La delimitación del páramo de Santurbán sigue siendo un tema clave para las comunidades de Santander, especialmente para los habitantes de Vetas, quienes han pedido que se respeten los acuerdos alcanzados con el Gobierno Nacional. Este lunes 9 de noviembre, el Ministerio de Ambiente confirmó que cumplirá lo pactado con el municipio durante las mesas de diálogo de 2021 y 2022.Uno de los principales compromisos es mantener la línea de delimitación que fue acordada con Vetas. Esto significa que el trazado no volverá a discutirse ni será sometido a una nueva negociación. Además, los acuerdos deberán quedar incluidos en la resolución con la que se definirá la delimitación del complejo de páramos Jurisdicciones-Santurbán-Berlín.Los compromisos no se limitan a definir hasta dónde llega el páramo. También buscan que las familias que dependen de la agricultura y la minería puedan contar con alternativas para desarrollar sus actividades sin dejar de lado la protección del medioambiente.Entre los puntos acordados están la revisión de los terrenos para identificar qué familias necesitan apoyo para cambiar sus actividades productivas, el control de las actividades mineras, la protección de las fuentes de agua y la participación de la comunidad en las decisiones ambientales.Otro de los compromisos establece que la industria minera de Vetas destinará al menos 200 hectáreas para recuperar y proteger zonas ambientales. También se plantearon opciones de financiación, como la creación de un fondo mixto y los pagos por servicios ambientales.Tras la reunión de este 9 de noviembre, el Ministerio de Ambiente anunció que tendrá cinco días hábiles para entregar y publicar el acta del encuentro, junto con los documentos de soporte y la ruta de trabajo. Esta información también deberá ser presentada ante el Tribunal Administrativo de Santander.Además, se estableció un plazo de 60 días hábiles para avanzar en los asuntos técnicos y en la puesta en marcha de los compromisos que todavía están pendientes.Esto no significa que la resolución definitiva de delimitación estará lista en esos 60 días. El proceso debe continuar con las reuniones y acuerdos con los demás municipios que hacen parte del complejo de páramos.Con esta decisión, los habitantes de Vetas buscan tener garantías de que lo acordado con el Gobierno no se quede solamente en compromisos escritos y que se cumplan las medidas relacionadas con la actividad económica de la población y la protección del páramo de Santurbán.
El país aspira reglamentar por primera vez el manejo de abejas nativas sin aguijón. La iniciativa busca establecer reglas para quienes desarrollan esta actividad ancestral, facilitar el aprovechamiento sostenible de productos como la miel, el polen y el cerumen, y fortalecer la protección de estas especies, fundamentales para la polinización y la conservación de los bosques.El proyecto contempla un procedimiento único y gratuito para registrar los meliponarios, obtener el permiso de funcionamiento e identificar cada colonia mediante un número único. Además, establece la obligación de llevar un libro de manejo que permita hacer seguimiento a las poblaciones y a las condiciones en las que se desarrolla la actividad.El trámite podrá realizarse ante las autoridades ambientales de cada territorio y estará disponible tanto para quienes ya ejercen la meliponicultura como para las personas interesadas en comenzar.Según el Ministerio de Ambiente, esta reglamentación también busca evitar prácticas que ponen en riesgo las colonias, como la tala de árboles para extraerlas, su traslado a lugares donde no sobreviven y el uso de agroquímicos cerca de las colmenas.En Colombia se ha documentado la existencia de cerca de 166 especies de abejas nativas sin aguijón. Además, se reportan al menos 175 meliponarios activos en 23 departamentos, con 4.823 colonias y 44 especies bajo manejo.Estas abejas cumplen una función esencial en los ecosistemas, pues contribuyen a la reproducción de numerosas especies vegetales. De acuerdo con cifras citadas de la FAO y la plataforma IPBES, cerca del 75 % de los cultivos alimentarios y el 90 % de las plantas silvestres con flor dependen, en alguna medida, de la polinización.Con esta propuesta, el Gobierno busca establecer condiciones para desarrollar esta actividad, generar alternativas económicas para las comunidades y proteger la biodiversidad. El proyecto de resolución se encuentra en etapa de comentarios antes de avanzar en su reglamentación definitiva.
La revocatoria de la reserva ambiental de la Amazonía llegó a los estrados judiciales. Hernán Alberto Morantes Avendaño, director de la Comunidad Legal Derecho Vivo, presentó ante el Consejo de Estado una demanda de nulidad contra la Resolución 1405 del 23 de octubre de 2026, expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.La acción judicial busca dejar sin efectos la decisión del Gobierno nacional que revocó la Resolución 0961 de agosto de 2026, mediante la cual se había declarado como reserva de los recursos naturales renovables y del ambiente un área de aproximadamente 48,3 millones de hectáreas del bioma amazónico.Uno de los principales argumentos de la demanda es que la revocatoria podría representar un retroceso en la protección ambiental, al retirar la medida que impedía otorgar nuevas concesiones mineras y celebrar nuevos contratos de exploración y explotación de hidrocarburos dentro del área delimitada, con las excepciones contempladas en la resolución original.Derecho Vivo sostiene que las figuras de protección existentes no garantizan, por sí solas, la conservación de todo el bioma frente a las actividades extractivas. Según las cifras incluidas en la demanda, la minería está prohibida en cerca de 11,8 millones de hectáreas; otros 20,7 millones están sujetos a restricciones que podrían modificarse mediante la sustracción de áreas, mientras que 7,1 millones no cuentan con instrumentos que determinen expresamente si esa actividad está prohibida.Esa norma, adoptada durante el gobierno de Gustavo Petro, había declarado la zona como reserva definitiva de recursos naturales renovables y del ambiente. Además, de impedir nuevas concesiones y contratos, la declaratoria restringía el otorgamiento de licencias, permisos y autorizaciones ambientales para esas actividades."Nuestra Amazonía necesita una política integral de protección, construida con rigor técnico, seguridad jurídica y participación territorial; una política que responda a los problemas reales de la región y no una resolución expedida a las carreras, más útil para acaparar titulares que para garantizar resultados", dijo el ministro de Ambiente, Fabio Arjona. La exministra de Ambiente, Irene Vélez, defendió lo aprobado durante el gobierno anterior para proteger ese ecosistema. "Si les hubiera interesado la conservación de la Amazonía, habrían seguido la ruta de participación que quedó trazada en la resolución y en los documentos técnicos. Ni leyeron ni se aparecieron en el empalme", escribió en sus redes sociales. La organización ambiental, Derecho Vivo, también advierte que el 26 % del territorio del bioma amazónico carecería de una figura de protección ambiental, de acuerdo con los datos de la Resolución 0961 de 2026.Con base en estas cifras, el demandante cuestiona que el Ministerio haya sostenido que la revocatoria no implica una reducción de la protección ambiental. Además, señala que la decisión no estableció un plazo para adoptar una nueva medida de conservación ni contempló mecanismos transitorios que mantuvieran las restricciones mientras se adelantaban nuevos procedimientos.El Ministerio de Ambiente justificó la revocatoria, entre otras razones, en que no había culminado la consulta previa con las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras. Sin embargo, Derecho Vivo argumenta que la resolución original ya contemplaba una salvaguarda transitoria para que la reserva no produjera efectos sobre los territorios colectivos y en trámite de estas comunidades ni sobre sus prácticas tradicionales de producción mientras finalizaba la consulta.La demanda también señala que los pueblos indígenas habían protocolizado acuerdos relacionados con la reserva en la Mesa Regional Amazónica, en julio de 2026, y cuestiona que no se les hubiera consultado antes de retirar la medida.El documento plantea siete razones para solicitar la nulidad, entre ellas posibles irregularidades en la aplicación de las normas sobre revocatoria directa, el desconocimiento de los principios de prevención y no regresión ambiental y la falta de publicación del proyecto de revocatoria para comentarios ciudadanos.Además de la nulidad, el demandante pidió al Consejo de Estado suspender provisionalmente los efectos de la Resolución 1405 de 2026 y restablecer, mientras se resuelve el proceso, la eficacia de la reserva declarada en agosto.La solicitud busca evitar que, durante el trámite judicial, se radiquen nuevas propuestas mineras o se adelanten procedimientos para asignar áreas destinadas a actividades de hidrocarburos que puedan generar situaciones jurídicas difíciles de revertir."Una consulta previa pendiente se termina; no se usa de excusa para abrir media Colombia a la minería y a los hidrocarburos", afirmó el abogado Hernán Morantes.Por ahora, la demanda y la solicitud de suspensión están pendientes de decisión judicial. La presentación de la acción no significa que el Consejo de Estado haya anulado la revocatoria ni que haya ordenado restablecer provisionalmente la reserva.
El Cañón de la Hondura, ubicado en el municipio de Gámbita, Santander, obtuvo la aprobación del Ministerio de Ambiente para su registro como Otras Medidas Efectivas de Conservación basadas en áreas (OMEC), un reconocimiento que fortalece la protección de este ecosistema de los Andes orientales colombianos.La confirmación fue recibida por la Fundación Montecito, organización que administra y protege esta reserva natural. Con esta decisión, el sector del cañón bajo su manejo suma una nueva figura de reconocimiento para la conservación ambiental, que se complementa con su registro como Reserva Natural de la Sociedad Civil (RNSC) ante Parques Nacionales Naturales.La reserva comprende aproximadamente 294 hectáreas en el cañón del río Huertas, afluente de la cuenca del río Suárez. Este paisaje natural se extiende desde una altitud cercana a los 1.850 metros sobre el nivel del mar, en el nivel del río, hasta los 2.300 metros.De acuerdo con la información divulgada por la organización, la aprobación como OMEC corresponde al costado izquierdo del cañón, mientras que el costado derecho cuenta con el registro previo como Reserva Natural de la Sociedad Civil ante Parques Nacionales Naturales.El reconocimiento permite que el área protegida sea reportada en la base de datos internacional Protected Planet, una plataforma global que reúne información sobre áreas protegidas y otras medidas de conservación.La incorporación de esta figura de conservación destaca el papel de las iniciativas privadas y comunitarias en la protección de los ecosistemas y la biodiversidad del departamento."Este reconocimiento permite visibilizar iniciativas que llevan años protegiendo nuestra biodiversidad. Y hay un dato importante: el 85 % de las nuevas OMEC corresponde a iniciativas privadas, el 11 % a mixtas y el 4 % a públicas, reflejando las diferentes formas de contribuir a la conservación del país", dijo el viceministro Gustavo Guerrero. La Fundación Montecito continuará con el manejo y la protección de este territorio, considerado un referente natural de Gámbita y de la cuenca del río Suárez.El reconocimiento ambiental también representa una oportunidad para visibilizar la importancia de conservar los paisajes naturales de Santander y fortalecer las estrategias de protección de sus recursos hídricos y ecosistemas.
Una diferencia de posiciones dentro de la Procuraduría General de la Nación quedó en evidencia en medio del proceso judicial que busca proteger el páramo de Santurbán. El 19 y el 20 de octubre, dos funcionarios del Ministerio Público presentaron ante el Tribunal Administrativo de Santander conceptos distintos frente a una medida cautelar relacionada con la continuidad de la reserva temporal que protege esta zona estratégica para el abastecimiento de agua.El primer pronunciamiento fue presentado por el procurador 47 Judicial II para la Conciliación Administrativa, quien solicitó al Tribunal ordenar al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible adelantar las actuaciones necesarias para adoptar, antes del 4 de marzo de 2027, una decisión expresa y motivada sobre la continuidad de la protección preventiva.La petición se produjo después de que el Ministerio revocara, mediante la Resolución 1277 del 28 de septiembre de 2026, la prórroga que extendía la vigencia de la reserva temporal hasta marzo de 2029. Con esa decisión, el plazo volvió a quedar fijado para el 4 de marzo de 2027.El procurador advirtió sobre el riesgo de que la reserva venza sin que se haya definido una alternativa de protección, especialmente porque todavía existen estudios y análisis ambientales pendientes relacionados con el ciclo del agua, las zonas de recarga hídrica y los posibles impactos de la actividad minera.Sin embargo, el 20 de octubre, la procuradora delegada para Asuntos Ambientales, Minero Energéticos y Agrarios, Adriana Patricia Salcedo Hernández, presentó un concepto técnico-jurídico en el que controvirtió la procedencia de esa medida cautelar.En el documento, dirigido a los magistrados del Tribunal Administrativo de Santander, la funcionaria solicitó abstenerse de decretar la medida en los términos propuestos, mientras no existan elementos suficientes para establecer si es necesaria, proporcional y viable desde los puntos de vista jurídico y técnico.Entre los argumentos de la procuradora delegada está la necesidad de revisar integralmente los estudios científicos citados en el proceso. En particular, señala que uno de los informes del Servicio Geológico Colombiano mencionados por los demandantes no había sido incorporado al expediente, por lo que considera necesario conocer su contenido completo y evaluar su metodología, resultados y limitaciones.La funcionaria reconoce que “la revocatoria de la prórroga de la reserva es un hecho relevante que requiere seguimiento. Esa decisión administrativa no demuestra, por sí sola, que el vencimiento del instrumento vaya a producir un daño ambiental inminente ni que la medida solicitada sea la única alternativa jurídicamente procedente”, dice el documento.Salcedo Hernández advierte que cualquier decisión sobre la continuidad, modificación o sustitución de la reserva debe garantizar las condiciones legales de participación, información y debido proceso, para evitar que se repitan las dificultades que, según antecedentes citados en su documento, se presentaron durante el procedimiento relacionado con la Resolución 0221 de 2025.También pide tener en cuenta la Sentencia T-361 de 2017 de la Corte Constitucional y coordinar las actuaciones judiciales existentes para evitar órdenes contradictorias y procurar una protección integral del ecosistema.La procuradora delegada aclara que su intervención no busca revocar el concepto del procurador 47 Judicial II, pues se trata de una actuación procesal y no de una providencia judicial. Su solicitud es que el Tribunal valore de manera independiente los argumentos expuestos y cuente con información suficiente antes de adoptar una decisión.Será el Tribunal Administrativo de Santander el que determine si acoge la medida propuesta por el procurador judicial, si atiende los reparos de la procuradora delegada o si adopta otras determinaciones para garantizar la protección de los derechos colectivos.
