En la tarde de este martes, 21 de abril, tuvo que ser evacuado el Palacio de San Carlos, sede de la Cancillería en el centro de Bogotá, luego de un grupo de indígenas de la comunidad misak intentara ingresar a las instalaciones.Las comunidades llegaron desde temprano a la capital protestando por varios incumplimientos por parte del Gobierno nacional.Aproximadamente, más de mil personas, entre ellas familias completas, niños y adultos mayores, se concentraron en inmediaciones del edificio, especialmente en el acceso cercano al Teatro Colón. En medio de la manifestación, un grupo intentó ingresar por la fuerza a la Academia Diplomática, dependencia contigua al Palacio de San Carlos, lo que obligó a activar los protocolos de seguridad y a evacuar al personal.Voceros de la comunidad explicaron que la protesta se originó por conflictos relacionados con el acceso a tierras. Según señalaron, decisiones adoptadas por la Agencia Nacional de Tierras habrían favorecido a otros grupos indígenas, lo que, a su juicio, estaría afectando directamente su territorio. “Estamos perdiendo tierras con esas resoluciones”, manifestó uno de los representantes durante la jornada.Ante la tensión generada, al lugar llegaron delegados de distintas entidades del Estado, entre ellas la Defensoría del Pueblo, el Ministerio del Interior y autoridades del Distrito, con el objetivo de mediar en la situación. Las partes instalaron una mesa técnica para buscar soluciones y abrir un canal de diálogo que permitiera desescalar el conflicto.Por esta situación, todos los accesos a la Cancillería se tuvieron que cerrar y permanecer bajo vigilancia.
La situación con 64 estudiantes que no han podido recibir clases por inconformidades de las autoridades indígenas en el municipio de Mutatá, no parece tener una solución pronta y por el contrario en las últimas horas se conoció que un hombre que intentó mediar fue castigado severamente por los mismo indígenas de esta zona del Urabá antioqueño.Lo que se ha conocido es que el hombre, padre de familia de uno de los menores afectados, abrió uno de los salones de la sede educativa Chontadural, intentando restablecer las clases. Sin embargo, esta acción le valió para ser castigado bajo la modalidad de 'cepo', una práctica en donde le amarran los pies a dos maderos gruesos.El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, rechazó este tipo de prácticas y le pidió a las autoridades correspondientes que intervengan de manera urgente para poder que los niños vuelvan a clase, así como investigar el castigo contra el padre de familia."Ningún ciudadano colombiano, sea indígena, afro, mestizo o cualquiera, está por encima de la ley. Este padre, familia y líder de la comunidad, y que se ganó incluso el aplauso de 64 niños porque felizmente retornaban a clase, fue sometido a un castigo que ellos denominan el cepo", aseguró.Hay que mencionar que las irregularidades son en dos sedes del Centro Educativo Indígena Jaikerazabi en donde, al parecer, las autoridades indígenas no estuvieron de acuerdo con el nombramientos de algunos docentes, inconformidad que provocó la cancelación de las clases para 64 menores de edad que llevan varios días a la deriva. Incluso este fue uno de los puntos que estuvo sobre la mesa en los diálogos, tras la minga indígena que protestó en Medellín durante más de dos días. A la espera de que la solución se normalice para los menores de edad, indicar que son 55 afectados están en la sede Chontadural que ven las clases en los pasillos, mientras que en la sede El Silencio hay 9 niños viendo clases en la casa de una familia del sector.
Pocas horas después que diferentes comunidades indígenas del Occidente y Urabá antioqueño levantaran la protesta que mantenían desde el pasado lunes en La Alpujarra alegando el incumplimiento del gobierno departamental sobre acuerdos alcanzados, en el lugar estuvo el expresidente Álvaro Uribe.En un corto evento que reunió a figuras políticas y simpatizantes de su partido Centro Democrático, el exjefe de Estado hizo un reconocimiento a quienes lograron evitar el bloqueo en el acceso al Centro Administrativo y a través del diálogo llegaron a consensos para levantar la movilización.Uribe se mostró particularmente agradecido con un grupo de ciudadanos, liderado por el concejal de Medellín Andrés Felipe Rodríguez, que ha generado polémica al utilizar bates para llegar a este tipo de manifestaciones e impedir daños a bienes públicos o privados.Se refirió a estos como “grupos de protección cívica” que deberían extenderse también a otras ciudades del país."Entonces, por eso es protección cívica. Y Medellín va a dar un ejemplo. Esto hay que hay que hacerlo, y que todos procedan de acuerdo con la constitución, de acuerdo con la ley, de acuerdo con la justicia, para evitar que haya violencia en la ciudad", manifestó.El expresidente también aprovechó el espacio para cuestionar las razones que motivaron la llegada de la minga Medellín. Si no se trataba de situaciones que pudieron ser abordadas en sus mismos territorios y si no estaban siendo instrumentalizados por algunos sectores políticos, a propósito de recientes declaraciones del candidato Iván Cepeda que estará el próximo 28 de marzo en la capital antioqueña en un acto de campaña."La Minga no necesitaba venir. Cualquier sugerencia la pudieron hacer por teléfono y les cuesta mucho más la venida del transporte que los 50 millones que les dieron para el regreso. Dejo una pregunta, no a la base indígena, ¿quién financió eso?", recalcó.Uribe insistió que el país requiere diálogo para superar diferencias y problemáticas, pero que bajo ninguna circunstancia se pueden permitir bloqueos u otras situaciones que afecten los derechos de la mayor parte de los ciudadanos.
