La Fiscalía General de la Nación compulsó copias a la Corte Suprema de Justicia para que, en el marco de sus competencias, examine posibles responsabilidades de excongresistas mencionados en la información aportada por María Claudia Tarazona, esposa del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, asesinado en 2025.La decisión fue adoptada el 20 de octubre de 2026, luego de que Tarazona entregara información y comunicaciones que, según la Fiscalía, están siendo examinadas para establecer su autenticidad, origen y eventual relación con los hechos y las personas mencionadas.Los seis excongresistas del movimiento político Comunes que han sido mencionados recientemente por María Claudia son Julián Gallo Cubillos, Omar de Jesús Restrepo Correa, Sandra Ramírez Lobo Silva, Germán José Gómez López, Carlos Alberto Carreño Marín y Luis Alberto Albán Urbano, conocido como ‘Marcos Calarcá’.La determinación fue informada en una respuesta de la Fiscalía al Ministerio de Justicia, que el 19 de octubre solicitó profundizar la investigación por el magnicidio y verificar nuevas revelaciones públicas relacionadas con el caso.En el documento, la entidad señaló que la investigación no se limita a la identificación y judicialización de los autores materiales del homicidio. También explicó que continúa desarrollando otras líneas investigativas para establecer las circunstancias de los hechos y determinar si existen otras personas relacionadas con el crimen.Para adelantar estas labores, la Dirección Seccional de Fiscalías de Bogotá creó, mediante la Resolución 001683 del 19 de junio de 2025, un Grupo de Tareas Especiales encargado de la investigación y judicialización del homicidio de Uribe Turbay. El equipo está coordinado por el jefe de la Unidad de Vida e Integridad Personal de esa seccional y cuenta con cuatro fiscales adicionales, así como con investigadores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y de la Policía Nacional, a través de la SIJIN y la DIJIN.La Fiscalía aseguró que la investigación ha continuado y que el equipo fue fortalecido con expertos para avanzar en las distintas hipótesis. También indicó que la información entregada por Tarazona, junto con la representación de víctimas, está siendo incorporada al proceso bajo reserva judicial.“En el marco de sus competencias y con la debida reserva para preservar la investigación, la Fiscalía General de la Nación incorpora y trabaja sobre la información aportada por la señora María Claudia Tarazona”, señaló la entidad en su respuesta al Ministerio de Justicia.La institución agregó que está verificando los datos relacionados con las comunicaciones, sus fuentes, su autenticidad y su origen, además de la posible conexión con el magnicidio y con las personas mencionadas. Asimismo, indicó que espera ofrecer respuestas a la familia de Miguel Uribe Turbay y al país en un término razonable.La compulsa de copias fue ordenada con fundamento en los artículos 186 y 235 de la Constitución Política, según explicó la Fiscalía. Con este trámite, la información se pone en conocimiento de la Corte Suprema de Justicia para que examine lo correspondiente dentro de sus atribuciones.La Fiscalía reiteró que continuará con las diligencias para esclarecer el asesinato y establecer posibles responsabilidades con respaldo probatorio.
