir entre seis modalidades, según las cifras que quieran acertar:Cuatro cifras directo o superpleno: exige acertar los cuatro números en el mismo orden del resultado.Cuatro cifras combinado: permite ganar al acertar las cuatro cifras, sin importar su posición.Tres cifras directo: requiere coincidir con las tres últimas cifras en el orden exacto.Tres cifras combinado: premia el acierto de las tres cifras finales en cualquier orden.Dos cifras o pata: consiste en acertar los dos últimos números.Una cifra o uña: entrega premio cuando coincide únicamente el último dígito.¿Cuánto cuesta apostar en Chontico Día?El juego permite participar con diferentes presupuestos, dentro de los valores establecidos:Apuesta mínima: $500.Apuesta máxima: $10.000.¿Cómo reclamar un premio del Chontico Día?Para cobrar un premio, los ganadores deben presentar la documentación exigida en los puntos autorizados. Los documentos básicos son:Tiquete original en buen estado, correctamente diligenciado y sin tachones ni enmendaduras.Documento de identidad original.Fotocopia legible del documento de identidad.Los requisitos adicionales dependen del valor del premio:Premios inferiores a 48 UVT: solo se requieren los documentos básicos.Premios entre 48 y 181 UVT: también se debe diligenciar el formulario SIPLAFT.Premios superiores a 182 UVT: se exige una certificación bancaria con una vigencia máxima de 30 días, expedida a nombre del ganador. El pago se realiza mediante transferencia bancaria y puede tardar aproximadamente ocho días hábiles.Con sorteos diarios, seis modalidades de apuesta y distintas opciones para acertar, el Chontico Día conserva su presencia entre los juegos de chance más consultados en el Valle del Cauca.
El Gobierno Nacional ha prometido recortar un 15 % el tamaño del Estado gracias a la ley de rescate económico que está siendo discutida en el Congreso, y uno de sus frentes de batalla será el recorte de ‘otras transferencias’ y de ‘fondos especiales’.Según el Ministerio de Hacienda, en el presupuesto del próximo año hay 23 billones de pesos dispersos en 262 renglones del presupuesto agrupados bajo el concepto de transferencias y unos 19 billones más en fondos especiales. Este recorte de transferencias en Colombia no incluye a los establecimientos públicos, que completan los 63 billones de pesos que el ministro Miguel Gómez ha calificado como ‘mal usados’. La ley de rescate económico le daría al Gobierno la potestad de aplazar o recortar las transferencias que no tengan aval en 2027 y de no programarlas en el resto del mandato de Abelardo De La Espriella. Sin embargo, el Ministerio de Hacienda no planea hacer un ‘recorte indiscriminado’ de todos esos gastos, sino una evaluación caso a caso.“Dentro de estas partidas hay transferencias que financian actividades productivas de empresas públicas o mixtas que deberían ser autosostenibles, estudios de alto costo o programas que deberían financiarse con recursos propios de las entidades. La propuesta busca revisar si estas asignaciones siguen siendo necesarias, si cumplen los objetivos para los cuales fueron creadas y si existen duplicidades o posibilidades de utilizar mejor los recursos públicos”, dijo la entidad en respuesta a Blu Radio.Quedan excluidas de los recortes las transferencias directas por seguridad social, educación y transferencias territoriales definidas por la Constitución.Más allá de la ley que está en trámite, el Gobierno está pensando en medidas “complementarias” para recortar los gastos, que podrían incluir cambios a los subsidios en servicios públicos.“El proyecto no contempla una modificación específica al esquema de subsidios de los servicios públicos domiciliarios, pero es un tema que tenemos previsto seguir trabajando en el marco de nuestro plan de Gobierno, particularmente en el Plan Nacional de Desarrollo”, agregó la entidad.La ley de rescate económico no contempla medidas adicionales para controlar el déficit en materia de precios de la gasolina y el ACPM; sin embargo, el Gobierno ya tiene las “herramientas legales necesarias” para hacer ajustes graduales y su objetivo sigue siendo ‘avanzar’ hacia la neutralidad del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles.
La Dirección Nacional de Inteligencia desde el pasado siete de agosto, ha venido adelantando una serie de tareas para evaluar las actuaciones adelantadas durante el gobierno del expresidente Gustavo Petro y desde el comienzo, estaba en la mira el nombre de Carlos Andrés Oyola, quien estaría presuntamente involucrado en varias irregularidades.Según información de fuentes oficiales, Oyola habría intentado evitar su declaratoria de insubsistencia de su cargo como funcionario de la DNI por medio de incapacidades médicas de una reconocida clínica de Neiva, cuya autenticidad está siendo verificada por las autoridades. El presunto hacker habría decidido instalarse en la capital del Huila una vez terminó el gobierno de Gustavo Petro y de acuerdo con datos de inteligencia, estaría buscando fugarse hacia Brasil.Fuentes enteradas del asunto, indicaron que desde el pasado 7 de agosto, la DNI venía trabajando de la mano con la Fiscalía y específicamente con el CTI y por eso mantenía seguimiento y ubicación permanente a Carlos Oyola, hasta el viernes pasado cuando fue capturado en la capital del Huila.De acuerdo con personas que han formado parte de la investigación, mientras la DNI proveía información estratégica sobre la ubicación de Oyola, el CTI se desplazó a Neiva para adelantar las tareas investigativas relacionadas con el proceso penal en contra del exfuncionario.Según información de fuentes oficiales, el presidente Abelardo De La Espriella ha estado enterado permanentemente de las irregularidades presuntamente cometidas por Oyola y de la gravedad de las implicaciones de la posible fuga de información por esa vía.¿Qué actuaciones irregulares habría cometido Oyola en la DNI?Aunque hay certeza en la DNI que no se llevó la totalidad de las copias de la información de inteligencia, Carlos Andrés Oyola sí habría tenido acceso a elementos de interés, entre ellos discos duros, archivos digitales y copias de seguridad. Ahora se busca establecer qué clase de información estuvo comprometida y quiénes tuvieron acceso. No se descarta que eventualmente agencias de inteligencia rusas estén involucradas.Dentro de las funciones que Carlos Andrés Oyola habría cumplido en la DNI, se investiga si estaba la posibilidad de torpedear la cooperación en materia de inteligencia con Estados Unidos, Israel y Reino Unido, por instrucciones superiores.Pero lo más delicado que se investiga es si Carlos Oyola formó parte de una estructura con capacidades de inteligencia para afectar el proceso de las elecciones presidenciales de este año. Oyola habría tenido acceso a la información de la Registraduría sobre candidatos a la presidencia y también habría tenido la función de atacar al Registrador Nacional Hernán Penagos, cuestionar el software y deslegitimar el resultado de las elecciones, además de promover la desobediencia frente a los resultados.Finalmente, las autoridades tratan de investigar la posible venta de información de inteligencia por parte de Oyola a terceros países o a particulares.
