La Fiscalía General de la Nación está tomando medidas a propósito de la tensa situación de orden público que se vive en el departamento del Cauca, por cuenta de la minga indígena.
El fiscal general, Néstor Humberto Martínez, afirmó que el ente acusador abrió una investigación tras el secuestro de un militar en el sector de La Agustina, hecho que generó el levantamiento de la mesa de negociación con el Gobierno.
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Martínez señaló además que han sido capturados en flagrancia 14 indígenas en el marco de las protestas y cinco de ellos ya tienen medida de aseguramiento. Asimismo, dos menores han sido recuperados y el ente investigador intenta establecer quiénes son los determinadores del uso de niños, considerado un delito penal en Colombia.
“Hemos advertido obstrucción de vías, que es un delito; uso de niños, secuestro, porte de armas privativas de las Fuerzas Militares y porte de explosivos”, explicó el funcionario.
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Adicionalmente, el fiscal señaló que estarían siendo usados ácidos en las protestas, razón por la cual se estrenó la Ley Natalia Ponce de León, que contempla penas de mínimo 20 años de prisión.
Por último, el jefe del ente acusador manifestó que se indaga sobre la presunta participación de disidencias de las Farc en estos hechos delictivos.
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