En diálogo con Mañanas Blu, el apoderado legal de la firma DLH Legal Group, en representación de varios dirigentes políticos y excongresistas de partido Comunes, entre ellos Luis Alberto Albán, conocido en el proceso de paz como Marcos Calarcá, respondió categóricamente a las recientes denuncias públicas realizadas por María Claudia Tarazona, viuda del senador Miguel Uribe Turbay. El jurista enfatizó que, si bien la defensa respeta profundamente el dolor de la víctima y su derecho a buscar la verdad, lanzar acusaciones públicas sin una verificación previa por parte de las autoridades judiciales constituye una vulneración al debido proceso. Respeto a las víctimas, pero rechazo al juicio público prematuroEl abogado de la firma DLH Legal Group fijó la posición jurídica de los dirigentes señalados, manifestando en primer lugar sus respetos hacia los familiares del extinto senador: “Bueno, en primer lugar quiero manifestar nuestro profundo respeto a la memoria del senador Miguel Uribe por su familia y por el derecho que tiene la víctimas a conocer toda la verdad”. Sin embargo, hizo una clara distinción entre el legítimo derecho a denunciar y la emisión de juicios de valor en medios de comunicación: “No venimos a cuestionar el derecho de María Claudia Tarazona a reclamar justicia. Tampoco pretendemos impedir que la fiscalía investigue ninguna hipótesis... Pero una cosa es investigar una denuncia y otra muy distinta es convertirla anticipadamente en una condena pública”. Asimismo, subrayó el principio constitucional de presunción de inocencia e individualidad de las conductas: “Recordamos que la responsabilidad penal en Colombia es individual. No se determina por una antigua militancia, un nombre, un alias o una asociación política. Se establece mediante pruebas legalmente obtenidas y una decisión de autoridad judicial competente”.Acciones legales ante la Fiscalía y solicitud de traslado de pruebasFrente a las declaraciones de Tarazona respecto a supuestos chats y elementos probatorios entregados al ente investigador, la defensa confirmó que ya solicitó oficialmente a la Fiscalía General de la Nación la entrega y traslado formal del material mencionado para su correspondiente evaluación jurídica.En palabras del abogado: “Siento que es una irresponsabilidad en este caso las declaraciones que está haciendo, señalar sin las pruebas que estén dentro de la fiscalía y acusar a nuestro grupo de protegidos”.La representación legal aclaró que se presentaron los poderes correspondientes ante el despacho fiscal para manifestar su total disposición a colaborar con las pesquisas: “El día de ayer lo hicimos con los poderes que tenemos en la firma. Ahí está el comunicado donde le expresamos a la señora fiscal que nos preocupa la situación y que estamos prestos a responder a cualquier investigación que se genere sobre estos hechos”.De igual forma, el jurista indicó que requieren conocer de primera mano el expediente: “solicitamos a la Fiscalía que nos hiciera traslado el día de ayer para ver la valoración judicial a lo que ella está diciendo y manifestando públicamente”.Al ser consultado sobre la situación actual de Luis Alberto Albán (Marcos Calarcá), el jurista desmintió de manera tajante cualquier vínculo de su representado con el magnicidio: “lógicamente que él no tiene nada que ver con ese magnicidio”.. Igualmente, reiteró que Albán se encuentra en el país, respondiendo y cumpliendo estrictamente con los requerimientos de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP): “Él está cumpliendo con el acuerdo de paz en el proceso de la JEP”.Escuche aquí la entrevista:
El Partido Comunes, creado tras la firma del Acuerdo de Paz entre el Gobierno colombiano y las Farc con las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, emitió un comunicado tras los resultados de las elecciones legislativas realizadas este domingo 8 de marzo.Cabe recordar que, como parte de lo pactado en el acuerdo, esa colectividad obtuvo durante dos periodos legislativos cinco curules en el Senado de la República de Colombia y cinco en la Cámara de Representantes de Colombia.Sin embargo, en las elecciones legislativas de este 8 de marzo no obtuvieron ninguna curul, por lo que para el periodo 2026-2030 ya no contarán con las diez curules antes mencionadas. Ante este panorama, desde Comunes emitieron un pronunciamiento público.“Este momento reafirma la necesidad de seguir avanzando en la construcción de la más amplia unidad de los sectores populares y democráticos, tejiendo acciones colectivas que tengan un verdadero impacto en los territorios y que permitan consolidar caminos de dignidad, derechos y oportunidades para el pueblo colombiano”, señala el comunicado del partido.En el mismo sentido, la colectividad aseguró que continuará trabajando por la paz en el país.“Continuaremos trabajando por la reconstrucción del tejido social y comunitario, por la construcción colectiva desde y con los territorios, por la generación de un auténtico proceso de reconciliación”, indicó el partido Comunes.
