Establecer licencias ambientales diferenciadas según la actividad, la tecnología y la escala de los proyectos puede contribuir a hacer más eficiente el sistema de licenciamiento en Colombia, de acuerdo con Daniel Wiesner, investigador asociado de Fedesarrollo.El experto consideró que la diferenciación tiene sentido porque los impactos ambientales no son iguales entre las distintas tecnologías ni entre proyectos de diferente tamaño. Como ejemplo, contrastó los efectos de una planta eólica, una instalación solar y una termoeléctrica.“Los impactos que genera un proyecto eólico o un proyecto solar o un proyecto termoeléctrico donde se quema carbón son bien diferentes”, explicó Wiesner.En el caso de los proyectos eólicos, señaló que aspectos como el ruido y las vibraciones de las aspas pueden generar afectaciones a las comunidades cercanas, mientras que los proyectos solares tienen impactos más contenidos. En las termoeléctricas, por su parte, deben considerarse factores como las emisiones, el ruido y la descarga de aguas utilizadas durante su operación.Para Wiesner, esta diferenciación ya existe parcialmente en Colombia. Citó como ejemplo el Decreto 0510 de 2024, que estableció una excepción al requisito de licencia ambiental para determinados proyectos férreos eléctricos en zonas urbanas que se desarrollen sobre trazados existentes.El investigador sostuvo que este tipo de medidas puede evitar que se impongan nuevamente requisitos ambientales de gran magnitud cuando el impacto principal ya se produjo con la construcción original de una infraestructura.Sin embargo, advirtió que el sistema todavía presenta problemas en la aplicación de los requisitos, especialmente para proyectos pequeños. Según explicó, algunos funcionarios encargados de evaluar las iniciativas no cuentan con suficiente conocimiento específico sobre la tecnología o la región donde se desarrollará el proyecto.“Lo que hacen es exigir unos términos de referencia genéricos, hacen copy paste de uno para otro”, cuestionó.A su juicio, esto puede llevar a que proyectos de menor escala deban asumir estudios y costos burocráticos similares a los exigidos a iniciativas de mucho mayor impacto.El investigador también señaló que actualmente existen diferencias según el tamaño de los proyectos y la autoridad encargada de evaluarlos. Mientras las iniciativas de mayor dimensión son competencia de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, otras de menor escala son tramitadas por las corporaciones autónomas regionales.Aunque consideró que esta distribución puede ayudar a descongestionar el sistema, advirtió que algunas corporaciones presentan demoras e ineficiencias en la expedición de las licencias.Por ello, Fedesarrollo plantea avanzar hacia un esquema en el que los requisitos sean proporcionales a los impactos reales de cada proyecto, sin reducir los estándares de protección ambiental, pero evitando cargas innecesarias que terminen retrasando iniciativas de menor impacto.
El Juzgado Doce Administrativo de Bucaramanga ordenó suspender los efectos de la Resolución 0992 de 2026, mediante la cual el Ministerio de Ambiente adoptó una delimitación progresiva del Complejo de Páramos Jurisdicciones–Santurbán–Berlín.La decisión se produjo tras una acción de tutela presentada por la ciudadana Yojanna Yulieth Serrano Gómez, quien alegó vulneraciones a sus derechos de participación ambiental efectiva, acceso a la información pública y debido proceso administrativo durante el proceso de delimitación.En el fallo de primera instancia, fechado el 2 de septiembre de 2026, el despacho concluyó que el Ministerio de Ambiente vulneró los derechos de la accionante al no entregarle información fundamental relacionada con la Resolución 0992, entre ella los mapas, coordenadas, anexos técnicos y científicos, estudios ambientales, actas y grabaciones de la jornada de concertación realizada el 18 de julio, así como la matriz en la que debían valorarse las observaciones ciudadanas.El juez también encontró una vulneración al debido proceso administrativo debido a que la resolución fue expedida mientras se encontraban pendientes varias recusaciones contra funcionarios que participaron en su trámite.Según el propio Ministerio de Ambiente, entre el 21 de julio y el 6 de agosto se presentaron recusaciones contra funcionarios de la entidad, pero estas solo fueron remitidas para su decisión al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República el 13 de agosto, siete días después de expedida la Resolución 0992.El despacho recordó que, de acuerdo con el artículo 12 de la Ley 1437 de 2011, la actuación administrativa queda suspendida desde la presentación de una recusación y hasta que esta sea decidida. Para el juzgado, la resolución fue suscrita y produjo efectos durante un periodo en el que el procedimiento administrativo se encontraba legalmente suspendido.Otro de los aspectos cuestionados fue el momento en que se expidió la delimitación. La Resolución 0992 fue firmada el 6 de agosto, apenas 19 días después de la jornada de concertación realizada en Bucaramanga. Además, el Ministerio había informado el 18 de agosto que el proceso llevaba cerca de un 70 % de avance en la fase de concertación.Para el juez, esto evidenció que la decisión se adoptó sin que existiera previamente una respuesta motivada e individualizada a las observaciones planteadas por la ciudadanía.La Sentencia T-361 de 2017 de la Corte Constitucional establece que la participación ambiental no se limita a convocar reuniones, sino que implica brindar información, permitir una intervención efectiva de las comunidades y valorar y responder de manera motivada sus propuestas y desacuerdos.La Defensoría del Pueblo, que estuvo presente en la jornada del 18 de julio, documentó además interrupciones, discusiones y confrontaciones entre los diferentes sectores participantes, circunstancias que, según el juzgado, impidieron el desarrollo fluido del diálogo.Frente a esta decisión, la alcaldesa de Vetas, Angélica María García, manifestó su satisfacción y pidió que el nuevo proceso de delimitación tenga una mayor participación de las comunidades.