Establecer licencias ambientales diferenciadas según la actividad, la tecnología y la escala de los proyectos puede contribuir a hacer más eficiente el sistema de licenciamiento en Colombia, de acuerdo con Daniel Wiesner, investigador asociado de Fedesarrollo.
El experto consideró que la diferenciación tiene sentido porque los impactos ambientales no son iguales entre las distintas tecnologías ni entre proyectos de diferente tamaño. Como ejemplo, contrastó los efectos de una planta eólica, una instalación solar y una termoeléctrica.
“Los impactos que genera un proyecto eólico o un proyecto solar o un proyecto termoeléctrico donde se quema carbón son bien diferentes”, explicó Wiesner.
En el caso de los proyectos eólicos, señaló que aspectos como el ruido y las vibraciones de las aspas pueden generar afectaciones a las comunidades cercanas, mientras que los proyectos solares tienen impactos más contenidos. En las termoeléctricas, por su parte, deben considerarse factores como las emisiones, el ruido y la descarga de aguas utilizadas durante su operación.
Para Wiesner, esta diferenciación ya existe parcialmente en Colombia. Citó como ejemplo el Decreto 0510 de 2024, que estableció una excepción al requisito de licencia ambiental para determinados proyectos férreos eléctricos en zonas urbanas que se desarrollen sobre trazados existentes.
El investigador sostuvo que este tipo de medidas puede evitar que se impongan nuevamente requisitos ambientales de gran magnitud cuando el impacto principal ya se produjo con la construcción original de una infraestructura.
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Sin embargo, advirtió que el sistema todavía presenta problemas en la aplicación de los requisitos, especialmente para proyectos pequeños. Según explicó, algunos funcionarios encargados de evaluar las iniciativas no cuentan con suficiente conocimiento específico sobre la tecnología o la región donde se desarrollará el proyecto.
“Lo que hacen es exigir unos términos de referencia genéricos, hacen copy paste de uno para otro”, cuestionó.
A su juicio, esto puede llevar a que proyectos de menor escala deban asumir estudios y costos burocráticos similares a los exigidos a iniciativas de mucho mayor impacto.
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El investigador también señaló que actualmente existen diferencias según el tamaño de los proyectos y la autoridad encargada de evaluarlos. Mientras las iniciativas de mayor dimensión son competencia de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, otras de menor escala son tramitadas por las corporaciones autónomas regionales.
Aunque consideró que esta distribución puede ayudar a descongestionar el sistema, advirtió que algunas corporaciones presentan demoras e ineficiencias en la expedición de las licencias.
Por ello, Fedesarrollo plantea avanzar hacia un esquema en el que los requisitos sean proporcionales a los impactos reales de cada proyecto, sin reducir los estándares de protección ambiental, pero evitando cargas innecesarias que terminen retrasando iniciativas de menor impacto.