El partido Comunes respondió a la denuncia de violencia de género por parte de un dirigente de esa colectividad y excontratista de la Unidad Nacional de Protección, quien es señalado de un grave caso de acoso sexual en contra de una de sus ahora excompañeras de trabajo.La víctima denunció ser tocada en varias ocasiones sin su consentimiento, hasta sobrepasarse manoseando su zona íntima, reveló la revista Semana.La organización política rechazó los hechos de violencia basada en género atribuidos al militante Nicolás Sarmiento, quien se desempeñaba en la Subdirección Especializada de Protección de la UNP.Ante esta situación, el partido informó que activó de forma inmediata la ruta interna de prevención, atención y sanción de violencias basadas en género, en concordancia con la normatividad vigente.Nicolás Sarmiento, reconocido líder del partido Comunes, es cercano al representante a la Cámara por Bogotá de la colectividad de excombatientes, Sergio Marín, resalta Semana. Además, ha liderado diferentes reuniones con la comunidad en barrios de la ciudad.Aseguran que su prioridad es la protección integral de la víctima, garantizando la confidencialidad del caso y el acompañamiento necesario para la activación de las rutas institucionales correspondientes, cuando así se requiera.También dicen estar en línea con que ninguna conducta que vulnere los derechos de las personas es justificable ni tolerable, sin importar quién la cometa o su trayectoria política, y subrayó que a los responsables se les deben atribuir las sanciones y responsabilidades que correspondan.El partido también dice tener compromiso de fortalecer los mecanismos de prevención, formación política, cuidado colectivo y sanción, como parte de una política interna orientada a erradicar la violencia basada en género.
El Partido Político Comunes denunció públicamente una serie de presuntas irregularidades en la Subdirección Especializada de Seguridad y Protección de la Unidad Nacional de Protección (UNP), dependencia creada en 2017 como resultado del Acuerdo Final de Paz.De acuerdo con la colectividad, alrededor de 18 personas que prestaban servicios profesionales en esta Subdirección fueron notificadas en las últimas semanas de la no continuidad de sus contratos para el año 2026, sin que existan llamados de atención o incumplimientos que sustenten la decisión.“Es importante destacar que, la Subdirección Especializada de Seguridad y Protección de la Unidad Nacional de Protección, se creó en el año 2017 como resultado de la firma del Acuerdo Final de Paz, cuyo objetivo es el de brindar las garantías de seguridad y protección a Firmantes del Acuerdo, integrantes de Comunes y los familiares de los dos anteriores, por tanto, es necesario que funcionarios y colaboradoras que prestan sus servicios Subdirección cuenten con el aval de confianza”, explican en el comunicado.El partido manifestó su preocupación porque entre las personas afectadas hay trabajadores en condición de discapacidad, y porque la decisión se adopta antes de la entrada en vigencia de la ley de garantías, lo que limitaría sus posibilidades de acceder a un nuevo empleo y afectaría su sustento económico.“En ese orden de ideas, resulta incomprensible que, una dependencia creada para la protección de los firmantes del Acuerdo Final de Paz, con el aval de la dirección de la misma entidad, es decir, con la venia del doctor AUGUSTO RODRÍGUEZ BALLESTEROS, sea la primera en vulnerar sus derechos, ya que tomar la decisión de prescindir de los servicios profesionales de estas personas, entre ellos personas en condición de discapacidad, sin razón alguna que lo justifique, deja ver la falta de respeto y empatía para con las personas que decidieron darle la oportunidad de paz al país”, denunciaron desde el partido.Finalmente, Comunes responsabilizó al director de la UNP, Augusto Rodríguez Ballesteros, y a la subdirectora Natalia Margarita Parada Garzón, por la presunta vulneración de derechos laborales y reiteró su llamado a respetar la confianza legítima, el debido proceso y los compromisos adquiridos en el Acuerdo de Paz.