“Nos sentimos muy felices del fallo judicial que salió el día de hoy suspendiendo la resolución por medio de la cual el gobierno anterior había hecho una delimitación express desconociendo los acuerdos que se habían logrado en el año 2021 y 2022 con el Ministerio de Ambiente”, aseguró la mandataria.García sostuvo que espera que el nuevo Ministerio de Ambiente adelante un proceso “más elaborado”, con mayor sustento técnico y jurídico y con participación de las comunidades de los municipios ubicados en el área de influencia del páramo.“Tenemos la esperanza de que este nuevo gobierno realice un proceso de participación más elaborado, reconozca los acuerdos en los que habíamos llegado y realice una delimitación con un ejercicio más técnico y más jurídico”, agregó.El fallo, sin embargo, no declaró la nulidad de la Resolución 0992. El juez explicó expresamente que una decisión definitiva sobre la legalidad del acto administrativo corresponde a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. La medida adoptada en esta tutela es provisional y busca proteger los derechos que fueron considerados vulnerados.En concreto, el Juzgado Doce Administrativo ordenó suspender los efectos de la resolución mientras el Ministerio de Ambiente resuelve de fondo las recusaciones pendientes. Para ello, le dio un plazo de cinco días hábiles desde la comunicación de la providencia. Posteriormente, la entidad deberá adelantar el procedimiento correspondiente para la delimitación progresiva, garantizando los derechos de participación, acceso a la información y debido proceso, en los términos establecidos por la Corte Constitucional.Además, el Ministerio tendrá 48 horas desde la notificación del fallo para entregar a la accionante una copia íntegra de la Resolución 0992, sus mapas, coordenadas, anexos técnicos y científicos, estudios, actas, grabaciones de la jornada de concertación y la matriz de valoración de las observaciones ciudadanas, indicando cuáles fueron aceptadas, rechazadas o incorporadas parcialmente.La decisión también desvinculó del proceso de tutela a la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo, la CDMB, la CAS y CORPONOR, al considerar que no se acreditó una conducta activa u omisiva atribuible a estas entidades.De esta manera, el futuro de la delimitación progresiva del Páramo de Santurbán vuelve a quedar en manos del Ministerio de Ambiente, que deberá resolver primero las recusaciones pendientes y posteriormente continuar el procedimiento bajo las garantías de participación ciudadana, acceso a la información y debido proceso.
Un total de 19 tortugas acuáticas rescatadas del lago de la Universidad Industrial de Santander, iniciaron su proceso de recuperación y rehabilitación con miras a regresar a su hábitat natural.La jornada fue realizada de manera conjunta por la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga y la Escuela de Biología de la UIS. Los ejemplares fueron trasladados al Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre (CAV) de la CDMB, donde serán sometidos a valoración veterinaria y comportamental.Entre los animales rescatados se encuentran ejemplares de cuatro especies: Podocnemis lewyana, conocida como tortuga del río Magdalena; Trachemys callirostris; Rhinoclemmys melanosterna y Kinosternon leucostomum.La Podocnemis lewyana tiene especial importancia para la conservación regional, debido a su relación con la salud de los ecosistemas acuáticos.De acuerdo con Vladimir Quintero Sánchez, médico veterinario especializado del CAV de la CDMB, cada tortuga tendrá una atención individual. Primero se realizará una valoración física y comportamental y posteriormente los ejemplares cumplirán un periodo de cuarentena, antes de determinar las condiciones y el lugar adecuado para su liberación."El rescate no solo busca proteger a los 19 individuos, sino también contribuir a la conservación de los ecosistemas. Las tortugas acuáticas cumplen funciones importantes como la dispersión de semillas, el control de poblaciones de peces e invertebrados y el mantenimiento del equilibrio de los cuerpos de agua", dijo Vladimir Quintero, médico veterinario de la CDMB. La CDMB destacó que esta acción representa un nuevo ejemplo del trabajo articulado con la academia para proteger la biodiversidad de Santander y garantizar el bienestar de la fauna silvestre.La autoridad ambiental hizo un llamado a la ciudadanía a no capturar, comercializar ni mantener en cautiverio animales silvestres. Los casos de maltrato o tenencia ilegal pueden ser reportados al Grupo Élite Ambiental (GEA) de la CDMB, en el 318 706 98 66, o ante la Policía Ambiental.
