El Gobierno nacional estableció nuevas medidas para acelerar la recepción de ayuda humanitaria internacional destinada a atender la emergencia provocada por el terremoto. A través del Decreto 1327 del 26 de agosto de 2026, el Ministerio de Salud creó un régimen sanitario especial, transitorio y basado en riesgo para autorizar el ingreso al territorio nacional de productos de uso y consumo humano donados desde otros países.
La medida busca reducir los tiempos y facilitar los procesos de autorización e ingreso de estas ayudas, sin eliminar los controles sanitarios. Los productos deberán estar destinados de manera directa y exclusiva a atender las necesidades derivadas de la situación de desastre de carácter nacional declarada mediante el Decreto 1171 de 2026.
El nuevo régimen permitirá agilizar la recepción de elementos necesarios para las labores de respuesta, rehabilitación y recuperación, al tiempo que establece mecanismos para garantizar la protección sanitaria, la trazabilidad y el control de las donaciones que lleguen al país.
La medida cobija a donantes y receptores, entidades públicas, organizaciones internacionales y de cooperación, organizaciones humanitarias, entidades sin ánimo de lucro, el INVIMA, las secretarías de salud y los prestadores de servicios de salud que sean destinatarios autorizados de estas ayudas.
Además, el decreto establece que las disposiciones aplicarán sin importar si las donaciones ingresan por un puerto, aeropuerto, paso fronterizo u otro lugar habilitado, siempre que se pueda demostrar que su destino es atender directamente las necesidades generadas por el desastre.
Uno de los principales cambios es la suspensión temporal del régimen ordinario de donaciones para los productos cobijados por esta medida. Durante la vigencia del decreto, los requisitos, términos y procedimientos habituales establecidos en el Decreto 780 de 2016 serán reemplazados, de manera preferente y exclusiva, por el procedimiento especial definido para la emergencia.
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Con esta decisión, el Gobierno busca que las ayudas provenientes del exterior puedan llegar con mayor rapidez a las zonas afectadas, evitando que los trámites administrativos y sanitarios ordinarios retrasen la atención de las necesidades de la población damnificada.