Luego de por lo menos 44 horas de manifestaciones, la minga indígena salió de Medellín, donde permanecía en inmediaciones del centro administrativo La Alpujarra, luego de llegar a algunos acuerdos con la Gobernación de Antioquia. En vídeos quedó registrado como, en medio de un fuerte aguacero, los manifestantes salieron a sus lugares de origen.Desde su llegada a la capital antioqueña, líderes de las comunidades indígenas Zenú y Embera Eyabida, de los municipios de San Pedro de Urabá, Arboletes y Mutatá y la Organización Indígena de Antioquia – OIA, habían manifestado que había incumplimientos a lo pactado en 2024, por lo que, junto con diferentes dependencias de la entidad, revisaron uno a uno los reclamos en materia de educación, salud, vivienda, infraestructura, desarrollo económico, ambiente, mujeres, deportes y recreación y proyectos sociales."Hemos logrado revisar los acuerdos de la Minga del año 2024, punto por punto. Este acuerdo quedó materializado y firmado para que se puedan ejecutar en los territorios esos proyectos y esos programas que tanto requieren para mejorar su calidad de vida", señaló María Patricia Giraldo, subsecretaria de Derechos Humanos de la Gobernación.Jaime Rivera, líder indígena de San Pedro de Urabá, quien ya había manifestado en diálogo con Blu Radio la intención de querer llegar a acuerdos este mismo martes, dio un mensaje de tranquilidad frente a lo sucedido."Queremos mandar este mensaje de unidad, un mensaje de calma, un mensaje de paz, un mensaje de armonía a todo el departamento, los pueblos indígenas en Antioquia. Estamos para dialogar, para conversar siempre con la palabra, no con la violencia. Agradecemos de que no hubo temas violentos en la Minga, que no se presentaron enfrentamientos", indicó.Como lo había anunciado más temprano el gobernador Andrés Julián Rendón, el ente departamental hará seguimiento a los acuerdos, para lo que incluso se comprometió a enviar una comisión de funcionarios para verificar los reclamos, aunque desde allí reiteraron a los indígenas que estarán abiertos al diálogo: “organizado, respetuoso y de buena fe, pero, nunca bajo presión de vías de hecho o amenazas de bloqueos”.Pese a la insistencia de líderes indígenas en que esta manifestación no tenía tinte político y que tampoco estaban financiados, el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, anunció que estará sobre las 10:00 de la mañana en La Alpujarra rindiendo un homenaje para la Fuerza Pública, mandatarios y el concejal de Medellín, Andrés Rodríguez, según dijo en la red social X por impedir “los bloqueos que intentaron efectuar los manifestantes”, aunque el corporado miembro del partido Centro Democrático este hizo presencia allí con palos y agentes del Ministerio Público le pidieron que se retirara y no provocara a los manifestantes, que no adelantaron desmanes.Finalmente, hay que recalcar que luego de dos días de trabajos remotos, la Gobernación de Antioquia confirmó que este miércoles volverán todos los funcionarios públicos a la presencialidad, decisión que la Alcaldía de Medellín ya había tomado con anterioridad.
