El Partido Comunes, creado tras la firma del Acuerdo de Paz entre el Gobierno colombiano y las Farc con las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, emitió un comunicado tras los resultados de las elecciones legislativas realizadas este domingo 8 de marzo.Cabe recordar que, como parte de lo pactado en el acuerdo, esa colectividad obtuvo durante dos periodos legislativos cinco curules en el Senado de la República de Colombia y cinco en la Cámara de Representantes de Colombia.Sin embargo, en las elecciones legislativas de este 8 de marzo no obtuvieron ninguna curul, por lo que para el periodo 2026-2030 ya no contarán con las diez curules antes mencionadas. Ante este panorama, desde Comunes emitieron un pronunciamiento público.“Este momento reafirma la necesidad de seguir avanzando en la construcción de la más amplia unidad de los sectores populares y democráticos, tejiendo acciones colectivas que tengan un verdadero impacto en los territorios y que permitan consolidar caminos de dignidad, derechos y oportunidades para el pueblo colombiano”, señala el comunicado del partido.En el mismo sentido, la colectividad aseguró que continuará trabajando por la paz en el país.“Continuaremos trabajando por la reconstrucción del tejido social y comunitario, por la construcción colectiva desde y con los territorios, por la generación de un auténtico proceso de reconciliación”, indicó el partido Comunes.
El partido Comunes respondió a la denuncia de violencia de género por parte de un dirigente de esa colectividad y excontratista de la Unidad Nacional de Protección, quien es señalado de un grave caso de acoso sexual en contra de una de sus ahora excompañeras de trabajo.La víctima denunció ser tocada en varias ocasiones sin su consentimiento, hasta sobrepasarse manoseando su zona íntima, reveló la revista Semana.La organización política rechazó los hechos de violencia basada en género atribuidos al militante Nicolás Sarmiento, quien se desempeñaba en la Subdirección Especializada de Protección de la UNP.Ante esta situación, el partido informó que activó de forma inmediata la ruta interna de prevención, atención y sanción de violencias basadas en género, en concordancia con la normatividad vigente.Nicolás Sarmiento, reconocido líder del partido Comunes, es cercano al representante a la Cámara por Bogotá de la colectividad de excombatientes, Sergio Marín, resalta Semana. Además, ha liderado diferentes reuniones con la comunidad en barrios de la ciudad.Aseguran que su prioridad es la protección integral de la víctima, garantizando la confidencialidad del caso y el acompañamiento necesario para la activación de las rutas institucionales correspondientes, cuando así se requiera.También dicen estar en línea con que ninguna conducta que vulnere los derechos de las personas es justificable ni tolerable, sin importar quién la cometa o su trayectoria política, y subrayó que a los responsables se les deben atribuir las sanciones y responsabilidades que correspondan.El partido también dice tener compromiso de fortalecer los mecanismos de prevención, formación política, cuidado colectivo y sanción, como parte de una política interna orientada a erradicar la violencia basada en género.
El Partido Político Comunes denunció públicamente una serie de presuntas irregularidades en la Subdirección Especializada de Seguridad y Protección de la Unidad Nacional de Protección (UNP), dependencia creada en 2017 como resultado del Acuerdo Final de Paz.De acuerdo con la colectividad, alrededor de 18 personas que prestaban servicios profesionales en esta Subdirección fueron notificadas en las últimas semanas de la no continuidad de sus contratos para el año 2026, sin que existan llamados de atención o incumplimientos que sustenten la decisión.“Es importante destacar que, la Subdirección Especializada de Seguridad y Protección de la Unidad Nacional de Protección, se creó en el año 2017 como resultado de la firma del Acuerdo Final de Paz, cuyo objetivo es el de brindar las garantías de seguridad y protección a Firmantes del Acuerdo, integrantes de Comunes y los familiares de los dos anteriores, por tanto, es necesario que funcionarios y colaboradoras que prestan sus servicios Subdirección cuenten con el aval de confianza”, explican en el comunicado.El partido manifestó su preocupación porque entre las personas afectadas hay trabajadores en condición de discapacidad, y porque la decisión se adopta antes de la entrada en vigencia de la ley de garantías, lo que limitaría sus posibilidades de acceder a un nuevo empleo y afectaría su sustento económico.“En ese orden de ideas, resulta incomprensible que, una dependencia creada para la protección de los firmantes del Acuerdo Final de Paz, con el aval de la dirección de la misma entidad, es decir, con la venia del doctor AUGUSTO RODRÍGUEZ BALLESTEROS, sea la primera en vulnerar sus derechos, ya que tomar la decisión de prescindir de los servicios profesionales de estas personas, entre ellos personas en condición de discapacidad, sin razón alguna que lo justifique, deja ver la falta de respeto y empatía para con las personas que decidieron darle la oportunidad de paz al país”, denunciaron desde el partido.Finalmente, Comunes responsabilizó al director de la UNP, Augusto Rodríguez Ballesteros, y a la subdirectora Natalia Margarita Parada Garzón, por la presunta vulneración de derechos laborales y reiteró su llamado a respetar la confianza legítima, el debido proceso y los compromisos adquiridos en el Acuerdo de Paz.