El reciente fallo de la Corte Constitucional que ordena rectificar afirmaciones públicas contra la senadora Sandra Ramírez, exintegrante de las Farc y actual miembro del partido Comunes, ha generado un fuerte rechazo entre las víctimas del conflicto armado. La decisión, con ponencia del magistrado Miguel Polo Rosero, argumenta que Ramírez se ha reincorporado plenamente a la vida civil y que no existen investigaciones vigentes en su contra por hechos cometidos durante la guerra.Sin embargo, las víctimas calificaron la decisión como una “mordaza judicial” que limita su derecho a la libertad de expresión y a llamar a los responsables de la violencia por su nombre. Consideran que el fallo protege a victimarios y desprotege a las víctimas, en un contexto en el que muchos de los casos de reclutamiento forzado, secuestro y abuso sexual aún no han tenido respuesta efectiva en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).La presidenta de la Federación Colombiana de Víctimas, Sofía Gaviria, fue una de las voces más críticas frente a la decisión. En un pronunciamiento público, afirmó:“Rechazamos con toda la contundencia, como cualquier persona de bien lo debe hacer, que a quienes hemos defendido a las víctimas se nos cercene el derecho a llamar a nuestros victimarios como lo que son. La señora Sandra Ramírez era la responsable de entregarles como carne de cañón los niños reclutados al Secretariado de las Farc. Repudiamos completamente la decisión”.Gaviria señaló que el fallo no solo desconoce el suffarcrimiento de miles de víctimas, sino que envía un mensaje de impunidad al impedir que se hable libremente de los crímenes cometidos por los exintegrantes de la antigua guerrilla. “Lo que la Corte está haciendo es castigar la verdad”, manifestó la dirigente.Organizaciones de víctimas coincidieron en que la decisión restringe el derecho a la memoria histórica y la denuncia, pilares fundamentales del proceso de reconciliación. Advirtieron que la reparación y la justicia no pueden construirse sobre el silencio ni sobre el olvido, y pidieron a las instituciones del Estado garantizar que sus voces sigan siendo escuchadas.
El representante a la Cámara por el partido Comunes Carlos Carreño respondió por medio de un comunicado a la revelación que hizo la Unidad Investigativa de Noticias Caracol. El congresista está siendo investigado porque, presuntamente, le cobraba a los miembros de su Unidad de Trabajo Legislativo, UTL, una cuota mensual que iba destinada al partido Comunes, pero que también se habría utilizado para gastos personales del congresista.Carreño en su comunicado aseguró que se le estaban vulnerando sus derechos y que hay un "juicio mediático" en este caso.“Estas filtraciones no solo vulneran mi derecho a defenderme, sino que están alimentando un juicio mediático injusto, construido con información parcial, con el propósito de forzar una medida en mi contra y ejercer presión indebida sobre las autoridades judiciales”, señaló el congresista.Además, aseguró que acudirá a las instancias judiciales correspondientes para entregar información del caso.“Confío plenamente en la institucionalidad y en la imparcialidad del sistema judicial colombiano. Continuaré colaborando ante las instancias correspondientes, como siempre lo he hecho, en cumplimiento de mis deberes y en defensa de la verdad”, agregó Carreño.Uno de los involucrados en este caso habló con Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga. De acuerdo con 'Camilo', como se hizo llamar por seguridad para esta entrevista, nunca supo exactamente el uso de los fondos, pero aseguró que la obligación de aportar a la "gestión política" era parte habitual de su trabajo."Los aportes, que en su momento se hacían, eran obligatorios, pero no era como decir que te colocaban un arma en la cabeza, no era así, pero sí iba ligado a los contratos laborales y a las formas en las que uno desarrollaba su trabajo. Desde el momento en que empezamos a trabajar, en mi caso, sí se me pidió un aporte que, al principio, decían que era para movimientos y gestiones de lo que tiene que ver con el trabajo territorial de la unidad técnica legislativa. Yo no sabía en qué se gastaban ese dinero, solo los aportaba", afirmó 'Camilo'.
No para la violencia contra los firmantes de paz en Antioquia, pues dos nuevos fueron asesinados en dos veredas diferentes del municipio de Ituango, lo que enciende las alarmas en el departamento.Se trata de Elkin de Jesús Oquendo Graciano y Fredy de Jesús David Giraldo, quienes fueron hallados sin vida en las veredas Pascuitá y La Cumbre, respectivamente. Los dos hombres hicieron parte del antiguo Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) Román Ruiz, que estuvo ubicado en la vereda Santa Lucía y justamente fue trasladado a Mutatá por razones de seguridad contra esta población. Luego de ello, las víctimas se quedaron en ese municipio del norte de Antioquia donde continuaban con su proceso de reincorporación.El senador Ómar Restrepo, del partido Comunes, señaló que los excombatientes fueron retenidos por un grupo armado y, posteriormente, asesinados tras ser llevados a zonas apartadas, por lo que reiteró su exigencia al Estado colombiano para que se cumpla lo pactado en el acuerdo de paz, pues la situación de seguridad contra esta población es crítica en el departamento."Y no es solamente con nosotros, aquí todos los que han pactado acuerdos para desmontar conflictos después los asesinan. Cuando asesinaron a los del M19, a parte del EPL, cuando lo de la Unión Patriótica, aquí lo que hay que cambiar es esa cultura de la estigmatización", manifestó.Según Indepaz, con estos dos casos ya son 20 los firmantes de paz asesinados en el país. Aunque aún no se conoce qué grupo armado sería el responsable de ambos crímenes, en la zona hacen presencia estructuras del Clan del Golfo donde se ha registrado su expansión y las disidencias del frente 18, así como otras estructuras armadas ilegales presuntamente vinculadas al bloque Virgilio Peralta Arenas, según lo señala una alerta temprana de la Defensoría del Pueblo, por un escenario de alto riesgo en los municipios de Briceño e Ituango.
El Partido Comunes manifestó, en una entrevista con Mañanas Blu con Camila Zuluaga, su preocupación ante el incremento de los asesinatos de firmantes del acuerdo de paz en Colombia. En el diálogo, el senador Julián Gallo denunció la falta de acción del Gobierno nacional frente a esta problemática, advirtiendo que la situación genera incertidumbre y desconfianza en los territorios afectados."No se escucha una voz del Gobierno nacional que se apersone de la situación de los firmantes del acuerdo, anteriormente al menos se pronunciaban, hoy pasa casi desapercibida y se ha venido incrementando los firmantes asesinados. El llamado es que el Gobierno analice qué está sucediendo en los territorios y se atienda esa situación, que no envía señales esperanzadoras a quienes hoy continúan en la violencia", afirmó Gallo.El senador enfatizó que la crisis de seguridad no puede atribuirse a un solo actor, sino que es consecuencia de la ausencia del Estado en zonas históricamente afectadas por el conflicto armado: "No ha sido posible construir Estado en esos territorios. Hemos insistido al presidente que es necesario no limitar la seguridad a unos esquemas, la seguridad va más allá de eso", agregó.Según Gallo, el aumento de atentados, amenazas y asesinatos contra excombatientes podría estar relacionado con intereses de ciertos sectores que buscan desestabilizar el proceso de paz: "No puedo asegurar que haya un plan direccionado desde una sola organización, pero llama la atención el incremento sustancial de atentados, amenazas y crímenes en general. Puede uno pensar que haya sectores interesados en colocarnos como blanco de sus acciones buscando que nos vayamos contra el Gobierno exigiendo garantías de seguridad", sostuvo.El senador también criticó la falta de un interlocutor válido dentro del Gobierno para atender las inquietudes del Partido Comunes en materia de seguridad. Se mostró esperanzado en que Armando Benedetti, recientemente designado para el tema de garantías, facilite la comunicación y brinde soluciones concretas. "No puede ser que el partido que firmó la paz no pueda salir a hacer campaña. El llamado es a que nos escuchen y se abran canales de comunicación", subrayó.Gallo también se refirió a la ausencia de iniciativas productivas para los firmantes del acuerdo de paz, señalando que muchos de ellos aún dependen de una renta básica: "El Estado ha sido incapaz de generar proyectos productivos para aportar al desarrollo económico del país", afirmó al respecto.Finalmente, aunque reiteró su confianza en el diálogo como mecanismo para la solución de la violencia, cuestionó la estrategia de paz total del Gobierno, al considerar que carece de una dirección clara. "Somos testigos de que es posible (el diálogo), pero en la formulación de paz total hizo falta una estrategia clara de hacia dónde y cómo direccionar el proceso", concluyó.
A través de un comunicado, el partido político Comunes confirmó que en el centro del Valle del Cauca, fue asesinado uno de sus militantes. El crimen sucedió en el municipio de Bugalagrande, donde hombres armados llegaron hasta un negocio de venta de pollos para atacar a disparos a Alejandro Escobar, quien sería el dueño del negocio y representante del partido en esta zona del departamento.En el documento que confirma el fallecimiento de Escobar, el partido señala que “este acto violento nos arrebata a un ser humano comprometido con la construcción de una sociedad más justa y pacífica, quien, con su lucha, aportaba a la paz y reconciliación que este país tanto necesita”.Las autoridades iniciaron una investigación para determinar quiénes fueron los autores del crimen, mientras que líderes de Bugalagrande y representante del partido exigen justicia y la implementación de medidas de protección, especialmente para los firmantes del acuerdo de paz.
En medio de una riña por presuntamente haber orinado en su vehículo, un hombre disparó contra otros dos en el occidente de Medellín. Todos los involucrados fueron capturados por las autoridades.Un nuevo hecho de intolerancia en la capital antioqueña terminó con tres heridos que fueron capturados por las autoridades, tras protagonizar una riña en plena vía pública en el occidente de la ciudad.Fueron disparos de arma de fuego los que alertaron a los habitantes de la zona, quienes dieron aviso a las autoridades para que atendieran la situación en la que inicialmente un hombre de 41 años de edad relató a las autoridades que había accionado su arma en defensa propia tras ser víctima de un intento de hurto.Sin embargo, tras la revisión de cámaras de seguridad de la zona, la Policía pudo determinar que la situación respondió a un altercado entre esta persona y otros dos sujetos, de 27 y 30 años de edad, aparentemente porque el primero les reclamó por orinar sobre su carro.En medio de la discusión estos sacaron armas cortopunzantes que llevaron al propietario del vehículo a desenfundar una pistola de su propiedad que los dejó heridos a la altura de la cadera y las piernas por lo que fueron trasladados a la Unidad Intermedia de Belén para recibir atención.Por su parte, el responsable de accionar el arma de fuego se presentó ante las autoridades para poner a disposición de las investigaciones una pistola calibre nueve milímetros que contaba con el permiso de porte vigente.Las autoridades confirmaron que los tres implicados en el caso están fuera de peligro. Sin embargo, fueron capturados para esclarecer lo ocurrido y responder ante las respectivas autoridades judiciales.
A tres meses del terremoto, Risaralda exige celeridad al Gobierno Nacional para acelerar la reconstrucción y el pago de ayudas. Tres meses después del terremoto que sacudió al Eje Cafetero el pasado 10 de agosto, el gobernador de Risaralda, Juan Diego Patiño, hizo un enfático llamado al Gobierno nacional. El mandatario departamental urgió en Mañanas Blu a agilizar la transferencia de recursos y la ejecución de los planes diseñados para atender a las familias damnificadas y restaurar la infraestructura afectada. Un llamado urgente a pasar de los anuncios a las accionesAunque el gobernador reconoció la presencia del Gobierno nacional en la zona, destacando que el presidente de la República ha visitado cinco veces la ciudad de Pereira, recalcó que la comunidad requiere resultados inmediatos y desembolsos efectivos. Al referirse a la necesidad de acelerar la llegada de los giros e inversiones, Patiño declaró: "Hoy aprovechando estos micrófonos, hacer un llamado de atención especial para la celeridad. Ya son tres meses, ya hay un Fondo Milagro creado y estamos de verdad expectantes a que podamos avanzar rápidamente en el territorio para la reconstrucción de lo que la gente hoy está esperando". En ese sentido, el mandatario precisó que su petición no responde a una rivalidad política, sino al clamor de las comunidades damnificadas: "Más que una queja, es la voz de la gente que hoy está solicitando no más anuncios, sino ya acciones contundentes en el territorio". Plan de Acción Específica y estado de los subsidiosPara orientar la recuperación, el departamento formuló un Plan de Acción Específica (PAE) que abarca 15 planes (uno por cada uno de los 14 municipios más el departamental), el cual ya cuenta con la aprobación del Gobierno Nacional. No obstante, el gobernador explicó que la ejecución depende de la disponibilidad de liquidez del recién creado Fondo Milagro, cuya gerencia fue asignada a la doctora Ana María Cuartas.En materia de ayudas financieras directas, se han dispersado 13.000 millones de pesos en un primer giro a través de un convenio con Supergiros. Actualmente está pendiente la firma para un segundo paquete por 17.000 millones de pesos, así como la asignación de 70.000 millones de pesos adicionales para culminar los tres meses de subsidios prometidos a los inscritos en el Registro Único de Damnificados con viviendas colapsadas o inhabitables. Paralelamente, la Gobernación de Risaralda ha avanzado con fuentes propias, destinando el 60 % de sus regalías para adjudicar contratos de reconstrucción, además de radicar proyectos por 80.000 millones de pesos ante el Ministerio de Vivienda para mejoramiento de viviendas, 17.000 millones de pesos para infraestructura educativa y 5.000 millones de pesos para seguridad alimentariaSobre la gestión de la administración local, Patiño enfatizó: "Seguiremos avanzando con los recursos limitados que tenemos, pero de verdad accionando todos los procesos". Frente a los retos del proceso reconstructivo, Patiño resaltó la unión institucional existente entre la Gobernación, los alcaldes municipales y la gerencia del Fondo Milagro, así como el interés en impulsar la figura de obras por impuestos con el sector privado. Escuche aquí la entrevista:
Atlético Bucaramanga trabaja en la recuperación de sus jugadores lesionados con la expectativa de tener alternativas para afrontar los cuadrangulares semifinales del fútbol colombiano. El departamento médico del equipo entregó un nuevo reporte sobre la condición de cuatro futbolistas que presentan diferentes lesiones musculares y articulares.Uno de los casos es el de Nilson Castrillón, quien sufrió un esguince grado I del retináculo patelofemoral lateral durante el compromiso frente a Atlético Nacional. El defensor adelanta un proceso de rehabilitación y su regreso a las canchas dependerá de su evolución clínica y funcional.Por su parte, Fabry Castro presenta una distensión muscular leve del gastrocnemio medial de la pierna derecha, también sufrida en el partido contra Nacional. Actualmente se encuentra en proceso de recuperación y manejo terapéutico.En el caso de Diego Novoa, el guardameta presenta un desgarro muscular del glúteo medio izquierdo. Según el reporte médico, su evolución es favorable y ya avanza en la fase de readaptación deportiva, con trabajos específicos en campo.El cuarto jugador es Luis Mateus, quien sufrió un desgarro muscular grado I del recto femoral del muslo derecho durante una sesión de entrenamiento. Actualmente realiza un programa individualizado de fisioterapia.La recuperación de estos futbolistas resulta importante para Atlético Bucaramanga de cara a los cuadrangulares semifinales, una instancia en la que el equipo necesitará alternativas en diferentes posiciones para competir por un cupo en la final.Aunque Diego Novoa presenta una evolución favorable y ya realiza trabajos en campo, los otros tres jugadores continúan en sus respectivos procesos de rehabilitación.El club no estableció fechas para el regreso de ninguno de los futbolistas y aclaró que la reincorporación a los entrenamientos y la competencia dependerá de la evolución clínica y funcional de cada uno.
En menos de una semana se conoció un nuevo caso de agresión contra un agente de movilidad en el Valle de Aburrá. En pleno centro de Medellín un guarda fue amenazado por un joven que además logró propinarle varios golpes en la cara.La reiteración de agresiones contra agentes de movilidad en el Valle de Aburrá vuelve a encender las alertas sobre las condiciones de seguridad de quienes cumplen labores de regulación y control en las vías.En menos de una semana, dos funcionarios han sido víctimas de ataques físicos en medio de procedimientos relacionados con el tránsito, uno de ellos con consecuencias graves para su integridad.El episodio más reciente ocurrió en plena vía pública del sector comercial de El Hueco, en el centro de Medellín, donde un joven increpó a un guarda de tránsito con quien, aparentemente, ya había sostenido discusiones anteriores.La confrontación quedó expuesta ante varios transeúntes que presenciaron la escena y, en medio de las voces de quienes intentaban pedirle calma al agresor, el ciudadano habría golpeado en al menos dos ocasiones el rostro del funcionario. Durante el incidente, el agente intentó mantenerse en su lugar y a la defensiva para evitar que la situación escalara, pese a las presiones y los ataques físicos.“Ese ya te dije no me cuelgues así no. No me cuelgues perra. Hey, hey. Oye, oye. Que cuando se sepa lo que es. Se sepa. Quien quiera casarse conmigo ya sabe”, se escucha en el video.El caso se suma a otro registrado hace menos de una semana en Itagüí, donde un agente de movilidad terminó inconsciente luego de recibir varios golpes en la cabeza. La agresión habría sido perpetrada por el hijo de un hombre al que el funcionario le estaba imponiendo un comparendo.El servidor fue trasladado a un centro asistencial y, horas después, se confirmó que había sufrido una fractura en el cráneo.
La Aeronáutica Civil reconoció que el sistema de control aéreo de El Dorado presenta obsolescencia y anunció que renovará el software tras la falla del pasado 4 de noviembre, que provocó retrasos, cancelaciones y desvíos de vuelos.El compromiso se conoció durante una mesa técnica convocada por la Procuraduría General de la Nación, que ahora abrió una nueva actuación preventiva para vigilar que se cumplan las medidas anunciadas.La Aerocivil aclaró que la emergencia no se originó en los radares, como se informó inicialmente, sino en una indisponibilidad temporal del software AIRCON ICOM, utilizado para gestionar el tráfico aéreo y fabricado por la empresa INDRA. Este sistema fue adquirido en 2013 y, según reconoció la propia autoridad aeronáutica, actualmente presenta obsolescencia.La falla se registró hacia las 12:40 del mediodía del miércoles 4 de noviembre y dejó en negro las pantallas de visualización del centro de control aéreo. Esto significa que los controladores perdieron temporalmente la imagen y los datos que les permiten hacer seguimiento a las aeronaves que se encuentran en vuelo."De acuerdo con la evaluación de la Aerocivil, esta situación no representa un riesgo para la seguridad aeronáutica. La entidad anunció que esta semana tiene prevista una reunión con la empresa INDRA, con el propósito de establecer con certeza las causas técnicas de la falla", señala la Procuraduría.La contingencia se prolongó cerca de una hora y media y generó afectaciones en la operación aérea: hubo vuelos desviados, decenas de trayectos cancelados y retrasos en los itinerarios de aerolíneas como Avianca, LATAM y Wingo, además de congestión en las plataformas de El Dorado.Frente a lo ocurrido, la Procuraduría había citado de manera obligatoria a la Aerocivil a una mesa técnica el pasado viernes, con el propósito de obtener explicaciones sobre las causas de la emergencia y conocer las medidas para evitar que una situación similar vuelva a presentarse.Tras el reconocimiento de la obsolescencia del sistema. La Aerocivil se comprometió a suscribir, antes de finalizar este año, el contrato para su renovación y mantenimiento especializado, con el objetivo de iniciar su ejecución el próximo 2 de enero de 2027.Por su parte, la Procuraduría informó que abrió una nueva actuación preventiva y anunció que continuará haciendo seguimiento a los compromisos adquiridos por la entidad.La vigilancia estará enfocada en verificar que se adopten medidas oportunas que garanticen la continuidad de los servicios de navegación aérea y la protección de los usuarios.