La movilización de cerca de 500 indígenas a las inmediaciones del Centro Administrativo La Alpujarra de Medellín no solo ha creado polémica por las afectaciones que han provocado en la capital de Antioquia, sino porque estarían usando menores de edad en medio de esta minga que manifiesta dificultades en salud, entrega de tierras y demás.Sobre el caso de los cerca de 200 menores que han hecho presencia en esta zona de Medellín, la Gobernación de Antioquia a través de la Unidad de Programas Sociales y la Dirección de Infancia, Adolescencia y Familia pidieron una intervención inmediata del ICBF para garantizar los derechos de los menores de edad.Isabel Cristina Londoño, gerente de la Unidad de Programas Sociales de Antioquia, explicó que la solicitud fue amparada por la Ley de Infancia y Adolescencia en el que establece que el ICBF se debe encargar de la protección y restablecimiento de niños, niñas y adolescentes, más si se tiene en cuenta el presunto uso para evitar una posible intervención."Instamos al ICBF para que se realice de manera urgente la verificación de derechos de las niñas y niños adolescentes que están siendo utilizados en las manifestaciones de la minga indígena. Son niños y niños menores de 5 años que hoy no están recibiendo la alimentación y la atención integral en sus territorios", explicó Londoño.Hay que mencionar que en el oficio que le envió la Gobernación al ICBF se lee que, “esta situación pone en riesgo la vida, la integridad personal y garantía de derechos de niñas, niños y adolescentes. Solicitamos como articulares del sistema nacional de bienestar familiar, se realicen acciones prioritarias para que se eviten estas vulneraciones de derechos”.A la espera que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar llegue al lugar a verificar el estado de los menores de edad, la Gobernación puso a disposición sus capacidades institucionales para ayudar a garantizar que los menores de edad no sean vulnerados durante estas jornadas de manifestación en Medellín.
El Gobierno nacional presentó a su nuevo ministro de Igualdad, quien asumirá el cargo en reemplazo de Juan Carlos Florián, que renunció por petición del presidente de la República, Gustavo Petro.Se trata de Alfredo Acosta, líder indígena que ha trabajado durante 14 años en la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) y se desempeñó como coordinador nacional de la Guardia Indígena.Acosta, quien cuenta únicamente con formación en educación básica media, ha sido fuertemente cuestionado por su falta de experiencia en la administración pública para asumir el cargo ministerial.Aun así, desde hace más de una década está al frente de más de 60.000 guardias indígenas, varios de ellos protagonistas de la Minga del Suroccidente de 2020 y de otras movilizaciones en apoyo al presidente Gustavo Petro.Además, el líder indígena cuenta con una amplia trayectoria en el tejido social y representa la apuesta del Gobierno por incorporar líderes cercanos a la Guardia Indígena que representen a estos colectivos en cargos de alto nivel.Polémicas por expulsión de miembros de la Fuerza PúblicaEl líder indígena fue protagonista de la expulsión de varios soldados que se encontraban en el cerro Berlín, en el municipio de Toribío, Cauca. Entre ellos estaba el sargento (r) Rodrigo García Amaya, cuyo caso dio la vuelta al mundo tras conocerse las imágenes que lo mostraban llorando mientras miembros de la Guardia Indígena obligaban a la tropa a abandonar la zona, en medio de la defensa del territorio.Estas imágenes volvieron a circular tras la decisión del Gobierno de nombrar a Acosta como ministro de Igualdad. Sin embargo, en diálogo con Mañanas Blu, el líder indígena manifestó su arrepentimiento y aseguró que llevaba años buscando al sargento García para dialogar con él y ofrecerle disculpas por lo ocurrido.“Yo andaba buscando al sargento para hacerle un ejercicio de armonización, como le llamamos nosotros. Es necesario buscarlo, pedirle perdón y abrazarnos”, señaló. No obstante, Acosta explicó que no había logrado localizarlo, lo que había impedido el encuentro.Alfredo Acosta y el sargento Rodrigo García se disculpan en vivoUn momento inédito se vivió la mañana de este viernes, cuando, en diálogo con Mañanas Blu, tanto el nuevo ministro de Igualdad como el sargento con quien tuvo el enfrentamiento en 2012 pudieron intercambiar sentidas palabras.Acosta se dirigió primero al sargento, reiterándole que llevaba años buscándolo para “pedirle excusas” por lo sucedido hace cerca de 14 años. Incluso lo invitó a “tomarse un tinto” en la Guardia Indígena y darse un abrazo como gesto de reconciliación.Por su parte, el sargento (r), visiblemente sorprendido, respondió