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible inició una actuación de inspección y vigilancia sobre la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga (CDMB), con el propósito de verificar las actuaciones de seguimiento y control ambiental relacionadas con la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) El Santuario, ubicada en Piedecuesta, y los vertimientos asociados al río de Oro.La decisión quedó consignada en una respuesta oficial del Ministerio, emitida tras una solicitud presentada el 5 de octubre de 2026 por un ciudadano que puso en conocimiento presuntas dificultades operativas de la planta y pidió revisar las actuaciones de la autoridad ambiental.El caso fue identificado con el número 132 de Inspección y Vigilancia. Como primera medida, la cartera de Ambiente solicitará a la CDMB información técnica, jurídica y administrativa sobre las actuaciones adelantadas entre 2017 y 2026, incluidos informes de visitas, monitoreos, resultados de laboratorio, requerimientos, permisos, medidas preventivas y eventuales procesos sancionatorios.El objetivo es establecer cómo ha ejercido la corporación sus funciones de seguimiento y control ambiental frente a la PTAR El Santuario y sus vertimientos al río de Oro, así como verificar la aplicación de la Política Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico y las normas ambientales correspondientes.Sin embargo, el Ministerio aclaró que la apertura de esta actuación no significa que se haya comprobado una omisión o infracción por parte de la CDMB. La información solicitada será evaluada para determinar si se requieren actuaciones institucionales adicionales.Tampoco se trata de una intervención o toma de control de la empresa Piedecuestana de Servicios Públicos. En el documento, el Ministerio precisa que sus competencias de inspección y vigilancia no le permiten sustituir las funciones de la autoridad ambiental, revocar sus decisiones ni imponerle correctivos obligatorios.La entidad señaló que, si durante la revisión encuentra hechos que ameriten la intervención de organismos de control, podrá trasladar la información a las autoridades competentes.En medio de la discusión sobre el funcionamiento de los servicios públicos en Piedecuesta, el Sindicato Nacional de Trabajadores y Empleados de los Servicios Públicos (SINTRAEMSDES), subdirectiva Piedecuesta, convocó a un plantón para el próximo viernes 30 de octubre, a las 7:00 de la mañana, frente a las instalaciones de la empresa Piedecuestana de Servicios Públicos.La organización sindical indicó que la movilización busca defender la empresa como patrimonio público y llamar la atención sobre lo que considera deficiencias en su administración y en la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo.En el comunicado, manifestó que existen constantes reclamaciones y quejas de los usuarios y atribuyó las dificultades a presuntos malos manejos en la inversión de los recursos recaudados mediante las tarifas.El sindicato también advirtió sobre el estado de las plantas de tratamiento de aguas residuales El Santuario y La Diva, así como de la planta de tratamiento de agua potable La Colina y de los vehículos recolectores y compactadores utilizados para la prestación de los servicios.Según la organización, estas condiciones estarían ocasionando fallas técnicas, administrativas y operativas que afectan el funcionamiento de la empresa y la atención a los usuarios. Estas afirmaciones corresponden a los señalamientos sindicales y requieren contrastación con las autoridades y la administración de la compañía.
La Procuraduría General de la Nación solicitó al Tribunal Administrativo de Santander decretar la medida cautelar solicitada por el Comité de Defensa del Páramo de Santurbán para que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible adelante y concluya el trámite administrativo que permita definir el futuro de la protección preventiva del páramo de Santurbán.El organismo de control busca que el Ministerio adopte, antes del 4 de marzo de 2027, una decisión sobre la continuidad de las medidas de protección ambiental establecidas para esta zona mediante la Resolución 0221 de 2025, corregida posteriormente por la Resolución 0239 del mismo año.En su solicitud, la Procuraduría también pide que se establezca un plazo concreto y razonable para completar el procedimiento, de manera que la decisión se tome antes del vencimiento de la reserva temporal y se evite un posible vacío de protección ambiental.La entidad aclaró que su petición no pretende imponer una solución técnica al Ministerio ni reemplazar sus competencias, sino garantizar que la autoridad ambiental tome una decisión oportuna frente a los riesgos que motivaron la protección preventiva del territorio.La solicitud se produce después de que el Ministerio de Ambiente expidiera la Resolución 1277 del 28 de septiembre de 2026, mediante la cual revocó integralmente la Resolución 0970 de 2026, que había extendido la vigencia de la reserva temporal hasta 2029.Con la revocatoria de esa prórroga, la protección volvió a tener como fecha límite el 4 de marzo de 2027.De acuerdo con la Procuraduría, hay estudios ambientales que siguen pendiente como la identificación de las zonas de recarga hídrica y el análisis de la relación entre la recarga y la regulación de los cuerpos de agua.También están pendientes el monitoreo de la calidad del agua, la evaluación de impactos acumulativos, la caracterización de las dinámicas sociales y la identificación de medidas prioritarias para la restauración y conservación de la cuenca.A esto se suman la evaluación de estrategias de manejo y la definición de lineamientos de ordenamiento mineroambiental.De acuerdo con los argumentos presentados por la Procuraduría, el tiempo inicialmente previsto para desarrollar estas actividades resultó insuficiente, situación que había motivado la prórroga posteriormente revocada.El organismo de control advierte que, si la reserva temporal vence sin que se adopte una nueva decisión o una medida de protección que garantice la continuidad, podría generarse un escenario de incertidumbre y desprotección mientras se completan los estudios.
Los grandes proyectos de infraestructura, minería y energía en Colombia podrían reducir considerablemente los tiempos de espera para obtener sus licencias ambientales. Esto gracias a un borrador de decreto presentado por el Gobierno Nacional, que busca modificar la manera en que se adelantan los trámites ambientales y las consultas previas con las comunidades étnicas, uno de los procesos que han influido en los tiempos de desarrollo de iniciativas como el proyecto de gas Sirius, en el Caribe colombiano.El principal cambio es que ambos procesos podrían avanzar de manera simultánea, sin necesidad de esperar a que termine la consulta previa para comenzar la evaluación de la licencia ambiental.De esta manera, las autoridades ambientales podrían revisar estudios de impacto, realizar visitas técnicas, solicitar información adicional y evaluar los proyectos mientras continúa el diálogo con las comunidades que podrían verse afectadas.¿Qué otros cambios contempla el borrador de decreto?Además de permitir que los dos trámites avancen al mismo tiempo, la propuesta contempla reactivar los procesos de licenciamiento ambiental que actualmente se encuentran suspendidos por estar pendientes de una decisión relacionada con la consulta previa.También se eliminaría la exigencia de presentar el antiguo certificado sobre presencia de comunidades étnicas al solicitar la licencia ambiental, aunque el Ministerio del Interior seguiría siendo responsable de determinar si un proyecto requiere consulta previa.El ministro del Interior, Rodrigo Lara, aseguró que este cambio podría representar un ahorro significativo en los tiempos de desarrollo de algunos proyectos. “El hecho de que se permita que la consulta previa y la licencia ambiental arranquen al mismo tiempo, le puede significar a un proyecto ahorrarse, en las condiciones actuales, dos años, tal vez”, explicó Lara.¿Qué pasará con las consultas previas a las comunidades?Aunque la propuesta busca agilizar los procedimientos, esto no significa que las empresas puedan comenzar las obras sin cumplir los requisitos ambientales o consultar a las comunidades cuando sea obligatorio.El borrador establece que ninguna autoridad ambiental podrá aprobar o negar una solicitud de licencia hasta que el Ministerio del Interior determine si se requiere consulta previa y, cuando corresponda, esta haya concluido.Además, los acuerdos relacionados con medidas ambientales que se alcancen con las comunidades deberán incorporarse a la licencia que finalmente se otorgue, siempre que correspondan a las competencias de la autoridad ambiental.Por ahora, el proyecto de decreto se encuentra en etapa de consulta pública y recibirá comentarios ciudadanos hasta el próximo 24 de octubre. Posteriormente, el Gobierno deberá evaluar las observaciones antes de definir su texto definitivo.
La protección del manatí antillano y la recuperación de los cuerpos de agua de Barrancabermeja se convirtieron en el centro de una estrategia conjunta que busca identificar las fuentes de presión ambiental y definir acciones concretas frente a la contaminación que amenaza la riqueza natural del distrito.Durante varios días de trabajo, entre el 6 y el 9 de octubre, la Alcaldía Distrital, la Procuraduría Ambiental y Agraria, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), la Corporación Autónoma Regional de Santander (CAS), Ecopetrol y representantes de las comunidades pesqueras participaron en mesas interinstitucionales y recorridos por ciénagas, caños y quebradas para inspeccionar y verificar posibles afectaciones ambientales.La jornada concluyó con la concertación de un plan de acción orientado a proteger el complejo cenagoso, con especial atención al humedal San Silvestre y la ciénaga El Llanito, ecosistemas fundamentales para la biodiversidad y la seguridad hídrica de Barrancabermeja.Uno de los principales motivos de preocupación es la muerte de 21 ejemplares de manatí antillano registrada en los últimos tiempos, una situación que ha generado inquietud entre las comunidades y las instituciones vinculadas a la conservación de esta especie amenazada.Leonardo Granados, secretario de Ambiente y Transición Energética del distrito, explicó que el objetivo es concentrar los esfuerzos en los sectores con mayores afectaciones y establecer responsabilidades frente a las presiones que comprometen la supervivencia de especies amenazadas y endémicas.Adicionalmente, se contempla solicitar a la CAS la aplicación de la metodología Inspiragua, desarrollada por la entidad neerlandesa DWA, como herramienta para apoyar la gestión del agua en el territorio.Para las comunidades pesqueras, la recuperación de las ciénagas está estrechamente relacionada con la protección de sus medios de vida y la permanencia de las especies que habitan estos ecosistemas.Yuly Velázquez, presidenta de Fedepesan, destacó la importancia de los recorridos y las mesas de trabajo para avanzar en una estrategia conjunta de conservación del manatí antillano y de los cuerpos cenagosos.La hoja de ruta concertada contempla siete líneas principales de acción:Contención de contaminantes: instalar una barrera mecánica permanente para contener hidrocarburos y aceites en la bocatoma del acueducto.Identificación de responsables y actores: ampliar la convocatoria a las instituciones, empresas y demás sectores que inciden en el complejo cenagoso.Pesca sostenible: articular proyectos productivos con la AUNAP, la CAS y las comunidades pesqueras.Protección de áreas estratégicas: evaluar las medidas de conservación del manatí y del Distrito Regional de Manejo Integrado (DRMI) Humedal San Silvestre.Evaluación de impactos ambientales: revisar las afectaciones asociadas a procesos de biorremediación y contingencias de la industria petrolera en El Llanito y el caño San Silvestre.Gestión integral del agua: solicitar la implementación de la metodología Inspiragua en el complejo cenagoso.Seguimiento institucional: mantener las mesas de trabajo para revisar avances, coordinar responsabilidades y dar continuidad a los compromisos.La próxima reunión de la mesa intersectorial está prevista para el martes 20 de octubre, cuando las entidades y los representantes de las comunidades deberán continuar el trabajo relacionado con la protección y restauración del complejo cenagoso.Los recorridos de inspección permitieron avanzar en la identificación de las zonas que requieren mayor atención y en el análisis de los factores que podrían estar afectando el equilibrio ecológico. Entre los asuntos incluidos en la agenda están los posibles impactos asociados a hidrocarburos, aceites y contingencias de la industria petrolera.
La decisión del Ministerio de Ambiente de revocar la resolución 0970 de 2026, con la que se había prorrogado hasta marzo de 2029 la zona de reserva temporal de recursos naturales renovables en el costado occidental del macizo de Santurbán, generó reacciones entre los mandatarios de los municipios de Soto Norte y el gobernador de Santander.Con la decisión queda vigente la resolución 0221 de marzo de 2025, que estableció la zona de reserva temporal por un periodo que se extiende hasta marzo de 2027. El área comprende 75.444 hectáreas en jurisdicción de Suratá, Matanza, California, Vetas, Charta, Tona y Bucaramanga.La alcaldesa de Vetas, Angélica María García, destacó que la decisión abre la posibilidad de que las comunidades participen en las discusiones sobre el futuro de la zona.“Eso quiere decir que la zona de reserva no se cayó, sino que la prórroga que iba hasta el 2029 se derogó y la zona de reserva temporal se encuentra vigente hasta marzo del 2027. Lo que celebramos es que más allá de lo que se diga en medios es que se garantice el derecho a la participación”, señaló la mandataria.Le puede interesar: Santander busca recuperar vía de entrada al páramo de Santurbán: Provincia de Soto NorteGarcía pidió que las decisiones relacionadas con el territorio sean concertadas con las comunidades y que se resuelvan los recursos jurídicos que han sido presentados ante el Ministerio de Ambiente.En cuanto a la actividad minera en Vetas, la alcaldesa señaló que el municipio cuenta con cuatro titulares mineros que desarrollan pequeña minería legal y que otros 11 títulos se encuentran suspendidos, situación en la que, según indicó, se presenta minería informal.También aseguró que las actividades mineras señaladas se desarrollan por fuera del área de páramo y del Parque Natural Regional de Santurbán. Según García, uno de los objetivos del municipio es avanzar en la formalización y garantizar seguridad jurídica para los mineros.“La vocación del territorio y de los habitantes se ha dedicado a la minería durante más de 470 años”, afirmó la alcaldesa, al explicar que las condiciones geográficas y climáticas de Vetas dificultan una transición inmediata hacia otras actividades económicas.Desde Tona, el alcalde Jesús Santiago Gutiérrez también valoró la decisión y señaló que las determinaciones del Gobierno nacional deben tener en cuenta a las comunidades que habitan los territorios.“Creemos que el diálogo es la forma de poder concertar con nuestras comunidades y, de esta manera, lograr un acuerdo armónico entre el Estado, en este caso el Ministerio de Ambiente, y nuestras comunidades”, manifestó.El mandatario señaló que en el municipio se desarrollan actividades relacionadas con la minería de arrastre y recordó que en el pasado también hubo explotación de mármol.Gutiérrez insistió en que cualquier decisión sobre el territorio debe considerar, además de la protección ambiental, las condiciones sociales, económicas y culturales de las comunidades.El gobernador de Santander, Juvenal Díaz, sostuvo que la revocatoria de la prórroga permite retomar el proceso para definir la delimitación del páramo de Santurbán dentro del plazo que queda establecido por la Resolución 0221.“Hay que cumplir con todas las normas para poder hacer la delimitación del páramo y la prórroga de la reserva temporal lo que hacía era alargar las penurias de los habitantes de Soto Norte y dejarlos en el limbo”, afirmó.El gobernador señaló que ahora los diferentes actores con intereses en Soto Norte deberán trabajar para avanzar en la delimitación antes de marzo de 2027.Díaz también cuestionó el proceso adelantado por la administración anterior y sostuvo que, a su juicio, no se escuchó suficientemente a las comunidades ni se cumplieron las normas relacionadas con el Acuerdo de Escazú.“Al derogarla, pues se deroga también por todos los errores que cometió el gobierno anterior, no escucharon a las comunidades, no cumplieron con las normas del Acuerdo de Escazú”, puntualizó.
Los resultados de ColorLoto de lunes, 9 de noviembre de 2026, ya fueron publicados tras la realización del sorteo número 231.Números y colores ganadores de ColorLoto Los resultados del sorteo 235 de ColorLoto quedaron de la siguiente manera:3 (azul) - 7 (amarillo) - 3 (negro) - 7 (blanco) - 6 (blanco) - 7 (rojo).Los jugadores pueden comparar esta combinación con la registrada en sus respectivos tiquetes para determinar si obtuvieron alguno de los premios correspondientes a las categorías establecidas por ColorLoto.Nuevo acumulado de ColorLotoDespués del sorteo realizado este lunes, 9 de noviembre, el acumulado anunciado para el próximo sorteo quedó en $2.250 millones.Los resultados de ColorLoto pueden consultarse después de cada sorteo para verificar los números y colores obtenidos, así como las categorías de premios y el acumulado correspondiente al siguiente juego.
El regreso de Maluma a Bogotá en 2027 se convirtió en un verdadero fenómeno. Luego de agotar las entradas para sus presentaciones del 5 y 6 de febrero, el cantante paisa confirmó una tercera fecha en la capital colombiana, debido a la alta demanda de sus seguidores.La nueva presentación será el domingo 7 de febrero en El Corazón de Bogotá – Arena, escenario que recibirá el inicio de su gira internacional 'Loco x Volver'. El anuncio fue celebrado por los fanáticos del artista, quienes tendrán una oportunidad más de reencontrarse con Juan Luis Londoño, nombre de pila del cantante.“¡Bogotá no para! El 5 y el 6 de febrero ya están sold out, y como aquí todos estamos locos por volver a ver a Maluma, Juan Luis vuelve a casa una noche más”, anunciaron los organizadores a través de sus canales oficiales.¿Habrá una cuarta fecha de Maluma en Bogotá?Aunque por ahora están confirmados tres conciertos, el rápido agotamiento de las entradas para las primeras presentaciones ha despertado la expectativa sobre la posibilidad de una cuarta fecha. Sin embargo, hasta el momento no existe un anuncio oficial sobre una nueva función.La respuesta del público demuestra la expectativa que existe por el regreso del artista colombiano, quien eligió la capital para comenzar esta nueva etapa musical.Preventa y venta de entradas para MalumaLas entradas para la tercera fecha estarán disponibles a través de TuBoleta. La preventa exclusiva para clientes Visa Bancolombia y Nequi estará habilitada hasta el miércoles 11 de noviembre a las 2:59 p. m., o hasta agotar existencias. La venta general comenzará ese mismo día a las 3:00 p. m.Con tres noches confirmadas, Bogotá se prepara para recibir uno de los regresos musicales más esperados de 2027. Mientras tanto, los seguidores de Maluma siguen pendientes de un posible cuarto anuncio.
Frente a dos millones y medio de fieles, el papa León XIV dio la misa más multitudinaria de su papado en Buenos Aires y ofreció un potente mensaje a los trabajadores al decir que "el éxito financiero debe medirse en clave de bien común", este lunes en su segundo día en Argentina.El papa celebró su primera misa en el país desde un imponente altar en el Monumento de los Españoles, donde reivindicó a la familia cristiana como "pilar" ante las precariedades de la sociedad actual, como "la falta de estabilidad, las dificultades sociales, el trabajo precario o la violencia doméstica".Muchos de los fieles llegaron al barrio porteño de Palermo desde distintas provincias del país y acamparon desde la noche anterior para asistir a la misa y saludar al pontífice en algún tramo de los 2,3 kilómetros que recorrió en papamóvil.Mientras los asistentes se distribuían en distintos puntos de Buenos Aires por donde pasaría el papa, León XIV se reunía con representantes del mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina, donde lo esperaron miles de personas.El papa escuchó las historias de una recicladora urbana marginada en la pobreza, una trabajadora comunitaria guaraní del norte del país, una sindicalista, una docente y un emprendedor ambiental.En su turno de palabra dijo que las políticas públicas deben garantizar "el pleno empleo y la inclusión social, bajo un marco ético donde la economía, el mercado y el Estado operen subsidiariamente en la redistribución justa de las oportunidades".De acuerdo a un informe difundido el pasado octubre por varias organizaciones de la sociedad civil, desde que Milei asumió la Presidencia argentina a finales de 2023 ya se han perdido 241.200 puestos de trabajo."Si bien la Iglesia reconoce y defiende el derecho a la propiedad privada, este derecho está siempre gravado por una hipoteca social. La tierra y sus frutos han sido dados por Dios para el sustento de toda la humanidad", expresó el papa.También retomó los contenidos de su primera encíclica, 'Magnifica Humanitas', al hablar del "desarrollo responsable de la creación" y advertir sobre las pérdidas de empleo a causa de la inteligencia artificial.
Bogotá no solo es la casa de Andrés Cepeda, sino en el sitio en donde él más ama cantar en toda su vida. Por eso, es normal que la ciudad sea prioridad en las giras y, en 2027, volverá a serlo con la llegada del tour Latitudes que tendrá doble fecha en mayo en El Corazón de Bogotá - Arena.Sin embargo, cada fecha será algo diferente e invita a sus fans a asistir a ambas para vivirlo de manera especial. El 14 de mayo, Andrés Cepeda presentará un espectáculo que reunirá los grandes éxitos de su carrera y las canciones de su repertorio más reciente. El 15 de mayo será el turno de Big Band, uno de los proyectos más destacados de su trayectoria, con el que rinde homenaje a la época dorada de las grandes orquestas."Con Big Band, Cepeda explora una faceta musical distinta, acompañado de una gran agrupación de músicos y un repertorio que reúne la elegancia del jazz, el romanticismo del bolero y la riqueza de ritmos como la cumbia, el mambo y el porro. Esta propuesta, que ha tenido dos entregas discográficas, incluida Andrés Cepeda Big Band 2, lanzada en agosto de 2026, llegará a Bogotá como una oportunidad para descubrir otra dimensión artística del cantante y celebrar el legado musical de América Latina", explicaron desde la organización.No obstante, Bogotá no será la única ciudad en donde Cepeda se presente en este tour; de hecho, estará en las principales ciudades del país: Ibagué: viernes 16 de abril – Néctar Arena.Manizales: sábado 1 de mayo – Plaza de Toros.Bogotá: viernes 14 de mayo – El Corazón de Bogotá Arena.Bogotá: sábado 15 de mayo – El Corazón de Bogotá Arena (Big Band).Cali: viernes 21 de mayo – Arena Cañaveralejo.Pereira: sábado 22 de mayo – Expofuturo.Bucaramanga: viernes 28 de mayo – Cenfer.Barranquilla: viernes 4 de junio – Puerta de Oro.
El conglomerado Skydance, la empresa creada tras la reciente fusión entre Paramount y Warner Bros. Discovery (WBD, por sus siglas en inglés), anunció este lunes la salida de James Gunn y Peter Safran, conocidos por relanzar el universo de superhéroes con títulos como 'Superman', de la co-dirección de DC Studios.Gunn y Safran "dejarán sus cargos directivos tras cuatro años transformando DC Studios y restableciendo los cimientos del estudio, para dedicarse de lleno a su trabajo creativo", anunció la compañía en un comunicado.Ambos serán reemplazados por Jeremy Latcham, miembro del equipo fundador del Universo cinematográfico de Marvel, quien asumirá el cargo de presidente y director creativo de DC Studios, propiedad de Skydance, a partir del 1 de diciembre."James y Peter inauguraron una nueva era para DC Studios y la guiaron a través de un período de verdadera transformación, sentando las bases y creando un catálogo del que estamos increíblemente orgullosos", agregaron en el escrito los directores ejecutivos de Skydance, David Ellison e Ynon Kreiz.En sus cuatro años al frente de DC Studios, Gunn y Safran reorganizaron el universo cinematográfico y televisivo de la compañía bajo una misma dirección creativa y "supervisaron la producción y el estreno de 'Superman', que recaudó más de 618 millones de dólares en la taquilla mundial", indicó la compañía.También impulsaron nuevos proyectos para la gran pantalla y series para plataformas de contenidos en línea, como el terror de 'Clayface' o la secuela 'Man of Tomorrow' escrita y dirigida por el propio Gunn, además de sentar las bases para futuros proyectos centrados personajes clásicos como los 'Teen Titans' o 'The Brave and the Bold'.Skydance se encuentra en pleno proceso de integración después de que Paramount cerrara el pasado 6 de octubre un histórico acuerdo de compra de WBD, una operación valorada en unos 110.000 millones de dólares y cuya culminación estuvo paralizada por meses de litigio antimonopolio tras una demanda presentada por 12 estados del país, y a la que se sumó el sindicato de guionistas de Hollywood.La oposición de los estados a esta fusión radicaba en que la operación daría a la compañía resultante cerca del 27 % del mercado de distribución cinematográfica y más del 30 % en el segmento de grandes estrenos taquilleros, además de reforzar la concentración en el negocio de canales básicos de televisión por cable, según la querella.Bajo el paraguas de Skydance, la nueva compañía unifica a titanes históricos como Paramount Pictures, Warner Bros. Pictures, CBS, CNN, HBO, Max, Nickelodeon y Paramount+, concentrando así cerca del 27 % del mercado de distribución cinematográfica y más del 30 % del segmento de grandes estrenos taquilleros a escala global.