En Colombia 24 defensores de DDHH y líderes han sido asesinados en 2020: CIDH

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) rechazó el asesinato de Marco Rivadeneira, el líder y defensor de derechos humanos ocurrido el pasado 19 de marzo en Putumayo. Pidió celeridad en el proceso de investigación del hecho y entregó una nueva cifra de homicidios de defensores y líderes sociales en el país.

"De acuerdo con información pública y del seguimiento realizado por la CIDH, desde el mes de enero de 2020 a la fecha, al menos 24 personas defensoras de derechos humanos, líderes sociales, comunales, indígenas o afrodescendientes fueron asesinadas en diversos departamentos del país", afirmó la comisión.

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Así mismo, el organismo aseguró que "según las cifras registradas por el Sistema de Naciones Unidas, en 2019 se confirmaron 108 asesinatos contra ese colectivo", y expresó con preocupación que los asesinatos "se han presentado con mayor frecuencia en los departamentos de Cauca, Huila, Antioquia y Putumayo".

Así mismo la CIDH, insistió en que es obligación de los Estados velar por la protección de los defensores de derechos humanos, por eso pidió al Gobierno "reforzar todas las medidas necesarias para garantizar la vida, la integridad y seguridad de las defensoras y defensores de derechos humanos, tales como el fortalecimiento de las medidas de protección proporcionadas por la Unidad Nacional de Protección".

Por otro lado, la comisión alertó sobre la situación de confinamiento que se registró a inicios de este 2020 en donde por lo menos 6.000 habitantes del municipio de Bojayá, Chocó, estaban confinadas. Pidieron la implementación del acuerdo de paz, en especial en ese departamento que ha sido uno de los más afectados por el conflicto armado.

Sobre el incremento de la violencia en Colombia, el organismo explicó que hay un especial impacto migratorio que se ve reflejado"en el desplazamiento forzado interno de por lo menos 815 personas en el municipio de Ituango, departamento de Antioquia, ocurrido a partir del 23 de febrero del presente año".

Finalmente, la CIDH reiteró "que el uso de cualquier programa o sistema de vigilancia en las comunicaciones privadas debe estar establecido de manera clara y precisa en la ley, ser verdaderamente excepcional, y estar limitado en función a lo estrictamente necesario para el cumplimiento de fines imperativos", esto con relación a las denuncias de una presunta red de espionaje ilegal a medios de comunicación, periodistas, defensores de derechos humanos, magistrados y dirigentes políticos, que habría sido desarrollada por agentes del Estado.