que no guarda resentimientos y que en ese momento se encontraba “cumpliendo mis funciones institucionales”. Además, felicitó a Acosta por asumir el Ministerio de la Igualdad y aseguró que “un estructurador de más arriba fue quien originó todo eso”, razón por la cual no conserva rencor alguno.Nuevo ministro de Igualdad le ofrece trabajo al soldado al que ofendió en 2012Durante la conversación, García explicó que Acosta no había podido localizarlo porque actualmente vive en la “clandestinidad”, tras retirarse del Ejército hace cuatro años.Actualmente trabaja en un call center, situación que no pasó desapercibida para el nuevo ministro, quien le hizo una propuesta laboral durante la entrevista.García agradeció el ofrecimiento y ambos acordaron mantenerse en contacto para concretar un encuentro de reconciliación. Además, el sargento pidió “acoger también a los soldados”. Ante esto, Acosta reconoció la importancia de las Fuerzas Militares para la seguridad nacional y agradeció nuevamente a García por su servicio al país.Escuche la entrevista completa aquí:
Catorce años después del episodio que marcó uno de los momentos más tensos entre comunidades indígenas y la fuerza pública en el norte del Cauca, el nombre del sargento Rodrigo García Amaya volvió a ser noticia. Esta vez no por el llanto que le dio la vuelta al mundo en 2012, cuando fue retirado a empujones por miembros de la Guardia Indígena en el cerro Berlín, en Toribío, sino por un inesperado reencuentro radial con Alfredo Acosta, hoy designado ministro de la Igualdad.El diálogo se dio en Mañanas Blu, con Néstor Morales, donde Acosta —entonces líder indígena del pueblo Nasa— buscó al uniformado retirado para ofrecerle disculpas públicas y cerrar un episodio que quedó grabado en la memoria colectiva del país. “Yo quería abrazarlo, decirle excusas por lo que pasó, porque entiendo todo el escenario de guerra que ustedes vivían”, le dijo el hoy ministro al sargento, en una conversación cargada de emotividad y llamados a la reconciliación.García, quien ya no pertenece a las filas del Ejército, respondió con serenidad y sin rastro de resentimiento. Incluso felicitó a Acosta por su nombramiento y aseguró que el episodio nunca fue motivo de odio. “Nunca hubo ningún tipo de resentimiento. Yo estaba cumpliendo mis funciones institucionales”, afirmó.¿A qué se dedica el sargento Rodrigo García?Pero una de las frases que más llamó la atención de los oyentes fue cuando Morales le preguntó directamente a qué se dedica hoy. Lejos de cargos públicos, escoltas o posiciones de poder, el exsargento contó que su vida transcurre como la de millones de colombianos del común: trabaja en un contact center.“Yo ahora soy un operario en un call center. Me subo al metro todos los días, llevo mi coca —la del portacomidas—, hago créditos y pago créditos con otros créditos, como cualquier parroquiano”, relató con humor y franqueza, describiendo una realidad que conecta con la de miles de trabajadores del país.García también confirmó que recibe su asignación de retiro tras haber salido del Ejército hace cuatro años, pero dejó claro que sigue activo laboralmente, lejos de los reflectores.“Es un verdadero militar de nuestra patria porque no nos disparó”, dijo Acosta, destacando la actitud del entonces sargento durante los hechos de 2012.El episodio, que en su momento reflejó la crudeza del conflicto en territorios indígenas, hoy se transforma en una escena de diálogo, perdón y coincidencias humanas.
Luego de la entrevista con Alfredo Acosta, reconocido dirigente indígena del pueblo Nasa y exintegrante de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), y quien ahora llega al Ministerio de Igualdad, en Mañanas Blu, en la que reveló que quería hablar con el sargento García, con quien tuvo un choque en Toribio, Cauca, para pedir disculpas. Búsqueda de reconciliación y el "abrazo" pendienteAcosta se refirió al incidente ocurrido en junio de 2012 en el Cerro del Berlín, municipio de Toribio, un sitio considerado sagrado por su comunidad. En aquel entonces, un grupo de indígenas expulsó a la fuerza a militares de la zona, una imagen que dio la vuelta al mundo debido al llanto del sargento Rodrigo García Amaya.En Mañanas Blu, fue posible ese encuentro por medio telefónico, en el que le pidió disculpas por ese encuentro de 2012, en el que sacó a su tropa de esta zona del Cauca: "Quiero pedirle excusas por toda la situación que pasó". El encuentro sirvió para cerrar una herida abierta hace 14 años, cuando en 2012, en medio de un fuerte choque entre comunidades indígenas y el Ejército en Toribío, Cauca, el entonces líder indígena expulsó a las tropas de la zona, dejando una imagen grabada en la memoria