El Comité para la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán anunció nuevas acciones jurídicas contra las decisiones del Gobierno Nacional relacionadas con la protección de este ecosistema y confirmó que solicitará medidas cautelares ante el Tribunal Administrativo de Santander para intentar frenar lo que considera un retroceso en materia ambiental.La organización informó que presentó una recusación contra el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Fabio Alberto Arjona, argumentando una presunta falta de imparcialidad frente a las actuaciones relacionadas con Santurbán y el proyecto minero de la multinacional Aris Mining.De acuerdo con el Comité, la recusación está sustentada en los artículos 11 y 12 de la Ley 1437 de 2011 y comprende actuaciones administrativas relacionadas con la delimitación del Complejo de Páramos Jurisdicciones Santurbán-Berlín, la zona de reserva temporal de recursos naturales renovables y la reserva definitiva de la microcuenca de la quebrada La Baja."El ministro habría expresado públicamente posiciones favorables al proyecto de Aris Mining y considera que estas actuaciones podrían comprometer el principio de imparcialidad. Por ello, advirtió que, mientras se resuelve la recusación, el jefe de la cartera ambiental no debería adoptar decisiones relacionadas con Santurbán", dijo Mayerling López, delegada del Comité de Santurbán. El Comité también cuestionó la decisión del Gobierno de dejar sin efecto la resolución de protección de determinadas áreas del páramo y señaló que, en su interpretación del fallo judicial, lo procedente era reabrir el proceso de participación ciudadana y garantizar nuevamente el acceso a la información, sin eliminar las medidas de protección ambiental.Uno de los principales argumentos de la organización está relacionado con las cerca de 1.500 hectáreas que, según afirma, quedaron nuevamente sin protección en el municipio de California. El Comité sostiene que estudios del Servicio Geológico Colombiano identificaron la importancia hídrica de estas zonas para el abastecimiento de agua de aproximadamente dos millones de personas.“Lo que estamos haciendo no elimina la necesidad de proteger La Baja, sino que retrotrae el proceso al punto en que debe garantizarse la participación efectiva de todos los actores”, señaló el ministro Fabio Arjona.El funcionario insistió en que la protección de Santurbán debe desarrollarse bajo criterios de ciencia, transparencia y seguridad jurídica, además de garantizar espacios de participación para las comunidades de la zona.En medio de la controversia, el Comité también cuestionó los argumentos del Ministerio de Ambiente sobre la minería ilegal y aseguró que la solución no debe ser permitir la explotación minera en Santurbán, ni por actores ilegales ni por empresas multinacionales. Además, informó que presentó una denuncia ante la Fiscalía para que se investiguen actividades de minería ilegal en la zona.Con la revocatoria de la Resolución 0994, el Ministerio de Ambiente adelantará una nueva evaluación técnica y jurídica integral para determinar las medidas necesarias para la protección de la microcuenca de la quebrada La Baja.La organización anunció igualmente una campaña de recolección de firmas denominada #FirmoPorSanturbán y convocó a organizaciones sociales, ambientales y ciudadanos a una asamblea el próximo 2 de septiembre, a las 6:00 de la tarde, en la calle 33 # 23-37 de Bucaramanga, donde se definirían las fechas de una eventual movilización regional y nacional.El Comité aseguró que continuará actuando en los escenarios jurídicos, ciudadanos y de movilización para exigir la protección del páramo y de las fuentes hídricas asociadas a Santurbán.
El Ministerio de Ambiente abrió una nueva etapa en el proceso de protección de la microcuenca de la quebrada La Baja, en el área de influencia del páramo de Santurbán, tras revocar la Resolución 0994 de 2026.La decisión fue anunciada por el ministro de Ambiente, Fabio Arjona, quien explicó que la revocatoria busca corregir las irregularidades identificadas en el trámite, dar cumplimiento a una orden judicial y garantizar la participación efectiva de las comunidades y demás actores involucrados.“Lo que estamos haciendo no elimina la necesidad de proteger La Baja, sino que retrotrae el proceso al punto en que debe garantizarse la participación efectiva de todos los actores”, señaló Arjona.El funcionario insistió en que la protección de Santurbán debe desarrollarse bajo criterios de ciencia, transparencia y seguridad jurídica, además de garantizar espacios de participación para las comunidades de la zona.Con la revocatoria de la Resolución 0994, el Ministerio de Ambiente adelantará una nueva evaluación técnica y jurídica integral para determinar las medidas necesarias para la protección de la microcuenca de la quebrada La Baja.Según el Ministerio, el objetivo no es retirar la protección ambiental del territorio, sino reiniciar el procedimiento desde una etapa que permita subsanar las irregularidades y garantizar el debido proceso.La decisión se produce en medio de las discusiones que durante los últimos meses han generado las medidas ambientales relacionadas con Santurbán, un ecosistema estratégico para el abastecimiento de agua y que también ha estado en el centro de debates entre comunidades, autoridades ambientales, sectores productivos y organizaciones defensoras del medioambiente.El ministro Arjona aseguró que la nueva ruta estará orientada por tres ejes: agua, biodiversidad y comunidades, con el propósito de avanzar hacia una decisión ambiental que cuente con sustento técnico, jurídico y participación ciudadana.Organizaciones ambientalistas y defensores del agua en Santander expresaron su rechazo a la decisión del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de revocar la resolución que había establecido una protección ambiental definitiva sobre cerca de 1.499 hectáreas de la microcuenca de la quebrada La Baja, en el municipio de California, dentro del ecosistema de Santurbán.La decisión generó fuertes cuestionamientos entre sectores ambientalistas, que consideran que la eliminación de esta figura de protección abre nuevamente la discusión sobre el futuro de la minería a gran escala en una zona estratégica para el abastecimiento de agua de Santander.
