En abril de 2023 la Corte Suprema de Justicia le ordenó al Club Deportivo Los Millonarios pagarle cerca de 1.600 millones al delantero Jorge Perlaza, quien demandó a la institución por despido injustificado un año después de haber sufrido una fractura de peroné y ligamento de tobillo durante un juego contra Atlético Nacional.
Pero, aunque salió el pagó de la indemnización, la decisión negó la pretensión de que el jugador gozaba de estabilidad laboral, por lo que Perlaza apeló ese fallo en el Tribunal Superior de Bogotá y en el 2023 la sala de casación laboral de la Corte Suprema consideró que Millonarios desconoció esa condición del jugador al despedirlo pesé a que no gozaba de perfecto estado de salud para desempeñar su profesión.
Frente a esta situación es que el presidente de la Corte Constitucional, el magistrado José Fernando Reyes, insistió en seleccionar la tutela de Perlaza al tratarse de un caso novedoso que “hasta la fecha no ha estudiado un caso en el cual se pretenda la aplicación de esta garantía (estabilidad laboral forzada) a los jugadores profesionales de fútbol”.
En la reiteración del alto tribunal se recordó que la Corte Suprema había manifestado que los empleadores de deportistas profesionales necesitan un “estándar más alto” en comparación con otras labores, por lo que “no sería suficiente con que un futbolista profesional esté en condiciones de ejercer un empleo, sino que se debe garantizar que sea exactamente el mismo que ocupaba al momento de sufrir la lesión”, expresó la Corte Constitucional en su comunicado.
Ese pronunciamiento de la Corte Suprema también sugiere que “las valoraciones al momento de la terminación del vínculo acerca del buen estado de salud no son suficientes para legitimar la decisión de los empleadores, puesto que la activación de la garantía de estabilidad puede ocurrir con fundamento en valoraciones posteriores”.
Por eso es que la Corte Constitucional considera necesaria la selección del caso de Perlaza para determinar la garantía de estabilidad laboral para deportistas profesionales, “a partir de las implicaciones del modelo social de la discapacidad para esta específica actividad laboral”.
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