del país: la del sargento García llorando de indignación,.El perdón y la "catarsis" del ministroDurante la transmisión, el ministro Acosta expresó su profundo deseo de contactar al militar, asegurando que lo buscaba no solo por un deber personal, sino también en honor a su propia madre. "Yo sí quería mandarle un saludo. Yo hace mucho tiempo quería hacer como esta catarsis de poder abrazar, de poder decirle pedirle excusas por lo que pasó, por las situaciones que pasaron en el cerro", manifestó el alto funcionario.Acosta reconoció la dureza del conflicto que ambos vivieron en escenarios de guerra marcados por el hostigamiento y el dolor. Sin embargo, recordó momentos de humanidad que compartieron en medio de la tensión: "Poder un día algunos encontrarnos y tomarnos un tinto"La respuesta de un soldado sin resentimientosPor su parte, el sargento García, quien se retiró del Ejército hace cuatro años, recibió el mensaje con apertura y humildad,. Aseguró que nunca guardó rencor por lo sucedido, entendiendo que ambos cumplían sus roles en un contexto complejo. "No se preocupe que en mí no hay y nunca hubo ningún tipo de resentimiento. Estaba cumpliendo mis funciones institucionales en su momento", afirmó el suboficial retirado.García también aprovechó para reflexionar sobre el nuevo cargo de Acosta, restando importancia a la falta de títulos profesionales del ministro y centrándose en su calidad humana: "He mirado algunas cosas sobre ustedes, sé que carece de algunos estudios profesionales, pero yo también y hay muchas personas que han logrado demasiadas cosas sin necesidad de un diploma... el diploma no es un documento que acredite una profesión o que nos pueda hacer grandes".El sargento concluyó pidiendo al nuevo ministro que no olvide a los soldados de la patria, tratándolos como una población más que requiere atención y protección, pues son "hijos del mismo país". Escuche aquí la conversación entre los dos:
La Gobernación del Valle del Cauca y la Minga Cali lograron llegar a un acuerdo este viernes, luego de una mesa interinstitucional que permitió levantar las 46 horas de permanencia y bloqueo en la entrada del Palacio de San Francisco.En el encuentro participaron representantes de la Comisión de Paz de la Presidencia de la República y del Ministerio del Interior, quienes acompañaron el proceso de mediación.La protesta había iniciado el pasado miércoles, cuando integrantes de la Minga Cali bloquearon las entradas y salidas del edificio de la Gobernación, exigiendo ser escuchados por las autoridades nacionales. La jornada afectó el funcionamiento institucional y perjudicó a cientos de ciudadanos que no pudieron realizar trámites administrativos.Ante la situación, la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, activó un Puesto de Mando Unificado (PMU) y solicitó la intervención del Gobierno Nacional, al considerar que “se trataba de una protesta contra el Gobierno Nacional y no contra el departamento”.Tras varias horas de diálogo, Jorge Orozco, enlace de la Consejería Comisionada de Paz de la Presidencia de la República, anunció que se alcanzó un acuerdo para implementar una Ruta Humanitaria que visitará las fincas ocupadas actualmente por la Minga Cali.“Esta ruta es importante para conocer en territorio lo que está pasando en estos espacios, saber qué ha venido sucediendo y llevar una oferta institucional”, afirmó Orozco.Con el levantamiento del bloqueo, la Gobernación informó que la atención al público se reanudará con normalidad. Óscar Armando Trujillo, director de la DADI, confirmó que los servicios para los contribuyentes ya operan sin restricciones.
La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, se pronunció, debido a las protestas que se llevan frente a las instalaciones de la Gobernación.Lugar, al cual, desde las 12:00 del medio día del miércoles, una gran cantidad de personas pertenecientes a la llamada Minga Cali, llegaron para protestar y exigir, tanto a la Gobernación del Valle, como al Gobierno nacional, una vivienda digna.La mandataria fue enfática en decir lo siguiente:"Los reclamos que motivan esta propuesta son competencia exclusiva del Gobierno nacional, particularmente, de la Agencia de Tierras".Es de resaltar que, debido al bloqueo en el Palacio de San Francisco, se generaron grandes pérdidas monetarias para el departamento.“Por asuntos nacionales, el Valle tiene más de 1.000 trámites diarios paralizados, 83 millones perdidos por día en recaudo y 78.000 millones en pagos sin poder procesarse”, recalcó Dilian Francisca Toro.A su vez, la gobernadora le pidió intervención al ICBF, aduciendo que los menores de edad, estaban siendo utilizados como escudo en medio de la protesta .