El reciente fallo de la Corte Constitucional que ordena rectificar afirmaciones públicas contra la senadora Sandra Ramírez, exintegrante de las Farc y actual miembro del partido Comunes, ha generado un fuerte rechazo entre las víctimas del conflicto armado. La decisión, con ponencia del magistrado Miguel Polo Rosero, argumenta que Ramírez se ha reincorporado plenamente a la vida civil y que no existen investigaciones vigentes en su contra por hechos cometidos durante la guerra.Sin embargo, las víctimas calificaron la decisión como una “mordaza judicial” que limita su derecho a la libertad de expresión y a llamar a los responsables de la violencia por su nombre. Consideran que el fallo protege a victimarios y desprotege a las víctimas, en un contexto en el que muchos de los casos de reclutamiento forzado, secuestro y abuso sexual aún no han tenido respuesta efectiva en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).La presidenta de la Federación Colombiana de Víctimas, Sofía Gaviria, fue una de las voces más críticas frente a la decisión. En un pronunciamiento público, afirmó:“Rechazamos con toda la contundencia, como cualquier persona de bien lo debe hacer, que a quienes hemos defendido a las víctimas se nos cercene el derecho a llamar a nuestros victimarios como lo que son. La señora Sandra Ramírez era la responsable de entregarles como carne de cañón los niños reclutados al Secretariado de las Farc. Repudiamos completamente la decisión”.Gaviria señaló que el fallo no solo desconoce el suffarcrimiento de miles de víctimas, sino que envía un mensaje de impunidad al impedir que se hable libremente de los crímenes cometidos por los exintegrantes de la antigua guerrilla. “Lo que la Corte está haciendo es castigar la verdad”, manifestó la dirigente.Organizaciones de víctimas coincidieron en que la decisión restringe el derecho a la memoria histórica y la denuncia, pilares fundamentales del proceso de reconciliación. Advirtieron que la reparación y la justicia no pueden construirse sobre el silencio ni sobre el olvido, y pidieron a las instituciones del Estado garantizar que sus voces sigan siendo escuchadas.