Las comunidades de la provincia de Soto Norte, especialmente habitantes de California, Santander, respaldaron la decisión del Ministerio de Ambiente de revocar la Resolución 0994 del 6 de agosto de 2026, mediante la cual el anterior Gobierno había declarado una Reserva de Recursos Naturales Renovables de carácter definitivo sobre 1.499 hectáreas de la microcuenca de la quebrada La Baja.La medida fue formalizada mediante la Resolución 1037 del 13 de agosto y, según las comunidades, permite dar cumplimiento al fallo del Juzgado Octavo Administrativo de Bucaramanga, que advirtió vulneraciones relacionadas con los derechos de acceso a la información pública, participación ciudadana, debido proceso administrativo e igualdad durante el trámite de la reserva.La tutela fue promovida por habitantes de California, quienes cuestionaron las condiciones en las que se desarrolló la consulta pública. El despacho judicial ordenó dejar sin efectos dicho proceso y reiniciarlo bajo garantías que permitan una participación ciudadana efectiva.“Recibimos con alegría y esperanza la decisión de la Juez del juzgado Octavo, y nos dimos cuenta que vale la pena alzar la voz para defender nuestros derechos”, afirmó Rosa Amira Mendoza, directora de la Organización de Mujeres Mineras y Ambientales de Soto Norte y quien interpuso la acción de tutela.La dirigente comunitaria sostuvo que las comunidades no se oponen a la protección ambiental, pero reclaman que las decisiones sobre el territorio sean adoptadas con información completa, respaldo científico y participación de los habitantes.Uno de los aspectos cuestionados durante el proceso judicial estuvo relacionado con la información disponible durante la consulta pública. De acuerdo con las pruebas analizadas por el juzgado, el Anexo Cartográfico No. 1, que contenía la delimitación de la reserva, no estaba publicado cuando comenzó la consulta, el 14 de julio, y fue incorporado posteriormente, el 22 de julio.El despacho también constató modificaciones posteriores al Documento Técnico de Soporte. Estas circunstancias, según la decisión judicial, afectaron las condiciones para que los ciudadanos pudieran participar de manera efectiva sobre una documentación completa y estable.Por ello, la justicia ordenó reiniciar el procedimiento y garantizar la publicación simultánea de los documentos, la identificación de modificaciones, el acceso a versiones históricas, información técnica y cartográfica comprensible, un nuevo periodo completo de participación y espacios de socialización y deliberación con la comunidad.Las comunidades también cuestionaron que la Resolución 0994 hubiera sido expedida el 6 de agosto, a menos de 24 horas de finalizar el anterior Gobierno Nacional, cuando ya estaba admitida una acción de tutela relacionada con el trámite y existía una recusación pendiente contra la entonces ministra encargada.Fabio Maldonado, director del Consejo para el Desarrollo Territorial de Soto Norte, calificó como positiva la revocatoria y aseguró que la decisión evita, según su interpretación, que el municipio de California quede limitado para desarrollar sus actividades económicas.“Respaldamos de manera contundente la decisión del nuevo Ministerio de Ambiente de revocar la nefasta resolución de La Baja”, manifestó Maldonado.El área objeto de la resolución está ubicada, de acuerdo con las comunidades, por fuera de los límites del Páramo de Santurbán. Por esa razón, consideran que la revocatoria no representa un desconocimiento de la necesidad de proteger el agua y los ecosistemas de la región.El Ministerio de Ambiente, según lo señalado en el pronunciamiento de las comunidades, adelantará una nueva evaluación técnica y jurídica para determinar las medidas de protección que correspondan sobre la zona.“Queremos que se proteja el agua, pero también que se respeten los derechos de las familias que viven allí, que se reconozca la realidad del territorio y que podamos participar en las decisiones que van a afectar nuestro futuro”, agregó Rosa Amira Mendoza.De esta manera, los habitantes de Soto Norte esperan que el nuevo procedimiento permita discutir nuevamente las medidas para La Baja, esta vez bajo condiciones de participación, información y seguridad jurídica, mientras se mantiene el debate sobre la protección ambiental de esta zona de Santander.
Organizaciones ambientalistas y defensores del agua en Santander expresaron su rechazo a la decisión del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de revocar la resolución que había establecido una protección ambiental definitiva sobre cerca de 1.499 hectáreas de la microcuenca de la quebrada La Baja, en el municipio de California, dentro del ecosistema de Santurbán.La medida fue adoptada mediante la Resolución 1037 del 13 de agosto de 2026, con la que el Ministerio revocó directamente la Resolución 0994 del 6 de agosto de 2026, que había declarado la Reserva de Recursos Naturales Renovables de carácter definitivo “La Baja”, en la zona del páramo de Santurbán. La decisión generó fuertes cuestionamientos entre sectores ambientalistas, que consideran que la eliminación de esta figura de protección abre nuevamente la discusión sobre el futuro de la minería a gran escala en una zona estratégica para el abastecimiento de agua de Santander.“Está en riesgo el agua de cerca de 2 millones de personas”, señalaron sectores ambientalistas, quienes anunciaron acciones jurídicas y movilizaciones para defender el páramo de Santurbán y rechazaron cualquier decisión que, según ellos, pueda favorecer proyectos mineros en la región.La controversia también está relacionada con el proyecto minero Soto Norte, de la multinacional Aris Mining, cuyo desarrollo ha sido objeto de un amplio debate ambiental, social y jurídico en Santander.Frente a las críticas, el ministro de Ambiente, Fabio Arjona, explicó que la decisión no implica eliminar la obligación de proteger La Baja, sino retrotraer el procedimiento para garantizar la participación efectiva de los diferentes actores involucrados.Según el funcionario, la decisión adoptada por el anterior Gobierno un día antes de finalizar su mandato presentó problemas jurídicos y procedimentales, entre ellos la existencia de recusaciones contra la entonces ministra Irene Vélez y una tutela que había sido admitida y se encontraba pendiente de resolución por una posible vulneración del derecho a la participación.Arjona sostuvo que un juez ordenó reiniciar el procedimiento por posibles vulneraciones de ese derecho. Por esta razón, el Ministerio considera necesario realizar nuevamente una evaluación técnica y jurídica integral sobre la protección de La Baja.