El abogado Jaime Granados, en representación de la familia del coronel en retiro Luis Alfonso Plazas Vega, radicó un escrito de impugnación contra el fallo que negó una tutela presentada por los hijos del coronel, en relación con la serie Palacio, estrenada por Netflix el 6 de noviembre de 2026.La acción busca que los espectadores conozcan la verdad judicial sobre el oficial y que se protejan los derechos fundamentales de su familia.La producción, compuesta por ocho episodios, aborda la toma del Palacio de Justicia por parte de integrantes de la guerrilla del M-19. Antes de su estreno, Miguel Darío, Alfonso Hernando y Camilo Andrés Plazas Vega interpusieron una tutela contra Dynamo Producciones y Netflix.El caso fue estudiado por el Juzgado 35 Civil Municipal de Bogotá, que el 4 de noviembre declaró improcedente la acción. Los demandantes solicitaban que la plataforma incluyera advertencias para aclarar que se trataba de una obra de ficción y que se mencionara la absolución de su padre por parte de la Corte Suprema de Justicia en 2015.En su decisión, el juez consideró que los reclamos se fundamentaban en conjeturas y especulaciones, debido a que la serie todavía no se había estrenado en su totalidad cuando se presentó la tutela.Ahora, con la serie disponible en Netflix, Granados afirma que las circunstancias que llevaron al juez a negar la tutela cambiaron, porque el contenido ya puede ser examinado directamente.En el escrito señala que uno de los principales argumentos del fallo impugnado fue que la producción no había sido exhibida y que, por tanto, las posibles afectaciones permanecían en el terreno de la conjetura.Sin embargo, afirma que el estreno convirtió esas preocupaciones en hechos verificables. Por esa razón, solicita al juez de segunda instancia examinar lo que la serie presenta sobre el coronel retirado Luis Alfonso Plazas Vega.Granados sostiene que la producción muestra al oficial como una persona que dispara contra el Palacio de Justicia, avala torturas y es condenada por desaparición forzada, pese a que fue absuelto por la Corte Suprema de Justicia.En la impugnación, el abogado expone cinco derechos fundamentales que considera afectados por la manera en que se representa al coronel retirado y por las consecuencias que esa narración tendría sobre sus familiares.Sobre el derecho a la honra, con fundamento en el artículo 21 de la Constitución Política, Granados argumenta que presentar al padre de sus representados ante millones de espectadores como responsable de disparar contra el Palacio, avalar torturas y participar en desapariciones afecta la estimación social de sus hijos, quienes llevan su apellido y son identificados públicamente con él.En cuanto al buen nombre, invocando el artículo 15 de la Constitución, sostiene que la reputación de los hijos de Plazas Vega queda comprometida al asociar a su familia con crímenes que, según argumenta, la justicia no atribuyó a su padre. También cuestiona que la serie involucre en la trama a la madre y al suegro de sus representados, identificados con sus nombres reales.Frente al derecho a la presunción de inocencia, el abogado recuerda que el artículo 29 constitucional establece que toda persona debe presumirse inocente mientras no exista una declaración judicial de culpabilidad. En este caso, afirma que no se trata únicamente de una presunción, sino de una absolución en firme. Por ello, considera que atribuirle al coronel retirado desapariciones por las cuales fue absuelto desconoce esa garantía y afecta su reputación ante la opinión pública.También le suma el derecho a la dignidad humana, porque, con base en el artículo 1 de la Constitución, explica que sus representados han tenido que afrontar nuevamente el señalamiento público contra su padre, después de acompañarlo durante más de ocho años de privación de la libertad y de conocer posteriormente su absolución.A todas esas claridades les añade la verdad y la memoria histórica en su dimensión individual. La impugnación también cita la sentencia SU-334 de 2026 de la Corte Constitucional. Según la interpretación expuesta por el abogado, presentar una obra de ficción sobre los hechos del Palacio de Justicia como si fuera la verdad de lo ocurrido puede vulnerar el derecho individual a la verdad y a la memoria histórica, tanto de la persona representada como de sus familiares.En este punto, cuestiona que la absolución de Plazas Vega aparezca únicamente en una nota final de pocos segundos, después de ocho capítulos que, a su juicio, ponen en entredicho la decisión judicial.El argumento central es la absolución. Uno de los ejes del recurso es la decisión de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, contenida en la sentencia SP17466-2015, mediante la cual se examinó la prueba relacionada con la presunta participación del coronel retirado en las desapariciones ocurridas durante la toma y retoma del Palacio de Justicia.Granados cita el numeral 17.16 de esa providencia para señalar que la Corte concluyó que no existían pruebas suficientes para condenar a Plazas Vega por esos hechos.Asimismo, hace referencia al numeral, en el que, según expone, el alto tribunal determinó que el coronel no tenía bajo su responsabilidad a las personas que eran trasladadas a la Casa del Florero ni decidía sobre su suerte, pues esa función correspondía al B-2 de la Brigada XIII.El abogado también destaca que en ese mismo apartado la Corte señaló que no existían pruebas de que Plazas Vega hubiera ordenado el traslado o la tortura de las dos personas por las que había sido condenado.Con estos argumentos, la defensa busca que el juez de segunda instancia reevalúe la decisión que negó la tutela y examine las posibles afectaciones derivadas del contenido ya estrenado de Palacio.