El representante a la Cámara por el partido Comunes Carlos Carreño respondió por medio de un comunicado a la revelación que hizo la Unidad Investigativa de Noticias Caracol. El congresista está siendo investigado porque, presuntamente, le cobraba a los miembros de su Unidad de Trabajo Legislativo, UTL, una cuota mensual que iba destinada al partido Comunes, pero que también se habría utilizado para gastos personales del congresista.Carreño en su comunicado aseguró que se le estaban vulnerando sus derechos y que hay un "juicio mediático" en este caso.“Estas filtraciones no solo vulneran mi derecho a defenderme, sino que están alimentando un juicio mediático injusto, construido con información parcial, con el propósito de forzar una medida en mi contra y ejercer presión indebida sobre las autoridades judiciales”, señaló el congresista.Además, aseguró que acudirá a las instancias judiciales correspondientes para entregar información del caso.“Confío plenamente en la institucionalidad y en la imparcialidad del sistema judicial colombiano. Continuaré colaborando ante las instancias correspondientes, como siempre lo he hecho, en cumplimiento de mis deberes y en defensa de la verdad”, agregó Carreño.Uno de los involucrados en este caso habló con Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga. De acuerdo con 'Camilo', como se hizo llamar por seguridad para esta entrevista, nunca supo exactamente el uso de los fondos, pero aseguró que la obligación de aportar a la "gestión política" era parte habitual de su trabajo."Los aportes, que en su momento se hacían, eran obligatorios, pero no era como decir que te colocaban un arma en la cabeza, no era así, pero sí iba ligado a los contratos laborales y a las formas en las que uno desarrollaba su trabajo. Desde el momento en que empezamos a trabajar, en mi caso, sí se me pidió un aporte que, al principio, decían que era para movimientos y gestiones de lo que tiene que ver con el trabajo territorial de la unidad técnica legislativa. Yo no sabía en qué se gastaban ese dinero, solo los aportaba", afirmó 'Camilo'.
No para la violencia contra los firmantes de paz en Antioquia, pues dos nuevos fueron asesinados en dos veredas diferentes del municipio de Ituango, lo que enciende las alarmas en el departamento.Se trata de Elkin de Jesús Oquendo Graciano y Fredy de Jesús David Giraldo, quienes fueron hallados sin vida en las veredas Pascuitá y La Cumbre, respectivamente. Los dos hombres hicieron parte del antiguo Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) Román Ruiz, que estuvo ubicado en la vereda Santa Lucía y justamente fue trasladado a Mutatá por razones de seguridad contra esta población. Luego de ello, las víctimas se quedaron en ese municipio del norte de Antioquia donde continuaban con su proceso de reincorporación.El senador Ómar Restrepo, del partido Comunes, señaló que los excombatientes fueron retenidos por un grupo armado y, posteriormente, asesinados tras ser llevados a zonas apartadas, por lo que reiteró su exigencia al Estado colombiano para que se cumpla lo pactado en el acuerdo de paz, pues la situación de seguridad contra esta población es crítica en el departamento."Y no es solamente con nosotros, aquí todos los que han pactado acuerdos para desmontar conflictos después los asesinan. Cuando asesinaron a los del M19, a parte del EPL, cuando lo de la Unión Patriótica, aquí lo que hay que cambiar es esa cultura de la estigmatización", manifestó.Según Indepaz, con estos dos casos ya son 20 los firmantes de paz asesinados en el país. Aunque aún no se conoce qué grupo armado sería el responsable de ambos crímenes, en la zona hacen presencia estructuras del Clan del Golfo donde se ha registrado su expansión y las disidencias del frente 18, así como otras estructuras armadas ilegales presuntamente vinculadas al bloque Virgilio Peralta Arenas, según lo señala una alerta temprana de la Defensoría del Pueblo, por un escenario de alto riesgo en los municipios de Briceño e Ituango.