“Lo que estamos haciendo no elimina la necesidad de proteger La Baja”, explicó el ministro, al señalar que el proceso debe garantizar la participación de las comunidades y demás actores involucrados en el tema de Santurbán. El funcionario defendió además que las decisiones ambientales deben contar con respaldo científico, seguridad jurídica, transparencia y participación efectiva.El Comité por la Defensa de Santurbán le respondió al ministro Arjona. "La resolución que usted tumbó no es la de delimitación progresiva. Es la que prohibía la minería en cerca de 1.500 hectáreas en Santurbán, casualmente justo donde está el título de la multinacional Aris Mining, la misma empresa que usted ha puesto en medios como ejemplo de minería para replicar en Santurbán". Señalan los ambientalistas que "el fallo judicial ordenaba rehacer la consulta, no revocar la reserva ambiental definitiva. No vamos a permitir que desmonten la normatividad que protege Santurbán para abrirle la puerta a las multinacionales". La revocatoria vuelve a poner a Santurbán en el centro del debate ambiental de Santander. El páramo es considerado un ecosistema estratégico por su importancia en la regulación hídrica y el abastecimiento de agua de numerosas comunidades.La discusión enfrenta nuevamente dos posiciones: por un lado, organizaciones ambientales y sectores ciudadanos que reclaman mayores garantías para proteger las fuentes hídricas y los ecosistemas de Santurbán; y por otro, sectores que cuestionan decisiones adoptadas sin suficiente participación o sustento jurídico y que reclaman procesos ambientales con mayor rigor técnico.Para los ambientalistas, la revocatoria representa una señal de alerta y anunciaron que continuarán con acciones jurídicas y de movilización sociales para defender la protección del páramo.Desde el Ministerio, entretanto, se insiste en que la decisión no constituye una autorización automática para desarrollar actividades mineras en La Baja, sino el reinicio del procedimiento para definir, bajo nuevas evaluaciones técnicas y jurídicas, cuál debe ser la figura de protección aplicable al área.La quebrada La Baja se encuentra en el municipio de California, en el área de influencia del Macizo de Santurbán, territorio donde durante años se ha desarrollado una intensa controversia alrededor de la minería y la protección de las fuentes de agua.La Resolución 0994, expedida el 6 de agosto, había establecido una reserva definitiva sobre aproximadamente 1.499 hectáreas y, entre sus efectos, restringía el otorgamiento de nuevos contratos, autorizaciones o licencias para proyectos de mediana y gran minería dentro del área protegida.Con la Resolución 1037 del 13 de agosto, esa medida fue revocada directamente. El Ministerio sostiene que ahora deberá adelantarse un nuevo proceso que garantice la participación de todos los actores y permita determinar, con criterios científicos y jurídicos, las medidas de protección que deberán aplicarse en La Baja.La decisión promete mantener abierto uno de los debates ambientales más sensibles de Santander y el país: cómo garantizar la protección del agua y la biodiversidad de Santurbán mientras se definen las condiciones jurídicas para cualquier actividad económica en este territorio.
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible revocó directamente la Resolución 0994 del 6 de agosto de 2026, mediante la cual se había declarado la Reserva de Recursos Naturales Renovables de carácter definitivo “La Baja”, en un sector de la microcuenca de la quebrada La Baja, en el municipio de California, Santander, área del páramo de Santurbán.La decisión quedó consignada en la Resolución 1037 del 13 de agosto de 2026 y tiene como uno de sus principales argumentos una recusación que había sido presentada dos días antes de la expedición del acto administrativo contra la entonces ministra encargada de Ambiente, Irene Vélez Torres.De acuerdo con el documento, la recusación fue radicada ante el Ministerio el 4 de agosto de 2026 y estaba relacionada expresamente con la actuación administrativa que terminaría con la declaratoria de la reserva en La Baja. Sin embargo, la recusación no fue tramitada antes de que Vélez suscribiera la Resolución 0994, el 6 de agosto.El Ministerio explica que la Ley establece que, una vez presentada una recusación, la actuación administrativa debe suspenderse hasta que esta sea resuelta. Por esta razón, la entidad concluyó que la actuación continuó pese a que legalmente se encontraba suspendida.“La Resolución 0994 de 2026 fue expedida en contravención de una regla legal procedimental de orden público”, señala la nueva resolución, que considera que esta situación configura una oposición manifiesta a la ley y permite la revocatoria directa del acto.Pero la recusación no fue el único argumento para retirar la decisión.El Ministerio también actuó en cumplimiento de una sentencia del 10 de agosto de 2026 del Juzgado Octavo Administrativo del Circuito Judicial de Bucaramanga, relacionada con una acción de tutela presentada durante el proceso de consulta pública del proyecto de reserva.El juez amparó los derechos fundamentales de acceso a la información pública, participación y debido proceso administrativo y ordenó que, si para el momento de la notificación de la sentencia ya había sido expedida la resolución sobre La Baja, esta quedara sin efecto y el procedimiento se retrotrajera para garantizar nuevamente la etapa de consulta.Por estas dos circunstancias, la orden judicial y la irregularidad procedimental derivada de la recusación, fue que el Ministerio decidió revocar integralmente la Resolución 0994 del 6 de agosto.La medida había declarado una reserva de 1.499,28 hectáreas en jurisdicción de California, con el propósito de proteger los recursos naturales y el sistema hídrico superficial y subterráneo asociado a la microcuenca de la quebrada La Baja, restringiendo nuevas concesiones mineras.La Resolución 1037 advierte que la decisión no constituye un pronunciamiento definitivo sobre la procedencia o improcedencia futura de una medida de protección ambiental.El Ministerio señala que deberá realizarse una nueva evaluación jurídica, técnica, ambiental y procedimental, teniendo en cuenta las decisiones judiciales y las garantías de participación correspondientes.Sobre el tema se pronunció el Comité en Defensa de Santurbán que a través de su cuenta en X escribió:“No pasó ni un mes y el Gobierno de Abelardo De La Espriella empezó a desmontar las medidas que protegen Santurbán. Mientras el país enfrenta la emergencia por el terremoto, el ministro de Ambiente, Fabio Arjona, aprovechó para tumbar la primera resolución que prohíbe el proyecto Soto Norte de la multinacional minera Aris Mining en Santurbán”.