El chance Super Astro Sol combina un número de cuatro cifras, que puede estar entre el 0000 y el 9999, con uno de los signos del zodiaco. Los participantes deben acertar ambos elementos para obtener el premio mayor.Resultado del Super Astro Sol hoy, lunes 9 de noviembre de 2026El número ganador del Super Astro Sol de este lunes 9 de noviembre de 2026 es el (resultado en breve). Los jugadores deben verificar la información con su vendedor y consultar los canales oficiales para confirmar si su tiquete resultó ganador.Número ganador: resultado en breve.Dos últimas cifras: resultado en breve.Tres últimas cifras: resultado en breve.Signo zodiacal: resultado en breve.La organización recomienda consultar los resultados únicamente en los canales autorizados y conservar el tiquete en buen estado, pues este documento es necesario para validar y reclamar un premio.¿A qué hora juega el Super Astro Sol?El sorteo del Super Astro Sol se realiza de lunes a sábado a las 4:00 p. m.. Desde julio de 2025, este horario se mantiene para las jornadas de la semana.Minutos después de cada sorteo, los resultados oficiales se publican a través de los canales autorizados y en los puntos de venta, donde los participantes pueden verificar sus apuestas.¿Cómo jugar al Super Astro Sol?Para participar, cada jugador debe escoger un número de cuatro cifras y un signo zodiacal. La combinación ganadora se determina durante el sorteo oficial.El proceso para realizar una apuesta es el siguiente:Elegir un número entre el 0000 y el 9999.Seleccionar uno de los 12 signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis.Escoger la opción “Todos los signos”, si desea jugar el mismo número sin seleccionar uno específico.Registrar hasta cuatro apuestas en un mismo tiquete.Esta última alternativa permite incluir diferentes combinaciones en una sola jugada.¿Dónde se puede jugar Super Astro Sol?El juego está disponible en puntos de venta autorizados distribuidos en diferentes ciudades y municipios de Colombia. Los participantes deben realizar sus apuestas en estos establecimientos para garantizar que el tiquete sea válido en el sorteo oficial.¿Cuánto cuesta apostar en Super Astro Sol?El valor de las apuestas permite participar con diferentes presupuestos. Los montos establecidos son:Apuesta mínima: $500 pesos colombianos.Apuesta máxima: $10.000 pesos colombianos.Se recomienda verificar que el establecimiento esté autorizado antes de realizar cualquier apuesta.¿Cómo reclamar un premio del Super Astro Sol?Las personas que obtengan un premio deben presentar los documentos exigidos por la entidad operadora para validar el tiquete y completar el proceso de pago.Documentos básicos:Tiquete original en buen estado.Documento de identidad original.Fotocopia legible del documento de identidad.Requisitos según el valor del premio:Premios inferiores a 48 UVT: se deben presentar únicamente los documentos básicos.Premios entre 48 y 181 UVT: es obligatorio diligenciar el formulario SIPLAFT.Premios superiores a 182 UVT: además de los documentos anteriores, se debe entregar una certificación bancaria vigente. El pago se realiza mediante transferencia bancaria.Cumplir con estas condiciones facilita la verificación de los datos y el trámite para recibir el dinero.Gracias a su formato, que combina números de cuatro cifras y signos zodiacales, el Super Astro Sol mantiene su presencia entre las alternativas de chance disponibles en Colombia.
El ministro de Exteriores de Francia, Jean-Noël Barrot, señaló este lunes al régimen iraní como autor de los ciberataques que sufrieron los sistemas de refrigeración de varias cadenas de distribución el pasado octubre y anunció que habrá sanciones europeas contra los responsables."La responsabilidad de este ataque es del Cuerpo de los Guardianes de la Revolución de la República Islámica de Irán", dijo en declaraciones a la prensa durante la primera de las dos jornadas de la reunión de los jefes de la diplomacia del G7 en París.Barrot subrayó que "es un ataque de una amplitud y de una agresividad inéditas. Es el primer ciberataque de sabotaje a gran escala en el territorio francés y un ataque grave contra los intereses de la nación y contra la seguridad de las francesas y los franceses".A ese respecto, recordó que las perturbaciones afectaron a cerca de 700 instalaciones de grupos de distribución el 11 y el 12 de octubre y se tradujeron en averías de maquinaria, grandes cantidades de mercancía dañada e incendios.Por eso, aseguró que esta operación "no quedará sin consecuencias" y que, además de haber convocado al embajador de Irán en Francia para "protestar muy fuertemente", se aplicarán "sanciones a escala europea contra todos los responsables".Añadió que igualmente se adoptará "cualquier otra medida proporcionada y necesaria pública o no para responder a este ataque y disuadir a las que y a los que quisieran repetirla".El ministro indicó que la justicia francesa ha lanzado un procedimiento y también actuará.Ciberataques como los que sufrió Francia, que días después afectaron a sus bancos de sangre, también alcanzaron en los días siguientes a otros países europeos.
