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La Fiscalía General, Medicina Legal y la Defensoría del Pueblo intentarán establecer en cuatro meses un número determinado de víctimas de desaparición forzada en Colombia.
Esta tarea casi titánica se plantean como uno de los principales problemas que ha tenido el estado, más a la luz de un eventual acuerdo de paz.
“Debemos reconocer que la institucionalidad ha fallado al no tener unas cifras depuradas, serias y contrastadas. Es lamentable que en el país no se puedan decir cuantas personas desaparecidas hay. Todas las instituciones tiene diferentes cifras”, dijo Jorge Otalora, defensor del Pueblo,
La idea de tener estas cifras completas es poder agilizar la función de la unidad de búsqueda de personas que será creada tras el acuerdo con las Farc.
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