Durante sus primeros diez días al frente del Ministerio de Ambiente, Fabio Arjona aseguró que el Gobierno ha tomado decisiones para avanzar en proyectos considerados estratégicos para Colombia, mientras continúa acompañando a las comunidades afectadas por el terremoto. El ministro también cuestionó decisiones ambientales tomadas anteriormente y defendió una gestión basada, según dijo, en criterios técnicos y científicos.A través de un trino, el ministro de Ambiente, Fabio Arjona, hizo un balance de los primeros diez días de su gestión y aseguró que durante este periodo se han tomado decisiones para destrabar proyectos que considera importantes para la economía y la seguridad energética del país.Arjona comenzó señalando que, además de acompañar a las personas afectadas por el terremoto, el Gobierno ha trabajado en decisiones relacionadas con diferentes proyectos. En ese sentido, afirmó que las decisiones ambientales de Colombia estuvieron anteriormente “enceguecidas por la desinformación, la ideología y decisiones sin suficiente sustento técnico y científico”, y sostuvo que estas terminaron afectando al país y a sus comunidades.Uno de los proyectos mencionados por el ministro es el Canal del Dique. Según explicó, el Gobierno restableció el instrumento ambiental que permite avanzar con las intervenciones previstas. También se refirió a la Autopista Norte, donde aseguró que se acreditó el cumplimiento de la condición ambiental necesaria para continuar con el proyecto. En este caso, Arjona recalcó que se mantienen las obligaciones relacionadas con la protección de los humedales Torca y Guaymaral.En materia energética, el ministro destacó la autorización para ampliar SPEC LNG, una decisión que permitirá incorporar nueva capacidad de gas al sistema nacional. De acuerdo con Arjona, esta medida hace parte de las acciones encaminadas a fortalecer la seguridad energética del país.El jefe de la cartera de Ambiente aseguró, además, que estas decisiones no significan dejar de lado la protección de los ecosistemas. Por el contrario, afirmó que el Gobierno busca tomar decisiones con criterios técnicos y cumplir con las obligaciones ambientales. “Lo hemos hecho con rigor técnico, sin politiquería y, ojo, sin renunciar a las obligaciones ambientales”, escribió Arjona.El ministro también se refirió al Fenómeno de El Niño y aseguró que la respuesta del Gobierno debe ir más allá de los discursos. Según explicó, las decisiones adoptadas buscan enfrentar este tipo de retos, contribuir al movimiento de la economía y fortalecer la seguridad energética del país.Finalmente, Arjona defendió la idea de que la protección ambiental y el desarrollo económico pueden avanzar de manera conjunta. “Proteger el ambiente y hacer posible el desarrollo no son objetivos contradictorios”, afirmó. Esta visión, explicó, hace parte de la agenda ABC: Agua, Biodiversidad y Comunidades, con la que busca impulsar un desarrollo que genere bienestar, respete la naturaleza y permita dejar mejores territorios de los que encontró.
La Alcaldía de California, Santander, manifestó su preocupación por las recientes resoluciones expedidas por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, al considerar que podrían generar incertidumbre sobre el futuro socioeconómico del municipio, ubicado en la zona de Santurbán. En un comunicado, el alcalde de California, Danilo Valbuena Pabón, señaló que las nuevas disposiciones no solo tendrían efectos sobre la pequeña minería y la minería tradicional, sino también sobre actividades económicas relacionadas con el comercio, la hotelería, los servicios y otras fuentes de empleo de la comunidad.El mandatario municipal advirtió además sobre la situación de las familias que dependen de la minería y recordó que, durante varios años, el Gobierno Nacional ha promovido procesos para avanzar hacia la formalización y legalización de esta actividad.La Alcaldía aseguró que comparte la necesidad de proteger el agua y el páramo de Santurbán, pero pidió que las decisiones ambientales se adopten con base en evaluaciones técnicas, procesos transparentes de licenciamiento y espacios efectivos de concertación con las comunidades.“La protección del agua y del Macizo de Santurbán jamás ha estado en discusión en nuestro municipio”, señala el comunicado, en el que se insiste en que la conservación ambiental debe ser compatible con el desarrollo económico y social de la región.La posición de California se conoce en medio de la controversia generada en Santander por las recientes medidas del Ministerio de Ambiente relacionadas con el páramo y el Macizo de Santurbán. Comunidades campesinas, mineros y comerciantes de Soto Norte han expresado reparos frente a las nuevas disposiciones y han advertido posibles impactos sobre el empleo y las actividades económicas de la zona.El Ministerio, por su parte, sostiene que las medidas hacen parte de la protección ambiental de Santurbán y del cumplimiento de las decisiones judiciales relacionadas con la delimitación del complejo de páramos. Recientemente, el Gobierno anunció una nueva delimitación progresiva del complejo Jurisdicciones Santurbán-Berlín.La Alcaldía de California informó que ya activó gestiones e instancias institucionales para defender los derechos de la comunidad y solicitó al Gobierno Nacional garantizar medidas que permitan armonizar la protección ambiental con el derecho al trabajo, la seguridad jurídica y el desarrollo sostenible.
Estos fueron los temas más importantes del programa de La Nube del 10 de septiembre:La cómica burla de Samsung al celular plegable de iPhone. Un video en el que aparecen varios celulares doblándose, simulando aplaudir.Amadeo José Argüelles Cruz, profesor, investigador y quien hace parte del Centro de Investigación en Computación del Instituto Politécnico Nacional en México, explicó cómo quieren detectar la ansiedad y la depresión con una camiseta inteligente que analiza señales del cuerpo.OpenAI afirma haber resuelto en 88 horas un problema matemático sin respuesta durante 90 años. Ahora hay un debate sobre los derechos de autor.
El Banco de la República es la institución nacional que mayor confianza genera entre los líderes de opinión del país, con 80 puntos sobre 100, de acuerdo con el reciente informe de Panel de Opinión de Cifras & Conceptos.Le siguen la Registraduría Nacional con 78 puntos; la Corte Constitucional, con 77; y la Corte Suprema de Justicia, con 75, mostrando un panorama en el que las instituciones técnicas, electorales y judiciales aparecen mejor posicionadas.En los siguientes lugares se encuentran el Ejército Nacional, con 71 puntos; la Defensoría del Pueblo, con 69; el Consejo de Estado, con 67; y la Policía, con 63.La Jurisdicción Especial para la Paz obtiene 59 puntos, la Contraloría 56 y la Fiscalía 55. El Consejo Nacional Electoral y la Procuraduría registran 54 puntos cada uno.Finalmente, el Congreso de la República obtiene 48 puntos y la Presidencia de la República 44, una diferencia de 36 puntos frente al Banco de la República, que ocupa el primer lugar.Al comparar 2023 y 2026, los líderes califican mejor el desempeño presidencial en asuntos como promover la paz, con 60 puntos; proteger los recursos hídricos, con 60; reducir la pobreza, con 59; y las relaciones internacionales, con 58. En cambio, los resultados son más bajos en seguridad: combatir la delincuencia común obtiene 36 puntos y combatir las bandas criminales, 38.De cara a 2027, la principal preocupación política está relacionada con la capacidad del Estado para responder a los problemas del país. El 31 % de los líderes señala como principal desafío mejorar la capacidad técnica del Gobierno, mientras que el 26 % menciona la necesidad de disminuir la polarización. Otro 15 % considera prioritario cuidar la democracia y el Estado de derecho.La reforma política y electoral, las elecciones locales de 2027, el orden público y la corrupción aparecen después, cada uno con porcentajes inferiores.En materia económica, la preocupación principal es todavía más marcada: el 42 % identifica la sostenibilidad fiscal como el mayor desafío para 2027. Le siguen la reactivación económica, con 18 %, y la inversión y confianza empresarial, con 12 %, el mismo porcentaje que obtiene la formalización laboral. La inflación aparece con 6 %, mientras que la crisis energética y el comercio exterior registran 2 % cada uno.La agenda social está encabezada por la desigualdad, mencionada por el 45 % de los líderes. Muy por detrás aparecen la recuperación del sector salud y el mantenimiento de la inversión social, ambos con 13 %, mientras que las brechas territoriales alcanzan 8 %. En el frente ambiental, la deforestación ocupa el primer lugar, con 40 %, seguida de la minería ilegal, con 22 %, y la transición energética, con 10 %.En el ámbito internacional, los líderes ponen el foco en el papel que Colombia deberá jugar en un escenario regional y global complejo. Promover el multilateralismo aparece como el principal desafío, con 25 %, seguido de la relación bilateral con Estados Unidos, con 20 %, y las relaciones con Venezuela, con 15 %. La migración obtiene 13 % y la soberanía nacional, 11 %.
