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Con apoyo de FBI, Fiscalía busca determinar si con anticipo a Centros Poblados hay lavado de activos

Los organismos de investigación de Colombia y Estados Unidos se reunieron en Washington para establecer rastreo de los dineros.

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Foto: Instagram/centrospoblados

Parte del multimillonario anticipo que giró el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC), al contratista Centros Poblados para llevar internet a las escuelas rurales del país, fue consignado en una cuenta con sede en los Estados Unidos.

Por este motivo, la dirección contra el crimen organizado de la Fiscalía se reunió con el FBI en Washington, Estados Unidos, para solicitar apoyo en la investigación que busca rastrear los 70.000 millones de pesos.

El fiscal general, Francisco Barbosa, aseguró que se rastreará cada peso del anticipo que fue girado por el MinTIC al contratista que está en el ojo del huracán, luego de que se estableciera que presentó pólizas falsas para quedarse con el contrato.

“Decirle al país que estamos trabajando con todo lo relacionado con lavado de activos. El inicio de investigaciones en los Estados Unidos y procesos de extradición para aquellos que utilicen, además, los recursos públicos de Colombia para tratar de sacarlos de territorio nacional lavando activos”, dijo el jefe del ente investigador.

El FBI y la Fiscalía buscan establecer si el contratista Centros Poblados, que tiene una cuenta West Kendal del Citibank en Miami, usó para otros fines más de 58 millones de pesos que habrían sido transferidos a dicha cuenta, de los 70.000 millones que fueron anticipados por el MinTIC.

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En Colombia ya se han hecho varias diligencias de interrogatorio a directivos de la Unión Temporal Centros Poblados y la firma interventora del contrato, conocida como el consorcio Centros Digitales.

Los investigadores ya han escuchado las versiones de Robert Gómez, Luis Fernando Duque, Juan Carlos Cáceres y Juan David Laverde; y se busca establecer si serán vinculados a procesos penales por las irregularidades en las pólizas presentadas para quedarse con el contrato que buscaba llevar internet a escuelas rurales.

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