La Unidad para las Víctimas lanzó una alerta a nivel nacional por posibles estafas dirigidas a personas afectadas por el conflicto armado. Según la entidad, se han conocido denuncias de ciudadanos que recibieron llamadas y mensajes de WhatsApp de personas que prometen gestionar indemnizaciones administrativas o desbloquear ayudas humanitarias a cambio de dinero.La alerta se activó luego de conocer algunas denuncias en las que los responsables habrían utilizado el nombre y la imagen de la entidad para generar confianza entre las víctimas y solicitar pagos o información personal.En uno de los casos reportados, una persona habría exigido 300.000 pesos para autorizar el desembolso de unas ayudas. En otro, se habría solicitado dinero para acelerar el trámite de una indemnización. También se conoció una situación en la que pidieron datos personales con el argumento de gestionar la entrega de estos recursos.De acuerdo con la Unidad para las Víctimas, los responsables utilizan expresiones como “ayuda congelada”, “pago bloqueado”, “desembolso retenido” o “indemnización pendiente de autorización” para convencer a las personas de que deben realizar un pago y así recibir los recursos.En algunos casos, los contactos utilizan perfiles de WhatsApp con fotografías, logotipos de la entidad y documentos que aparentan ser oficiales. Sin embargo, la institución advirtió que estos elementos no demuestran que quien escribe o llama sea realmente un funcionario.La entidad recordó que ningún funcionario, intermediario o particular puede cobrar por reconocer, priorizar, agilizar o entregar una indemnización administrativa o una ayuda humanitaria.Ante estos casos, la entidad pidió a la población no realizar transferencias, consignaciones, giros ni pagos en efectivo para supuestamente liberar recursos o acelerar trámites.También recomendó no entregar copias de la cédula, información bancaria, contraseñas, códigos de verificación ni fotografías de tarjetas a personas cuya identidad no haya sido confirmada.La entidad insistió en que todos los trámites son gratuitos y no requieren intermediarios. Por eso, pidió a las víctimas del conflicto armado desconfiar de cualquier persona que prometa garantizar o acelerar el pago de una indemnización a cambio de dinero.
Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu este lunes, 9 de noviembre de 2026:El Gobierno comenzó a ejecutar el plan para cubrir las deudas de Air-e y evitar una crisis financiera en el sistema eléctrico del Caribe. En las últimas horas fueron pagados otros $300.000 millones a empresas del sector, con lo que ya se han desembolsado cerca de $600.000 millones de los $1,5 billones prometidos. La siguiente factura corresponde a los consumos de octubre y será presentada durante la próxima semana.El ataque con drones contra el cantón militar de Santa Rosa del Sur, Bolívar, dejó tres soldados muertos y cerca de 50 heridos. Las autoridades señalaron que los artefactos cargados con explosivos impactaron varias veces las instalaciones, mientras la Defensoría advirtió que el sur de Bolívar ya acumulaba 22 emergencias humanitarias entre mayo y septiembre. La zona enfrenta además disputas entre el ELN, disidencias y estructuras criminales por el control territorial.Las autoridades investigan si un exfuncionario de la Dirección Nacional de Inteligencia intentó interferir en las elecciones presidenciales y acceder a información sensible de la Registraduría. Carlos Andrés Oyola también es investigado por posibles accesos a archivos de inteligencia y por una eventual venta de información a terceros. Paralelamente, la Fiscalía lo imputó por una red que habría alterado 41 calificaciones y más de $35 millones en matrículas de la UNAD para obtener títulos académicos.Un grave accidente en la vía Buga-Buenaventura dejó varias personas muertas y obligó al cierre de la carretera. El choque ocurrió dentro de uno de los túneles del sector Los Naranjos, en Dagua, e involucró un bus intermunicipal y un camión tipo niñera. Los organismos de emergencia atendieron a los heridos mientras las autoridades iniciaron la investigación para establecer las causas del siniestro.El Gobierno detalló dónde buscará los recortes para completar el ajuste fiscal de $45 billones. Entre los gastos que serán revisados aparecen recursos destinados a empresas mixtas, fondos especiales, estudios y programas que podrían financiarse con ingresos propios, mientras salud, educación y transferencias constitucionales quedarían protegidas. También se anticipó una futura revisión del esquema de subsidios de energía y gas y cambios en la devolución del IVA.Las autoridades investigan el homicidio de Ramsés Vargas, de 27 años, cuyo cuerpo fue encontrado con una herida de arma de fuego en los cerros orientales de Bogotá. María Paula Morera, quien era su pareja, contó que había hablado con él días antes de su muerte y aseguró que el joven no tenía enemigos conocidos. También señaló que la camioneta en la que se movilizaba desapareció y planteó, desde su percepción personal, que el crimen pudo haber sido planeado, una hipótesis que todavía debe ser esclarecida por los investigadores.Escuche el programa completo aquí: