Exfiscales advierten riesgos de que Colombia deje de hacer parte del grupo Egmont

La reciente suspensión de Colombia del grupo Egmont, una red internacional de Unidades de Inteligencia Financiera (UIF), ha provocado importantes repercusiones para el país, especialmente en su lucha contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y otros delitos financieros. Esta decisión fue motivada por la filtración no autorizada de información sensible por parte del presidente Gustavo Petro, quien divulgó detalles sobre la supuesta adquisición del software Pegasus, información que debía ser mantenida en estricta confidencialidad y solo compartida con la Fiscalía General de la Nación.Como resultado de esta suspensión, Colombia ha perdido el acceso a Egmont Secure Web (ESW), la plataforma utilizada por los 177 miembros del grupo para intercambiar información crucial sobre delitos financieros. Esta red permite a las UIF de todo el mundo colaborar y compartir datos vitales para combatir estos delitos, garantizando la confidencialidad y la integridad de la información.Ante esta situación, Blu Radio consultó con exfiscales generales de la Nación, quienes manifestaron su preocupación sobre el impacto que tendrá en la capacidad del país para rastrear flujos de dinero ilícitos. El exfiscal Guillermo Mendoza Diago afirmó que la falta de acceso a informes de inteligencia y otros datos relevantes perjudicará las investigaciones penales, ya que "todo lo que de alguna manera apunte a una investigación es útil y su carencia se echa de menos". También destacó la importancia de la cooperación de la Fiscalía con agencias internacionales como la DEA, FBI y la Policía inglesa, francesa e incluso rusa.Sin acceso a ESW, Colombia queda aislada de una fuente clave de inteligencia financiera global, lo que limita severamente su capacidad para perseguir delitos financieros y colaborar en investigaciones internacionales. Esta desconexión puede ralentizar o incluso obstruir las indagaciones sobre crímenes financieros, disminuyendo la efectividad de las autoridades colombianas en su lucha contra estas actividades delictivas.El exfiscal Mario Iguarán aportó un análisis más profundo sobre la situación. Afirmó que "un gran porcentaje de noticias criminales e indagaciones que apertura la Fiscalía General de la Nación proviene de los reportes de información sospechosa generadas por la UIAF. Por medio de estos informes, la Fiscalía ha tenido suficientes motivos para desplegar actos de investigación como interceptación de llamadas, seguimiento de personas y estudios periciales financieros". Iguarán enfatizó que "ha sido gracias a las alertas de la UIAF que la Fiscalía ha iniciado un porcentaje altísimo de procesos por supuesto lavado de activos".También señaló que la suspensión, aunque actualmente es una medida preventiva y no definitiva, limita significativamente la cooperación de Colombia en el intercambio de información. "Mientras tanto, Colombia no podrá seguir formando parte de la cadena de cooperación", advirtió. Aunque la UIAF continuará operando dentro de sus competencias, el exfiscal destacó que "no podrá recibir información del extranjero, lo que reducirá considerablemente la capacidad de investigación de la Fiscalía".Además, comparó la situación de Colombia con la de otros países que han enfrentado sanciones similares, indicando que "Colombia entra a esa lista negra, junto a naciones como Corea del Norte e Irán, debido a deficiencias estratégicas en sus regímenes de Gobierno". Subrayó que la inclusión de Colombia en esta lista se debe a violaciones de principios de confidencialidad y a la pérdida de confiabilidad en el manejo de información. "Esto afecta gravemente el trabajo de la Fiscalía General", concluyó Iguarán.