La salida de los 58 excombatientes de los Comandos de la Frontera que permanecen en la Zona de Ubicación Temporal (ZUT) de Valle del Guamuez, en Putumayo, deberá completarse a más tardar el próximo 30 de noviembre. Así lo determinó el Gobierno, que amplió los plazos para el desmonte de este espacio y estableció un acompañamiento de varias entidades para garantizar una salida gradual y ordenada.
La decisión quedó consignada en la Resolución 216 de 2026, expedida el 2 de octubre por la Consejería Comisionada de Paz, que extendió hasta el 3 de diciembre el cronograma de la comisión humanitaria encargada de coordinar el proceso. Para esa fecha, el predio deberá estar completamente desocupado, sin personas, instalaciones ni elementos destinados al funcionamiento de la zona.
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La resolución también establece que los excombatientes podrán continuar sus trámites de reincorporación, comparecencias y asuntos relacionados con su situación jurídica sin necesidad de permanecer en el lugar. Para ello, deberán acudir a las sedes territoriales de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), la Fiscalía y las demás entidades competentes. Además, quienes abandonen voluntariamente la zona no podrán regresar y tendrán que adelantar cualquier gestión posterior a través de los canales institucionales.
El proceso contará con una instancia de coordinación liderada por la Consejería Comisionada de Paz, con participación de los ministerios de Hacienda, Justicia y Defensa, la ARN y organismos como la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía, la Procuraduría, la Registraduría y la Contraloría. Esta mesa tendrá a su cargo orientar las decisiones y hacer seguimiento a los compromisos para el cierre definitivo del espacio. También se actualizarán las medidas administrativas, contractuales y logísticas para retirar progresivamente los bienes y la infraestructura, en coordinación con el Fondo de Programas Especiales para la Paz.
El nuevo plazo se da en medio de las decisiones judiciales y administrativas que han rodeado el cierre de esta zona. El Gobierno había ordenado su terminación en septiembre, luego de dar por finalizado el espacio de diálogo con los Comandos de la Frontera, grupo armado vinculado a la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano. Sin embargo, un juzgado de Puerto Asís suspendió provisionalmente esa decisión. Posteriormente, una nueva resolución fijó la salida de los excombatientes para los primeros días de octubre, pero el proceso quedó sujeto a las disposiciones judiciales. Con esta nueva medida, el Ejecutivo ajusta el cronograma y establece un mecanismo de coordinación interinstitucional para completar el desmonte.