El Partido Comunes manifestó, en una entrevista con Mañanas Blu con Camila Zuluaga, su preocupación ante el incremento de los asesinatos de firmantes del acuerdo de paz en Colombia. En el diálogo, el senador Julián Gallo denunció la falta de acción del Gobierno nacional frente a esta problemática, advirtiendo que la situación genera incertidumbre y desconfianza en los territorios afectados."No se escucha una voz del Gobierno nacional que se apersone de la situación de los firmantes del acuerdo, anteriormente al menos se pronunciaban, hoy pasa casi desapercibida y se ha venido incrementando los firmantes asesinados. El llamado es que el Gobierno analice qué está sucediendo en los territorios y se atienda esa situación, que no envía señales esperanzadoras a quienes hoy continúan en la violencia", afirmó Gallo.El senador enfatizó que la crisis de seguridad no puede atribuirse a un solo actor, sino que es consecuencia de la ausencia del Estado en zonas históricamente afectadas por el conflicto armado: "No ha sido posible construir Estado en esos territorios. Hemos insistido al presidente que es necesario no limitar la seguridad a unos esquemas, la seguridad va más allá de eso", agregó.Según Gallo, el aumento de atentados, amenazas y asesinatos contra excombatientes podría estar relacionado con intereses de ciertos sectores que buscan desestabilizar el proceso de paz: "No puedo asegurar que haya un plan direccionado desde una sola organización, pero llama la atención el incremento sustancial de atentados, amenazas y crímenes en general. Puede uno pensar que haya sectores interesados en colocarnos como blanco de sus acciones buscando que nos vayamos contra el Gobierno exigiendo garantías de seguridad", sostuvo.El senador también criticó la falta de un interlocutor válido dentro del Gobierno para atender las inquietudes del Partido Comunes en materia de seguridad. Se mostró esperanzado en que Armando Benedetti, recientemente designado para el tema de garantías, facilite la comunicación y brinde soluciones concretas. "No puede ser que el partido que firmó la paz no pueda salir a hacer campaña. El llamado es a que nos escuchen y se abran canales de comunicación", subrayó.Gallo también se refirió a la ausencia de iniciativas productivas para los firmantes del acuerdo de paz, señalando que muchos de ellos aún dependen de una renta básica: "El Estado ha sido incapaz de generar proyectos productivos para aportar al desarrollo económico del país", afirmó al respecto.Finalmente, aunque reiteró su confianza en el diálogo como mecanismo para la solución de la violencia, cuestionó la estrategia de paz total del Gobierno, al considerar que carece de una dirección clara. "Somos testigos de que es posible (el diálogo), pero en la formulación de paz total hizo falta una estrategia clara de hacia dónde y cómo direccionar el proceso", concluyó.
A través de un comunicado, el partido político Comunes confirmó que en el centro del Valle del Cauca, fue asesinado uno de sus militantes. El crimen sucedió en el municipio de Bugalagrande, donde hombres armados llegaron hasta un negocio de venta de pollos para atacar a disparos a Alejandro Escobar, quien sería el dueño del negocio y representante del partido en esta zona del departamento.En el documento que confirma el fallecimiento de Escobar, el partido señala que “este acto violento nos arrebata a un ser humano comprometido con la construcción de una sociedad más justa y pacífica, quien, con su lucha, aportaba a la paz y reconciliación que este país tanto necesita”.Las autoridades iniciaron una investigación para determinar quiénes fueron los autores del crimen, mientras que líderes de Bugalagrande y representante del partido exigen justicia y la implementación de medidas de protección, especialmente para los firmantes del acuerdo de paz.
Rodrigo Londoño, líder del partido Comunes, publicó este domingo 29 de diciembre, un hilo en la red social X, en la que crítico al presidente de la República, Gustavo Petro, por fallos en la renta básica y los asesinatos de excombatientes.Londoño, conocido por su pasado en las FARC como 'Timochenko', le pidió al jefe de Estado que honre el Acuerdo de Paz y el mandato popular que lo eligió."Presidente Gustavo Petro, la paz de Colombia pasa por horas difíciles y es necesario que usted tome correctivos urgentes. Usted es el jefe del Estado. Le corresponde actuar en favor de la paz de Colombia", dijo Londoño.Además, exjefe del secretario del grupo armado ilegal criticó al Gobierno por el primer borrador con las sanciones que podrá imponer la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), en las que se definirá cuáles serán las reparaciones que tendrán que hacer los comparecientes en esta corte."De igual forma, presidente, sorprendió la propuesta emitida por su ministra de justicia acerca del modelo de sanciones propias de la JEP, en la cual se emulan colonias penales", expresó.Por otro lado, en su publicación, Londoño hizo un enérgico llamado al mandatario por los asesinatos de cuatro firmantes del acuerdo de paz en diciembre, y aseguró que la cifra de desmovilizados asciende a 443, desde que se puso punto final al proceso. "Necesitamos garantías para los firmantes de paz", indicó.Incluso, 'Timochenko' habló de la renta básica de los firmantes del proceso de reincorporación, exigiéndole al presidente el desembolso de este concepto.