El Chance Caribeña Noche continúa entre los sorteos más consultados por los jugadores de la región Caribe colombiana. Sus diferentes modalidades de apuesta y la posibilidad de participar con una quinta balota hacen que miles de personas estén pendientes de la combinación ganadora de cada jornada.Resultado de Caribeña Noche hoy, jueves 10 de septiembre de 2026El número ganador del chance Caribeña Noche para este jueves 10 de septiembre de 2026 fue el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.Número ganador: Dos últimas cifras: Tres últimas cifras: La quinta: Los resultados oficiales pueden consultarse en los canales autorizados y en los puntos de venta habilitados para comprobar si el tiquete obtuvo algún premio.¿A qué hora juega el Caribeña Noche?El sorteo del Caribeña Noche se realiza de lunes a sábado, y los resultados oficiales suelen publicarse después de las 10:30 p. m.Los participantes pueden realizar apuestas desde $500 hasta $10.000, según la modalidad seleccionada. Para acceder al premio principal es necesario acertar el número ganador exactamente en el mismo orden anunciado oficialmente.Modalidades de apuesta del Caribeña NocheEl juego ofrece diferentes alternativas para que cada participante seleccione la modalidad que prefiera.Cuatro cifras directo o superpleno: premia a quienes aciertan las cuatro cifras del resultado oficial exactamente en el mismo orden del sorteo.Combinado de cuatro cifras: permite obtener premio al acertar las cuatro cifras, sin importar la posición en la que aparezcan.Tres cifras directo: entrega premio cuando las tres últimas cifras coinciden exactamente con el resultado oficial.Combinado de tres cifras: premia a quienes aciertan las tres últimas cifras, aunque aparezcan en un orden diferente.Dos cifras o pata: consiste en acertar únicamente las dos cifras finales del número ganador.Una cifra o uñaEsta modalidad recompensa a quienes logran acertar solamente la última cifra sorteada.¿Cuánto cuesta jugar Caribeña Noche?Los jugadores pueden elegir el monto de su apuesta dentro de los valores establecidos:Apuesta mínima: $500.Apuesta máxima: $10.000.Cada participante puede seleccionar el valor que desea jugar de acuerdo con la modalidad escogida.Requisitos para reclamar un premioLos ganadores deben cumplir con los requisitos establecidos por el operador para adelantar el proceso de cobro.Documentos necesariosTiquete original diligenciado y sin tachones.Documento de identidad original.Fotocopia legible de la cédula.Requisitos según el valor ganadoPremios inferiores a 48 UVT: solo requieren la documentación básica establecida por el operador.Premios entre 48 y 181 UVT: además de los documentos obligatorios, el ganador debe diligenciar el formulario SIPLAFT como parte del proceso de verificación.Premios superiores a 182 UVT:también será necesario presentar una certificación bancaria vigente, expedida con una antigüedad máxima de 30 días, junto con la documentación requerida para completar el trámite de pago.
"El más grande al más grande", James Rodríguez es nuevo jugador de Atlético Nacional. El club antioqueño confirmó oficialmente este jueves, 10 de septiembre, la llegada del futbolista colombiano, quien regresa al país después de una extensa carrera por algunas de las ligas más importantes del mundo y se convierte en uno de los fichajes de mayor impacto en la historia reciente del fútbol colombiano.Atlético Nacional informó a a través de un video en sus redes sociales a su hinchada la contratación del goleador del Mundial Brasil 2014 y ganador del premio Puskás. En el anuncio del verdolaga se destaca la trayectoria del mediocampista, quien fue capitán y referente de la Selección Colombia durante las últimas dos décadas.Los títulos y carrera de JamesEl conjunto verdolaga resaltó que James llega después de recorrer las ligas más exigentes del fútbol internacional y de construir una carrera que incluye 24 títulos conquistados en Argentina, Portugal, Francia, España, Alemania e Inglaterra. Además, recordó sus principales reconocimientos individuales, entre ellos la Bota de Oro del Mundial de Brasil 2014 y el premio Puskás.Su regreso al fútbol colombiano tendrá como escenario a Atlético Nacional. Para la institución, la llegada del volante no representa únicamente una incorporación deportiva, sino una decisión que busca estar a la altura de la historia y de las expectativas de su afición.“Este no es un fichaje de mercado. Es una decisión institucional: la de un club que trabaja todos los días, con orden y con proyecto, para estar a la altura de su historia y de su hinchada”, señaló Atlético Nacional al presentar oficialmente la llegada del jugador.El club también hizo un reconocimiento a sus accionistas y a la Junta Directiva por el respaldo que permitió concretar la incorporación de James. Según Nacional, se trata de una apuesta pensada en el futuro de la institución y en lo que representa para sus millones de aficionados.“Lo hicimos porque confiamos en lo que somos y porque amamos a este equipo. Nacional es un grande, y los grandes toman decisiones de grandes. Hoy le decimos a nuestra hinchada que su confianza tenía un destino”, afirmó Sebastián Arango Botero, presidente de Atlético Nacional.El dirigente cerró su mensaje con la bienvenida al nuevo referente del equipo: “Bienvenido, James, llegaste a una familia que te acoge desde ya con mucho amor y donde estamos seguros conquistaremos más momentos gloriosos”.Así, Atlético Nacional oficializó el regreso de James Rodríguez al fútbol colombiano y abrió un nuevo capítulo en la carrera del mediocampista, que había empezado en Envigado.
El sorteo número 604 de MiLoto, jugado este jueves 10 de septiembre de 2026, dejó miles de ganadores en todo el país. En esta edición, el acumulado que estaba en juego alcanzó los $230 millones de pesos.Los números ganadores del premio mayor de MiLoto fueron XX - XX - XX - XX - XX. Además, este es el desglose de premios por cantidad de aciertos y el nuevo monto acumulado para el próximo sorteo. (en minutos)¿Cómo jugar MiLoto?Elige tus números: Selecciona 5 números del 1 al 39. Puedes elegirlos tú mismo o pedirlos de forma automática (al azar).Costo del boleto: Cada jugada tiene un costo accesible para los apostadores.¿Cómo ganar?: Ganas si aciertas a 5, 4, 3 o 2 de los números sorteados.Puntos de venta: Puedes comprar tu tiquete en los puntos autorizados de Gana, Paga Todo, Suchance, Jer, entre otros operadores de red a nivel nacional, o de forma virtual a través de la plataforma web oficial.¿Como puedo reclamar mi premio?Todos los premios se pueden reclamar en los puntos de venta a nivel nacional a través de las redes aliadas de SuRed y SuperGIROS, presentando el tiquete en PDF impreso en junto con el documento de identidad en los puntos ya mencionados.Asimismo, los ganadores tienen un año a partir de la realización del sorteo para reclamar el premio si es un tiquete ganador.
