Colombia enfrenta un escenario de seguridad cada vez más complejo, mientras las Fuerzas Militares tienen disponible para operaciones solo el 46 % de sus capacidades, según un nuevo estudio de la Fundación Ideas para la Paz (FIP).
El diagnóstico señala que las dificultades no están relacionadas únicamente con la disponibilidad de equipos. También existen brechas en mantenimiento, combustible, repuestos, personal especializado, inteligencia y doctrina para utilizar las capacidades existentes.
El informe fue presentado en momentos en que el Gobierno ha incrementado las operaciones militares contra grupos armados en diferentes regiones del país.
Javier Flórez, director del área de Conflicto y Seguridad de la FIP, en diálogo con Blu Radio explicó que hablar de capacidad militar implica mucho más que contar con un determinado equipo.
“La capacidad no es solamente del equipamiento, por ejemplo, del helicóptero, sino que tengamos doctrina, gente capacitada para operar ese equipamiento, el mismo equipamiento, pero también los recursos para su sostenimiento y operación”, señaló.
De acuerdo con el estudio, la cifra corresponde a las capacidades de los componentes aéreo, terrestre, marítimo y fluvial que actualmente pueden ser utilizadas para realizar operaciones.
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La situación es particularmente preocupante en los componentes aéreo y naval-fluvial. El informe señala que el 55,5 % del inventario aéreo está fuera de servicio, mientras que en el componente naval y fluvial la cifra llega al 48,1 %.
Flórez explicó que una de las principales causas está relacionada con la falta de recursos para sostener los equipos.
“No hay plata para hacer mantenimiento, no hay plata para el combustible, no hay plata para los repuestos, y eso genera una falencia”, dijo.
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A esto se suma, la falta de personal especializado y de una doctrina que permita utilizar de manera adecuada algunas tecnologías que ya están en poder de las Fuerzas Militares.
“No tenemos doctrina que nos permita utilizar los drones que hemos venido adquiriendo para poderlos utilizar en esquemas, ya sea de inteligencia o incluso esquemas ofensivos”, agregó.
Para la FIP, una de las principales brechas está en los recursos destinados al mantenimiento y sostenimiento de las operaciones.
El estudio señala que, entre 2015 y 2025, los costos estimados de operación crecieron tres veces más rápido que los recursos disponibles para cubrirlos. Además, los gastos de personal activo y retirado representaron el 76,2 % del presupuesto del sector Defensa en 2025, lo que reduce el margen disponible para operación, mantenimiento y modernización.
Flórez advirtió que esta situación se vuelve más compleja porque el sector también debe asumir compromisos adquiridos en años anteriores. Según explicó, una parte importante de los recursos de inversión está comprometida en obligaciones relacionadas con adquisiciones previas, lo que limita la posibilidad de destinar recursos a nuevas capacidades.
“Nuestra capacidad de inversión, porque la inversión es la que nos da la posibilidad de comprar equipamientos nuevos y adaptarnos a las necesidades, está demasiado limitada por las presiones de compras de años anteriores”, afirmó.
La Fundación también llamó la atención sobre el peso de las obligaciones asociadas al personal retirado. De acuerdo con el estudio, el valor presente de las obligaciones reconocidas por asignaciones de retiro, invalidez y sustitución pensional ascendía en 2024 a cerca de 50 billones de pesos.
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Asimismo, el estudio señala que en 2025 la fuerza pública realizó 234 acciones contra grupos armados, un incremento de 34,5 % frente a 2024. Sin embargo, durante ese mismo periodo los principales grupos armados aumentaron su número de integrantes y ampliaron su presencia territorial.
Para Flórez, el riesgo está en que el Estado tenga la capacidad de iniciar operaciones, pero no necesariamente de mantener despliegues prolongados.
“Podríamos hacer operaciones, pero no podemos sostener operaciones de profundidad y no podemos sostener la tropa de manera estratégica en los sitios donde quisiera el Estado”, concluyó.
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Desde la FIP plantearon diez recomendaciones para cambiar la manera en que se planean y financian las capacidades militares. Entre ellas están recuperar primero las capacidades que todavía pueden ser utilizadas, establecer el costo mínimo necesario para mantener las operaciones, garantizar financiación de largo plazo para la modernización y anticipar cuáles son las capacidades que el país no puede permitirse perder.
Asimismo, plantea fortalecer áreas como inteligencia, vigilancia y reconocimiento, comunicaciones, guerra electrónica, ciberdefensa, manejo de datos e inteligencia artificial, además de adaptar las capacidades frente al uso de nuevas tecnologías por parte de los grupos armados.
El objetivo, según la Fundación, es pasar de una planeación basada en las coyunturas a una estrategia permanente que permita definir, financiar, sostener y actualizar las capacidades que el Estado necesita para responder a las amenazas actuales.