Los jefes del partido Comunes, surgido tras la desmovilización de las Farc, acusaron al Gobierno de violar el acuerdo de paz en lo referente a que los firmantes tendrían voz en la elección de los cargos responsables de su seguridad, al tiempo que le exigieron que se garantice su integridad, esto lo expresaron en una carta firmada por el presidente de Comunes, Rodrigo Londoño, y otros excomandantes de las Farc, como Pastor Alape, Rodrigo Granda, Jaime Alberto Parra, Pablo Catatumbo y Julián Gallo.
"Recientemente, enviamos una comunicación al director de la UNP mediante la cual solicitamos se diera a conocer a la comunidad de firmantes de paz las postulaciones y la idoneidad de quienes aspiraban a asumir la subdirección especializada relacionada directamente con garantizar la vida y la protección de quienes continuamos en esta lucha por construir la paz", señalaron en la carta.
Según la carta, alertan que dentro del acuerdo de paz firmado entre el Gobierno colombiano y la antigua guerrilla de las Farc en 2016 se acordó que para el nombramiento de este tipo de cargos, se debería tener en cuenta la opinión de los firmantes y su queja va dirigida a la violación del principio de confianza.
"Vemos con mucha preocupación que se esté violando el acuerdo de paz, el acuerdo de paz en el punto 3.4.7.4.1 deja claro la responsabilidad que tiene o que asume el Gobierno colombiano, el Estado colombiano a través de la Unidad Nacional de Protección, para tener una representación de partido que surgiera de la firma del acuerdo de paz en esta entidad y que desde allí se deberían tomar en coordinación las decisiones que vayan en beneficio de ayudar en la protección de la vida de las personas que firmamos el acuerdo de paz", afirmó el representante a la Cámara de Comunes, Pedro Baracutao.
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Pero la molestia de los firmantes no parte solo de no ser consultados para el nombramiento de la nueva subdirectora de la subdirección especial de seguridad y protección de la UNP, sino por la importancia de este, señalando que desde la firma de los acuerdos en 2016, de los 423 firmantes asesinados, 80 lo han sido esperando respuesta de la UNP a sus solicitudes de protección.
“Hay una violación flagrante del acuerdo, algo que no había ocurrido incluso en el gobierno anterior declarado enemigo del acuerdo de paz. Se desconoce que en el manejo de la subdirección especializada debe haber un acuerdo y debe tomarse en cuenta la posición de la alta parte firmante de los acuerdos de paz”, señaló Luis Alberto Albán, Representante a la Cámara por el partido Comunes.
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Londoño, por su parte, interpeló personalmente al presidente colombiano, Gustavo Petro, en un mensaje publicado en su cuenta de X, en el que le recordó que "la seguridad de los firmantes de paz debe ser una prioridad en este Gobierno".
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