La Corporación Autónoma Regional de Santander, CAS, inició una investigación para establecer las causas de la muerte de cuatro manatíes, una especie catalogada como vulnerable y amenazada, hallados en las últimas horas en el caño San Silvestre, en Barrancabermeja.La emergencia también estaría relacionada con la muerte de peces y aves, situación que generó preocupación entre los pescadores de la zona y que llevó a las autoridades ambientales a realizar monitoreos para identificar qué estaría afectando la fauna de este ecosistema.Leonardo Granados, secretario de Ambiente de Barrancabermeja, señaló que se adelantan análisis físico-químicos de agua, sedimentos y macrófitas, con el propósito de determinar la presencia y concentración de sustancias contaminantes.“Muerte de peces, cuatro manatíes, aves, como lo denunciaron los pescadores. Un tema muy triste”, indicó el funcionario.Le puede interesar: Ciénaga El Llanito registra bajos niveles de agua y crece preocupación por los manatíesEntre las hipótesis que serán evaluadas está una posible contaminación por hidrocarburos, grasas y aceites, además de otros compuestos como hidrocarburos aromáticos policíclicos. Sin embargo, las autoridades deberán esperar los resultados de los estudios técnicos antes de establecer qué provocó la mortandad.Granados recordó que el pasado 22 de julio ya se había registrado una mortandad de peces en este sector y aseguró que el municipio ha solicitado a la autoridad ambiental investigar y adoptar las medidas correspondientes.El funcionario también advirtió que la disminución de los niveles del agua podría estar agravando las condiciones ambientales, al favorecer la concentración de posibles contaminantes.Según la Alcaldía de Barrancabermeja, con estos cuatro nuevos casos serían 21 los manatíes muertos en los últimos siete años en esta zona, una situación que calificó como preocupante para la conservación de esta especie.La Alcaldía informó además que mantiene acciones en coordinación con la Fiscalía General de la Nación por posibles delitos ambientales y pidió avanzar en medidas de protección de largo plazo para el caño San Silvestre y su biodiversidad.
El reporte fue realizado por pescadores artesanales de la Federación de Pescadores Artesanales de Santander, Fedepesan, quienes además denunciaron una fuerte mortandad de peces registrada en el mismo complejo hídrico.Según información entregada por Yuli Velásquez, presidenta de Fedepesan, los cuatro manatíes corresponden a dos machos y dos hembras. Los cuerpos fueron encontrados en sectores asociados a infraestructura para el transporte de hidrocarburos, situación que generó preocupación entre las comunidades.La Corporación Autónoma Regional de Santander, CAS, adelanta las necropsias para establecer científicamente las causas de la muerte. En la zona también hacen presencia funcionarios de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, ANLA, y Ecopetrol, quienes participan en las primeras inspecciones.De manera preliminar, la Secretaría de Ambiente de Barrancabermeja y las comunidades han señalado una posible relación con contaminación del agua por hidrocarburos y lodos sedimentados. Sin embargo, esta hipótesis deberá ser confirmada o descartada por las autoridades ambientales a partir de los análisis correspondientes.La preocupación aumenta debido a que, además de los manatíes, habitantes de la zona han reportado la muerte de peces, garzas, babillas y patos en diferentes sectores del complejo de ciénagas.El hallazgo de cuatro ejemplares en un solo día también genera preocupación por el estado de conservación del manatí antillano, una especie amenazada. De acuerdo con las autoridades locales, durante los últimos siete años se han registrado al menos 16 muertes de manatíes en el complejo de ciénagas de Barrancabermeja, especialmente en San Silvestre y El Llanito.Las autoridades ambientales deberán determinar si existe una causa común detrás de la mortandad de fauna y establecer las medidas necesarias para proteger este ecosistema estratégico del Magdalena Medio.
Ambientalistas y defensores de los animales están pidiendo a las autoridades investigar la muerte de un leopardo registrada en Bucaramanga, luego de que se conocieran versiones según las cuales el animal habría permanecido en un apartamento del barrio Cabecera y posteriormente habría sido dejado junto a un árbol, en un jardín de la zona.El caso generó preocupación entre organizaciones y ciudadanos que reclaman esclarecer las circunstancias en las que murió el animal y establecer si se presentó algún tipo de maltrato.Ante la situación, el Edificio La Cabecera P.H., a través de su apoderado judicial, Acevedos Abogados y Asociados S.A.S., emitió un pronunciamiento en el que expresó su preocupación por lo ocurrido y aseguró que la protección animal y el cumplimiento de la normatividad hacen parte de sus prioridades.La copropiedad señaló que ha colaborado con las autoridades para contribuir al esclarecimiento de los hechos.En el comunicado, firmado por el representante legal Carlos Fernando Acevedo Supelano, la administración precisó que, según los elementos conocidos hasta el momento, lo ocurrido correspondería presuntamente a una actuación individual y aislada, y no a una decisión, política o actuación de la copropiedad.El edificio también pidió evitar generalizaciones o señalamientos contra los residentes y los órganos de administración, mientras las autoridades determinan las circunstancias y eventuales responsabilidades.Juan Sebastián Mejía, médico veterinario de la CDMB, explicó que durante la revisión general encontraron múltiples contusiones y algunas fracturas, por lo que la principal hipótesis apunta a un trauma, posiblemente provocado por un atropellamiento.“Se logra identificar diferentes contusiones, lo cual conlleva que lo más probable de la muerte del paciente haya sido una contusión, posiblemente por algún atropellamiento”, explicó el veterinario.Sin embargo, las autoridades ambientales investigan cómo llegó este ocelote hasta una zona urbana de Bucaramanga, teniendo en cuenta que no es una especie habitual del sector.La CDMB anunció que adelantará la investigación para establecer el posible origen del animal y conocer las circunstancias que rodearon su llegada a este punto de la ciudad.Finalmente, informó que fueron adoptadas medidas internas para reforzar el cumplimiento de las normas relacionadas con la tenencia y protección de animales, así como la sana convivencia dentro de la copropiedad.
El Ministerio de Ambiente anunció la puesta en marcha de un plan de acción para fortalecer las medidas de control frente a la presencia de hipopótamos en la cuenca del río Magdalena, una especie invasora que continúa extendiéndose por diferentes zonas del Magdalena Medio.La estrategia fue analizada durante una reunión en Rionegro, Antioquia, en la que participaron el Ministerio de Ambiente, el Instituto Humboldt y las corporaciones autónomas regionales Cornare, Corantioquia y la Corporación Autónoma Regional de Santander (CAS), entidades que tienen presencia en los territorios donde se ha identificado la expansión de estos animales.Según explicó el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Fabio Arjona, el objetivo es definir acciones que permitan intervenir la problemática con respaldo científico y reducir tanto los efectos sobre la fauna nativa como los riesgos para las comunidades que habitan en las zonas donde hay presencia de hipopótamos.“De aquí va a salir un plan de acción respaldado con toda la ciencia disponible para poder llegar a mecanismos que nos permitan disminuir el impacto que está teniendo esta especie invasora en las poblaciones de fauna nativa”, señaló Arjona.Le puede interesar: Hipopótamo vuelve a acercarse a viviendas en Barrancabermeja lo que genera riesgo a la comunidadEl funcionario agregó que las medidas también estarán dirigidas a disminuir el riesgo que representa la especie para las personas. En ese sentido, el plan será construido de manera conjunta entre las autoridades ambientales nacionales y regionales, con el acompañamiento científico del Instituto Humboldt.La presencia de hipopótamos en Colombia se originó con la introducción de ejemplares en la década de los 80. Desde entonces, la especie se ha reproducido y desplazado por distintos sectores de la cuenca del Magdalena, favorecida por la disponibilidad de alimento y cuerpos de agua y por la ausencia de depredadores naturales.De acuerdo con estimaciones del Instituto Humboldt, actualmente habría cerca de 200 individuos y, sin medidas de control adecuadas, la población podría alcanzar alrededor de 1.000 ejemplares para 2035.Además de representar un riesgo para las comunidades, estos animales pueden modificar las condiciones de los ecosistemas que habitan y generar afectaciones sobre especies nativas como el manatí, el chigüiro y la nutria.
El Gobierno nacional designó a Indalecio Dangond Baquero, actual ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, como ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible ad hoc para adelantar las actuaciones relacionadas con la delimitación del Complejo de Páramos Jurisdicciones Santurbán-Berlín y de la reserva de recursos naturales renovables temporal ubicada en el costado occidental del macizo de Santurbán.La designación quedó establecida mediante el decreto 1407 del 17 de septiembre de 2026 y comprende las actuaciones correspondientes a los municipios de Suratá, Matanza, California, Vetas, Charta, Tona y Bucaramanga.Dangond asumirá estas funciones luego de que el Consejo de Ministros aceptara el impedimento manifestado por el ministro de Ambiente, Fabio Alberto Arjona Hincapié, para intervenir en los asuntos relacionados con Santurbán. La decisión se produjo tras una recusación presentada por el Comité para la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán.La organización cuestionó la participación de Arjona en este proceso debido a declaraciones que había realizado antes de asumir como ministro, relacionadas con la posibilidad de desarrollar proyectos mineros en la zona. El impedimento fue aceptado por el Consejo de Ministros en una sesión realizada el 10 de septiembre y comunicado posteriormente por la Oficina Jurídica del Ministerio de Ambiente.Le puede interesar: "Además del oro, plata y cobre, hay agua de 2 millones de personas": defensora Páramo de SanturbánCon la designación de Dangond, será ahora el jefe de la cartera de Agricultura quien, en calidad de ministro ad hoc de Ambiente, deberá intervenir en los asuntos específicos de los que Arjona quedó apartado. La medida no implica una nueva delimitación inmediata del páramo, sino que permite que el Gobierno continúe con las actuaciones administrativas correspondientes bajo una autoridad diferente.La decisión ocurre en medio de una controversia que también involucra a las comunidades mineras de Soto Norte y a las organizaciones defensoras del ecosistema. Mientras los ambientalistas han cuestionado decisiones recientes del Gobierno frente a la protección de Santurbán, los representantes de los mineros han pedido que se retomen los espacios de concertación con las comunidades.Ivonne González, representante de los mineros de Soto Norte, aseguró que las comunidades esperan que el proceso avance sin utilizar el páramo como escenario de confrontación política.“No podemos permitir que el Páramo de Santurbán siga siendo utilizado como bandera política, para perseguir, estigmatizar y señalar a más de 25.000 familias que dependemos de nuestra vocación minera de más de 450 años”, señaló González.La representante agregó que esperan que el Gobierno retome las mesas de concertación para avanzar en la delimitación del páramo en los 14 municipios que aún hacen parte del proceso, respetando, según indicó, los acuerdos alcanzados con Vetas y California, municipios en los que las comunidades ya concertaron la delimitación.El proceso de delimitación de Santurbán tiene como antecedente la sentencia T-361 de 2017 de la Corte Constitucional, que ordenó garantizar la participación efectiva de las comunidades en la definición de los límites del complejo de páramos.
El Ministerio de Ambiente anunció que se designará un ministro ad hoc para asumir los actos administrativos relacionados con la delimitación del páramo de Santurbán, luego de que el titular de la cartera, Fabio Arjona, decidiera apartarse de aquellas decisiones en las que pueda existir una circunstancia que comprometa su intervención personal.De acuerdo con el Ministerio, el impedimento de Arjona es de carácter personal y busca garantizar que las determinaciones sobre este ecosistema estratégico se adopten bajo criterios de transparencia, imparcialidad y seguridad jurídica.La cartera aclaró que el apartamiento del ministro no significa que el Gobierno se retire del proceso de protección de Santurbán. Por el contrario, aseguró que el Ministerio continuará ejerciendo sus competencias y adelantando las actuaciones correspondientes frente a la delimitación y protección del páramo.Le puede interesar: Minagricultura será el ministro de Ambiente ad hoc para asuntos del páramo de SanturbánEl Ministerio de Ambiente señaló que el ministro ad hoc tendrá a su cargo la suscripción de los actos administrativos en los que Arjona se aparte, mientras que la entidad continuará trabajando en la protección del agua, la biodiversidad y las comunidades que habitan el territorio.La cartera también indicó que las decisiones deberán estar sustentadas en criterios técnicos y jurídicos, además de contar con participación de las comunidades y ajustarse a las reglas establecidas para el proceso.Santurbán es un ecosistema estratégico para Santander y otras regiones del país por su importancia en el abastecimiento de agua. Por ello, el Ministerio insistió en que el proceso continuará, pese al impedimento del jefe de la cartera, y que la responsabilidad sobre la protección del páramo sigue siendo institucional.
El ministro de Ambiente, Fabio Arjona, se declaró impedido para tomar decisiones relacionadas con Santurbán, en medio de los cuestionamientos por un posible conflicto de interés.La determinación se conoce después de que organizaciones defensoras del agua y del páramo formularan señalamientos sobre la participación del jefe de la cartera ambiental en decisiones relacionadas con la protección de esta zona de Santander.El Comité para la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán considera que el impedimento respalda los cuestionamientos que había planteado y anunció que continuará haciendo seguimiento a las actuaciones que se adopten frente al páramo.“Seguiremos vigilantes para que quien asuma estas decisiones proteja el agua de más de 2 millones de personas y no los intereses mineros. Esto nos da la razón, efectivamente el ministro de ambiente Fabio Arjona tiene conflicto de interés en Santurbán y las decisiones que tomó las hizo violando el principio de imparcialidad", señaló Mayerlin López, del Comité para la Defensa de Santurbán."Fabio Arjona no va a poder tomar decisiones sobre la delimitación, sobre las áreas de reserva y nosotros esperamos que la persona que nombren como ministro ad-hoc para Santurbán privilegie el interés general de proteger el agua sobre los intereses mineros que ponen en riesgo este ecosistema esencial para la vida en Santander. Por eso nosotros estaremos vigilantes y estamos convocando a toda la ciudadanía a que esté próximo miércoles 23 de septiembre a las 6 de la tarde en la calle 33 número 23 37 en Bucaramanga nos encontremos en asamblea general para establecer la hoja de ruta de movilización de acciones jurídicas con las que vamos a defender Santurbán", afirmó López. La controversia se mantiene luego de que el Ministerio de Ambiente revocara la Resolución 0994 de 2026, que había declarado una reserva de recursos naturales renovables de cerca de 1.499 hectáreas en la microcuenca de la quebrada La Baja, en California, Santander.Además, un juzgado de Bucaramanga suspendió provisionalmente la delimitación progresiva de Santurbán y ordenó atender aspectos relacionados con participación ciudadana, acceso a la información y debido proceso.El impedimento de Arjona abre ahora el camino para que se determine quién asumirá las decisiones correspondientes sobre los asuntos de Santurbán en los que el ministro no podrá intervenir.
Establecer licencias ambientales diferenciadas según la actividad, la tecnología y la escala de los proyectos puede contribuir a hacer más eficiente el sistema de licenciamiento en Colombia, de acuerdo con Daniel Wiesner, investigador asociado de Fedesarrollo.El experto consideró que la diferenciación tiene sentido porque los impactos ambientales no son iguales entre las distintas tecnologías ni entre proyectos de diferente tamaño. Como ejemplo, contrastó los efectos de una planta eólica, una instalación solar y una termoeléctrica.“Los impactos que genera un proyecto eólico o un proyecto solar o un proyecto termoeléctrico donde se quema carbón son bien diferentes”, explicó Wiesner.En el caso de los proyectos eólicos, señaló que aspectos como el ruido y las vibraciones de las aspas pueden generar afectaciones a las comunidades cercanas, mientras que los proyectos solares tienen impactos más contenidos. En las termoeléctricas, por su parte, deben considerarse factores como las emisiones, el ruido y la descarga de aguas utilizadas durante su operación.Para Wiesner, esta diferenciación ya existe parcialmente en Colombia. Citó como ejemplo el Decreto 0510 de 2024, que estableció una excepción al requisito de licencia ambiental para determinados proyectos férreos eléctricos en zonas urbanas que se desarrollen sobre trazados existentes.El investigador sostuvo que este tipo de medidas puede evitar que se impongan nuevamente requisitos ambientales de gran magnitud cuando el impacto principal ya se produjo con la construcción original de una infraestructura.Sin embargo, advirtió que el sistema todavía presenta problemas en la aplicación de los requisitos, especialmente para proyectos pequeños. Según explicó, algunos funcionarios encargados de evaluar las iniciativas no cuentan con suficiente conocimiento específico sobre la tecnología o la región donde se desarrollará el proyecto.“Lo que hacen es exigir unos términos de referencia genéricos, hacen copy paste de uno para otro”, cuestionó.A su juicio, esto puede llevar a que proyectos de menor escala deban asumir estudios y costos burocráticos similares a los exigidos a iniciativas de mucho mayor impacto.El investigador también señaló que actualmente existen diferencias según el tamaño de los proyectos y la autoridad encargada de evaluarlos. Mientras las iniciativas de mayor dimensión son competencia de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, otras de menor escala son tramitadas por las corporaciones autónomas regionales.Aunque consideró que esta distribución puede ayudar a descongestionar el sistema, advirtió que algunas corporaciones presentan demoras e ineficiencias en la expedición de las licencias.Por ello, Fedesarrollo plantea avanzar hacia un esquema en el que los requisitos sean proporcionales a los impactos reales de cada proyecto, sin reducir los estándares de protección ambiental, pero evitando cargas innecesarias que terminen retrasando iniciativas de menor impacto.
El Juzgado Doce Administrativo de Bucaramanga ordenó suspender los efectos de la Resolución 0992 de 2026, mediante la cual el Ministerio de Ambiente adoptó una delimitación progresiva del Complejo de Páramos Jurisdicciones–Santurbán–Berlín.La decisión se produjo tras una acción de tutela presentada por la ciudadana Yojanna Yulieth Serrano Gómez, quien alegó vulneraciones a sus derechos de participación ambiental efectiva, acceso a la información pública y debido proceso administrativo durante el proceso de delimitación.En el fallo de primera instancia, fechado el 2 de septiembre de 2026, el despacho concluyó que el Ministerio de Ambiente vulneró los derechos de la accionante al no entregarle información fundamental relacionada con la Resolución 0992, entre ella los mapas, coordenadas, anexos técnicos y científicos, estudios ambientales, actas y grabaciones de la jornada de concertación realizada el 18 de julio, así como la matriz en la que debían valorarse las observaciones ciudadanas.El juez también encontró una vulneración al debido proceso administrativo debido a que la resolución fue expedida mientras se encontraban pendientes varias recusaciones contra funcionarios que participaron en su trámite.Según el propio Ministerio de Ambiente, entre el 21 de julio y el 6 de agosto se presentaron recusaciones contra funcionarios de la entidad, pero estas solo fueron remitidas para su decisión al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República el 13 de agosto, siete días después de expedida la Resolución 0992.El despacho recordó que, de acuerdo con el artículo 12 de la Ley 1437 de 2011, la actuación administrativa queda suspendida desde la presentación de una recusación y hasta que esta sea decidida. Para el juzgado, la resolución fue suscrita y produjo efectos durante un periodo en el que el procedimiento administrativo se encontraba legalmente suspendido.Otro de los aspectos cuestionados fue el momento en que se expidió la delimitación. La Resolución 0992 fue firmada el 6 de agosto, apenas 19 días después de la jornada de concertación realizada en Bucaramanga. Además, el Ministerio había informado el 18 de agosto que el proceso llevaba cerca de un 70 % de avance en la fase de concertación.Para el juez, esto evidenció que la decisión se adoptó sin que existiera previamente una respuesta motivada e individualizada a las observaciones planteadas por la ciudadanía.La Sentencia T-361 de 2017 de la Corte Constitucional establece que la participación ambiental no se limita a convocar reuniones, sino que implica brindar información, permitir una intervención efectiva de las comunidades y valorar y responder de manera motivada sus propuestas y desacuerdos.La Defensoría del Pueblo, que estuvo presente en la jornada del 18 de julio, documentó además interrupciones, discusiones y confrontaciones entre los diferentes sectores participantes, circunstancias que, según el juzgado, impidieron el desarrollo fluido del diálogo.Frente a esta decisión, la alcaldesa de Vetas, Angélica María García, manifestó su satisfacción y pidió que el nuevo proceso de delimitación tenga una mayor participación de las comunidades.“Nos sentimos muy felices del fallo judicial que salió el día de hoy suspendiendo la resolución por medio de la cual el gobierno anterior había hecho una delimitación express desconociendo los acuerdos que se habían logrado en el año 2021 y 2022 con el Ministerio de Ambiente”, aseguró la mandataria.García sostuvo que espera que el nuevo Ministerio de Ambiente adelante un proceso “más elaborado”, con mayor sustento técnico y jurídico y con participación de las comunidades de los municipios ubicados en el área de influencia del páramo.“Tenemos la esperanza de que este nuevo gobierno realice un proceso de participación más elaborado, reconozca los acuerdos en los que habíamos llegado y realice una delimitación con un ejercicio más técnico y más jurídico”, agregó.El fallo, sin embargo, no declaró la nulidad de la Resolución 0992. El juez explicó expresamente que una decisión definitiva sobre la legalidad del acto administrativo corresponde a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. La medida adoptada en esta tutela es provisional y busca proteger los derechos que fueron considerados vulnerados.En concreto, el Juzgado Doce Administrativo ordenó suspender los efectos de la resolución mientras el Ministerio de Ambiente resuelve de fondo las recusaciones pendientes. Para ello, le dio un plazo de cinco días hábiles desde la comunicación de la providencia. Posteriormente, la entidad deberá adelantar el procedimiento correspondiente para la delimitación progresiva, garantizando los derechos de participación, acceso a la información y debido proceso, en los términos establecidos por la Corte Constitucional.Además, el Ministerio tendrá 48 horas desde la notificación del fallo para entregar a la accionante una copia íntegra de la Resolución 0992, sus mapas, coordenadas, anexos técnicos y científicos, estudios, actas, grabaciones de la jornada de concertación y la matriz de valoración de las observaciones ciudadanas, indicando cuáles fueron aceptadas, rechazadas o incorporadas parcialmente.La decisión también desvinculó del proceso de tutela a la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo, la CDMB, la CAS y CORPONOR, al considerar que no se acreditó una conducta activa u omisiva atribuible a estas entidades.De esta manera, el futuro de la delimitación progresiva del Páramo de Santurbán vuelve a quedar en manos del Ministerio de Ambiente, que deberá resolver primero las recusaciones pendientes y posteriormente continuar el procedimiento bajo las garantías de participación ciudadana, acceso a la información y debido proceso.
Un total de 19 tortugas acuáticas rescatadas del lago de la Universidad Industrial de Santander, iniciaron su proceso de recuperación y rehabilitación con miras a regresar a su hábitat natural.La jornada fue realizada de manera conjunta por la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga y la Escuela de Biología de la UIS. Los ejemplares fueron trasladados al Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre (CAV) de la CDMB, donde serán sometidos a valoración veterinaria y comportamental.Entre los animales rescatados se encuentran ejemplares de cuatro especies: Podocnemis lewyana, conocida como tortuga del río Magdalena; Trachemys callirostris; Rhinoclemmys melanosterna y Kinosternon leucostomum.La Podocnemis lewyana tiene especial importancia para la conservación regional, debido a su relación con la salud de los ecosistemas acuáticos.De acuerdo con Vladimir Quintero Sánchez, médico veterinario especializado del CAV de la CDMB, cada tortuga tendrá una atención individual. Primero se realizará una valoración física y comportamental y posteriormente los ejemplares cumplirán un periodo de cuarentena, antes de determinar las condiciones y el lugar adecuado para su liberación."El rescate no solo busca proteger a los 19 individuos, sino también contribuir a la conservación de los ecosistemas. Las tortugas acuáticas cumplen funciones importantes como la dispersión de semillas, el control de poblaciones de peces e invertebrados y el mantenimiento del equilibrio de los cuerpos de agua", dijo Vladimir Quintero, médico veterinario de la CDMB. La CDMB destacó que esta acción representa un nuevo ejemplo del trabajo articulado con la academia para proteger la biodiversidad de Santander y garantizar el bienestar de la fauna silvestre.La autoridad ambiental hizo un llamado a la ciudadanía a no capturar, comercializar ni mantener en cautiverio animales silvestres. Los casos de maltrato o tenencia ilegal pueden ser reportados al Grupo Élite Ambiental (GEA) de la CDMB, en el 318 706 98 66, o ante la Policía Ambiental.
La planta de importación de gas de Cartagena, Spec, sufrió un daño en uno de los 4 trenes de la unidad flotante FSRU.Como consecuencia, la capacidad de importación en Spec se reduce de unos 465 millones de pies cúbicos por día a unos 400, sin embargo, la infraestructura continuará operando."La Sociedad Portuaria El Cayao S.A. E.S.P. (SPEC LNG) informa que, como resultado de una condición operativa imprevista en la unidad flotante de almacenamiento y regasificación (FSRU, por sus siglas en inglés), se realizan trabajos correctivos en uno de sus cuatro trenes para restablecer plenamente su capacidad en los próximos siete días", señaló la compañía en un comunicado.El daño coincide con un momento en el que el país tiene poco margen de maniobra para atender sus propias necesidades de gas natural y de generación de energía eléctrica en medio del fenómeno de El Niño, y Spec es por ahora la única planta de importación de gas de importancia en operación.La planta de importación de gas de Cartagena fue construida para importar gas ocasionalmente, durante momentos como el fenómeno de El Niño, y su objetivo inicial era atender únicamente a las plantas de generación de energía térmica. El problema es que la producción de gas nacional de Colombia ha caído con fuerza desde 2024. El país necesita importar gas natural para atender la demanda de hogares, pequeños comercios y vehículos.Según el Gestor del Mercado del Gas, durante septiembre el país importó a través de la planta de Spec el 39% de su consumo total de gas natural. Pero esta cifra podría crecer incluso más si continúa la sequía y debe aumentar la generación de energía con gas.El análisis indica que, si no entran a operar los 3 nuevos proyectos de importación de gas natural, el país podría tener un faltante de hasta 46 GBTUD en marzo próximo.Los proyectos en construcción en la actualidad son Puerto Bahía, la regasificadora del Pacífico y la ampliación de la capacidad de Spec.
La Corte Constitucional le puso límites a la forma en que el Gobierno podrá calcular los recursos de la salud para 2027. Mediante el Auto 1302 del 22 de septiembre de 2026, la Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia T-760 de 2008, integrada por los magistrados Vladimir Fernández Andrade, Miguel Polo Rosero y presidida por Carlos Camargo Assis, fijó parámetros preventivos y obligatorios para determinar la Unidad de Pago por Capitación (UPC).Por un lado, el Ministerio de Salud deberá corregir las deficiencias de información que han sido utilizadas para calcular la UPC y demostrar técnicamente que el valor de la prima es suficiente para cubrir las necesidades del sistema. La Corte también reiteró que la UPC integral del régimen subsidiado deberá ser, como mínimo, equivalente al 95% de la UPC integral del régimen contributivo, mientras no exista evidencia técnica suficiente que justifique una diferencia mayor.Además, al definir la UPC correspondiente a 2027, el Ministerio de Salud tendrá que aplicar los parámetros establecidos por la Corte y comunicar oportunamente a Hacienda cuáles son las necesidades de financiación que técnicamente determine. La decisión busca que el cálculo de la prima parta de las necesidades reales que deben ser financiadas y que estas sean conocidas con anticipación por la cartera encargada de la programación presupuestal.La Corte también fijó una fecha concreta para que el Ministerio de Salud explique cómo realizó todo el proceso. A más tardar el 15 de enero de 2027, deberá entregar a la Sala de Seguimiento un informe consolidado con las medidas adoptadas y los resultados obtenidos en la definición de la UPC de ese año.Ese informe deberá ser detallado. La cartera de Salud tendrá que explicar la calidad de la información utilizada, anexar la metodología aplicada, justificar técnicamente por qué el valor establecido para la UPC es suficiente y presentar información sobre el proceso de participación adelantado. De esta manera, la Corte no solo exige conocer el resultado final, sino también las razones técnicas que llevaron al Gobierno a establecerlo.La responsabilidad también recae sobre el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. La Corte reiteró la orden impartida en el Auto 007 de 2025 y posteriormente en el Auto 2049 de 2025 para garantizar los recursos necesarios destinados al cumplimiento de las órdenes vigésima primera y vigésima segunda de la Sentencia T-760 de 2008.Hacienda deberá, además, adoptar dentro de sus competencias las medidas presupuestales y financieras necesarias para garantizar la disponibilidad y el giro oportuno de los recursos requeridos para financiar la UPC de 2027. Para hacerlo, deberá tomar como fundamento las necesidades de financiación que sean determinadas técnicamente por el Ministerio de Salud.La Corte justificó su intervención por el deterioro en el acceso oportuno y continuo a los servicios de salud. La Sala registró un 18% de aumento en las tutelas de salud entre 2024 y 2025, de 265.000 a cerca de 312.500, con una concesión aproximada del 74,3% de los amparos.El proceso de definición de la UPC de 2027 queda así sometido a una ruta precisa de información, sustentación técnica, financiación y rendición de cuentas ante la Sala.
