A siete días del cierre de la ZUT, los 62 excombatientes de Comandos de Frontera que permanecen en la Zona de Ubicación Temporal, en el Bajo Putumayo, enviaron una propuesta de asilo político a los países garantes ante la incertidumbre jurídica. Aseguran que ninguno de los que se mantienen firmes en el proceso ha contemplado la posibilidad planteada por el presidente Abelardo de la Espriella de someterse a la justicia, porque dicen que no son traidores ni mucho menos delatores.
La afirmación fue hecha por Rigoberto, conocido como el 'Paisa', vocero de la Zona de Ubicación Temporal, luego de que el jefe de Estado ordenara el cierre de la ZUT para este 30 de septiembre.
“No estamos desafiando a nadie ni mucho menos queremos entrar en discusiones políticas. Solo queremos que el Gobierno nacional respete los acuerdos ya pactados y nos dé la oportunidad de seguir en este proceso, porque ninguno de los 62 que aún estamos comprometidos con la paz vamos a volver a las armas”, dijo el vocero de la ZUT.
Según el 'Paisa', los 62 excombatientes están con sus familias y, a pesar de la orden de desmontar el proceso de negociación colectiva, nadie aceptará que los obliguen a un sometimiento, tal y como lo quiere el presidente de la República.
Con voz firme, el vocero de la ZUT dijo que nadie los obligó y que, hasta cuando llegaron a la zona, siempre confiaron en que era el mejor aporte de ellos para la pacificación del Putumayo. Sin embargo, afirmó que, al llegar el nuevo Gobierno, es el Estado colombiano el que está incumpliendo y será muy difícil volver a recuperar el principio de confianza y buena fe de los excombatientes que dejaron los fusiles.
Aseguró que la inminente extradición de Andrés Rojas, comandante de Comandos de Frontera, en nada afectará la decisión de ellos de permanecer en la ZUT, porque dijo que, desde la cárcel La Picota, envió un mensaje contundente de que ese proceso de negociación colectiva debe seguir.
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El ambiente en el Valle del Guamuez no es solo de incertidumbre, sino de desesperanza, porque los que aún permanecemos cumpliendo el acuerdo hoy estamos estigmatizados, señalados y casi que amenazados con que, si no nos acogemos a la ley de sometimiento, entonces habrá otras acciones judiciales. Eso no puede ser posible con un acuerdo que se pactó con el Estado colombiano, dijo Rigoberto, conocido con el nombre de “Paisa” y vocero de la ZUT.
Dijo que los 33 excombatientes que no están en la ZUT se fueron por los anuncios del actual Gobierno y aseguró que la falta de claridad los obligó a abandonar las instalaciones de concentración en Putumayo, pero que nunca han regresado al grupo ilegal Comandos de Frontera.
“Desde que subimos al helicóptero, los mismos comandantes de ese grupo que estaba en diálogos de paz con el Gobierno anterior nos dijeron que ya no hacíamos parte de ellos y que, de ahora en adelante, no habría ninguna dependencia militar ni política, porque ya éramos civiles y nuestro trabajo era ya con la sociedad”, agregó el 'Paisa'.
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“Nos queda casi una semana y aquí estamos esperando que la Registraduría y la Fiscalía lleguen, pero no lo han hecho y no vamos a volver a las armas. Nuestra lucha será de ahora en adelante por la vía jurídica para que se respete el proceso, porque así está pactado”, aclaró Rigoberto.
Manifestó que desde el Gobierno se insiste en que los grupos ilegales que quieran dejar la violencia y acogerse a la legalidad deberán hacerlo ante la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), bajo el sometimiento a la justicia, y eso es lo que no vamos a aceptar, porque nos están eliminando definitivamente cualquier tipo de reconocimiento político para la organización a la que habíamos pertenecido, como se había contemplado en las negociaciones de paz territorial en Nariño y Putumayo, insistió Rigoberto.
Finalmente, expresó su confianza en el Estado colombiano y envió un claro mensaje al Gobierno nacional para que, en esta semana que falta para el cierre de la ZUT, la Fiscalía llegue a la zona y analice caso por caso de los 62 excombatientes, de quienes dijo que ninguno ha cometido delitos de lesa humanidad.