Un aparatoso accidente sufrió el excomandante de la guerrilla Farc, Pastor AlapePastor Alape, en vías del Nordeste de Antioquia, cuando se movilizaba hacia Medellín. Sus dos escoltas sufrieron heridas.El actual político del Partido Comunes y excandidato a la Alcaldía de Puerto Berrio, Pastor Alape, tuvo el accidente de tránsito en la vereda Montañitas de Barbosa, en la vía que del municipio de Puerto Berrío conduce a Medellín, donde el vehículo blindado quedó volteado boca abajo en toda la fachada de una vivienda sobre la vía.La primera información que se conoce es que Pastor Alape salió ileso, pero sus dos escoltas designados por la Unidad Nacional de Protección sufrieron heridas y fueron trasladados a centros asistenciales.Aunque inicialmente los dos heridos tuvieron traumas en la cabeza y laceraciones por las vueltas que dio el vehículo, según la Unidad Nacional de Protección, el conductor escolta, presenta fractura de cráneo y amputación de oreja derecha y la segunda persona de protección es valorada por dolor en el pecho.Además reveló que el primer reporte de la policía señala como posible causa del accidente, exceso de velocidad.Al momento, la Policía de carreteras adelanta con las autoridades de tránsito las investigaciones de lo ocurrido.
La organización Human Rights Watch pidió este martes que se realice una investigación "oportuna, transparente y exhaustiva" de la muerte del colombiano Johan Sebastián Durán Guerrero a manos de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de EE.UU. en Maine."Esta semana, otra familia y comunidad enfrentan la devastadora pérdida de un ser querido en otro tiroteo fatal por parte del ICE", indicó en un comunicado Tanya Greene, directora del programa de Estados Unidos de HRW.La hija de 3 años y la pareja de Durán Guerrero, de 26 años, le acompañaban cuando le dispararon.El ICE confirmó que el colombiano no era el motivo del operativo que sus agentes realizaban en la comunidad de Biddeford, al sur de Maine, en busca de un inmigrante con orden de deportación.Sin embargo, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) alegó que los agentes dispararon por seguridad pública. Según explicaron, el auto de Guerrero salía en la misma dirección de la persona que buscaban, por lo que al "intentar huir" procedieron a disparar.La organización de derechos civiles LatinoJustice catalogó como una "atrocidad contra los derechos humanos" la muerte y pidió una investigación "transparente" de lo ocurrido.La muerte del colombiano, con permiso de trabajo en EE.UU. y Seguro Social, se registró una semana después de que el mexicano Lorenzo Salgado también muriera a manos del ICE en Texas cuando se dirigía a trabajar en su auto con sus hermanos.Estas dos muertes elevan a 11 el total de tiroteos mortales perpetrados por agentes del DHS desde el inicio de la actual Administración, cinco de ellos dentro de vehículos, según la organización de abogados."Asesinatos como el de Durán Guerrero demuestran que el DHS no tiene ningún respeto por la vida de los inmigrantes, y especialmente de los inmigrantes latinos", indicó Rex Chen, asesor jurídico de derechos de los inmigrantes de LatinoJustice.Además, afirmó que el Gobierno de Trump ha actuado con impunidad ante las violaciones cometidas contra numerosas personas que viven en EE.UU. en nombre del control migratorio.Según Chen, tener apariencia latina se ha convertido en una excusa para "atropellar, herir, disparar y matar personas".Se estima que en el estado de Maine viven unos 30.000 latinos, lo que representa aproximadamente el 2 % de la población estatal, señaló LatinoJustice.
Quince homicidios se registraron durante el fin de semana en Cali. De acuerdo con el reporte de las autoridades, uno de los casos fue cometido con arma blanca y los otros 14 con armas de fuego, lo que mantiene la preocupación por los altos índices de violencia en la capital vallecaucana.Entre las víctimas se encuentra Ciro David Paz Banguero, abogado de 31 años, hijo del exalcalde de Guachené, Francisco José Paz Zapata, y funcionario de la Agencia Nacional de Tierras. El hombre fue asesinado a disparos mientras se encontraba en una fiesta en el barrio 12 de Octubre, en el oriente de la ciudad.Frente a esta situación, el personero distrital de Cali, Gerardo Mendoza, calificó como alarmante el panorama de violencia y aseguró que los jóvenes continúan siendo la población más afectada por estos hechos."Es alarmante y condenable la cifra de homicidios que se está presentando en Cali. Una vez más se comprueba que la juventud está siendo la población más vulnerable frente a este tipo de violencias. Cali está viviendo los efectos colaterales de las economías ilegales y la criminalidad continúa instrumentalizando a nuestros jóvenes", manifestó el funcionario.Ante el incremento de los homicidios, desde distintos sectores políticos se ha expresado respaldo a la propuesta del presidente electo, Abelardo de la Espriella, de crear un Bloque de Defensa para la Seguridad Urbana, con el propósito de fortalecer la lucha contra las estructuras criminales.El concejal Roberto Ortiz aseguró que la ciudad requiere una mayor inversión en seguridad para frenar la escalada de violencia."Cali necesita más inversión en seguridad. Ya superamos los 560 homicidios este año y, de mantenerse esta tendencia, podríamos cerrar nuevamente con más de mil casos. La seguridad debe ser una prioridad para garantizar la tranquilidad de todos los caleños", señaló.Sobre los 15 homicidios ocurridos durante el fin de semana, las autoridades indicaron que la mayoría estarían relacionados con disputas entre estructuras delincuenciales por el control del microtráfico y ajustes de cuentas.Finalmente, las autoridades informaron que con corte al 14 de julio, Cali acumula 561 homicidios en lo corrido de 2026, una cifra que mantiene en alerta a las autoridades y a los organismos de control frente al comportamiento de la violencia en la ciudad.
Desde Bucaramanga, en medio del empalme territorial con el gobernador, alcaldes y autoridades de Santander, el presidente electo Abelardo de la Espriella envió un contundente mensaje a los grupos armados ilegales que operan en el oriente del país.El mandatario electo hizo un llamado directo a alias 'Zorrito', integrante del Frente Camilo Torres Restrepo, y a alias 'Volkswagen', del Frente Efraín Pabón del ELN, quienes delinquen en la región de los Santanderes, reiterando que tendrán pocos días para abandonar las armas."Quiero hacerle un llamado a este par de bandidos del ELN, alias 'Zorrito', del Frente Camilo Torres Restrepo, y alias 'Volkswagen', del Frente Efraín Pabón, que operan en los Santanderes, lo he dicho y lo reitero, tienen pocos días para desmovilizarse. Bandido que no se someta a la ley será perseguido y dado de baja, como la ley corresponde", afirmó.De la Espriella aseguró que quienes no se acojan al proceso de sometimiento serán perseguidos por la Fuerza Pública una vez asuma la Presidencia de la República el próximo 7 de agosto.Las declaraciones fueron entregadas durante el encuentro de empalme territorial con las autoridades santandereanas, donde también agradeció el respaldo electoral recibido por el departamento y anunció que Santander tendrá un lugar prioritario dentro de su administración."Estoy feliz de estar en Bucaramanga, que fue determinante para el triunfo de la Patria Milagro. Mi cariño absoluto y mi agradecimiento para este departamento. Santander, por la historia de los comuneros y de los defensores de la libertad, tiene un lugar muy especial en mi corazón", expresó.El presidente electo señaló que su gobierno buscará atender las principales necesidades del departamento, las cuales fueron consolidadas en una matriz de trabajo construida con los mandatarios locales.Asimismo, aseguró que el país atraviesa una difícil situación en diferentes sectores, pero reiteró su compromiso de trabajar en temas como seguridad, salud, oportunidades para los jóvenes e infraestructura vial."Santander ha sido olvidado por el Gobierno Nacional. Ha sido olvidado en seguridad, en salud, en oportunidades para los jóvenes y en una infraestructura vial totalmente deteriorada. No vamos a permitir el abandono estatal", manifestó.Finalmente, anunció que realizará visitas permanentes a las regiones y advirtió que ejercerá un estricto control sobre la inversión de los recursos públicos."Cada semana me tendrán en los departamentos y cada peso que se envíe desde el Gobierno Nacional deberá ser invertido en los proyectos. No acepto politiquería ni que se pierda un solo peso", puntualizó.
El presidente Gustavo Petro reaccionó a la muerte de Johan Sebastián Durán, un caso que se dio en Biddeford, en Maine, Estados Unidos.Johan Sebastián estaba en su vehículo y frente a su hija recibió un disparo de ICE durante un operativo. Petro calificó el caso como asesinato y le pidió al presidente Donald Trump un pronunciamiento.“Espero del servicio exterior colombiano en EEUU la acción jurídica y humana más rápida para que los asesinos paguen por su homicidio. Espero del presidente Donald Trump un mensaje para Colombia sobre lo sucedido”, dijo Petro.Es importante recordar que por este caso se han presentado manifestaciones en Estados Unidos durante las últimas horas.“Johan Sebastián Durán que descanse en paz víctima de estado por la persecusión y la exclusión contra un grupo poblacional civil por razones étnicas y culturales prohibida desde los tiempos del tribunal de Nuremberg en todo el planeta”, agregó Petro.
El chance Caribeña Día es uno de los juegos de azar más tradicionales de Colombia y cada día reúne a miles de apostadores que esperan acertar el número ganador. Este sorteo se destaca por su amplia cobertura y por ofrecer diferentes modalidades de apuesta para quienes buscan llevarse un premio.Número ganador de Caribeña Día hoy, martes 14 de julio de 2026El número ganador del chance Caribeña Día de este martes 14 de julio de 2026 es el xxxx. ¡Felicitaciones a los ganadores! Se recomienda revisar cuidadosamente el tiquete y confirmar el resultado en un punto de venta autorizado.Número ganador: xxxxDos últimas cifras: xxTres últimas cifras: xxxLa quinta: xDesde 2025, los apostadores tienen la posibilidad de incluir una quinta balota o número adicional, una modalidad que permite incrementar las posibilidades de obtener mayores premios cuando coincide con otras cifras acertadas.Los jugadores pueden realizar apuestas desde $500 hasta $25.000, siempre con la condición de acertar las cifras en el mismo orden en que son extraídas durante el sorteo. A continuación puede seguir la transmisión en vivo.¿A qué hora juega Caribeña Día?El sorteo de Caribeña Día se realiza de lunes a sábado y su resultado puede consultarse después de las 2:30 p. m., una vez finaliza el proceso de extracción de las balotas.¿Cómo se juega el chance Caribeña Día?Los apostadores pueden elegir entre distintas modalidades, dependiendo del número de cifras que deseen acertar:Cuatro cifras directo o superpleno: acertar las cuatro cifras en el orden exacto.Combinado cuatro cifras: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.Combinado tres cifras: acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.Dos cifras o pata: acertar las dos últimas cifras en el orden exacto.Una cifra o uña: acertar únicamente la última cifra.¿Cuánto cuesta apostar?Caribeña Día ofrece diferentes opciones de apuesta para ajustarse al presupuesto de cada jugador:Valor mínimo por tiquete: $500.Valor máximo por apuesta: $10.000.¿Qué necesita para reclamar un premio de Caribeña Día?El procedimiento para reclamar un premio depende del monto ganado, aunque siempre será necesario presentar algunos documentos básicos.Documentos obligatorios para cualquier premio:Tiquete original debidamente diligenciado, sin tachones ni enmendaduras.Documento de identidad original.Fotocopia legible del documento de identidad.Documentación adicional según el valor del premio:Premios inferiores a 48 UVT: solo se requieren los documentos básicos.Premios entre 48 y 181 UVT: además de los documentos básicos, se debe diligenciar el formato SIPLAFT, disponible en los puntos de venta.Premios superiores a 182 UVT: se debe presentar, además de los requisitos anteriores, una certificación bancaria expedida con una vigencia no mayor a 30 días y a nombre del titular del tiquete. En estos casos, el pago se realiza mediante transferencia bancaria en un plazo aproximado de ocho días hábiles.