La retractación de David Murcia Guzmán ante la Fiscalía, en la que aseguró que sus señalamientos contra el presidente Abelardo De La Espriella estuvieron precedidos por expectativas relacionadas con una eventual designación como gestor de paz y la posibilidad de recuperar su libertad, abrió un nuevo capítulo sobre el uso de esta figura durante el anterior Gobierno.El tema fue analizado este jueves en Mañanas Blu, donde el periodista Felipe Zuleta aseguró que el caso de Murcia no sería, según su versión, un hecho aislado. Zuleta afirmó que durante el Gobierno de Gustavo Petro también se habría producido una gestión ante integrantes de grupos paramilitares con un propósito político.Felipe Zuleta habla de una supuesta gestión ante paramilitaresAl referirse a la carta enviada por Murcia a la Fiscalía, Zuleta dijo que no le sorprendía la retractación y recordó que el exdirector de DMG había manifestado que le ofrecieron la posibilidad de ser gestor de paz. A partir de ese episodio, el periodista aseguró que tenía conocimiento de otro caso que, según él, guardaría similitudes: “Sí señor, el presidente Petro también en su momento mandó a dos altos funcionarios del Gobierno a reunirse con los paramilitares”, afirmó Zuleta.Según su relato, esas reuniones se habrían producido en el contexto de lo que denominó el “cierre de Ralito” o cierre de las conversaciones con los paramilitares. Zuleta aseguró que la misión encomendada a esos funcionarios habría sido convencer a integrantes de esos grupos, a cambio de “prebendas”, para que hablaran del entonces candidato presidencial Abelardo De La Espriella y del expresidente Álvaro Uribe.El periodista agregó que tiene documentación relacionada con lo que estaba contando, aunque decidió reservar los nombres de las personas que, según su versión, habrían participado en esas gestiones.La relación con la figura de gestor de pazMurcia, quien permanece recluido en la cárcel de Palogordo, en Girón, Santander, envió una carta de cuatro páginas a la Fiscalía 63 Local de la Unidad de Conciliación Preprocesal. En ella se retractó de los señalamientos que había formulado en febrero contra De La Espriella, quien en ese momento era candidato presidencial. En el documento, Murcia explicó que sus declaraciones estuvieron precedidas por expectativas que, según afirmó, le fueron planteadas desde sectores cercanos al Gobierno nacional anterior y que estaban relacionadas con una eventual vinculación como gestor de paz y con la posibilidad de recuperar su libertad.En Mañanas Blu se planteó precisamente la pregunta sobre quién habría ofrecido esa posibilidad a Murcia y bajo qué condiciones. El periodista Felipe Zuleta sostuvo que el episodio debía analizarse dentro de un contexto más amplio y volvió a referirse a las supuestas reuniones con paramilitares.También mencionó a Angie Rodríguez, quien, según se recordó durante el programa, había hablado anteriormente sobre reuniones y gestiones relacionadas con este asunto. Zuleta afirmó que Rodríguez no se habría prestado para realizar la gestión que, según su versión, se buscaba adelantar.Zuleta también mencionó a Salvatore MancusoDurante la conversación, Zuleta y los periodistas de Mañanas Blu también hicieron referencia a Salvatore Mancuso. En particular, se mencionó una retractación relacionada con señalamientos contra Álvaro Uribe y con hechos como las masacres de El Aro y La Granja. El argumento planteado durante el programa fue que estos episodios tendrían elementos en común con la discusión sobre las declaraciones de Murcia y las gestiones que supuestamente se habrían realizado para obtener determinados testimonios.Zuleta afirmó que, según su versión, una de las razones por las que el Gobierno habría cuestionado a Angie Rodríguez estaría relacionada con que los paramilitares no terminaron hablando en contra de quienes se buscaba señalar. En ese punto, además de De La Espriella y Uribe, mencionó al exvicepresidente Germán Vargas Lleras como otro de los nombres que, según su relato, habría estado dentro de ese contexto.La carta de David Murcia está ahora en manos de la FiscalíaLa revelación de Zuleta se produce después de que Murcia presentara formalmente su retractación ante la Fiscalía. En el documento, el condenado por el caso DMG negó varias de las afirmaciones que había realizado en febrero contra De La Espriella. Entre ellas, aseguró que los honorarios pagados al entonces abogado correspondían a los servicios jurídicos prestados y negó que este se hubiera apropiado indebidamente de dinero.También negó haber recibido de De La Espriella propuestas para entregar dinero a congresistas o funcionarios públicos con el propósito de influir en un trámite legislativo. Murcia igualmente se retractó de la afirmación relacionada con unos supuestos 5.000 millones de pesos y negó que el padre de De La Espriella hubiera recibido beneficios o un nombramiento como notario a cambio de que el abogado abandonara su defensa.El caso se originó después de que De La Espriella presentara una querella por las declaraciones de Murcia en una entrevista del 12 de febrero de 2026. Ahora, la Fiscalía deberá establecer qué ocurrió y determinar el alcance de las afirmaciones contenidas en la nueva versión de Murcia.Detalles en el siguiente video:
El Juzgado 25 con Función de Conocimiento absolvió a Nelsy Tirado Chacón y Hernando Barón Ayala, quienes habían sido señalados por la Fiscalía de presuntamente colaborar en las exigencias económicas realizadas a integrantes de la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) de la excongresista Tatiana Cabello Flórez Martínez.La investigación estaba relacionada con el proceso por el que la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia condenó a Cabello a 144 meses y un día de prisión, equivalentes a 12 años, por el delito de concusión en modalidad continuada y en concurso homogéneo.De acuerdo con esa investigación, la entonces congresista habría solicitado mensualmente a integrantes de su UTL la devolución de un porcentaje de sus salarios. Las personas identificadas como víctimas fueron Luisa Fernanda Puerto Vela, Lina Marcela García Pinto, Daniela Salazar Puerto y Sonia Astrid Blanco Reyes.Sin embargo, al analizar la situación particular de Tirado Chacón y Barón Ayala, el Juzgado 25 de Conocimiento concluyó que las pruebas practicadas no permitían establecer que hubieran realizado actos de constreñimiento, inducción o solicitud de dinero.La juez explicó que las funciones desempeñadas por ambos eran de carácter “secundario, secretariales, conducción y mensajería” y que no se acreditó que hubieran utilizado esas labores para generar una relación de superioridad o doblegar la voluntad de alguna de las víctimas.El despacho también analizó las transferencias de dinero que aparecen en el expediente. Sobre los 670.000 pesos enviados a la cuenta de Nelsy Tirado y los giros realizados a Hernando Barón, la juez señaló que “la mera recepción de dinero no configura el delito de concusión”.Según la decisión, las pruebas mostraron que la instrucción relacionada con la devolución de dinero provenía de un tercero, identificado en el proceso como la jefa, y no de una solicitud directa realizada por los dos procesados. Por esa razón, el juzgado consideró que la recepción material de los recursos no era suficiente para configurar el delito.En el caso de Tirado Chacón, la juez señaló que nunca realizó una exigencia económica verbal o escrita. De acuerdo con el análisis del testimonio, la iniciativa de enviar el dinero habría surgido de Lina García a través de WhatsApp y Tirado se habría limitado a suministrar los datos de su cuenta bancaria como canal receptor.Además, la juez indicó que la testigo había reconocido que la instrucción inicial de entregar un porcentaje de su salario le fue comunicada por Luisa Fernanda Puerto y no por los procesados. Frente a Barón Ayala, sostuvo que la testigo manifestó que este nunca le realizó constreñimiento, inducción o solicitud económica.El despacho también cuestionó aspectos del testimonio de Puerto. La juez habló de “inconsistencias y contradicciones esenciales” y señaló que la defensa la confrontó con un documento físico firmado por ella el 17 de agosto de 2017, en el que manifestó haber recibido siempre un trato respetuoso y negó que se le hubiera solicitado dinero.La decisión también indicó que durante el juicio se evidenciaron variaciones en sus declaraciones sobre el grado de conocimiento que Hernando Barón habría tenido respecto del origen de los dineros.Tras conocer la absolución, la defensa de Barón Ayala, encabezada por el abogado Juan Manuel Castellanos, destacó el resultado del proceso y afirmó “es una decisión acertada en derecho porque la Fiscalía General de la Nación no probó, y no tenía cómo probar alguna responsabilidad en contra del señor Barón Ayala.Es decir, no existían elementos materiales probatorios contundentes en su momento. Yo creo que, aprovechando la coyuntura del país, sí es necesario apoyar en este momento al ministro de justicia, pues, en punto de la eliminación de una audiencia de imputación, y precisamente este es el caso, porque una imputación que se realizó sin un solo elemento material probatorio, pero que sí daña la vida, no solamente del procesado, sino de la familia”Por otro lado, rechazó el principio de oportunidad de Luisa Fernanda Puerto “Yo creo que la Fiscalía se equivocó al otorgar un principio de oportunidad a la señora Luisa Fernanda Puerto. Gracias a ese principio de oportunidad, y creo que así lo determina la juez en un primer momento, es que ella tenía que involucrar a inocentes. Como abogado, sí tengo que rechazar esas presiones indebidas que se hacen para buscar principios de oportunidad e involucrar a terceras personas o personas cercanas para obtener beneficios e irse impunes”.
¡Mucho cuidado! Autoridades en Medellín alertan a comerciantes por suplantación de funcionarios y cobros indebidos. Aseguran que ninguna persona puede cobrar dinero por agilizar procesos o realizar visitas.Sobre la alertaLa Alcaldía de Medellín lanzó una alerta dirigida a comerciantes, propietarios y administradores de establecimientos abiertos al público ante posibles casos de suplantación de servidores públicos y falsos inspectores sanitarios que estarían realizando cobros indebidos.Es por esta razón que la Administración Distrital recordó que ningún funcionario está autorizado para solicitar dinero o beneficios económicos a cambio de realizar visitas, entregar conceptos favorables o agilizar trámites.La subsecretaria Administrativa y Financiera de la Secretaría de Salud, María Rivera, indicó que la advertencia se relaciona con las labores de inspección, vigilancia y control sanitario que adelantan las autoridades en diferentes zonas de la ciudad.“En Medellín, hacemos un llamado a los comerciantes y propietarios de establecimientos abiertos al público, recuerden que ningún funcionario está autorizado para solicitar dinero, dádivas o beneficios económicos a cambio de visitas sanitarias, conceptos, trámites o para evitar medidas sanitarias”, dijo.Ante una visita, la recomendación de la Alcaldía de Medellín es que los comerciantes soliciten la identificación del funcionario y verifiquen su nombre, cargo y entidad. Además, pidió desconfiar de personas que prometan evitar sanciones o gestionar visitas a cambio de dinero.Las autoridades en la capital de Antioquia hizo un llamado a los comerciantes para mantenerse atentos frente a posibles intentos de engaño y verificar siempre la identidad de quienes se presenten como funcionarios encargados de realizar controles sanitarios.
