La Federación Nacional de Departamentos rechazó de manera categórica que grupos armados ilegales, en particular el ELN, pretendan atribuirse funciones judiciales mediante la realización de supuestos “juicios” y la imposición de condenas al margen del orden constitucional.
El pronunciamiento surge tras el anuncio del grupo criminal de aplicar un llamado “juicio revolucionario”, con el que, según afirmaron, impusieron 60 meses de secuestro al agente del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, Jesús Antonio Pacheco Oviedo, y 55 meses a Rodrigo Antonio López Estrada, bajo la figura de “prisión revolucionaria”.
La FND señaló que estas acciones constituyen una grave violación a los derechos humanos y representan una amenaza directa al Estado de derecho, la institucionalidad y la seguridad jurídica del país. Asimismo, enfatizó que ninguna organización al margen de la ley puede sustituir a la justicia ni legitimar mecanismos sin validez legal.
“La denominada ‘prisión revolucionaria’ carece de toda legitimidad. Colombia es un Estado Social de Derecho regido por la Constitución, donde el respeto por la vida, la integridad y la libertad es un principio fundamental”, resaltan en un comunicado.
La Federación también subrayó que ninguna acción violenta justifica la privación de la libertad de los ciudadanos y recordó que únicamente las instituciones de la Rama Judicial están facultadas para administrar justicia.
Exigen la liberación inmediata y sin condiciones de los servidores públicos mencionados y de todas las personas retenidas ilegalmente. “Este sería un verdadero gesto de voluntad de paz”, afirmó.
En pro de las víctimas, la federación agradeció a las personas, organizaciones y autoridades que mantienen activos canales humanitarios para lograr la liberación de los secuestrados, y expresó su respaldo a los integrantes de la Fuerza Pública por su labor en defensa de la seguridad y los derechos de los ciudadanos.
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Sin importar que sea claro para la sociedad no dejaron pasar por alto el momento para recordar que el secuestro es un delito “despiadado”, prohibido tanto por la legislación colombiana como por el Derecho internacional, y advierten que el país no puede permitir su repetición ni normalización.
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