Lo que se preveía como un Congreso con ingresos reducidos para este 20 de julio ha dado un giro radical . El Consejo de Estado decidió suspender de manera provisional el decreto del gobierno de Gustavo Petro que eliminaba la prima de servicios especiales de 18 millones de pesos, permitiendo que los parlamentarios continúen recibiendo un salario neto superior a los 32 millones de pesos .
Para el abogado y veedor Pablo Bustos, quien ha liderado una batalla legal contra estos beneficios desde hace más de una década, la celeridad del alto tribunal en este caso resulta sospechosa.
“Lo que sí resulta paradójico es que, mientras que nuestra demanda de hace 13 años no ha sido fallada, ahora sí, en un procedimiento exprés, se mantienen esos beneficios”, denunció Bustos, calificando la situación como un régimen de privilegios inmerecidos.
"Es un momento indignante para la democracia", afirmó Bustos en Mañanas Blu con Camila Zuluaga.
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El veedor recordó que la prima fue creada originalmente en 2013 por el expresidente Juan Manuel Santos, según él, con un fin político claro:
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"Ese beneficio que se otorgó, en últimas era para comprar el Congreso de turno y, hacia futuro, congraciarse con la clase política”.
La rama judicial como “juez y parte”
Uno de los puntos más críticos señalados por Bustos es el llamado "efecto cascada", que vincula los salarios de los congresistas con los de las altas esferas de la rama judicial y organismos de control . Según el abogado, esto genera un conflicto de intereses insalvable en el Consejo de Estado.
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“De última, la rama, como un todo, actúa como juez y parte porque está hablando de sus propios beneficios e ingresos económicos a las más altas esferas, cuando sus ingresos ya de por sí son desmesuradamente privilegiados”, sentenció el veedor .
Para Bustos, el argumento de "igualdad salarial" es una deformación del Estado social de derecho, pues en este caso se ignora el principio de equidad en favor de los más poderosos Un impacto de un billón de pesos
Bustos estima que, en los últimos 13 años, esta prima ha representado un costo superior a un billón de pesos para el erario público. El jurista lamentó que el Congreso le haya fallado recurrentemente al país y que la rama judicial mantenga una "complicidad silenciosa" sobre estos ingresos que calificó de insensatos frente a las normas de austeridad
“Ya con ello, indudablemente, lo que se institucionaliza es que este no se convirtió en un espacio de servicio público, sino un espacio al servicio personal a expensas de lo público”, concluyó Bustos .
Un futuro incierto en los tribunales
Aunque la decisión actual es una medida cautelar y aún falta una sentencia definitiva, el veedor se mostró pesimista sobre los tiempos de la justicia, señalando que si su proceso original ha tardado 13 años, este nuevo entramado jurídico podría prolongar el beneficio por mucho tiempo más .
Escuche la entrevista:
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